¿EL CONGRESO ESCUCHÓ AL GREMIO DE VIGILANTES ANTES DE APROBAR SU NUEVA LEY?

José Saavedra le explicó a Dinero que la Ley del Vigilante nació gracias al impulso del sector de la vigilancia privada y que los empresarios que estaban al frente de este sector estuvieron de acuerdo en que a través de esta ley se conseguirían objetivos como el seguro de vida para beneficios a las familias de las personas que trabajan como guardas de seguridad.

Saavedra en su momento también explicó que las empresas estaban abogando para que las personas que trabajan en este sector a través de cooperativas tuvieran una nivelación en cuanto a sus prestaciones.

Sin embargo, Saavedra señaló que, una vez empezó a nivelarse el proyecto de ley, surgieron planteamientos como que el seguro de vida no sería para los guardas un beneficio familiar sino una consecuencia por declararse como actividad de alta peligrosidad.

Pero según el presidente de Ecos, la alta peligrosidad de esta actividad ha sido medida y probado a través de las diferentes ARL’s a las que están afiliados los trabajadores y se ha "comprobado que la vigilancia y la seguridad privada en Colombia tienen un grado de accidentalidad muy por debajo de, incluso, sectores como el de hotelería y turismo". De tal manera que afirma no entender por qué declaran esta actividad como de alta peligrosidad.

Agregó que “los componentes que traían la declaración de esta actividad como de alta peligrosidad radican en el tema pensional y en el pago hacia las ARL’s con la afiliación de nuestros trabajadores”.

En ese sentido, la propuesta de Ecos buscaba que las cajas de compensación, que según Saavedra reciben miles de millones del sector de la vigilancia y seguridad privada en el país, fueran las que se encargaran de pagar este seguro y no que ofrezcan la financiación del mismo. “Esto sería una verdadera compensación a las familias”, aseguró el presidente de la entidad, alegando que los beneficios otorgados por las cajas de compensación no pueden ser accedidos por la mayorías de los trabajadores del gremio, dados sus altos costos.

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Dentro del proyecto de ley también jugó un papel importante el tema de la salud que radicaba en los exámenes psicofísicos. “Este es un examen que en el sector consideramos que es importante realizar a nuestros trabajadores, pero también se han presentado algunos hechos que no hemos podido digerir. De hecho, se han presentado denuncias de tipo penal frente a algunas personas que han intervenido en el desarrollo de este tipo de exámenes”, apuntó Saavedra.

De acuerdo con las declaraciones del empresario, hacerse estos exámenes en Colombia no es tan fácil como parece pues hay un monopolio de cuatro o cinco firmas para hacer este tipo de análisis y éstas no tienen cubrimiento en regiones apartadas, únicamente prestan el servicio en las grandes capitales.

“No vemos por qué, si nuestra accidentalidad es tan baja y hemos prestado el servicio en Colombia por más de 60 años, nos obligan a aceptar un examen prácticamente de la noche a la mañana. Nosotros estamos de acuerdo, pero que se permita que otros centros puedan prestar ese servicio y que se realice por lo menos cada cinco años”, planteó Saavedra.

Tomada de: Dinero

CUERPOS DE PERIODISTAS ASESINADOS EN COLOMBIA LLEGARÁN MAÑANA A ECUADOR

Los cuerpos de los tres periodistas del diario El Comercio, asesinados en el mes de marzo por Walter Patricio Arizala alias “Guacho” serán trasladados el próximo miércoles 27 de junio a territorio ecuatoriano en un avión de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE). 

La Cancillería y el Ministerio de Defensa informaron a medios de comunicación que los cadáveres del periodista Javier Ortega, el fotógrafo Paul Rivas y el conductor Efraín Segarra, fueron secuestrados y asesinados por disidencias de las FARC lideradas por “Guacho”. 

Los familiares de Paul, Efraín y Javier compartieron un comunicado de prensa en donde informan: "Asumimos esta confirmación con profundo dolor y consternación por este repudiable crimen y por ello insistimos en nuestro pedido de no olvido, no impunidad, no repetición. Este secuestro y asesinato no puede formar parte de una lista de la normalidad, no puede ser naturalizado; y las responsabilidades en todos los niveles deben ser establecidas".

El fiscal general de la Nación de Colombia, Néstor Humberto Martínez se comprometió en mantener informada a las familias acerca de los avances de las investigaciones y reafirma su compromiso en dar pronta respuesta de este caso. Además, reconoció el acompañamiento y la dedicación de la Delegación oficial de Ecuador desplegada en Calí.

REMOVER CON URGENCIA LOS OBSTÁCULOS QUE IMPIDEN CUMPLIR LOS COMPROMISOS CON LA JUSTICIA

El proceso de paz de Colombia se destaca por su compromiso de asegurar que el tránsito del conflicto armado a la paz se acompañe de verdad, justicia, reparación para las víctimas y no repetición. Dentro de este compromiso, le corresponde a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) la responsabilidad de cumplir con la aspiración de la sociedad colombiana a la justicia en el marco de las normas nacionales e internacionales y en las circunstancias propias de un proceso de paz.

De conformidad con el Acuerdo de Paz, la Jurisdicción Especial ha sido establecida constitucionalmente, con el aval de la Corte Constitucional y el respaldo, entre otros, de la Corte Suprema de Justicia, y abrió sus puertas al público el 15 de marzo de este año.

Sin embargo, tres meses más tarde, la JEP sigue sin las normas de procedimientos requeridas para dar mayor seguridad jurídica a las decisiones de sus magistrados y magistradas. Más de un año después de la aprobación del Acto Legislativo 01 que creó el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No repetición, las víctimas siguen esperando que se realicen las primeras audiencias y comparecencias de quienes se vieron involucrados en graves violaciones a los derechos humanos y
al Derecho Internacional Humanitario. En cuanto a las personas que se someten a la Jurisdicción Especial, continúan en la incertidumbre sobre los términos de su propia situación jurídica.

Las elecciones parlamentarias y presidenciales de los últimos meses han mostrado un beneficio tangible del Acuerdo de Paz entre el gobierno y las FARC-EP: las campañas electorales más pacíficas y participativas en décadas. Es hora de que las víctimas puedan beneficiarse sin más demora de los compromisos establecidos en el Acuerdo de Paz sobre la rendición de cuentas de las personas que se someten a la JEP.

En su declaración del pasado 19 de abril con motivo de la presentación del informe del Secretario General de las Naciones Unidas sobre Colombia, los miembros del Consejo de Seguridad, unánimes, “acogieron con beneplácito los acontecimientos positivos de los últimos tres meses, incluidas […] la activación de la Jurisdicción para la Paz y la Unidad para la Búsqueda de personas desaparecidas, y expresaron su esperanza de que este progreso se mantenga”.

La Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia hace un llamado a las instituciones del Estado competentes y a las fuerzas políticas para que remuevan los obstáculos que siguen impidiendo que el proceso de paz de Colombia cumpla con su compromiso con la justicia y el derecho de las víctimas.

LA AYUDA PARA LOS REFUGIADOS PALESTINOS, A PUNTO DE QUEDARSE SIN FONDOS

“Millones de refugiados palestinos confían en nosotros para aliviar su sufrimiento y ayudarlos a construir un futuro mejor. Cuentan con que tomemos una acción inmediata”, dijo António Guterres a la Asamblea General.

El titular de la ONU, junto con otros altos oficiales de la Organización, lideraron una conferencia de donantes para apoyar a la Agencia de la ONU encargada de asistir a los refugiados palestinos, la UNRWA.

La Agencia, que fue establecida en 1949 y ofrece asistencia y protección a 5,3 millones de palestinos en Gaza, Cisjordania, Siria, Líbano y Jordania, se encuentra funcionando actualmente con un déficit de 250 millones de dólares, después de que Estados Unidos retirara más de la mitad de su apoyo financiero.

“No podemos abandonarlos. Debemos hacer todo lo posible para garantizar que los alimentos continúen llegando, que las escuelas permanezcan abiertas y que las personas no pierdan la esperanza”, expresó Guterres.

Si no se reciben donaciones a tiempo, los fondos de la Agencia se acabarán para finales de este verano, afirmó Pierre Krahenbuhl, jefe de la UNRWA, quien presentó a los Estados miembros un informe detallado de las dramáticas dimensiones de la crisis financiera.

“En este momento no tenemos el dinero para asegurarnos que las escuelas se abran en agosto y tendremos que tomar medidas extremas a partir de julio que impactarán nuestros servicios y a nuestro personal. Lo que está en riesgo es la comida de un millón de personas en la Franja de Gaza, la ayuda psicosocial, la asistencia de las necesidades básicas para 100.000 refugiados en Cisjordania y la educación de más de 500.000 niños”, expresó Krahenbuhl.

PRESIDENTE ELECTO VISITA LA JEP

Una hora y 30 minutos duró el encuentro que protagonizaron hoy el presidente electo de los colombianos, Iván Duque Márquez, y la presidenta de la Jurisdicción Especial Para la Paz, Patricia Linares.

En la reunión formal también participaron la vicepresidenta electa Marta Lucía Ramírez y los presidentes de las tres Salas y cuatro Secciones de la Jurisdicción Especial para la Paz.

La siguiente es la declaración de la presidenta de la JEP, Patricia Linares, al término la reunión con el presidente electo:

"Reiteramos el profundo agradecimiento al señor presidente electo y a la doctora Marta Lucía Ramírez por su visita a la Jurisdicción Especial para la Paz. Ha sido una conversación muy constructiva, muy amable, que ha abierto la puerta a un diálogo que aspiramos que se mantenga en aras de lograr el mejor modelo posible de justicia transicional para consolidar la paz de este país, respetando la plena realización de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.

Hemos tenido la oportunidad de manifestarle una vez más al señor presidente que la Jurisdicción Especial para la Paz, sus magistrados y sus magistradas, estamos en plena disposición de seguir adelante, tratando de administrar esa justicia restaurativa que estamos convencidos de que le va a servir al país.

Hemos recibido con mucha tranquilidad el mensaje que nos ha transmitido el señor presidente electo en el sentido de que ha conversado con su partido para que previo al análisis que haga de las propuestas de su colectividad, puedan avanzar y garantizar en el Congreso la expedición de la Ley de Procedimiento tan necesaria para la Jurisdicción.

Presidente electo visita la JEP muchas gracias. Doctora Marta Lucía, nos une ese interés por la justicia para las mujeres, para las mujeres víctimas y sobre todo para allanar el camino para la realización plena de los derechos de las mujeres y niños de este país".

EL ARTÍCULO QUE PROPUSO EL URIBISMO PARA DESTRABAR LA JEP

El Centro Democrático le presentó oficialmente al Gobierno Nacional y a los demás partidos la propuesta para que la ley de procedimiento de la Jurisdicción Especial de Paz pueda avanzar.

Se conoció el texto del artículo nuevo que llevó el uribismo a la reunión que se adelanta en el Ministerio del Interior con el propósito de lograr un acuerdo que permita destrabar el trámite de la iniciativa.

La bancada propuso ampliar el plazo que tienen los integrantes de la Fuerza Pública para someterse a esta nueva jurisdicción, hasta tanto se reglamente su comparecencia, sin que ello implique la pérdida de los beneficios ya adquiridos.

El artículo nuevo que llevó el uribismo como propuesta dice lo siguiente:

“Se decreta una ampliación del plazo para el sometimiento a la JEP de los miembros de las Fuerzas Armadas de Colombia, mientras el Gobierno Nacional y el Congreso reglamentan el proceso para su juzgamiento. Hasta tanto exista dicho procedimiento, los miembros de las Fuerzas Armadas no estarán obligados a comparecer, sin perjuicio a que puedan acceder al tratamiento especial previsto en el acto legislativo 01 de 2017. Mientras mantengan su compromiso de comparecer a la JEP, podrán mantener las medidas provisionales decretadas a su favor, antes de la entrada en vigencia de esta ley y podrán igualmente solicitarlas y les serán concedidas de conformidad con los requisitos vigentes”.

Sin embargo, esto generó rechazo en medio de la reunión de parte del Gobierno Nacional y los ponentes de la JEP.

Argumentan que de introducirse ese artículo, la Corte Penal Internacional tendría que intervenir en Colombia por inoperancia de la Justicia en delitos de lesa humanidad.

Asimismo advirtieron que la reglamentación de la propuesta hecha por el uribismo, que implica la aprobación de un nuevo acto legislativo y otra ley estatutaria, se demoraría alrededor de un año y medio, el mismo tiempo en que quedaría congelada la comparecencia de los militares ante la Jurisdicción de Paz.

Aún se espera que el Gobierno y los partidos logren un acuerdo para salvar la JEP.

Tomada de: RCN radio

CORTE CONSTITUCIONAL ESCUCHA A COMUNIDADES RAIZALES Y LÍDERES COMUNITARIOS DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

La crisis en el sistema de salud, la afectación que derivó el fallo de La Haya y sobrepoblación de la isla por falta de controles efectivos en el ingreso de personas sin arraigo, son algunos de los temas que expusieron los líderes comunitarios ante los magistrados Alejandro Linares, Gloria Ortiz, Diana Fajardo, Jose Fernando Reyes y el procurador Fernando Carrillo. 

Walt Reyes, vocero de autoridad raizal, aseguró que según cifras oficiales, más de 78 mil personas viven en el archipiélago y que los recursos hídricos de consumo humano pone en riesgo la vida de los pobladores. Dice que los controles de la Oficina de Control, Circulación y Residencia - OCCRE, son insuficientes.

Juan Ramírez Dawkins, vocero de autoridad raizal, dijo que esa población llega a 35 mil personas y que ahora se sienten desplazados, “aseguró que la existencia como pueblo está en peligro de desaparecer”

Miss Alice Mitchell, líder comunitaria, manifestó su preocupación por la cantidad de asesinatos en los últimos 8 años. Y es que según la Defensoría del Pueblo en lo que va corrido del año han sido asesinadas 11 personas. 
La salud es uno de los temas más preocupantes, Miss Alice Mitchell narró como el hospital Clarence Lynd Newball Memorial se queda corto para atender la cantidad de pacientes y las dificultades para el traslado a otras ciudades del país a personas con complicaciones médicas.

El presidente de la Corte Constitucional, Magistrado Alejandro Linares, expuso diferentes sentencias de la Corte en las que se han protegido derechos a la consulta previa, a la autodeterminación y la sentencia C-269 de 2014 en la que se pronunció sobre el Pacto de Bogotá y las diferencias limítrofes con Nicaragua. Aseguró que las relaciones internacionales son de competencia exclusiva del Gobierno Nacional, pero que “la Corte ha señalado que en caso de violación de derechos fundamentales, aun en el marco de tratados internacionales, el juez constitucional podrá valorarlas y ordenar su protección por la vía de la acción de tutela (sentencia C-750 de 2008)”. El magistrado Linares también explicó la sentencia C-290 de 2017 en la que se declaró exequible la inclusión de una nueva curul en la Cámara de Representantes para San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

El Procurador Fernando Carrillo llamó la atención por la crisis sanitaria, especialmente del relleno sanitario Magic Garden, la problemática de acumulación de desechos hospitalarios y las complejidades de atención en salud. Pidió a la Gobernación doblar esfuerzos para atender las diferentes problemáticas. También pidió avanzar en un Estatuto Raizal.

Los magistrados de la Corte Constitucional tomaron nota sobre las condiciones del goce de derechos fundamentales de la población raizal que será util como contexto en diferentes procesos.