CASO SANTRICH: INPEC SÍ INFORMÓ A FISCAL SOBRE RECLUSIÓN ESPECIAL

El Director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), Jorge Luis Ramírez, le envió una carta al fiscal general, Néstor Humberto Martínez, en la que le informa bajo su condición de director de la entidad de la decisión de trasladar a la Fundación Pastoral Caminos de Libertad a Seuxis Paucias Hernández (‘Jesús Santrich’), por razones humanitarias.

"Transcurridos 30 días de la huelga de hambre de alias Jesús Santrich, se allegan a esta Dirección General los requerimientos del Representante Especial de las Naciones Unidas y el representante de la Conferencia Episcopal para que se atienda por razones humanitarias a 'Jesús Santrich' en la Fundación Caminos de Libertad”, le explica Ramírez.

En otro de los apartes de la misiva, añade que "teniendo en cuenta la ley 65 de 1993 consagrada en el Código Penitenciario y que faculta al Director del INPEC para recluir a privados de la libertad en lugares especiales, se atiende favorablemente esta solicitud previa coordinación con las directivas de la Fundación Caminos de Libertad y manteniendo el esquema de seguridad vigente”, asegura.

La carta fue enviada directamente al Fiscal General de la Nación el pasado 10 de mayo y, según se ha podido establecer, uno de los condicionamientos para acceder a la reclusión especial de Santrich es que finalice la huelga de hambre en las próximas horas o de lo contrario volverá a la cárcel.

Tomada de: RCN

YA ESTÁN LISTOS CANDIDATOS PARA NUEVAS SALAS DE CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

El Consejo Superior de la Judicatura ya entregó las nueve listas que estudiará la Corte Suprema de Justicia para conformar la primera instancia que juzgará a los aforados, es decir, congresistas, gobernadores y ministros. Son en total 90 candidatos que fueron escogidos por el Consejo Superior de la Judicatura entre más de 700 candidatos.

El presidente del Consejo, Edgar Sanabria, señaló que cumplieron con su tarea: “La sala estudió con total detenimiento las hojas de vida de todos los preseleccionados que fueron convocados a entrevista, y de ahí se hizo la selección (…) En las listas hay representación de todos los estamentos en la medida que fue posible acatando los criterios que ordena la ley”.

Entre los candidatos que aspiran a ser parte de la Sala de Instrucción, que tendrá seis magistrados, se encuentran nombres como el de Deicy Jaramillo Rivera, ex fiscal de Justicia y Paz; Hermán Rincón Cuéllar, jefe de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría y el exprocurador, Jaime Gutiérrez.

Y para la Sala Especial de Primera Instancia, la Corte evaluará las hojas de vida de la exvicefiscal Elka Venegas, pero también de procuradores delegados ante la Corte como Jorge Caldas.

“Hemos cumplido con todo lo que el Consejo Superior se propuso asumiendo el reto y la responsabilidad seleccionar a los mejores”, agrego

CORTE ACUSA A EXSENADOR BERNARDO MIGUEL ELÍAS

Tras el recaudo de pruebas que comprometen su responsabilidad con la organización criminal que lideró la multinacional Odebrecht, la Corte Suprema de Justicia acusó al exsenador Bernardo Miguel Elías Vidal como presunto coautor de los delitos de concierto para delinquir agravado y lavado de activos.

En esta segunda investigación, la Sala Tercera de Instrucción de la Sala de Casación Penal estableció otras formas de participación con las cuales Elías Vidal habría actuado dentro del grupo de funcionarios públicos cooptados por la firma brasileña, para conseguir la adjudicación de obras de infraestructura mediante el pago de sobornos.

Nuevos elementos de juicio apuntan a las dos conductas delictivas que se le atribuyen en esta providencia y se suman a las de la condena anticipada, ya impuesta por la Corte de 6 años y 8 meses de prisión por cohecho y tráfico de influencias, relacionados con el mismo entramado criminal.

En esta oportunidad, la Sala descubrió la probable unión de esfuerzos y voluntades del dirigente político colombiano con el resto de integrantes de la empresa delictiva, organizada por Odebrecht contra la administración pública y el sistema financiero. Sus acciones habrían ido más allá de la “venta” de la gestión como congresista, para actuar en el diseño y ejecución del blanqueo de capitales, ocultando y borrando el origen y destino ilícitos de los dineros dedicados a pagar millonarias coimas.

Como se sabe, estos expedientes se enmarcan dentro de lo que públicamente se conoce como el ‘escándalo de corrupción de Odebrecht’, empresa que replicó en Colombia una estrategia ilegal, aplicada también en otros países, de acceso a la contratación de obras públicas a través de la entrega de millonarios sobornos a funcionarios de distintos niveles y a particulares.

“En este contexto –sostuvo la Corte en su momento, SP436-2018– se da la vinculación del senador Bernardo Miguel Elías Vidal”, quien prestó su concurso al conglomerado económico, con el propósito de consolidar su actividad en el país, con intervención directa ante diferentes entidades y funcionarios, según los requerimientos de cada situación, aprovechando la condición de congresista.

“Constituye un resquebrajamiento total de la función pública el que un servidor acepte una promesa remuneratoria y reciba dinero para ejecutar actos contrarios a sus deberes oficiales, así como también que utilice indebidamente las influencias derivadas del ejercicio de su cargo y/o de su función para incidir sobre otro en los asuntos que conoce o va a conocer.

“En un caso como el presente ello equivale, ni más ni menos, que a mancillar la dignidad, el cargo y la función, convirtiéndose en un mandadero de una empresa extranjera o multinacional, y poniendo las instituciones públicas al servicio de los intereses de ese capital, con evidente traición al pueblo, cuya representación se ejerce”, consignó la Corte en la sentencia anticipada que dictó contra Elías Vidal el pasado 28 de febrero.

ESTE ES EL LOGO QUE LA CAMPAÑA DE PETRO PIDIÓ TENER EN EL TARJETÓN

Este jueves la 'W Radio' reveló que la Registraduría Nacional no alcanzó a realizar un cambio de logo en la cuadrícula del candidato presidencial Gustavo Petro que estará en el tarjetón de las elecciones del próximo 27 de mayo, como lo había solicitado la campaña y había sido aprobado por el Consejo Nacional Electoral.

Según trascendió en las últimas horas, el pasado 3 de abril la campaña del aspirante presidencial de Colombia Humana solicitó ante las autoridades electorales cambiar el logo que le habían puesto en la tarjeta electoral.

La campaña explicó que "la solicitud además de cambiar el color de uno de sus símbolos estaba dirigida para hacer visible el logo de la Colombia Humana, símbolo y eje central de toda la campaña, ya que en el actual tarjetón es realmente
diminuto y no es visible para el elector".

La petición fue avalada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la resolución en la que quedó aprobado el cambio en la imagen de Colombia Humana llegó a la Registraduría el pasado 17 de abril. El documento, sin embargo, parece haberse extraviado en la oficina de una funcionaria de la Registraduría, la cual, según la misma entidad electoral, “no dio a conocer la información y tampoco le dio trámite”.

Este hecho, según la Registraduría, fue considerado por el registrador Nacional, Juan Carlos Galindo, “como una falta grave toda vez que atenta contra la transparencia del proceso electoral”. Ante estos hechos, Galindo le solicitó a la Fiscalía abrir una investigación “para determinar si la omisión de la funcionaria puede llegar a constituirse en un delito que atente contra el proceso electoral”.

La campaña, de otro lado, indicó que no se "puede considerar serio el argumento de la Registraduría y exigimos a todos los órganos de control y electoral, establecer unas
garantías claras para estas elecciones presidenciales tan importante para el
país".

La Registraduría informó que “el cambio en el logo de la campaña en la tarjeta electoral no podrá ser incluido pues ya se encuentra en impresión”.

Tomada de: El Tiempo

PROFESORES MARCHAN EN BOGOTÁ PROTESTANDO POR PROMESAS INCUMPLIDAS

Avanza la marcha de miles de docentes en Bogotá en contra del Gobierno Nacional. Los integrantes del magisterio protestan en contra de las políticas educativas y problemas que según ellos persisten en el sistema de salud.

El punto de encuentro fue el Parque Nacional en la Calle 34 con Carrera Séptima, en el centro de la ciudad, a donde llegaron maestros para apoyar la manifestación maestros provenientes de Tolima, Huila, Cundinamarca, Meta y Boyacá.

La marcha tiene como destino el Ministerio de Educación, en el occidente de la capital.

Una de las profesoras que participa de la manifestación indicó que el Gobierno incumplió las promesas a las que se habían llegado en el pasado paro de docentes.

“Debemos decir que para nada el sistema de salud se ha mejorado es algo que es muy importante para nosotros y el servicio se deterioró”, dijo.

Entretanto, un docente señaló que se necesita un diálogo con las autoridades para que se llegue a un acuerdo a través de una mesa de concertación.

“Pedimos que de manera urgente se instale una mesa de diálogo con el Gobierno Nacional para que se llegue a una solución de fondo ante las peticiones que tenemos, especialmente en el sector salud”, precisó.

-Maestros debe reponer horas: MinEducación-
Por su parte, la ministra de Educación, Yaneth Giha, advirtió a las maestros que deben reponer las horas de clases que se vean interrumpidas en el marco de la jornada de protesta, con el fin de no afectar el derecho público esencial de la educación.

La ministra Giha precisó que el paro es injustificado, tras asegurar que se ha venido dialogando de manera permanente con los docentes del país para escuchar sus propuestas, peticiones e inquietudes.

“Las puertas del diálogo siguen abiertas. Hemos hecho un sinnúmero de reuniones a las que he acudido en su mayoría. Es la comisión de seguimiento que tenemos pactada desde el año pasado y ahí se miran diferencias y disputas”, dijo la Ministra.

Finalmente, la ministra de Educación recordó que se han cumpliendo nueve de los 24 que se pactaron el año pasado.

Tomada de: RCN

CON EL APOYO DE MINJUSTICIA, SE LANZÓ PRIMER LABORATORIO DE ESCUCHA Y CONVIVENCIA DE BOGOTÁ

Este jueves, en las instalaciones del Ministerio del Interior, se realizó el acto de lanzamiento del primer Laboratorio de Escucha y Convivencia de Bogotá, una iniciativa de trabajo colaborativo que cuenta con el apoyo del Ministerio de Justicia y del Derecho y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

Esta es una estrategia que genera espacios relacionales en los que se establecen servicios y acciones de acogida, escucha activa, acompañamiento, atención, asistencia, terapia, formación y capacitación, y que están dirigidos a los miembros de una comunidad con el propósito de reducir la exclusión social, mejorar la calidad sus vidas y prevenir situaciones de vulnerabilidad.

El propósito de la puesta en marcha de estos Laboratorios, en el marco de la estrategia ‘Seguridad Red’ del Ministerio del Interior, es transformar de manera propositiva, creativa y participativa las dinámicas generadoras de violencia e inseguridad en comunidades locales, tales como el consumo de drogas y sus problemas asociados.

Los Laboratorios de Escucha y Convivencia hacen énfasis en las organizaciones de base comunitaria, trabajan de forma conjunta con poblaciones indígenas, afro, víctimas del conflicto armado y con la comunidad en general, quienes participan en la construcción de conocimiento colectivo para la resolución de sus problemas y de políticas locales que permitan mejorar la calidad de vida de las personas y las comunidades.

El evento estuvo presidido por el Viceministro del Interior, Héctor Olimpo Cárdenas, y al mismo asistieron jóvenes del Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud de Bogotá (IDIPRON), la Fundación Fundaser y el colegio Galán de Popayán. La participación del Ministerio de Justicia y del Derecho corrió por cuenta de tres delegados de la Dirección de Política de Drogas y Actividades Relacionadas.

Camila Patiño, funcionaria de dicha dependencia, aseguró en representación de su director Renzo Rodríguez Padilla, que para la cartera de Justicia sigue siendo prioridad generar alternativas que permitan disminuir las condiciones de vulnerabilidad de las poblaciones más afectadas tanto por el consumo de sustancias psicoactivas como por las situaciones que afectan la seguridad y la convivencia.

Además, señaló que “contribuir a transformar las condiciones de vulnerabilidad, apoyando el diseño de implementación de alternativas innovadoras, permite establecer opciones de menor riesgo para la subsistencia, empoderar a los sujetos, movilizar la participación social y el actuar colectivo y a transformar los imaginarios que generan estigma y discriminación”.

CONSEJO DE ESTADO CONDENA A LA NACIÓN POR SECUESTRO EXTORSIVO DE LAS FARC A NIÑA DE 12 AÑOS Y SU FAMILIA 

Este jueves en horas de la mañana, el Presidente del Consejo de Estado en rueda de prensa amplio la información sobre un fallo de gran trascendencia: 

La Nación – Ministerio de Defensa – Ejército y Policía Nacional deberán pagar más de 500 millones de pesos a una familia víctima de secuestro extorsivo, toma de rehenes y violación de los derechos de los niños atribuido a las FARC, luego de que el Consejo de Estado se pronunciara por primera vez sobre un caso de esta magnitud y ordenara reparar económica e integralmente a este grupo de personas.

Los hechos que motivaron esta decisión judicial se produjeron el 28 de noviembre de 2001, cuando el padre, la madre y la hija integrantes de una misma familia de Calarcá (Quindío) y su empleada doméstica fueron secuestrados por presuntos integrantes de las FARC. Aun cuando las dos ciudadanas fueron liberadas al día siguiente, el padre y su pequeña de 12 años se mantuvieron cautivos durante siete meses. Según testimonios de familiares y allegados, fueron dejados en libertad a cambio de pagar un alta suma de dinero. El Estado no atendió las obligaciones de garantía, prevención y protección de los civiles, pese a tener conocimiento de la grave situación de riesgo de la familia.

La alta corte pidió al Gobierno y al Congreso, en respeto a los derechos de las víctimas y como parte de la lucha contra la impunidad, atender la obligación de establecer mecanismos jurídicos a través de los cuales la exguerrilla, cumpla los compromisos de verdad, justicia y reparación de las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos y de infracciones al Derecho Internacional Humanitario, como lo fue este caso, dado que a la fecha no existen herramientas legales, administrativas y judiciales, que garanticen el cumplimiento de esas obligaciones.

El Consejo de Estado llegó a esa conclusión luego de advertir que en el Acuerdo Final las partes reconocieron su plena responsabilidad frente a las víctimas del conflicto, lo que se ajusta a los estándares convencionales relativos a los derechos de las víctimas, y de tomar en cuenta que las violaciones perpetradas por las FARC obedecieron a planes fijados por los mandos medios y altos para el logro de cometidos comunes por la vía del alzamiento en armas; “resulta poco menos que desafortunado considerar que la justiciabilidad de los derechos de las víctimas del conflicto armado se extingan con la muerte de quienes se dicen son los presuntos responsables de tales violaciones (…) esa situación no impide que se imparta justicia a la organización dentro de la cual se consintió, planeó y ejecutó el acto violatorio”, sostuvo la Corporación. 

OTRAS DECISIONES DEL FALLO

Ante la necesidad de esclarecer la probable responsabilidad penal de las personas involucradas en el secuestro, la Fiscalía y la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz recibirán copia de esta decisión. 

Con el fin de conocer el resultado de estas investigaciones, el Consejo de Estado exhortó a la Defensoría del Pueblo a que en un plazo máximo de un mes haga público un informe sobre el estado de las investigaciones en curso por estos hechos.

Además del deber de difusión de la sentencia durante un año que recae sobre el Ministerio de Defensa, la Policía y el Ejército Nacional, quienes encabezan esas instituciones deberán organizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad y petición de disculpas a las víctimas.

Frente a esta decisión de la Sección Tercera los magistrados Jaime Enrique Rodríguez Navas y Guillermo Sánchez Luque aclararon el voto.