CORTE CONSTITUCIONAL MANTIENE EN EL CARGO AL MAGISTRADO ALBERTO ROJAS RÍOS

El alto tribunal resolvió hoy una demanda contra la elección de Ríos interpuesta en el 2014, por una supuesta violación al reglamento interno, por posibles inconsistencias cuando se dio la votación para que fuera magistrado de la Corte Constitucional.

En debate de la sala plena de la corporación judicial, donde se citaron los 9 magistrados, entre ellos dos conjueces, Juan Ramón Martínez y Catalina Botero, la mayoría, es decir 6 togados decidieron que Ríos debía mantenerse en el cargo y 3 votaron en su contra.

Es de anotar que en el año 2015 Rojas Ríos logró manternse en el cargo debido a una tutela que fue fallada a su favor y posterior a esto su proceso llegó hasta la Corte Constitucional para que se tomara una decisión de fondo.

Tomada de: Caracol

CESE DE ACTIVIDADES EN LOS JUZGADOS DE PENAS DE BOGOTÁ

Desde el pasado 16 de mayo inició el cese indefinido de actividades en los juzgados de penas y medidas de Bogotá esto por la falta de personal para atender las secretarias de cada despacho, debido a que los empleados que estaban en descongestión terminaron su periodo laboral el 15 de mayo.

En un consenso realizado por los jueces y empleados, liderado por el juez coordinador Mario Narváez, decidieron el cierre y la no atención al público con el fin de protestar y hacerse sentir ante el Consejo Superior de la Judicatura.

¿Será que el Consejo Superior de la Judicatura en plena campaña presidencial le dará prioridad al llamado realizado por los juzgados y buscará una pronta solución a este inconveniente? Ya que los únicos perjudicado son los usuarios, condenados y la comunidad jurídica en general.

GUSTAVO PETRO REVELA SU DECLARACIÓN DE RENTA

El candidato presidencial por Colombia Humana, Gustavo Petro, publicó a través de redes sociales su declaración de renta explicando que “es el balance de 15 años de Congreso y cuatro de Alcaldía de Bogotá, y así comenzaría como presidente de Colombia”.

“Para quienes quieran saber los datos de mi última declaración de renta y comparar si quieren con los demás candidatos”, escribió Petro al realizar la publicación en su cuenta oficial de Facebook.

Según la declaración, el candidato de Colombia Humana tiene las mayores deudas por $768 millones, seguido por Vargas Lleras con $463.000, Duque con $56,8 millones, seguido por De La Calle por valor de $20,1 millones y en último lugar Fajardo con $1,1 millones.

En el documento también se evidencia que el candidato presidencial tiene el menor patrimonio líquido total con $475 millones, pues el de Vargas Lleras llega a $2.695 millones, el de Humberto de la Calle es de $1.745 millones, el de Sergio Fajardo se ubica en $2.205 millones y el de Iván Duque es $1.143 millones.

Cabe recordar, que Petro era el único candidato presidencial que no había hecho pública su declaración de renta, luego que varios líderes políticos le hubieran solicitado hacerlo, entre ellos, Claudia López, fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo.

Tomada de: Canal 1

Jóvenes universitarios de Bogotá opinan sobre la candidatura presidencial

Las elecciones presidenciales son decisivas para el futuro del país. En la actualidad hay 12 millones de jovenes en Colombia habilitados para ejercer su derecho al voto; el Periódico el Jurista pregunta a jóvenes universitarios de Bogotá su opinión sobre la candidatura presidencial.

APP PARA RESCATE DEL GALEÓN SAN JOSÉ SÍ PUEDE ADJUDICARSE EN ÉPOCA ELECTORAL

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, consideró que la eventual celebración del contrato que sirva para materializar el proyecto de asociación público-privada (APP) con el respectivo originador, en caso de que no se presenten terceros que manifiesten oportunamente su interés en ejecutar el proyecto, o que se presenten y no cumplan los requisitos exigidos, no significa que se realice una contratación directa, por lo cual no se infringiría la “Ley de Garantías Electorales”.

La Sala de Consulta y Servicio Civil verificó que las normas que regulan la posibilidad de contratar con particulares las actividades de exploración, intervención, aprovechamiento económico y/o preservación del patrimonio cultural sumergido (Ley 1675 de 2013, en armonía con las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y 1508 de 2012), imponen la obligación de efectuar una convocatoria pública y permiten la participación de varios oferentes (incluyendo personas distintas del originador, en las APP de iniciativa privada), razón por la cual ninguno de los procedimientos de selección previstos en tales normas corresponde al mecanismo que la ley denomina “contratación directa”. Por lo tanto, la realización de dichos procesos de selección y la suscripción de los respectivos contratos están permitidos.

El concepto responde a una consulta elevada por el Ministerio de Cultura sobre si la eventual suscripción de la APP para la intervención, preservación, divulgación y aprovechamiento económico y demás actividades asociadas al hallazgo arqueológico del galeón San José, con el respectivo originador, implicaría realizar una contratación directa, que en tal caso estaría prohibida y solo podría adjudicarse después de la elección presidencial.

LLEGÓ LA HORA DE REVISAR LAS COMISARÍAS

El mayor operador de justicia de nuestro país son las comisarías de Familia, por ellas pasan miles de personas todos los años para resolver sus conflictos y para buscar alivio a uno de los principales retos de nuestra sociedad: la violencia intrafamiliar. Las comisarías son el único encuentro de mucha gente en Colombia con el Estado: operan en casi todos los municipios de Colombia, incluso en las zonas desmunicipalizadas; al mismo tiempo, las comisarías están subvaloradas por la mayoría de los actores políticos colombianos, parece que su función no fuera primordial para el desarrollo de nuestro país. Contrario a los estereotipos, las comisarías atienden a todos los niveles socioeconómicos y a todos los niveles educativos.

Hay que empezar por el principio, las comisarías dependen de los municipios; los comisarios y comisarias son una ficha del gobernante de turno, a veces escasamente sobreviven con salarios bajos y muchas veces hacen parte de los ciclos de violencia que aquejan a nuestro país. Las Comisarías deberían contar con un equipo interdisciplinario, que normalmente no está disponible, en general, lo que hay es un favor político en nombre de un abogado o abogada que se dedica a impartir justicia sin conocer la ley, sin oficina, sin nadie que le ayude a evitar los prejuicios para sacar fallos, sin quién vele porque sus decisiones serán respetadas, sin profesionales en psicología, trabajo social ni equipos médicos o forenses. 

Entonces uno escucha historias como una comisaria en Casanare que les dice a las mujeres que han sufrido violencia en manos de su pareja que les hagan una “comida romántica” para evitar la furia de sus maridos; también, están los municipios que tienen que compartir comisario porque no les alcanzan sus recursos para pagarle cada uno a su propia autoridad; están las comisarías en las que un viaje en lancha de 20 horas antecede la resolución de conflictos. El peor de los casos es ese en el que un agresor lo puede ser sistemáticamente en diferentes municipios de Colombia y nadie se entera porque, ¡oh sorpresa!, no hay bases de datos unificadas

Todas las víctimas de violencia deberían acceder a un sistema que les proteja sus derechos, incluyendo el más básico: la vida. Los cambios para hacer que las Comisarías funcionen no son grandes ni complejos pero requieren voluntad política. Por un lado, el Gobierno Nacional debería unificar en una sola la asistencia técnica a las Comisarías, hoy desparramada entre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Ministerio de Justicia y la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer. Por otro lado, podría aprovechar la inversión en conexiones con internet para garantizar que en cada comisaría haya al menos un aparato conectado a la red y a un sistema de información compartido entre todas las comisarías, no vayan a pensar que toca invertir mucha plata haciendo ese sistema, Bogotá tiene uno llamado el SIRBE, que puede ser adaptado para todo el país, ONU-Mujeres y UNFPA también desarrollaron un software hace un par de años que busca lo mismo. También, se puede garantizar la composición de los equipos interdisciplinarios a través de las prácticas sociales universitarias, un servicio poco usado, que podría llevar a profesionales idóneos a todo el país. Una especie de Opción Colombia más moderna y generalizada. 

Hay otras tareas más difíciles de resolver en la práctica pero que serían fundamentales, la primera es hacer cumplir el principio de subsidiariedad, que significa que si una entidad no puede cumplir con una función se la debe pasar a la entidad del nivel superior, esto querría decir que, si un municipio no puede contratar profesores porque no tiene capacidades para hacerlo, esta competencia pase al departamento. Con las Comisarías funciona al revés, cuando el ICBF no es capaz de proveer de defensores de familia, sus funciones pasan a los municipios. Parece apenas obvio que haya que aumentar también la cobertura de defensores de familia. Peso eso cuesta, y quién quiere pagar.

No es tan difícil, varios municipios y distritos se han puesto la tarea de hacer que la violencia contra las mujeres, niños, niñas y adolescentes esté en el centro de su agenda. Bogotá, por ejemplo, tiene 32 comisarías disponibles, algunas funcionan 24 horas, ha invertido en el sistema de información y en la capacitación de sus comisarios y comisarias, tiene una comisaría virtual e incluso cuenta con acompañamiento sociojurídico para las mujeres que son víctimas de violencia. Para hacer eso hubo años de aprendizajes, voluntad y recursos. Ahora que nos indignamos con casos de niñas víctimas de violencia sexual o mujeres asesinadas a los golpes parece el momento propicio para impulsar un cambio. 

Por:Rodrigo Sandoval Araújo periodista RCN Radio

ASÍ ES LA LUCHA DE LOS AFROCOLOMBIANOS CONTRA LA DEFORESTACIÓN EN EL PACÍFICO

En las selvas del Pacífico, agobiadas por el olvido estatal y el conflicto, las comunidades afro e indígenas se la juegan por hacer de la protección del medioambiente una forma de sustento alrededor de los proyectos de manejo forestal comunitario como Redd+, desarrollados con el apoyo de Fondo Acción y la cooperación del gobierno de los Estados Unidos.

Las comunidades esperan vender certificados de carbono producto de la reducción de la deforestación y degradación de sus bosques. Así mismo, a través del desarrollo de los proyectos Redd+ han logrado reforzar su identidad cultural y fortalecer sus sistemas de gobierno. Estas son sus historias:

Tumaco: Identidad y gobernanza

Desde antes de trabajar con un proyecto REDD+, en los Consejos Comunitarios de Acapa y Bajo Mira-Frontera ya existían planes para cambiar sus comportamientos y proteger la naturaleza. Se sentían ricos en recursos hasta que los ríos comenzaron a secarse, la erosión cerca al mar se agravó y cada vez se atrapaban menos peces en las rutas usuales de los pescadores. “Si seguíamos así, no tendríamos comunidad mañana”, cuenta Dalila España, líder comunitaria de la zona.

Además de la protección de los recursos, estos dos Consejos Comunitarios han mejorado su capacidad de trabajar en equipo, así como sus condiciones de vida. Los árboles que talaban como forma de sustento, cada vez eran más escasos y más lejanos, y no daban la retribución suficiente para ver mejoras en educación, salud e infraestructura. Fue por eso que dieron un giro hacia la siembra de cacao, producto que también distribuyen y transforman y que les permite tener control sobre la actividad económica. Se convirtió en una forma sostenible y rentable de vida.

En una región como Tumaco, las comunidades también han tenido que aprender a proteger su vida. Ante la constante amenaza de grupos armados han optado por gobernar desde la base, con una toma de decisiones grupal para proteger, en lo posible, a sus líderes. A pesar de las adversidades siguen comprometidos con defender la naturaleza por encima de las actividades ilegales.

“Hay un empoderamiento y una reapropiación de nuestra identidad ancestral. Nuestros antepasados sabían que la tierra debe descansar. Hoy, estamos aplicando esas enseñanzas para proteger el territorio, que es nuestra historia”, cuenta Dalila.

Mutatá: Territorio sagrado

Los Cabildos Mayores Jaikerazabi, Chontadural Cañero y Coribí Bedadó del pueblo embera-katío están establecidos en el municipio antioqueño de Mutatá, en los límites entre Chocó y Antioquia. Su relación como comunidad es el único esfuerzo formal para que esta zona se administre como un lugar de conservación, ya que no es un territorio protegido. A los indígenas los acusan de desperdiciar una tierra rica en madera y otros recursos, pero ellos insisten en proteger una región sagrada desde su ancestralidad y un patrimonio para el mundo entero.

Gracias a diferentes iniciativas impulsadas alrededor de proyectos REDD+, la comunidad tiene ahora muchas más herramientas para luchar por las futuras generaciones y mantener intacto el legado de sus mayores. “Nos hemos unido entre comunidades y hemos fortalecido la participación de todos para fomentar el liderazgo en los jóvenes y las mujeres. Nosotros mismos sabemos cómo gestionar proyectos con el Gobierno y nos vinculamos a ONGs para un trabajo conjunto”, cuenta Jhon Jairo Tuberquia, líder embera.

La comunidad está convencida de que podrá marcar la diferencia forjando un plan de vida común que busca aumentar la inversión social, en vías y servicios públicos, por sus propios medios. Por esto están impulsando proyectos educativos con el SENA y diversas universidades, para que, con una educación formal, puedan invertir con sabiduría los recursos que lleguen por cuenta de la venta de bonos de carbono.

“En el Golfo de Urabá convivimos con muchas secuelas de una violencia que todavía nos golpea a diario. Sin embargo, sin nuestras tierras no somos emberas, así que luchamos para que entiendan que el indígena existe. Hoy estamos menos dispersos, estamos unidos para apoyar a nuestros líderes, para capacitarlos y defenderlos”, asegura Jhon Jairo.

Tomada de: Semana