A LA CÁRCEL ABOGADO SEÑALADO DE DESFALCO DEL MAGISTERIO

Ante un juez de control de garantías, el abogado Guillermo Rhenals Nova aceptó ser el responsable de los delitos de falsedad en documento privado y documento público por los hechos del cobro de pensiones de manera irregular al Magisterio por cerca de $32.000 millones en el departamento de Córdoba.

Para la Fiscalía el abogado, como apoderado del Ministerio de Educación Nacional y de la Fiduprevisora -entidad administradora de estos recursos estatales- participó presuntamente en la falsificación de cerca de 1.619 documentos privados y 5.828 documentos públicos para poder hacer las reclamaciones de las pensiones de maestros.

Rhenals figura como apoderado de varios maestros que reclamaban millonarios reajustes pensionales en el Juzgado Civil de Lorica (Córdoba).

Dentro de las mismas investigaciones, en febrero de 2013, un juez también detuvo y judicializo a su hermano Gustavo Rhenals Nova, Robert de Jesús Montes López y Daniel Eduardo López Palencia, quienes aceptaron la responsabilidad en los delitos de falsedad en documento privado y documento público.

El abogado permanecerá recluido en la cárcel La Picota en Bogotá.

LA PARTICIPACIÓN DE LAS VÍCTIMAS ES ABSOLUTAMENTE ESENCIAL PARA CONSOLIDAR LA PAZ, DIJO MININTERIOR EN WASHINGTON

El Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, afirmó este martes que la participación de las víctimas es absolutamente esencial para consolidar la paz.

El funcionario intervino ante en el 161° período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington, donde cumplió una serie de actividades para impulsar la agenda de paz del Gobierno nacional.

Allí resaltó ante la CIDH la reducción de homicidios y secuestros en el último año en Colombia.

“Este es un país muy distinto al de hace cinco años cuando comenzó el proceso de paz con las Farc. Los territorios históricamente afectados por el conflicto, hoy están viviendo una situación distinta y las cifras así lo demuestran. Cómo, mediante la negociación política, vamos avanzando en garantías a las víctimas de la violencia”, expresó.

Según el jefe de la cartera, los homicidios entre enero y marzo de 2017, en comparación con el año anterior, se redujeron en un 13%. Así mismo, en ese período los secuestros en Colombia bajaron un 60%.

'En el país se comenten 24 homicidios por cada 100 mil habitantes, es la cifra más baja en los últimos 40 años”, indicó Cristo.

Durante su intervención el ministro Cristo, señaló que en dos meses terminará el proceso de desarme de las Farc en las Zonas Veredales Transitorias. 'El primero de junio el país amanecerá, después de 52 años de conflicto, sin las Farc como movimiento armado”.

COMISIÓN TERCERA A LA ESPERA DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN 2017

La adición al Presupuesto General de la Nación (PGN) para la vigencia 2017, el cual estaría por el orden de los $6,2 billones; la presentación del informe de gestión por parte de la nueva junta directiva del Banco de la República y debates de control político que tienen como protagonistas al Icetex, los ministerios de Trabajo y de Educación y las superintendencias de Industria y Comercio, y la de Puestos y Transportes, hacen parte de la agenda legislativa que abordará este semestre la Comisión Tercera de Senado.

Con relación al PNG, el MinHacienda informó que la distribución sería de la siguiente manera: $1,2 billones para educación, $900.000 millones para salud, $1,3 billones para vías terciarias, $1,2 billones para combatir la pobreza y $1,5 billones para el postconflicto. El proyecto de ley sería radicado en la Cámara de Representantes en los próximos días.

Por otro lado la senadora María del Rosario Guerra (P. Centro Democrático) radicó dos proposiciones para adelantar debates de control político, uno relacionado con el desempeño de la Superintendencia de Industria y Comercio en la aplicación de la Ley 1340 de 2009 que trata sobre la libre competencia y protección al consumidor. Al otro debate están citadas las ministras de Educación y de Trabajo al igual que el presidente del Icetex y tiene como propósito conocer a detalle la situación actual de quienes tienen deudas con esa entidad. La senadora Guerra adujo que “a muchos de esos actuales deudores, que solicitaron préstamos para sus estudios de pregrado, les han iniciado cobro jurídico sin tener en cuenta que varios de ellos han tenido dificultad para encontrar trabajo, por lo que no han podido saldar su deuda”.

El senador Antonio Navarro (P. Alianza Verde) también radicó una proposición citando a debate de control político a la Ministra de Trabajo y al Superintendente de Puertos y Transportes, a fin de definir acciones y compromisos de cara a la formalización laboral de trabajadores en el Puerto de Buenaventura.

Con relación al informe de gestión del Banco de la República, se espera que sea presentado a consideración de la Comisión Tercera el próximo jueves 6 de abril.

CON LAS FERIAS DE JUSTICIA, PAZ Y DERECHOS EL ESTADO COLOMBIANO LLEGA A POBLACIONES AFECTADAS POR EL CONFLICTO ARMADO

Ya son más de 3.000 los ciudadanos caqueteños de los municipios de La Montañita, Cartagena del Chairá, El Paujil, Belén de los Andaquíes y Curillo, que han podido tener acceso -muchos de ellos por primera vez- a servicios del Estado y trámites de justicia.

Las Ferias de Justicia, Paz y Derechos llevan hasta las comunidades afectadas por el conflicto armado trámites de cedulación, servicios notariales, conciliación y mediación, registro de víctimas (RUV), información sobre programas de educación y formación y cupos del Sisbén, mejorando la calidad de vida de las personas y contribuyendo a garantizar los derechos ciudadanos.

“Estas Jornadas constituyen un ejercicio importante de articulación entre el nivel nacional, departamental y municipal”, aseguró Juan Guillermo Guarnizo, coordinador de las Ferias de Justicia, Paz y Derechos de la Alta Consejería para el Posconflicto. Cabe anotar que en este ejercicio participan la Gobernación del Caquetá, la Red Prodepaz Caquetá, las alcaldías municipales, la Unidad de Atención y Reparación de Víctimas, la Unidad de Restitución de Tierras, la Superintendencia de Notariado y Registro, el Sena y operadores de justicia local.

Las Ferias de Justicia, Paz y Derechos fueron creadas por la Alta Consejería para el Posconflicto, el Ministerio de Justicia y del Derecho, el Departamento Nacional de Planeación y Prosperidad Social en asocio con la Agencia de Renovación del Territorio. El objetivo: promover el acceso de los ciudadanos a la oferta de información, trámites y servicios de la Administración Pública, teniendo como eje el acceso y la promoción de la justicia.

Estos eventos constituyen la puerta de entrada al proceso de implementación de los Sistemas Locales de Justicia (SLJ) que impulsa el Ministerio de Justicia y del Derecho. "Las Ferias ayudan a generar confianza en la comunidad y las instituciones, y promueven en los actores la capacidad de articularse y trabajar de manera colaborativa", afirmó César Pineda Castro, Coordinador Nacional de dichos Sistemas.

Los SLJ son una estrategia de trabajo colaborativo entre el Estado y la comunidad para reconocer las necesidades de justicia de cada territorio y asegurar respuestas oportunas y efectivas a los ciudadanos. 

La cartera de Justicia avanza en la implementación de 89 de estos Sistemas: 42 con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), 34 más con auspicio de la Unión Europea y 13 en cooperación con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

"NO SE TRATA DE ABRIR LAS PUERTAS DE LAS CÁRCELES Y SACAR GENTE": PROCURADOR SOBRE LEY DE JUBILEO

Discutir la efectividad de los proyectos de ley presentados al Congreso que permitirán la excarcelación de varios reclusos con ocasión a la visita del papa Francisco, es uno de los puntos de partida para crear una política penitenciaria en el país.

Así lo señaló el procurador Fernando Carrillo para quien "no se trata de abrir las puertas de las cárceles y sacar a 10.000 personas a que salga a hacer nada”.

Por eso anunció que convocará a una comisión de política penitenciaria en la que participen el Ministerio de Justicia, el Inpec, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo con el fin de fortalecer los tratamientos de resocialización y el control de seguridad.

Fuentes del Inpec consideran que una política penitenciaria también debe centrarse en el fortalecimiento de la guardia en las cárceles, es decir, más personal de custodia con mejores calidades de trabajo, así como también el mejoramiento de la infraestructura de las penitenciarías del país.

PERFILES DE LOS CANDIDATOS MÁS OPCIONADOS A TERNA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR EL GOBIERNO.

La Presidencia de la República publicó en su portal la lista de los candidatos que certificaron el cumplimiento de los requisitos para el cargo a magistrado de la Corte Constitucional.

De los 87 aspirantes, el presidente Juan Manuel Santos conformará dos ternas que enviará al Senado para elegir a dos magistrados. Nueve de esa lista serían los más opcionados, ahí estarían los seis que fueron escogidos por su trayectoria.

Cristina Pardo Schlesinger

Ex secretaria Jurídica de la Presidencia. Es abogada de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, en Bogotá. 

William Zambrano Cetina

Ex magistrado del Consejo de Estado. Abogado de la Universidad del Rosario de Bogotá, especialista en Derecho Administrativo y Máster en Ciencias Administrativas de la Universidad de Derecho, Economía y Ciencias Sociales de Paris. Obtuvo el Diploma Internacional de Administración Pública de la Escuela Nacional de Administración (E.N.A.) de Francia.

Juan Ramón Martínez Vargas

Profesor Principal de Carrera Académica en Derecho Internacional de la Facultad de Jurisprudencia Universidad del Rosario (Bogota), Doctorado en Derecho de Universidad Sergio Arboleda. Profesor del Master in International Relations de la Universidad Alfonso X El Sabio de Madrid y University for Peace UN (Madrid).

Rodrigo Uprimi Yepes

Abogado egresado de la Universidad Externado de Colombia, Doctor en Economía Polí­tica de la Universidad de Amiens Picardie - Francia, con un DSD (magíster) en Sociología Jurídica de la Universidad de París II. Director del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad Dejusticia, jurista ampliamente conocido en el mundo jurídico, especialista en el Derecho Constitucional

Néstor Osuna Patiño

Ex presidente de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, es abogado egresado de la Universidad Externado de Colombia, doctor en derecho por la Universidad de Salamanca, catedrático de derecho constitucional en la Universidad Externado de Colombia, investigador Invitado del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM desde 1988, profesor invitado de la Universidad Car.

Luis Fernando López Roca

Doctor en Derecho de la Universidad Externado de Colombia con especializaciones en Derecho Público Económico y en Legislación Financiera (Universidad de los Andes). Director del Departamento y de la especialización en Derecho Financiero y Bursátil. 

María Margarita Zuleta González

Abogada de la universidad de los Andes con estudios en el Centro de Estudios Internacionales de la Fundación Ortega y Gasset en Toledo, España. Se ha desempeñado como viceministra de Justicia y directora del programa presidencial de lucha contra la corrupción. 

Carlos Bernal Pulido

Abogado egresado de la Universidad Externado de Colombia, doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca (España); Se ha desempeñado como abogado de Derecho Constitucional y Derecho Administrativo en el Colegio de abogados de Colombia.

Javier Tobo Rodríguez

Abogado egresado de la Universidad Libre. Ex procurador delegado ante la Sección Primera del Consejo de Estado, ex procurador auxiliar para asuntos Constitucionales -Procuraduría General-, ex magistrado auxiliar del Consejo de Estado, profesor de Derecho Constitucional y Derecho Administrativo.

2.870 FAMILIAS DE LA MACARENA Y LA URIBE (META) SUSTITUIRÁN DE FORMA VOLUNTARIA 1.544 HECTÁREAS DE CULTIVOS ILÍCITOS

Un total de 2.870 familias ubicadas en 86 veredas de los municipios de La Macarena y La Uribe, en el departamento del Meta, se vincularon de manera voluntaria al acuerdo colectivo del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), en los Parques Nacionales Naturales Tinigua y Cordillera de los Picachos y sus zonas con función amortiguadora del Distrito de Manejo Integrado (DMI).

Las 2.870 familias, que hacen parte de 21 veredas del municipio de La Uribe y 65 veredas del municipio de La Macarena, sustituirán de manera voluntaria 1.544 hectáreas de cultivos de uso ilícito. Es importante resaltar que 650 de estas hectáreas se encuentran en los Parques Nacionales Naturales Tinigua y Cordillera de los Picachos.

Este acuerdo firmado por las Juntas de Acción Comunal, las organizaciones campesinas y las FARC, cuenta con la coordinación interinstitucional de la Dirección para la Atención Integral de la Lucha Contra las Drogas, de la Presidencia de la República; Parques Nacionales Naturales de Colombia, la Gobernación del Meta, Cormacarena, la Agencia de Renovación del Territorio, la Defensoría del Pueblo y las alcaldías de La Macarena y La Uribe.

Esta alianza entre comunidades y entidades del Estado reviste especial importancia para el proceso de paz en Colombia, puesto que se da inicio a la implementación del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, que en su punto 4 establece la solución al problema de las drogas ilícitas y compromete al gobierno nacional para hacer efectiva la reforma rural integral, mediante procesos de planeación participativa.

Con la firma de estos acuerdos se da un gran paso para la protección de los ecosistemas estratégicos del Área de Manejo Especial de la Macarena (AMEM), ya que se logrará garantizar el bienestar y el buen vivir de las comunidades y la preservación y conservación de los Parques Nacionales Naturales de Colombia y las zonas con función amortiguadora del AMEM.

La vinculación de las 2.870 familias a este programa, se dio gracias a un trabajo coordinado por los equipos técnicos interinstitucionales en campo y con el apoyo del Ejército Nacional la Fuerza de Despliegue Rápido–FUDRA y la Policía Nacional.

Es de resaltar que este proceso se desprende de un protocolo de sustitución avalado por el Ministerio de Defensa, en el que las Fuerzas Militares apoyarán el monitoreo conjunto al control social que harán las comunidades implicadas.