lunes, 21 de mayo de 2018

PROTECCIÓN DE DERECHOS DE MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO, AÚN A MEDIAS



La Personería de Bogotá determinó que no hay una implementación clara y actualización de la política pública para proteger los derechos de la mujer ni equidad de género en la ciudad y los mecanismos existentes tampoco se activan o funcionan adecuadamente.

En Colombia, entre 2014 y 2016, se registraron 2.211 feminicidios, de los cuales el 12,57% (278) ocurrieron en Bogotá. En el Distrito, en esos años, por violencia intrafamiliar se presentaron 31.063 casos. En violencia sexual se registran unos 3.000 delitos por año, el 85% de las víctimas son mujeres, siendo las niñas de 0 y 17 años las de mayor riesgo.

Pese a este panorama las mesas de trabajo interinstitucional realizadas por el Ministerio Público Distrital para conocer y analizar las rutas de atención para las mujeres víctimas de violencias evidenciaron el desconocimiento de la oferta institucional. Tampoco existe claridad sobre los espacios intersectoriales de coordinación y articulación de los diferentes actores del tema de violencia contra las mujeres.

Todo a medias

Las directivas de entidades que son parte del Sistema Distrital de Protección para Mujeres Víctimas de Violencia (SOFIA) no acuden y delegan en funcionarios sin poder decisorio. Se debe realizar la difusión de rutas de atención de violencia contra las mujeres, a través de la instalación del botón de enlace en las páginas web de las entidades, sin embargo, se comprobó de 74 entidades sólo 29 lo incluyeron en sus sitios web. Además, no se trata de rutas sino de portafolios de servicios.

Las Comisarías de Familia que funcionan en horario nocturno y los fines de semana no cuentan con los equipos interdisciplinarios completos, además, por la falta de personal y recursos logísticos no realizan el seguimiento oportuno y eficaz a las medidas de protección.

Las mujeres alojadas en las Casas Refugio, una vez terminan el proceso de acogida al no contar, en su mayoría, con redes de apoyo social o familiar, no se les puede hacer seguimiento al sistema de vulnerabilidad. La atención prestada por las profesionales se realiza sin enfoque diferencial y de género, y no se aplica ningún instrumento que permita a las profesionales valorar el riesgo de las mujeres víctimas del conflicto armado.

En el Consejo Distrital de Política Social, durante los años 2016 y 2017, no se trató el tema de violencia contra las mujeres ni se rindió informes sobre el Plan de Igualdad y Oportunidad para la Equidad de Género (PIOEG) en ninguna de las sesiones convocadas.

No hay una ruta clara de empleabilidad y emprendimiento que garanticen el acceso real a oportunidades laborales para las mujeres víctimas de violencia.

El Sistema de Alertas de la Secretaría de Educación para disminuir la violencia contra las mujeres menores de 18 años no opera adecuadamente. No hay medidas de la Secretaría para lograr que los docentes alimenten oportunamente el sistema.

Los Consejos Locales de Seguridad de Mujeres no se reunieron las cuatro veces al año que establece la norma, durante el 2016. Se presentaron dificultades para registrar el estado del presupuesto sensible al género en cada una de las 20 localidades, por falta de un instrumento que permita recolectar y evidenciar dicha información. Los registros muestran que los avances no son suficientes en los derechos fundamentales.

*Vida y violencia

Entre 2014 y 2016, hubo 278 homicidios de mujeres en Bogotá, que representa el 12,57% de los ocurridos en el país. El 85% de las víctimas de violencia sexual son mujeres.

*La paz y la convivencia 

Hasta el primer trimestre de 2018, el Registro Único de Víctimas identificó en el Distrito 351.870 personas afectadas por el conflicto armado, de ellas, 179.315 mujeres.

*Salud

En 2014, el 94,7% de las mujeres se encontraban afiliadas al sistema de salud. El 74,1% de las afiliadas están adscritas al régimen contributivo, el 23,1% al régimen subsidiado. Sin embargo, el acceso a los servicios de salud se encuentra muy limitado. El 58% de la población femenina mayor de 40 años no se había practicado una mamografía, y el 82% de las mujeres mayores de 15 años no se habían practicado exámenes de detección de VIH.

*Trabajo

Las localidades en las que las mujeres participan en menor medida en el mercado laboral son Puente Aranda con 50,6% y Kennedy con 52,3%, y donde más participan es en Chapinero 59,8% y Suba 58,56%. Para el 2017, la participación de las mujeres en el campo laboral es del 54,4%, en comparación con el 74,6% que registra el DANE para los hombres.

*Hábitat y vivienda digna

En el 2014, de 2.437.996 hogares, el 38,1% tiene jefatura femenina. De estos hogares el 42,4% tiene una vivienda propia pagada, el 6,9% aún la están pagando y el 45,2% en arriendo, subarriendo o leasing. Además, el 70,7% de los hogares con jefatura femenina se encuentran en lugares considerados inseguros como Rafael Uribe Uribe y Usme.

*Cultura y comunicación

La encuesta Bienal de Culturas 2015 indica que el 41,5% de las mujeres no tienen acceso a internet en sus hogares, el 64,7% no tiene acceso a internet en su lugar de trabajo o estudio, el 81% no tiene habilidades de hablar, leer o escribir bien otro idioma diferente al español.

*Educación 

En los títulos de educación superior se mantienen los roles de género, predominando las mujeres en las áreas de ciencias de la salud (76% de los títulos otorgados), ciencias de la educación (70%), economía, administración, contaduría y afines (61%). 

*Participación y representación

La cuota de género en corporaciones públicas no cumple lo establecido en la ley, pese a que el porcentaje del 41,2% para la Cámara de Representantes en 2015-2018 ha sido el más alto. En el Concejo de Bogotá de 45 escaños, se eligen entre 8 a 10 concejalas, de 20 localidades sólo seis son alcaldesas y de las JAL el 22% son mujeres.
EL EXTRADITADO POR ERROR QUE LLEVA 15 AÑOS ESPERANDO REPARACIÓN



El 28 de mayo del 2003, el nombre de Nelson Vargas Rueda apareció en titulares de noticias como el primer integrante de las Farc extraditado a Estados Unidos.

Hoy, 15 años después, el Consejo de Estado estudia una demanda en la que le reconocería una indemnización por los cuatro años y medio que estuvo detenido injustamente, pues la justicia estadounidense encontró que el hombre detenido y llevado ante una corte del distrito de Columbia no era realmente el guerrillero conocido con el alias de Marrano.

Vargas fue señalado por un ciudadano argentino que vivía en Saravena, Arauca, de ser el guerrillero responsable del secuestro y homicidio de los indigenistas estadounidenses Terence Freitas, Ingrid Washinawatok y Laheenae Gay en febrero de 1999, cuando realizaban un trabajo con la comunidad u’wa de ese departamento.

Un año después, Vargas, quien se dedicaba al comercio de plátano, fue detenido y acusado por supuestamente estar detrás del crimen y ser uno de los hombres más cercanos al jefe guerrillero del frente 10 de las Farc, ‘Grannobles’, quien dio la orden para matar a Freitas, Washinawatok y Gay.

El proceso judicial empezó en marzo del año 2000, cuando fue presentado ante un juez de Arauca por los delitos de rebelión, secuestro extorsivo y hurto calificado agravado. El 8 de mayo del 2003, después del aval de la Corte, y el Ministerio del Interior y de Justicia, el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez firmó la extradición para que Vargas compareciera en el país norteamericano por los delitos de concierto para cometer homicidio, ayuda y facilitamiento de un acto delictivo, como decía el indictment. 

Los hechos por los que fue acusado Vargas le valieron que un juez de Miami pidiera la pena de muerte, pese a que el tratado entre Colombia y Estados Unidos impide que los ciudadanos extraditados sean sometidos a ese castigo. 

Luego de 13 meses de juicio, la Corte de Columbia lo absolvió pues no encontró pruebas de que fuera el guerrillero; de hecho la única evidencia en su contra era el testimonio de Leonardo José Rodríguez, cuya esposa había tenido una relación sentimental con Vargas.

Ese mismo sustento quedó consignado en el fallo que expidió en el 2005 el juzgado colombiano. “Esta judicatura entra a valorar entonces el testimonio de Leonardo Rodríguez Calderón, el cual apunta a que este fue producto de los celos que en ese momento sentía al ver que la mujer que era su esposa hasta hacía muy poco, ya no hacía parte de su vida, por lo que al tener el altercado con su excompañera, momentos después es que decide acudir ante las autoridades a hacer imputaciones directas en contra de Vargas Rueda, su interés en este caso no era el de colaborar con la justicia sino de provocar un daño al acá acusado”, se lee en la decisión.

Incluso en el expediente están consignados informes de las autoridades con testimonios de los exguerrilleros Wellington Moreno Castaño y Adonais Acero Liones que dijeron entonces que Nelson Vargas no era el ‘Marrano’, que ni siquiera se parecía físicamente y que de hecho el nombre del guerrillero era Gildardo González.

Su familia se movilizó durante ese tiempo para probar su inocencia recogiendo firmas, invitando a declarar a los habitantes de El Botalón (Tame), donde residía, y a los proveedores de su negocio de plátano, pero el proceso siguió adelante.

Lo más grave, es que mientras Vargas estuvo detenido en la cárcel Modelo de Bogotá, a donde fue trasladado primero –y luego a La Picota y a Cómbita por su supuesta peligrosidad– perdió la pierna derecha.

En medio de los tiroteos y revueltas que experimentó la Modelo entre los años 1998 y el 2001 y en el que se calcula murieron y desaparecieron más de 100 personas Vargas recibió un disparo. El día que sucedió la revuelta estuvo durante tres horas sin atención médica, y tras 20 días hospitalizado y con un diagnóstico de gangrena le amputaron la pierna.

Por la omisión de protección que sufrió Vargas mientras estuvo detenido, ya ganó una demanda de reparación directa y recibió una indemnización por esos hechos; sin embargo, hoy espera que el Estado lo repare por los cuatro años y medio que estuvo preso, de hecho desde el año pasado el proceso está en un despacho del Consejo de Estado listo para fallo, pero la Corte no se pronuncia.

El 10 de mayo del 2008, el Ejército reportó la muerte del verdadero ‘Marrano’ en un combate ocurrido entre las poblaciones de La Tunia y El Recreo, en límites de los departamentos de Meta y Caquetá.

En la ropa del guerrillero encontraron dos cédulas, una colombiana a nombre de Carlos Julio Ávila y otra venezolana con el número 80448717.

Tomada de: El tiempo
¿EL MAGISTRADO ALBERTO ROJAS SE VA O SE QUEDA?



la permanencia del magistrado Alberto Rojas Ríos en la Corte Constitucional ha sido una batalla de años que este jueves llegará a su fin. Desde su elección, en abril de 2013, los vericuetos legales del asunto le han significado una salida temporal y luego, gracias a otro recurso, la restitución de su silla. No es un tema menor, pues ese tribunal, guardián de la Carta Política, decide los temas más sensibles para el país, como la normatividad que debe darle soporte legal al proceso de paz.

El Congreso escogió a Rojas de terna formulada por el Consejo de Estado, y su elección prosperó en medio de múltiples controversias. Hubo desde acusaciones de evasión de impuestos hasta descalificaciones porque supuestamente era ficha incondicional de poderosos contratistas y del gobierno. Rojas logró sortear el viento en contra y entró a reemplazar al magistrado Humberto Sierra Porto.

Pero cuando apenas llevaba un año en el puesto, la Sección Quinta del Consejo de Estado declaró nula su designación con el argumento de que la terna violaba el reglamento de ese tribunal. Como consecuencia se produjo la súbita salida de Rojas de la corte, pero contraatacó de inmediato. Y para sorpresa de todos, la Sección Segunda del Consejo de Estado falló a su favor una tutela en mayo de 2015, con lo que revocó la decisión anterior. Rojas logró ponerse de nuevo la toga, pero la restitución fue luego controvertida ante la Corte Constitucional. Por eso, sus compañeros magistrados dirán la última palabra.

Hace un par de semanas, los siete magistrados habilitados para el asunto discutieron el caso de Rojas. Las fuerzas están decantadas así: la magistrada Gloria Stella Ortiz presentó una ponencia que favorece los argumentos del fallo que sacó a Rojas, y con ella se alinearon dos magistrados, Luis Guillermo Guerrero y Carlos Bernal. Del otro lado –convencidos de que Rojas debe continuar– están cuatro togados: Antonio José Lizarazo, Cristina Pardo, Alejandro Linares, José Fernando Reyes. La magistrada Diana Fajardo no participa porque está impedida, y por razones obvias también lo está Rojas.

Para que haya una decisión se requieren mínimo cinco votos, y por eso la corte tuvo que acudir a dos conjueces. Se trata de la decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, Catalina Botero, y el investigador Juan Ramón Martínez. Ellos, al sumarse a alguna de las fuerzas, decidirán la suerte de Rojas.

Varias personas conocedoras del mundillo judicial pronostican que el conjuez Martínez votará con el grupo que respalda la permanencia de Rojas. De ser así, este sector alcanzaría los cinco votos decisorios. De Botero se sabe que desde hace dos semanas está estudiando no solo la ponencia, sino todo el expediente. El próximo jueves será el día decisivo, y hasta que no haya los cinco votos, nada está definido. Por eso, en el gobierno, en la justicia especial para la paz (JEP), en círculos académicos y en un sector de la propia corte, preocupa que una eventual salida de Rojas pueda significar una mayor dificultad para la aprobación de las leyes y demás instrumentos necesarios para reglamentar el acuerdo de paz. En varios momentos el voto del magistrado Rojas ha definido esos asuntos. Si ese voto seguro se enreda, le surgiría otro lío a la ya muy complicada agenda de la paz en la corte.

Por eso, más de uno, empezando por el propio magistrado en vilo, cuenta las horas que faltan para que la corte defina el caso. De momento, el pronóstico parece halagüeño para Rojas –a quien le faltan tres años para concluir su periodo–. Pero en los días restantes cualquier sobresalto podría reacomodar las fuerzas. El magistrado ha liderado casos

– para unos, valientes y para otros, cuestionables– como los de Cerro Matoso, Santurbán, las madres comunitarias y Fidupetrol. Por donde menos se piense, puede saltar la liebre. Si algo caracteriza al caso Rojas, es que las sorpresas han abundado.

Tomada de: Semana

sábado, 19 de mayo de 2018

 LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DEBEN ESTAR AL SERVICIO DEL ACCESO A LA JUSTICIA




Así lo señaló la Viceministra de Promoción de la Justicia,  Marcela Zuluaga Vélez, durante su presentación en el  ‘Encuentro la Justicia Digital: Gobiernos, mejor servicio para la sociedad´, evento organizado por Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo – AECID, que en su tercera edición se realiza en la ciudad de Cartagena de Indias, del 15 al 19 de mayo.
Según indicó la Viceministra Zuluaga Vélez,  el país  le apuesta a lograr una justicia cercana al ciudadano, más abierta,  eficiente y transparente, a través del uso  y aprovechamiento de las tecnologías de información y las comunicaciones y que así quedó contemplado en el Plan Decenal del Sistema de Justicia (PDSJ) 2017-2027.

“El PDSJ, la hoja de ruta para la justicia en los próximos 10 años, cuenta con un componente específico que busca generar la transformación del sistema de justicia mediante la aplicación de nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC) en las relaciones con los ciudadanos y la administración de justicia”, indicó la  Viceministra de Promoción de la Justicia.

Este componente busca mejorar la calidad y la gestión de la información del sistema de justicia con apoyo de  las TIC, así como  el  fortalecimiento del uso y apropiación de las mismas.

Durante su intervención, la alta funcionaria referenció cómo desde el Ministerio de Justicia se ha avanzado en la construcción de sistemas de información y herramientas tecnológicas en ambiente web y aplicativos móviles, que buscan mejorar el acceso a los diferentes servicios de justicia por parte de los colombianos.

Es el caso de LegalApp, una herramienta web que de manera fácil, clara y sencilla, orienta a los ciudadanos sobre qué hacer y dónde acudir, a la hora de adelantar trámites de justicia a tan solo un clic.

También están el Sistema de Información de la Conciliación, el Arbitraje y la Amigable Composición –SICAAC, que da cuenta del avance de los mecanismos alternativos de solución de conflictos en el país; el Sistema de Información del Programa Nacional de Casas de Justicia y Centros de Convivencia Ciudadana, que permite monitorear el impacto de este programa bandera de acceso a la justicia; el Sistema Único de Información Normativa –SUIN-Juriscol, que permite ubicar de forma rápida y gratuita, normas, actos legislativos, leyes y decretos, para estar al día con el ordenamiento jurídico colombiano.

La Viceministra Zuluaga Vélez, destacó también los avances que han tenido los sistemas de información en materia de política criminal y justicia restaurativa, entre los que se encuentran el Sistema de Información para el Control de Sustancias y Producción de Químicos-SICOQ; el Sistema de Información de Drogas de Colombia; el Sistema de Información de Justicia Transicional, y los observatorios de drogas y de política criminal.

Así mismo, según informó la funcionaria, se encuentra activo el Sistema de Estadísticas en Justicia, que consolida la información pública del sector justicia para la formulación de la política pública. Aquí está disponible la información de más de 10 entidades del Sistema de Justicia, información con enfoque a todos los municipios del país.

La Viceministra Zuluaga Vélez fue enfática en ratificar el avance institucional en materia de información pública y Tics. “Contamos con información útil y actualizada al alcance del ciudadano y con información para orientar la toma de decisiones y la mejoría en el acceso a los servicios básicos de justicia”, dijo.

EL MAYOR CIBERATRACO EN LA HISTORIA DE MÉXICO MANTIENE EN VILO AL SISTEMA BANCARIO



Las pérdidas por el ataque cibernético que ha puesto en jaque a los bancos del país ascienden a 15 millones de dólares

El ciberataque millonario que ha puesto en jaque a los bancos de México se perpetró sigilosamente, con paciencia. Un grupo de hackers ha entrado en las entrañas del sistema de pagos electrónicos y se ha llevado alrededor de 300 millones de pesos (más de 15 millones de dólares), que después retiraron personalmente de las ventanillas bancarias con el paso de los días. "Es un ataquede una sofisticación tecnológica y logística del que no habíamos tenido ningún antecedente (...) fue de una escala que no habíamos visto", ha admitido este viernes el gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León. La institución emisora ha activado un "plan de contingencia" que ha ralentizado las transacciones y ha causado molestias a miles de usuarios.

Aún no se sabe de dónde ha venido la amenaza ni si está del todo controlada, ha dicho Díaz de León a la cadena de televisión Televisa. Lo que sí ha confirmado el titular del banco central es que entre los principales afectados están una casa de bolsa, una caja popular y tres bancos, aunque no ha precisado los nombres.

El detonante de la crisis fue un ataque a una "institución pequeña y en un incidente relativamente menor" el pasado 17 de abril. Todo empezó, como se dice en México, como un "robo hormiga" que pudiera pasar como una falla común del sistema y que implicara el retiro paulatino de cantidades pequeñas en los propios bancos. Apenas unos minutos después de los ataques cibernéticos, llegaban personas a las sucursales bancarias para llevarse el dinero. La operación ha sorprendido a las autoridades no tanto por el monto, sino por la repetición de los ataques. Los retiros iban de los 200.000 pesos (10.000 dólares) hasta los 600.000 pesos (30.000 dólares), ha detallado el banco central.
Hay cientos de cuentas involucradas en al menos cinco bancos. Aunque las autoridades mexicanas ya han rastreado a los dueños detrás de las cuentas, no han querido revelar los nombres de los involucrados ni cuántos fueron. Los indicios de las autoridades mexicanas apuntan a que se trata de un grupo "con bastante tecnología", aunque nadie ha asumido la autoría ni la responsabilidad del ataque.

El siguiente atraco, el primero de mayor magnitud según el Banco de México, fue el pasado 26 de abril a un banco. Fue el primero de dos "epicentros" de la amenaza, ha dicho Díaz de León. El segundo fue el pasado 8 de mayo. El banco central ha sido sumamente cauteloso en el manejo de la crisis y en la información que ha difundido de lo sucedido, al argumentar que las investigaciones siguen en curso y con la promesa de que más adelante se harán públicas las piezas que faltan del rompecabezas. La Procuraduría General de la República (el equivalente a la Fiscalía nacional) encabeza las acciones penales para dar con los responsables.

El Banco de México ha promovido nuevas reglas para el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI). Son protocolos de seguridad temporales que tienen el objetivo de evitar nuevos ataques. En palabras del funcionario, el sistema bancario ha dejado de transitar por unos días por "las carreteras tradicionales" y ha optado por circular por "vías alternas", mientras se normaliza la situación. Díaz de León ha afirmado que desde el año pasado ya se había introducido una nueva regulación para fortalecer la seguridad del SPEI, pero ha señalado que la revisión de que los bancos la realizaran estaba prevista para finales de 2018. 

Hasta ahora, las autoridades mexicanas han repetido la promesa de que el sistema funcionará de forma regular con el paso de los días, sin mencionar una fecha exacta. Díaz de León ha dicho que más de la mitad de las transacciones ya se completan en cuestión de segundo y que el 99% se realiza con un máximo de dos horas. "Lo hemos mitigado y estamos extrayendo lecciones de cómo fortalecer el sistema", ha dicho el titular del banco central.

Los encargados de la ciberseguridad de la institución emisora aseguran que ya tienen la mayoría de "los parches" para "los agujeros" que abrieron los hackers. Las autoridades aún esperan a que concluyan los estudios forenses para dar por superado el ataque, que esfumó 300 millones, pero complicó el movimiento de muchos miles de millones más. En México, se llevan a cabo alrededor de 480 millones de operaciones electrónicas a través de SPEI, según datos de la Asociación de Bancos de México.


Tomada: El País

SI SANTOS NO SE OPONE, POR FIN LE PAGARÍAN A MÉDICOS RESIDENTES


Ser médico en Colombia es difícil y en parte esto se debe a los altos costos que  deben sufragar estar personas para su preparación académica. Según un estudio de la Universidad Nacional la tasa de retorno en una entidad pública es de17 años y en una privada,  de 34 años. “Si lo miro desde lo económico es cero rentable ser médico”, dice Rafael Baquero, presidente del Colegio Médico. Si se añadía una residencia, recuperar la inversión era aún más difícil. La especialización de un profesional de la medicina era especialmente dura pues como debían trabajar para aprender. Y no solo eso.  Asumían matriculas muy altas para lograrlo. Para algunos esta situación era un ejemplo de dominación, esclavitud y explotación en donde varios actores se lucraban porque la falta de regulación.
 Pero eso está por terminar gracias a una legislación aprobada este jueves en el Congreso de la República, por inicativa del senador Jorge Iván Ospina (Alianza Verde), también médico de profesión. Se trata de la ley de Residencias que busca regular las matriculas para que su valor corresponda solamente a los costos mínimos administrativos y operativos del programa.
Actualmente ningún residente recibe salario por el trabajo que realiza en las clínicas y hospitales  pese a que ofrecen servicios que las IPS facturan al sistema de salud, y en cambio deben pagar matrículas muy costosas que ascienden a los cuarenta millones de pesos anuales.
Así las cosas, ser médico especialista en Colombia puede costar más de doscientos millones de pesos. Con la nueva ley, que está lista para la sanción presidencial, se espera que se abaraten estos estudios y que muchos médicos que antes no podían acceder a estos programas por el costo, se gradúen como especialistas. Esta decisión tendrá impactos no solo para los médicos sino para toda la sociedad.


Los principales cambios
La remuneración de los residentes: se estableció que los residentes recibirán tres salarios mínimos que estarán a cargo del estado. Para esto se creó un fondo que sería financiado con recursos públicos de la salud. “Estos pagos se harán con el reconocimiento de las prestaciones que establece la ley”, señala Carolina Corcho, miembro de la Gran Junta Médica.
Regulación de matrículas: La ley prevé que la matricular se  reducirá a los mínimos costos administrativos y operativos. Esto  implica la prohibición de que los hospitales les cobren a las universidades recursos monetarios para que los residentes hagan sus rotaciones. Esta era una de las razones por las cuales estaban disparadas las matrículas. En otras palabras, los hospitales les cobraban a las universidades para que el residente fuera a trabajar. “Era inexplicable porque el residente aporta al hospital”, explica Corcho. .
Los beneficios para los médicos
Según Roberto Baquero H, Presidente de Colegio Médico Colombiano, el gran beneficio de la nueva norma es que asegura que los que quieran acceder a estas especializaciones no tengan como primera traba tener recursos económicos. “Todos sabemos que si ponemos como  rasero para hacer una especialización al dinero muy pocos tendrán la oportunidad”, dice.  Una investigación de la Universidad Nacional sobre cuánto vale ser  médico general en Colombia, mostró que la tasa de retorno en una universidad pública era de17 años y en una privada era de 34 años. “Si lo miro desde lo económico es cero rentable ser médico”. Si se añadía una residencia, recuperar la inversión era aún más difícil. “Muchos no podían”.

El otro gran beneficio  es que quien se entrena se podrá dedicar a hacer su especialización porque tendrá la tranquilidad de que podrá pagarlo. Tal como estaban las cosas había una alta deserción debido a los costos. Como estos se reducirán, los estudiantes se podrían dedicarse a aprender. “Esto dignificará el ejercicio del personal que se entrena”, dice Baquero, puesto que ya el estudiante no tendrá que correr a trabajar para poder subsistir sino que podrá dedicarse a su especialización.
El costo
Según los cálculos, la universidad para un médico cuesta alrededor de 200 millones de pesos y esto incluye no solo la matricula sino los recursos para subsistir.  Una especialización estaría del orden de los 40 millones de pesos anuales. Con la nueva ley, esta cifra baja. “Los cálculos es que quedará entre 3 y 4 millones de pesos que se dan por costos administrativos, pero no es una matrícula”, dice Baquero.
El impacto para la sociedad
Los pacientes podrán esperar mejorar calidad de sus médicos. El alto costo de la especialización hacia que solo un grupo muy exclusivo lograra culminar sus estudios. Otros lo intentaban, pero tenían que desertar en el camino por falta de recursos. Es el caso de muchos médicos generales que no pudieron especializarse porque se les acabó el dinero.  “Eso bajaba el nivel porque restringía esa posibilidad al que tenía plata y no al mejor”, explica Baquero. Con la nueva ley se garantizará que habrá más especializados que ahora, con las nuevas condiciones, podrán cumplir más fácilmente con sus estudios. Así, estarán mejor preparados para atender a los pacientes colombianos. Habrá menos fuga de médicos que antes viajaban a otros países a especializarse y se quedaban en el exterior.

El impacto para las universidades y hospitales

Los hospitales argumentaban que los residentes les generaban gastos. Aunque esto es cierto, la ley logró que reconocieran que este estudiante, que es un médico graduado que les labora y les da productividad, tuviera un salario. “No tenía sentido que trabajara para la IPS y además le tuviera que pagar”. La ley logró quitar de tajo esa traba para que los médicos se puedan formar y desarrollar. Las universidades, por su parte, aceptaron solo cobrar por los costos administrativos de la residencia de sus estudiantes.  La calidad de las universidades también mejorará porque el interés no estará centrado “en el lucro y el negocio sino en la calidad de los programas”, dice Corcho. Los hospitales tendrán trabajadores que aportarán, como lo venían haciendo, pero con justicia social, gracias a que ahora estará remunerado. “el residente no es un trabajador  cualquiera, es un investigador que produce conocimiento”, dice Corcho.

Tomada: Semana 

A SANCIÓN PRESIDENCIAL, PROYECTO DE LEY QUE BUSCA LA AMPLIACIÓN DE PLANTA DE PERSONAL DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO


En el Congreso de la República fue aprobado el informe de conciliación del Proyecto de Ley Orgánica número 169 de 2017 Senado, 026 de 2017 Cámara, por medio de la cual se exceptúa al Ministerio del Trabajo, al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), al Congreso de la República, a la Unidad Administrativa de Aeronáutica Civil (UAEAC) y al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS), de lo dispuesto en el artículo 92 de la Ley 617 de 2000, y autoriza el crecimiento del personal de las entidades.

Esta excepción se realiza con el fin de fortalecer la política pública orientada a la protección de los derechos y garantías de los colombianos, y para dar cumplimiento a los compromisos internacionales suscritos por el país en materia laboral. 

Con este proyecto de ley también se busca atender la necesidad de mejorar el funcionamiento del sistema penitenciario y carcelario, y cumplir con los fallos judiciales de la Corte Constitucional en esta materia así como también garantizar los derechos de las personas privadas de la libertad.

Según lo ha informado el Ministro de Justicia y del Derecho, Enrique Gil Botero, con la aprobación de este proyecto se está buscando transformar la política carcelaria. “Es de vital importancia mantener actualizada la relación guardias internos en el sistema penitenciario y carcelario; tenemos más de 117.000 personas privadas de la libertad, de las cuales 60.000 están en detención domiciliaria y sólo tenemos 12.800 funcionarios para cuidar a estar población”, señaló el jefe de la cartera de Justicia. 

Esta iniciativa contempla la creación de 2.800 nuevos cupos distribuidos de la siguiente forma: 2.300 para el personal de custodia y vigilancia y 500 cargos para el área administrativa. Con la entrada en vigencia de esta ley se espera que la modificación de la planta de personal se efectúe durante las vigencias de 2019 y 2020.

“Las cárceles están hacinadas es verdad, recibí el sistema penitenciario con un 52% de hacinamiento. Estos cambios que buscamos no son para este Gobierno, serán para el que viene y es muy importante advertir que es una necesidad mantener la buena relación entre los guardias y las personas que saldan su deuda con la justicia”, manifestó Gil Botero.
La aprobación de este proyecto de ley se hizo bajo la condición de que el próximo Gobierno dentro del año siguiente a la publicación de la ley presente ante el Congreso la reforma estructural del manejo del sistema carcelario y penitenciario, teniendo en cuenta los lineamientos de política criminal.