CONSULTA ANTICORRUPCIÓN IRÁ A LAS URNAS A MÁS TARDAR EL 02 DE SEPTIEMBRE

El balón de la consulta anticorrupción ya pasó a la cancha del Gobierno Nacional, que deberá definir la fecha en la que se convocará a los ciudadanos a las urnas para votar esta iniciativa.

El ministro del Interior, Guillermo Rivera, anunció que el proceso electoral se llevará a cabo a más tardar en septiembre. 

“Lo que dispone la ley es que luego de esta decisión del Senado, el Gobierno cuenta con 8 días para hacer la convocatoria a esta consulta, que debe hacerse dentro de los tres meses siguientes, con lo cual la fecha límite sería el 02 de septiembre”, señaló.

“Una vez el Senado nos remita el acta de la decisión, empezarán a correr los 8 días que tiene el Gobierno para convocar la consulta”, añadió.

Aunque algunos congresistas han advertido que la consulta anticorrupción le costaría al país alrededor de 300 mil millones de pesos, esa cifra no es oficial.

“Aún no tenemos oficialmente la estimación de los costos de la consulta, yo halé con el registrador, quien nos expresó que ellos vienen adelantando las evaluaciones para establecer a cuanto puede ascender el costo de esta consulta. Pero más allá del costo de la misma, el Gobierno cree que la realización de esta consulta significa un fortalecimiento de nuestra democracia y no estimamos que sea un gasto, sino una inversión”, agregó.

El ministro Rivera aseguró que si los siete puntos de la consulta son aprobados por la ciudadanía, serán de obligatorio cumplimiento para el próximo Gobierno.

“Si los colombianos que acudan a las urnas en su mayoría votan favorablemente estos siete aspectos y si acude el número mínimo de ciudadanos, el próximo gobierno y el Congreso tendrán la obligación de darle cursos a esas iniciativas para incorporarlas a nuestro ordenamiento jurídico”, sostuvo.

Los promotores de la iniciativa han explicado que se necesitan más de 12 millones de votos por el Sí a los 7 puntos de la consulta anticorrupción, para que ésta sea una realidad.

Estos son los temas de la propuesta:

1. Reducir el salario de los congresistas y altos funcionarios del Estado.

2. Cárcel a corruptos y prohibirles volver a contratar con el Estado.

3. Contratación transparente obligatoria en todo el país.

4. Presupuestos públicos con participación de la ciudadanía.

5. Congresistas deben rendir cuentas de su asistencia, gestión y votación.

6. Hacer públicas las propiedades e ingresos injustificados de políticos y extinguirles el dominio.

7. No más atornillados en el poder: máximo tres periodos en corporaciones públicas.

Tomada de: RCN

CORTE CONSTITUCIONAL PROTEGE DERECHO A ESCOGER PROFESIÓN U OFICIO

La Sala Sexta de Revisión de tutela amparó el derecho fundamental de 13 menores de edad, representados por sus padres, quienes argumentaron que no estaban de acuerdo que los estudiantes fueran vinculados a una institución educativa con enfoque agropecuario, ya que venían cursando en otra institución de carácter técnico. Para la Corte Constitucional, se debe garantizar la continuidad del derecho a la educación y a la libre escogencia de profesión u oficio.

El caso concreto ocurrió en el corregimiento Tajumbina del municipio de La Cruz, Nariño. Después de 9 años fue suspendido el servicio de transporte escolar de los 13 menores que a diario se desplazaban hasta el corregimiento La Estancia, lugar donde se encuentra la Institución Educativa de Bachillerato. La Alcaldía informó a los padres que no extendía el servicio de transporte ya que en la zona donde habitan los niños está ubicado otro centro educativo, pero de carácter agropecuario.

Los menores seguían desplazándose, a pie, durante dos horas, desde sus casas hasta el colegio donde estudiaban. Los padres de familia se opusieron al traslado de institución, ya que manifestaron el deseo de que sus hijos continuaran en un plantel de carácter técnico. Solicitaron a la Corte Constitucional que revisara el fallo de segunda instancia que inicialmente los desfavoreció.

La Corte considera que se debe proteger el derecho a escoger una profesión u oficio y ordenó a la Alcaldía Municipal de La Cruz, Nariño, que en 15 días, contados a partir de la notificación de la sentencia, ofrezca un cupo a cada uno de los estudiantes afectados y la prestación del servicio de transporte escolar.

A SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE LEY QUE BUSCA FORTALECER LA INVESTIGACIÓN Y JUDICIALIZACIÓN DE ORGANIZACIONES CRIMINALES

El pasado martes, en la Plenaria del Senado de la República las comisiones primeras conjuntas de Cámara de Representantes y Senado aprobaron el proyecto de ley que busca facilitar el sometimiento a la justicia de grupos armados organizados y así garantizar la terminación del actuar delictivo de dichas organizaciones criminales. Según lo dio a conocer el Ministro de Justica y del Derecho, Enrique Gil Botero, esta iniciativa fue socializada y avalada por el Consejo Superior de Política Criminal.

El Ministro Gil señaló que a través de dos estrategias se busca ponerle fin a los actos delictivos. “Fortaleciendo el sistema específico de normas, mecanismos procesales y de investigación que permitan a fiscales, jueces y servidores de policía judicial enfrentar oportuna y eficazmente a Los Grupos Delictivos Organizados (GDO) y a los Grupos Armados Organizados (GAO) y en segundo lugar, definiendo un procedimiento especial para la sujeción a la justicia de los GAO, sin que esto signifique en ningún momento, su reconocimiento político o la aplicación de mecanismos de justicia transicional”, dijo.

Así mismo, el alto funcionario aseguró que el proyecto de ley es un instrumento complementario y urgente para facilitar la implementación del Acuerdo Final de Paz, suscrito entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las FARC, y el desarrollo del posconflicto. “Buscamos fortalecer la investigación de hechos punibles cometidos por bandas criminales a través de un acercamiento colectivo y una judicialización de los miembros de las mismas, los beneficios que contempla este proyecto son para la sociedad colombiana”, señaló.

Dicha iniciativa esta estructurada sobre tres títulos: 1. el ámbito personal de aplicación de la ley, 2. las medidas de fortalecimiento de la investigación y la judicialización de los grupos y organizaciones criminales y 3. Establece un procedimiento especial para la sujeción de los grupos criminales en este orden. En ningún caso la sujeción a la justicia impedirá la extradición.

"Este proyecto tiene vectores que estructura en 58 artículos toda una política de sujeción y el sometimiento al poder del Estado, los grupos armados que colaboren con la justicia, que entreguen los menores entre otras cosas tendrán derecho a una rebaja del 50% de la pena. No estamos creando en ningún momento actos de impunidad ni acuerdos políticos" dijo el Ministro Gil.

Sólo a través de un representante que designe el grupo armado organizado se le manifestará de manera escrita al Gobierno Nacional la voluntad de sujetarse colectivamente. Dicha solicitud deberá contener la manifestación expresa, libre y voluntaria del grupo, información precisa que señale su estructura y las conductas delictivas que serán reconocidas.

Además de una relación detallada de sus bienes, información que conduzca a relacionar a los menores que hagan parte de esa organización e identificar las víctimas que serán reconocidas junto con un plan para repararlas.

Junto con estos documentos, el grupo armado organizado deberá remitir las respectivas actas de sujeción individual de cada uno de los miembros que se van a someter a la justicia, especificando su nombre, documentación, firma y huella. En ella, cada persona deberá especificar la fecha de ingreso a la organización, el rol o roles que asumió, las zonas geográficas donde cometió actividades delictivas, un compromiso para no volver a cometer conductas punibles y una exposición detallada de su participación en cada una de las conductas sobre las que reconoce responsabilidad.

Una vez iniciado el proceso de sujeción a la justicia, la Fiscalía podrá suspender las órdenes de captura a los miembros del grupo armado organizado siempre que exista una solicitud previa del Consejo de Seguridad Nacional. Esta suspensión se aplicará exclusivamente en el territorio definido para los acercamientos y podrá ser revocada en el momento en el que el individuo cometa nuevos delitos o incumpla con las normas de conductas colectivas.

En cuanto a los delitos que no se encuentren en el acta de sujeción individual, es decir, que no hayan sido reconocidas expresamente por el individuo cuando manifestó su voluntad de someterse a la justicia, serán investigados y juzgados bajo las normas del Código de Procedimiento Penal.

Una vez se surta lo anterior, será posible adelantar procesos de judicialización y acusación. El fiscal, según propone el proyecto, elaborará un escrito de acusación colectivo únicamente sobre los hechos cuya responsabilidad fue reconocida en el acta de sujeción individual.

Si al momento de la audiencia en la que el juez debe imponer fallo condenatorio y medidas privativas de la libertad, el acusado decide no aceptar su responsabilidad, se dará por terminado su proceso de sujeción a la justicia y será judicializado con las normas previstas en el Código de Procedimiento Penal. 

El jefe de la cartera concluyó asegurando que este es un gran avance que se está haciendo en aras de construir una política criminal que responda a las necesidades de un país con unos índices altos de organizaciones criminales.

SANTOS ORDENA REFORZAR EL SISTEMA DE MONITOREO EN HIDROITUANGO

El Presidente Juan Manuel Santos reiteró este martes, en desarrollo del Consejo de Ministros, la orden de reforzar el sistema de monitoreo de Hidroituango con el fin de aumentar la capacidad de prever eventos riesgosos y mantener calibrados los niveles de alerta las 24 horas al día, 7 días de la semana.

La puesta en marcha de una central integral de monitoreo fue una de las recomendaciones hechas al Gobierno Nacional por dos equipos de especialistas internacionales (ONU y el cuerpo de ingenieros del Ejército de Estados Unidos). Según el informe que reveló el presidente Juan Manuel Santos, en Caracol, según el concepto de los extranjeros el riesgo en Hidroituango no ha disminuído, al contrario, es más grave, sobre todo por el deslizamiento del 26 de mayo. 

Con base en ese riesgo, los expertos recomendaron monitorear la parte de la montaña y la parte de la presa y reforzar ese monitoreo, expresó Santos. "Ese monitoreo tiene que estar diseñado, principalmente, para prevenir alguna afectación a la población. Como lo hemos mantenido desde el comienzo, la población es la prioridad para nosotros", agregó. 

En la sesión semanal del gabinete ministerial en la Casa de Nariño, el Jefe del Estado fue informado sobre los hechos acaecidos durante las últimas horas en ese complejo por los Ministros de Minas y Energía y de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Como se recordará, el ministro de Minas y Energía, Germán Arce, ha dicho que lo que se está haciendo es estructurar “un único centro de monitoreo que recoja toda la información técnica (…) que nos permita monitorear esto como un sistema completo, no como eventos independientes”. También el funcionario ha explicado que se trata de comprender de qué manera se relacionan entre sí “los distintos eventos de riesgo” con la finalidad de observar las alertas que “los datos nos puedan dar para advertir que una condición de riesgo se pueda materializar”.

Dicha central de monitoreo funcionará al lado de la sala de crisis del Puesto de Mando Unificado (PMU) en Hidroituango. A su turno el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Luis Gilberto Murillo, informó en su momento que a partir de las recomendaciones hechas por ONU Ambiente, la ANLA ya estableció unas medidas de monitoreo y unas acciones para que se pueda efectuar el fortalecimiento del lleno prioritario y neutralizar algunas filtraciones.

Tomada: El Espectador

GOBIERNO RECHAZA PERMISOS DE LA JEP A EXGUERRILLEROS PARA SALIR DEL PAÍS

El Ministerio de Justicia se pronunció sobre la polémica que se ha desatado a propósito de unos permisos otorgados por la Jurisdicción Especial de Paz, a algunos desmovilizados de las Farc para salir del país.

Por medio de su cuenta en Twitter, la entidad aseguró que aunque respeta las decisiones de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), algunas deslegitiman su labor. 

El Gobierno criticó que el exguerrillero Fernando Arellán, involucrado en el atentado al Club El Nogal, haya recibido autorización para irse de “descanso y turismo” a Isla Margarita. 

“Respetamos la autonomía de la #JEP pero no compartimos determinaciones tales como el permiso concedido a Fernando Arellán para salir del país. Ese tipo de decisiones deslegitiman la institución y alimentan a quienes quieren desprestigiar la @JurisdiccPaz”, señaló.

El exsecretario ejecutivo del organismo, Néstor Raúl Correa, en el ejercicio de sus funciones había autorizado salidas del país a 12 exmiembros de las Farc en los últimos meses, entre ellas la de Arellán, cuyo permiso fue otorgado el pasado 8 de marzo.

La JEP emitió un comunicado este fin de semana diciendo que el exsecretario Correa no tenía la competencia para entregar estos permisos, ya que esa función solo estuvo autorizada hasta el 15 de enero de 2018, fecha en la que se dio inicio a las funciones judiciales de la jurisdicción.

Tomada de: RCN

CONSULTA ANTICORRUPCIÓN: EL SENADO Y LA PALABRA EMPEÑADA

Hace 10 semanas, el 17 de abril, un pacto entre las congresistas Claudia López, Angélica Lozano (Alianza Verde) y Paloma Valencia (Centro Democrático) salvó la llamada consulta anticorrupción. Las tres acordaron que el Senado se pronunciara sobre esta convocatoria a las urnas solo hasta después de la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Entre otras para que esta no se convirtiera en bandera política de determinado candidato, sino para que fuera un propósito nacional.

Fue así como 75 senadores de diez partidos políticos suscribieron un acuerdo. La aprobación de la convocatoria a las urnas se haría el 5 de junio, precisamente para que esta consulta popular no estuviera determinada por la campaña política.

La fecha ha llegado. Este martes, a las 4 de la tarde, la plenaria del Senado fue convocada u como primer punto en el orden del día tendrá precisamente la votación sobre la conveniencia o no de esta convocatoria a las urnas.

Claudia López, su principal promotora, ya no es candidata a la vicepresidencia, ahora solo dos candidatos disputan la presidencia de la república, pero muchas cosas han cambiado desde aquel 17 de abril en el que el Senado dio su palabra para apoyar la consulta anticorrucpción.

Para empezar, una primera vuelta que ha dejado secuelas en muchos partidos políticos, y algunos de los que hace dos meses comprometieron su palabra, es probable que hoy poco interés tengan en la decisión que le compete al Senado. López, en su cuenta de Twitter, ha recordado el pacto que ahora debería honrarse.

El Centro Democrático, de momento, es el partido que más le significaría una decisión en contra. Su candidato, Iván Duque, fue quien le pidió a los senadores de la bancada respaldar la consulta, a pesar de estar liderada por una de las más enconadas contradictoras del uribismo. No cumplir el acuerdo podría ser un daño irreparable para este partido, a menos de dos semanas de la segunda vuelta.

La Alianza Verde y el Polo ya no tienen candidato propio, por lo que la consulta anticorrupción será la bandera que dos de los socios de la Coalición Colombia seguirán ondeando.

Los partidos de la Unidad Nacional de Juan Manuel Santos, en su mayoría respaldaron (o por lo menos no se atravesaron en la consulta), aunque Roy Barreras, hizo pública su oposición a esta convocatoria que calificó de populista y oportunista.

En teoría, los 75 senadores que el pasado 17 de abril acompañaron el pacto entre Claudia, Angélica y Paloma Valencia, deberían votar este martes a su favor. En Colombia, sin embargo, las cosas cambian de la noche a la mañana. Para el caso de la consulta anticorrupción han pasado 10 semanas.

Tomada de: Semana

CORTE RECONOCE DILACIÓN DE PROCESO POR ‘FALSO POSITIVO’ Y ORDENA SENTENCIA

Un plazo de tres meses le dio la Corte Constitucional a un juzgado de Bucaramanga para emitir sentencia en el caso Rafael Andrés Plata Sánchez, un joven que habría sido asesinado por miembros del Batallón de Infantería 15 “General Francisco de Paula Santander” el 25 de agosto de 2008 en el municipio de Hacarí.

Su madre, Cielo Patricia Sánchez, lleva 1.278 días en un proceso que ha sido hábilmente dilatado por la defensa del acusado Willington Ortiz Pineda como responsable del hecho, sin que el juez hiciera nada para evitar la estrategia dilatoria.

Entre noviembre de 2014 hasta octubre de 2016 se logró comprobar que se aplazaron 26 audiencias por diversas razones, según se lee: “i)) las incapacidades médicas y el cruce de diligencias de los abogados defensores; ii) el ejercicio del derecho de defensa por parte de los procesados y sus apoderados; iii) el traslado de los encausados; iv) el descubrimiento probatorio; y, v) la conducción de los testigos tanto de la Fiscalía como de la defensa".

De un total de 59 audiencias solo el 8 % se lograron hacer sin inconvenientes, y por esto, la Corte también compulsó copia para que se investigue a los abogados, al juez y al fiscal del caso.

Por todo lo que ha tenido que pasar la señora Sánchez, dice, “la Sala resalta los esfuerzos y la constancia de la actora para obtener, a través de la institucionalidad del Estado, la justicia que reclama, a pesar del ambiente sombrío que el establecimiento ha generado en su caso, marcado especialmente por la desconfianza en las autoridades. Se trata de una madre que ha concentrado todos sus esfuerzos en el esclarecimiento de la muerte de su hijo, que aún guarda la esperanza y reclama de los poderes públicos la búsqueda de la verdad de los hechos y la impartición de justicia".

Pero no es un caso aislado. Carmeza Gómez, madre de Víctor Fernando Gómez Romero, quien fue asesinado por el mismo Batallón en agosto de 2008, dejándolo en Ocaña Norte de Santander, pese a que vivía en Soacha, tuvo que esperar 9 años para que se expidiera condena en primera instancia.

“Fuera del dolor que uno siente al ver estos criminales frente a uno; que uno no les puede decir nada porque ellos se sientan en la misma sala con uno. Eso es una tortura, eso es horrible”, dice la señora Carmenza quien envía un mensaje de apoyo a la señora Cielo Sánchez, y asegura, “eso es lo que ellos hacen para que uno se canse”.

Tomada de: Caracol