CONSEJO DE ESTADO PROTEGE DERECHOS DE INDÍGENAS DESPLAZADOS DEL VICHADA

La Sección Quinta del Consejo de Estado en sede de tutela y con ponencia de la Magistrada Rocío Araújo Oñate, decidió amparar en forma integral los derechos fundamentales del Resguardo Indígena Unuma Alto Vichada de Cumaribo a la salud, educación, vivienda digna, identidad étnica y cultural, así como el derecho fundamental a retornar al territorio colectivo del que fueron desplazados o a ser reubicados. La Sala protegió los derechos señalados al resguardo y a los miembros de las comunidades que lo integran, pues es indispensable para garantizar la supervivencia de la etnia. Ello en consideración a su estado de indefensión, a la grave y sistemática afectación de las que son objeto y a la ausencia de intervención estatal, en cumplimiento del ordenamiento y bajo el enfoque diferencial que corresponde.

La decisión ordena caracterizar la población del resguardo en temas que resultan trascendentales para la supervivencia e integridad de la comunidad indígena, como son los procesos de inscripción en el Registro Único de Víctimas y las rutas de atención, asistencia y reparación integral, el inicio o culminación de los procesos de retorno o reubicación, la afiliación al sistema de salud y su prestación, los servicios educativos y la individualización de la oferta institucional en materia productiva y de vivienda, para su inclusión como beneficiarios de la misma.

Para amparar el derecho a la salud la sentencia ordenó realizar brigadas de salud integrales, proveer insumos, medicamentos y dispositivos médicos, establecer mecanismos expeditos de autorización de traslados de urgencia, la habilitación de puestos o esquemas de atención, así como la elaboración de políticas de prevención y atención en salud que se ajusten a las condiciones y necesidades del resguardo y al tratamiento diferencial al que tienen derecho.

En cuanto a la protección del derecho a la educación, se ordenó elaborar un modelo de prestación del servicio educativo que cumpla los estándares y parámetros de enfoque diferencial y que brinde cobertura de la etnoenseñanza, insumos, servicios complementarios de transporte y permanencia de los educandos, así como la habilitación de lugares o de esquemas para la enseñanza.

En materia de vivienda y oferta socioeconómica se ordenaron acciones tendientes al diseño y ejecución de estrategias de información, asistencia, acompañamiento y asesoría a las autoridades del resguardo, a través de las cuales se logre priorizar e incluir, individual o colectivamente a la etnia, en los procesos de otorgamiento de subsidios de vivienda y en los programas socioeconómicos y productivos.

Además, la decisión ordenó al Alcalde de Cumaribo contestar la información solicitada por el Resguardo Unuma Alto Vichada en relación con el monto y destinación de los recursos que ha recibido el municipio desde el año 2016 hasta el 2018 provenientes del Sistema General de Participaciones, explicando las razones y motivos de las inversiones realizadas o la ausencia de los mismos de ser ese el caso, junto con todos los documentos de soporte respectivos.

Resultado final de las elecciones presidenciales 2018.

Este domingo, 27 de mayo, en todo el país los colombianos votaron en los comicios de la primera vuelta presidencial para elegir el reemplazo de Juan Manuel Santos en la Casa de Nariño.

La jornada electoral comenzó a las 8 de la mañana y cerró sus urnas a las 4 de la tarde. Desde ese momento, la Registraduría comenzó el escrutinio de todas las 96.657 mesas que fueron distribuidas en 11.233 puestos en todo el territorio nacional. En el exterior se ubicaron 235 puestos de votación en consulados, donde se instalaron 11.433 mesas.

Los resultados indican que el próximo mandatario será elegido en segunda vuelta el 17 de junio, entre Iván Duque y Gustavo Petro. 

Información de: El Tiempo

ABOGADO DEL ‘MELLIZO’ PRENDE VENTILADOR CONTRA 23 PERSONAS

Al menos 23 personas, entre funcionarios y exfuncionarios judiciales, así como particulares vinculados a presuntos hechos de corrupción hacen parte de la matriz de colaboración del abogado Juan Carlos Restrepo Bedoya e Iván Darío González Cañón, exasistente de la capturada fiscal Hilda Niño.

Ellos son de los cinco capturados a mediados del año pasado por los presuntos pagos que habría hecho el capo y exparamilitar Orlando Villa Zapata para no ser excluido de los beneficios de la ley de justicia y paz. 

Restrepo Bedoya, abogado del narcoparamilitar Miguel Ángel Mejía Múnera, y González Cañón llegaron a un acuerdo de colaboración con la Fiscalía que fue avalado por un juez de Bogotá y que promete desatar una nueva tormenta judicial por la corrupción de funcionarios de varias instancias judiciales, incluidas cortes. 

En una audiencia de carácter reservado realizada en los juzgados de Paloquemao, la Fiscalía pidió al juez que avalara un principio de oportunidad que le garantiza al abogado Restrepo Bedoya que no sería procesado por dos de los tres cargos que le imputaron. Entre tanto, el exfuncionario de la Fiscalía tendría inmunidad total por los delitos por los que era procesado.

A cambio se comprometieron a declarar y entregar información contra la exfiscal Niño Farfán, señalada de recibir cerca de 400 millones de pesos y dos carros de Villa Zapata. Igualmente declararán contra su esposo, Gustavo Adolfo Calero Vargas, y contra Milena Isabel Paz García, esposa del capo. 

Pero también se comprometieron a ayudar a judicializar a otras 20 personas, que según sus declaraciones, se lucraron de decisiones relacionadas con los paramilitares cobijados por la jurisdicción de justicia y paz. En la lista de personas involucradas en lo que la Fiscalía calificó como “una organización criminal” aparecen funcionarios de la Rama Judicial, la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia.

De hecho, el testimonio de Restrepo Bedoya ya permitió la captura de Jairo Yovanni Caicedo Rojas, funcionario de la Secretaría General de la Corte Constitucional, quien al parecer estaría implicado en cobros de dineros para manipular el sistema de reparto del alto tribunal. A Caicedo la Fiscalía le imputó cargos por corrupción judicial y un juez de Bogotá lo envió a prisión.

En ese caso aparecen al menos siete personas, entre ellos un abogado que aún trabaja en la Corte Constitucional y que es investigado por supuestos cobros para agilizar o retrasar el trámite de expedientes de tutela. Investigadores señalaron que el abogado tiene a su nombre importantes bienes, entre ellos varios caballos de paso, y que tendrá que justificar de donde sacó esos recursos.

Las declaraciones de los dos testigos, según las fuentes, tocan también a jefes ‘paras’ que hoy disfrutan de su libertad a pesar de que tenían otros capítulos judiciales pendientes. 

La Fiscalía asegura que se rastrean procesos “en justicia y paz” en los que se falseó la verdad “para no presentar (a los desmovilizados) como narcotraficantes sino como paramilitares y así beneficiarlos con las penas alternativas”. También empezaron a entregar información sobre presunta manipulación de bienes en extinción de dominio.

Para conceder el principio de oportunidad, la Fiscalía tuvo en cuenta que el exasistente de la capturada fiscal Niño Farfán visitaba las cárceles y se reunía con exparamilitares a quienes llevaba razones de su jefe. 

“Entregaba los mensajes que enviaba la fiscal (Niño) a los postulados para que hicieran los correspondientes pagos. Además recibía algunas de las platas que enviaban los postulados por intermedio del abogado Restrepo Bedoya”, señaló la Fiscalía durante la diligencia realizada a puerta cerrada.

Al cumplir esas funciones, el exasistente tendría información clave sobre otros exparamilitares que también pagaron para recibir beneficios sin merecerlos. Él, afirma la Fiscalía, habría recibido tres millones de pesos por sus servicios y se comprometió a devolver cuatro millones de pesos como reparación.

El fiscal del caso señaló que esas declaraciones y los documentos entregados permitirán “atacar un grave fenómeno de corrupción que compromete a funcionarios de la Rama que desviaron sus deberes (…), hubo tráfico de influencias para favorecer postulados”.

Con el aval que dio el juez al principio de oportunidad se hicieron las primeras compulsas de copias para investigar a funcionarios y particulares señalados de cometer presuntos actos de corrupción. En la lista hay personas que hasta hace poco tiempo tenían importantes posiciones en la Fiscalía.

Tomada de: El tiempo

LAS HERMANAS QUE SE HACEN RICAS VENDIENDO MARIHUANA

Era septiembre de 2011. En medio de la crisis económica global, en Nueva York, un grupo de activistas instaló sus carpas en el corazón financiero del planeta. La idea de quienes decían representar el 99 % de la sociedad era exigirle al presidente Barack Obama que los bancos y las corporaciones, el 1 % restante, dejaran de mover los hilos de la política estadounidense. La última vez que alguien vio a Christine Meeusen, madre de tres, divorciada y con una carrera estelar a sus espaldas, fue entre los cambuches y las consignas del movimiento que se dio a conocer como Occupy Wall Street. Allí, como ella misma lo pone, “recibió el llamado”, tomó los hábitos por primera vez y se convirtió en la hermana Kate.

“Antes de eso era una madre arruinada, porque mi esposo acababa de robar todo mi dinero y no había una sola instituciónj en Estados Unidos a la que le importara”, dice la hermana Kate, quien antes de empezar a vestirse como monja acaba de llegar a Estados Unidos desde Holanda.

Aunque su paso por Nueva York como “activista independiente y anarquista” atrajo muchas miradas, la fama llegó después, en Merced, California, cuando con la misión de ayudar a su sobrino a superar la adicción a la heroína y convencida de las propiedades medicinales del cannabis, terminó por fundar las Hermanas del Valle, una mezcla de empresa y comunidad religiosa que en 2014 empezó a comercializar productos a base de cannabis y que, desde mayo de 2017, con la legalización del uso recreativo de la marihuana en el estado, se subió sin pena en el boom de la naciente industria de la hierba en Estados Unidos.

Desde el comienzo, deja claro que lo suyo no es ninguna religión, “yo no podría hacer eso, la mayoría de religiones contemporáneas son corruptas, le sacan la plata de los bolsillos a la gente pobre”. Se trata más bien, dice la hermana Kate, de replicar el modelo de las beguinas, mujeres que durante la Edad Media vivían en comunidad, sin tomar votos y en medio de una tensa relación con las autoridades católicas: “Nosotras emulamos a nuestras madres ancestrales porque trabajaban para levantar la dignidad de las mujeres, para darles negocios, para que tuvieran el derecho a tener posesiones.”

En la comunidad no hay votos de castidad, aunque sí hay abstinencia cuando los ciclos lunares indican que es el momento de recoger la marihuana, y las hermanas pueden ir y volver a sus casas cuando quieran. La espiritualidad, como pasaba con las beguinas también tiene su papel y además de los rituales en los que agradecen por la cosecha, las Hermanas Del Valle rezan, sobre todo para “bloquear” a Donald Trump, a quien la hermana Kate considera “un hombre peligroso”, aunque le agradece que le haya mostrado al mundo “que Estados Unidos no es el número uno nada, esa es una mentira que ha estado rondando durante mucho tiempo y es algo por lo que me encantaría mandarle una carta para felicitarlo”.

A finales de abril de este año, el perfil de Facebook de la hermana Kate se actualizó con varias fotos en el sur de Francia. Mientras en las playas del Mediterráneo ella les contaba a los periodistas su historia de activismo y éxito empresarial, en el Festival de Cannes se proyectaba “Breaking the habits”, el documental sobre la expansión de las Hermanas del Valle, que hoy cuenta con adeptas en Suecia, Canadá, Inglaterra, Brasil y Nueva Zelanda. El paso por Canes de la hermana Kate es apenas el comienzo.

Hace dos años, cuando los medios y la fama empezaron a llegar a la comunidad, la hermana Kate recibió la visita de una de las colegas que había dejado atrás en Europa. “Nos conocimos en las lecciones de natación a las que llevábamos a nuestros hijos. Las dos trabajábamos en bancos muy grandes y hemos sido muy amigas desde entonces”. La fundadora de la congregación se refiere a la hermana Claire, quien decidió quedarse en la comuna en 2016. “Es mi socia en todos nuestros negocios internacionales”, dice la fundadora de la congregación, consciente de que las responsabilidades de su amiga van mucho más allá.

La hermana Claire fue la elegida para representar a la congregación en “The next marihuana millionaire” (El próximo millonario de la marihuana), un reality show que, al mejor estilo de los que presentaba el actual presidente de los Estados Unidos, pondrá a competir a varios emprendedores del mundo del cannabis por financiación y asesoría para llevar sus empresas al siguiente nivel.

En California, la marihuana dejó de ser un tabú con el voto de cerca de 5 millones de personas, en un referendo histórico que le abrió un mercado legal de 39 millones de personas, uno de cada cinco estadounidenses.

Si le preguntan cómo se llegó a esa determinación en el mismo país que durante años ha patrocinado la guerra contra las drogas, la hermana Kate responde que “el cambio de opinión” se dio “por la misma razón por la que la gente dejó de pensar que la Tierra era plana o que las mujeres tienen un cerebro más pequeño que el de los hombres. Con el tiempo es imposible dejar de ignorar los hechos”.

El cambio de opinión también fue satisfactorio para el bolsillo de personas como la herma Kate. Según las cuentas de la consultora BDS Analytics, para 2019 se espera que la industria de la marihuana alcance los US$5.100 millones, un poco más que los US$5.000 millones que se vendieron en cerveza durante 2017.

El negocio es tan bueno que la hermana Kate considera un crimen la guerra contra las drogas y cree que las personas que han perdido a sus seres queridos en ella deberían buscar la forma de demandar a sus gobiernos: “No me importa si la gente dice que soy una mafiosa o que estoy loca, sé que con el tiempo ellos también van a ver la luz”.

Sorprendentemente, Kate dice que el sueño de quienes impulsan la lucha contra el tráfico de narcóticos podría hacerse realidad, “pero un mundo sin drogas sería muy aburrido”, dice la mujer de 59 años para quien usar marihuana es “automedicarse” y luchar contra las farmacéuticas y los bancos, las dos instituciones que, para ella, están detrás de la epidemia de adicción a los opiáceos en Estados Unidos.

“En lugar de criminalizar a la gente por automedicarse, deberíamos prestarle atención a la raíz de los problemas, como el hecho de que las mafias bancarias han dejado a generaciones enteras con la única esperanza de convertirse en esclavos del sistema financiero”, dice la hermana Kate, para quien su generación arruinó la economía, dejó en coma al planeta al agotar sus recursos naturales y le echa la culpa de todo lo que está mal a la gente joven: “Si estuviera creciendo en medio de esta realidad económica, probablemente me habría vuelto a adicta”, remata Kate quien a pesar de su genio como publicista, y a pesar de llenarse los bolsillos gracias a la boyante industria de la marihuana, dice ser fiel al espíritu de la “activista independiente y anarquista” que en 2011 se vistió de monja para exorcizar los demonios de Wall Street.

Tomada de: El Espectador

TIMOCHENKO VOTÓ POR PRIMERA VEZ EN UNAS ELECCIONES PRESIDENCIALES

Después de más de medio siglo de conflicto con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), el país vive las primeras elecciones presidenciales sin esa guerrilla armada.

Y uno de los hechos que marca la jornada es que Rodrigo Londoño, Timochenko, quien fue el jefe máximo de esa guerrilla y hoy el director del partido político en el que esta se convirtió, votó por primera vez en una elección presidencial.

“Es la primera vez que ejerzo el derecho al voto. En el interior de las Farc sí voté muchas veces, allá votábamos y elegíamos la dirección”, señaló Londoño a los periodistas.

El exjefe de la guerrilla también bromeó y dijo que su principal preocupación al momento de sufragar, por causa de los nervios, fue que no fuese a marcar en el voto en blanco.

“La invitación a todo mundo es que ejerza este derecho y que hagamos de este día un día de reconciliación entre todos los colombianos”, concluyó Londoño.

Este año, Timochenko ya había votado en las pasadas elecciones a Congreso de la República, para las que el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) inscribió una lista cerrada, no obstante, ya tenía asegurado, por medio del acuerdo de paz, cinco curules en Senado y cinco en la Cámara de Representantes.

Tomada de: El Espectador

CARTAGENA OTRA VEZ SIN ALCALDE: TRIBUNAL DE BOLÍVAR SUSPENDE A ANTONIO QUINTO GUERRA

Pese a todas las advertencias por una supuesta inhabilidad para ocupar la alcaldía de Cartagena, el conservador Antonio Quinto Guerra se presentó a las elecciones y salió electo como mandatario regional de la Heroica. Ahora, veinte días después de la jornada electoral atípica deberá dar un paso al costado de manera temporal mientras el Tribunal Superior de Bolívar decide de fondo una demanda instaurada por la Procuraduría. 

El tribunal de Bolívar acaba de admitir las medidas cautelares solicitadas por el Ministerio Público. El recurso fue presentado por el procurador delegado para la Vigilancia Administrativa y Judicial, Germán Calderón España, quien demandó la elección el pasado 22 de mayo y pidió anularla al considerar que está inhabilitado. Para la Procuraduría, no podría participar en la contienda ya que celebró dos contratos con el Ministerio de Vivienda, el primero con fecha 17 de enero de 2017 por valor de 91 millones, el cual se ejecutó hasta el 30 de octubre del mismo año, y un otrosí suscrito el 31 de octubre por dos meses, por un valor de 20 millones de pesos.

La Procuraduría sustenta su demanda en el artículo 95 de la ley 136 de 1994, modificada por la ley 617 de 2000, que establece lo siguiente: "No podrá ser elegido alcalde quien dentro del año anterior a la elección haya intervenido en la celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel (nacional o local), en interés propio o de terceros, siempre que los contratos deban ejecutarse en el respectivo municipio".

En consecuencia, dice el Ministerio Público que haber firmado el primer contrato, que tenía un periodo de ejecución que iba hasta el 30 de octubre, es una causal de inhabilidad ya que ningún convenio se puede concebir sin su ejecución. Para el delegado, darle cumplimiento a la voluntad de las partes hace parte de la naturaleza misma del contrato.

Según el delegado del Ministerio Público, lo que se busca impedir es que se desconozcan los principios de transparencia, igualdad y equidad electoral que deben darse entre todos los candidatos. En este sentido, el funcionario del Ministerio Público dice además que el hoy alcalde tuvo una ventaja desproporcionada frente al resto de candidatos porque la ejecución de los mencionados contratos le permitió acercarse a las entidades públicas distritales y a los residentes para gestionar y lograr que la política pública en materia de agua potable y saneamiento básico se hiciera realidad.

El contrato firmado por Quinto Guerra tenía como objeto la prestación de servicios profesionales para apoyar jurídicamente al Ministerio de Vivienda en los procesos de gestión de los proyectos del sector de agua potable y saneamiento básico en el departamento de Bolívar y su capital, Cartagena.

"La ejecución del contrato es un elemento de la esencia de la conducta que genera la imposibilidad de acceder al cargo público de elección popular, más que la suscripción. La inhabilidad que se contempla debe interpretarse en forma completa a partir de los verbos que ella integra, es decir: intervención en la celebración de contratos y la ejecución de estos en el municipio o distrito".

En este contexto, el Ministerio Público señala que no hay duda de que Quinto Guerra tuvo como candidato una posición de privilegio ya que ejecutó el contrato entre el 6 de mayo de 2017 y el 6 de mayo de 2018 (fecha que coincide con la elección) y además lo hizo con una entidad pública en el municipio o distrito donde se celebró la elección.

El segundo cargo que formuló la Procuraduría, está fundado en el hecho de que el otrosí firmado el 31 de octubre no fue un mero acto de prórroga para darle terminación al primer contrato firmado el 17 de enero. Sino que se trató de un nuevo contrato porque generó nuevas obligaciones, presentación de informes sobre la gestión adelantada y nuevos valores no contemplados en el contrato inicial u original. Para demostrar su afirmación, el Ministerio Público argumenta que no se trata de una simple adición, sino de un contrato adicional con nuevas obligaciones.

Desde antes de su elección como alcalde de Cartagena, la Procuraduría se le atravesó a la campaña del conservador Antonio Quinto Guerra. Con argumentos en esta misma dirección, la Procuraduría había elevado una solicitud al Consejo Nacional Electoral en donde le pedía que declarar nula la inscripción del candidato de cara a las elecciones atípicas que estaban por celebrarse. A pesar del escándalo que ello representó, el Consejo Nacional Electoral, en una decisión dividida, con varios salvamentos de voto y sorteo de conjueces, rechazó las peticiones de nulidad de la inscripción.

Argumentó que el contrato que habría dado lugar a la inhabilidad, se suscribió el 17 de enero de 2017 y las elecciones
se celebraron el pasado seis de mayo de 2018. Es decir, según el tribunal electoral no se habría configurado la inhabilidad porque –sostuvieron- lo inhabilitante es la firma del contrato el año anterior a la elección y no la ejecución del mismo.

Tomada de: Semana

EXDIRECTOR DE LA UIAF, A LA CÁRCEL POR CHUZADAS DEL DAS

La suerte del exdirector de la UIAF Mario Aranguren y su exdirector jurídico Luis Eduardo Daza acaba de voltiarse. El Tribunal Superior de Bogotá revocó la absolución y ordenó su captura inmediata para que respondan por una condena de 11 años y medio por las chuzadas del DAS. 

Momentos antes de ser absuelto en primera instancia por la juez décima especializada de Bogotá, la Fiscalía cambió su postura y de pedir absolución terminó apelando la decisión. Fue así como por solicitud del ente investigador y de las víctimas, la decisión fue revisada por el Tribunal Superior de Bogotá. 

Y no fue en vano. Aranguren y Daza tendrán que ser capturados y llevados a prisión para que respondan por los delitos de concierto para delinquir, prevaricato por acción y abuso de función pública. En el proceso hay testimonios de 35 personas y un elevado número de pruebas documentales. 

Lo que la delegada de la Fiscalía ante la corte sostuvo en un principio es que los dos procesados habían sido engañados por algunos miembros del DAS quienes, "valiéndose de las herramientas legales que les permitían hacerlo, obtuvieran información financiera de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de la exsenadora Piedad Córdoba, información que después se conoció públicamente". En este mismo sentido se pronunció el Ministerio Público. 

Pese a una solicitud de absolución del ente acusador, repentinamente la Fiscalía volvió a insistir en que tienen responsabilidad por haber entregado información privada de los magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia; los entonces senadores Gustavo Petro y Piedad Córdoba, así como el periodista Daniel Coronell al DAS. El ente investigador cuenta con evidencia que sostiene que la UIAF habría revisado las cuentas de la senadora Piedad Córdoba, sin orden judicial, y le entregó la información a contrainteligencia del DAS, con el fin de saber si la congresista recibía plata del gobierno venezolano.

El ente acusador también dijo que esa entidad oficial, adscrita al Ministerio de Hacienda, hizo seguimientos a los movimientos financieros de varios magistrados, entre ellos el expresidente del Consejo de Estado Rafael Ostau De Lafont Pianeta. Durante el proceso, el ente acusador mostró un organigrama en el cual aparecen análisis financieros de los magistrados que estuvieron en un viaje a la ciudad de Neiva patrocinado por el empresario Ascencio Reyes. Junto a ese documento aparecen apartes de la columna de la periodista Salud Hernández, titulada ‘La paja en ojo ajeno’, en la cual se hacen serios cuestionamientos a los magistrados.

De acuerdo con el ente acusador, directivos del DAS y de la UIAF se pusieron de acuerdo para desprestigiar a la Corte. El director del Grupo de Observación y Verificación Nacional e Internacional (GONI) del DAS le confesó a la Fiscalía que esta información se distribuía o se les entregaba a los medios de comunicación por instrucción de la Presidencia de la República.

Lo que se buscaba con la información entregada a los medios era facilitar la apertura de investigaciones contra los magistrados y legalizar los seguimientos que se habían hecho sin información judicial. La Fiscalía tiene en su poder una grabación de una Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, que el DAS consiguió a través de fuentes humanas que se infiltraron en el alto tribunal. Luego de un lustro, estas pruebas revivieron y tuvieron validez para la justicia.

Tomada de: Semana