CANCILLER VENEZOLANO DICE QUE PROCESO DE PAZ EN COLOMBIA "PENDE DE UN HILO"

El ministro de Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, dijo hoy que el proceso de paz en Colombia -entre el Estado y movimientos guerrilleros- "pende de un hilo por la conflictividad interna".

Así lo expresó el canciller a través de su cuenta en la red social Twitter, donde rechazó el pronunciamiento del presidente colombiano, Juan Manuel Santos, sobre la juramentación de cuatro gobernadores opositores ante la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de Venezuela, integrada únicamente por oficialistas.

"Pensaba en nuestros vecinos que el día de hoy obligaron a los gobernadores elegidos por la oposición a posesionarse ante la Asamblea Constituyente, que fue elegida ilegalmente, ese es el máximo abuso del poder", dijo este lunes Santos durante la conmemoración del Bicentenario del Consejo de Estado de Colombia.

Cuatro de los cinco gobernadores que consiguió la oposición en los comicios del 15 de octubre acudieron ayer ante la ANC, un suprapoder tachado de fraudulento por buena parte de la comunidad internacional, en acatamiento de una Gaceta Oficial que los obligaba a dar este paso para poder asumir sus cargos.
Arreaza consideró hoy que Santos "se entromete en asuntos de Venezuela" y "decide arremeter contra la integridad moral y política de los 4 gobernadores de la oposición" mientras descuida, según afirmó, la pacificación en su país.

Venezuela actuó como acompañante en el proceso que llevó al abandono de las armas a la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y ha apoyado las actuales negociaciones entre Bogotá y el llamado Ejército de Liberación Nacional (ELN).

"Santos no tiene límites en su obsesión fatal, injerencista y grosera contra la Democracia y soberanía de Venezuela", agregó Arreaza en una serie de mensajes publicados en Twitter.

"LOS HIJASTROS NO SON MERCANCÍA QUE PUEDE SER DESECHADA": CORTE

La familia cada vez está conformada de manera más diversa. Muchos matrimonios terminan por juntar en un mismo techo hijos que no son biológicos de alguno de los dos, pero que en la vida diaria logran una unión como si lo fueran. Sin embargo, garantizar el bienestar de todos en caso de una ruptura suele ser dificil y doloroso. Esto fue lo que ocurrió con Manuela* una joven de Neiva cuyo caso acaba de ser fallado por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia.

A sabiendas de que Manuela* no era su hija biológica, su padrastro, enamorado de su madre, decidió registrarla como si fuera propia cuando apenas era una niña. Pero con los años los problemas vinieron, la pareja decidió separarse y el hombre repentinamente cambió de opinón. El padrastro inició una impugnación a ese reconocimiento familiar que hizo en favor de la menor.

Con prueba de ADN en mano, que confirmaba lo que ya conocía la familia, que no era su padre biológico, comenzó un proceso judicial. A este también quedó vinculado quien es su verdadero padre biológico. 

Aunque en fallos de primera y segunda instancia los jueces encontraron que esta acción había caducado dado que la menor nació en el 2005 (hace más de 10 años), la Corte Suprema de Justicia puso por encima los derechos de los niños a tener un nombre, una personalidad y a conocer su verdadera familia para emitir un fallo extra petita (por fuera de lo solicitado). 

Para el alto tribunal, también es claro que acá se generó una afectación psicológica a la menor originada por la ruptura de los lazos afectivos creados durante años de convivencia familiar y que fueron truncados súbitamente no más que por el cambio de parecer del padrastro. 

El fallo, con ponencia del magistrado Aroldo Quiroz, aseguró que un proceder de este tipo debe dar lugar a la reparación del daño, a lo sumo psicológico en favor de la menor. Por ello decidió anular la decisión emitida por el Tribunal Superior de Neiva y pedirle que emita un nuevo fallo atado a los lineamientos que da la Corte Suprema. 

Aunque el alto tribunal reconoce que una postura de este tipo no ha sido aplicada a la legislación interna, también asegura que ello no implica que el daño no hubiera ocurrido. Por ello acude al derecho comparado y a los precedentes judiciales para concluir a partir de normas genéricas en materia de responsabilidad civil que la atribución de una falsa paternidad genera una reparación y se considera una conducta antijurídica. 

En este sentido, hace explícitas dos situaciones en donde se puede reconocer esta indemnización económica: cuando se ha sostenido en silencio la presunción de paternidad matrimonial a sabiendas de que el marido no es el padre del niño, o por reconocer en forma complaciente a quien se sabe a ciencia cierta no es el hijo.

LAS PULLAS QUE EL INFORME DE DROGAS DE LA DEA LE MANDA A LAS FARC

Nunca antes en la historia en Estados Unidos se había consumido tanta cocaína como en el año 2017. El aumento en la demanda de esta droga, de acuerdo con la DEA, ha venido creciendo desde hace un par de años y estaría directamente relacionada con el aumento de cultivos de coca en Colombia.

“Estados Unidos puede esperar ver niveles crecientes de suministro y uso de cocaína, al menos hasta 2018. A medida que aumente el cultivo de coca y la producción de cocaína en Colombia, es probable que en los Estados Unidos sigan aumentando las muertes relacionadas con la cocaína, los nuevos consumidores, las incautaciones y los positivos en los lugares de trabajo”, dice el informe en el que se evalúan las tendencias de las drogas ilícitas en Estados Unidos.

La DEA hace especial énfasis en el aumento de la disponibilidad y uso de cocaína en Estados Unidos, que han venido en crecimiento desde el año 2015. El documento sugiere que el incremento en el consumo de cocaína en Estados Unidos está relacionado con el aumento de los cultivos de hoja de coca en Colombia en los últimos cuatro años.

“Este aumento se debe a los niveles elevados de cultivo de coca y la potencial producción de cocaína pura en Colombia, la principal fuente de cocaína incautada en los Estados Unidos, algo que puede indicar que hay más cocaína disponible para los traficantes que desean invertir en el mercado de cocaína de los Estados Unidos”, dice la DEA.

El tema de la coca es una de las prioridades para Trump. Una vez llegó a la presidencia de Estados Unidos, el magnate ha dejado claro que uno de sus intereses en las relaciones entre su país y Colombia es el de la reducción de los cultivos ilicitos, que en 2017 alcanzó la cifra récord de 188.000 hectáreas.

Un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos, específicamente la CIA, reveló que desde 2013 se ha duplicado el área cultivada de coca. El año pasado, esta misma entidad había situado los cultivos en 159.000 hectáreas. Un crecimiento del 39 por ciento respecto a 2014.

El informe de la DEA sugiere que este fenómeno se debe en parte a la decisión del Gobierno colombiano de no erradicar en zonas controladas por las Farc para no afectar las negociaciones de paz y también el haber privilegiado la erradicación manual sobre la aspersión aérea, algo que ya había dicho el departamento de Estado en marzo de este año. También señalan a algunos grupos de campesinos que han bloqueado los programas de erradicación manual en zonas cultivadas.

En el documento, la DEA también responsabilizó a las Farc de haber sido una de las razones del aumento en los cultivos, pues según la agencia durante los años en los que se negoció el acuerdo de paz, la guerrilla incentivó a los campesinos a sembrar más coca.

Y aunque el documento resalta que dentro del acuerdo de paz con la guerrilla se pactó el cese de toda participación de las Farc en el tráfico de droga, la DEA dice que el impacto de los acuerdos de paz en el negocio es aún "incierto".

“La implementación total llevará muchos años. Es probable que algunos excombatientes de las Farc continúen participando en el tráfico de drogas y otras actividades delictivas, pero el grado en que esto ocurra dependerá de la efectividad de la implementación del acuerdo de paz”, dice el informe.

Además, la agencia antidroga espera que para el final del 2017 el cultivo de coca en Colombia aumente por los grandes incentivos que tienen los cultivadores, algo que contrasta con lo dicho por el Alto Consejero para el Posconflicto, Rafael Pardo, que se comprometió a llegar a la cifra de 50.000 hectáreas erradicadas.

Según la agencia, las ganancias promedio de los sembradores de coca aumentaron más de 120 por ciento entre 2012 y 2016. Según estimativos de la DEA, un cultivador se puede hacer al menos US$1.200 (3 millones de pesos) por una hectárea de coca cultivada, ganancias que proporcionan a los campesinos un fuerte incentivo para no dejar la siembra.

El informe de la DEA también revela que Colombia continúa siendo la fuente principal de la mayoría de cocaína que se consume en Estados Unidos y señala que en los últimos cuatro meses se han incrementado los cargamentos de droga colombiana hacia el país del norte. La razón de esto, según la agencia, es que las organizaciones criminales han intensificado el envío de droga ante el temor de que la implementación de los acuerdos de paz complicara el proceso de envío.

Este informe viene un mes después de la amenaza de una posible "descertificación" por parte de Estados Unidos a Colombia, debido al "extraordinario crecimiento del cultivo de coca y la producción de cocaína en los últimos 3 años". Un documento que no le sentara nada bien al presidente Juan Manuel Santos, quien en la reciente Asamblea General de la ONU reclamó, frente al tema de las drogas, responsabilidad compartida a los países consumidores.

Por ahora, el gobierno se ha comprometido a llegar a reducir la cifra de hectáreas cultivadas a 130.000 a final de año. Un esfuerzo que ya ha mostrado sus primeras dificultades como se evidenció en el municipio de Tumaco en los primeros días de octubre, cuando fueron asesinados seis campesinos en medio de la tensión entre quienes se oponen a la erradicación de los cultivos ilícitos y los que están a favor del mismo. Una discusión que está lejos de terminar.

CONSERVADORES PONDRÁN CONDICIONES PARA APOYAR PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE FARC

Al término de la reunión que sostuvo con el fiscal general de la Nación, el partido Conservador aseguró que comparte algunas de las preocupaciones de Néstor Humberto Martínez sobre la ley estatutaria de la JEP.

Es por esto que la colectividad le planteará una serie de condiciones al Gobierno para respaldar puntos cruciales de la iniciativa como la participación política de los integrantes de las Farc.

El senador Hernán Andrade dijo que no están de acuerdo con que los guerrilleros vayan al Congreso si primero no son sancionados. 

“Dudamos mucho que personas que han delinquido, que hoy se quieren someter a la justicia especial, puedan representar al pueblo colombiano en el Congreso sin haber pasado por la JEP”, señaló.

“Cuando se firmó el acuerdo partíamos de la base de que la JEP estaba funcionando. Hoy creemos que no es aceptable que Iván Márquez y los jefes de las Farc vayan al Congreso y no tengan ninguna clase de limitación”, añadió.

El presidente del conservatismo afirmó que el partido votará positivamente la ley estatutaria de la JEP, pero expresará observaciones en temas relacionados con el narcotráfico, los testaferros, juzgamiento de terceros, los máximos responsables, entre otros.

NUEVE COLOMBIANAS HACEN PARTE DEL RANKING DE LÍDERES CON MEJOR REPUTACIÓN DEL CONTINENTE

En su décima edición, el informe de la firma especializada Merco sobre líderes con la mejor reputación del Continente, revela que las mujeres colombianas han venido incrementando su posición en este ranking empresarial, completando 9 puestos entre los 100 mejores de la región.

Así lo indicó José María Sansegundo, el Ceo de Merco, quién resaltó que hoy en día la sociedad colombiana ha permitido que más mujeres lideren desarrollos empresariales.

El directivo expresó que hace unos años, solamente tres mujeres se encontraban en el ranking de los 100 líderes con mejor reputación y este año la cifra se ha incrementado a 9.

“Hemos podido comprobar la evolución de las empresas colombianas y hay algunos datos muy importantes, por ejemplo, las mujeres han crecido, cuando empezamos habían tres mujeres entre los 100 líderes más reputados, hoy hay 9, el reto es que por lo menos haya 30 a corto plazo y 50 a mediano plazo”, expresó el Ceo de Merco. 

El directivo también Indicó que de todos los Merco de Latinoamérica, el país con un buen porcentaje de empresas ubicadas en el ranking con mejor reputación empresarial, es Colombia con 67 empresas.

“Colombia está por encima de España, Argentina, Perú, Chile, etc, lo cual es un plus para todas las empresas colombianas”, sostuvo.

Entre las mujeres líderes con la mejor reputación están, Sylvia Escobar, presidenta de Terpel, Sol Beatriz Arango, de Nutresa, Carolina Angarita, de Google, Beatriz Fernandez, de Crepes And Wafles, Mónica de Greiff, de la Cámara de Comercio de Bogotá, Mónica Contreras de Pesico, entre otras.

Ranking

Según el ranking, entre los líderes con mejor reputación, se encuentran, Carlos Ardila Lulle, Arturo Calle, Miguel Fernandez Escobar, de Postobón, Carlos Ignacio Gallego, de Grupo Nutresa, David Bijanini, de Sura, Carlos Mario Giraldo, del Grupo Éxito, Luis Carlos Sarmiento Angulo, Germán Efromovich, Juan Carlos Echeverry, expresidente de Ecopetrol, y Jorge Mario Velazquez, del Grupo Argos, entre otras.

Mientras que las empresas con mejor reputación están, Bancolombia, Nutresa, Alpina, Postobón, Avianca, Grupo Argos, Ecopetrol, y EPM, entre otras.

El sector de las bebidas tiene uno de los incrementos más significativos en el estudio, con 937 puntos. En el continente, Colombia está en un segundo, detrás de México en esta industria.

El sector que lidera el informe es el financiero, seguido por otros como la industria, la infraestructura y el comercio.

El estudio evaluó a 785 empresas y dejó 100 en el listado principal.

En el sondeo participaron más de 35 mil personas, con 18 fuentes de información.

FISCALÍA PIDIÓ NO TENER EN CUENTA VARIAS PRUEBAS QUE PRESENTÓ CONTRA SANDRA MORELLI

La Corte Suprema de Justicia suspendió la audiencia del juicio contra la ex contralora Sandra Morelli para evaluar las pruebas que no tendrá en consideración.

"La Fiscalía descarta prácticamente todas las pruebas en mi contra. Aquí venimos de 4.200 pruebas en mi contra, después se reducen a 2000, después finalmente quedamos en 500" dijo Morelli al terminar la audiencia.

El ente investigador pidió también que se eliminarán varias pruebas entre ellas los testimonios de 38 personas por considerar que no son pertinentes para la investigación.
Morelli resaltó que lo importante es su declaración, pero aprovechó para criticar el contrato de la sede en donde funciona la Fiscalía delegada ante la Corte.

"Tal vez me hubiera opuesto a que dice que no es conducente el contrato, cuando dice que el nuestro tenía sobrecosto y la Fiscalía celebra uno idéntico pasando la calle, muchísimo más caro, con menos obligaciones para el contratista", dijo.

FBI RECLUTA A CAPOS COLOMBIANOS PARA HUNDIR AL ‘CHAPO’ GUZMÁN

Antes de ser sometido a una cirugía en su pierna izquierda, el narcotraficante colombiano Diego Montoya, ‘don Diego’, exjefe del cartel del norte del Valle, se comprometió con el FBI a testificar en el juicio contra Joaquín Guzmán Loera, alias el Chapo.

Según dijo ‘don Diego’, el capo de capos mexicano le compraba al año 15 toneladas de coca, la mayoría de las cuales salían en aviones King Quest, Grumman, Commander y Convert, que aterrizaban en los aeropuertos de Los Mochis, Torreón y Veracruz (México), y cuyas matrículas tiene en su poder.
Además, conoce los nombres de ingenieros rusos y estadounidenses que fueron enviados por el ‘Chapo’ a Colombia para ensamblar submarinos, moverle droga desde la costa Pacífica –especialmente desde la convulsionada Tumaco–, y proveer a los hermanos Beltrán, a Ismael el ‘Mayo’ Zambada y al expolicía Juan José el ‘Azul’ Esparragoza.

Aunque en el ‘indictment’ del ‘Chapo’ ya se anunciaba que “numerosos líderes de carteles colombianos van a testificar sobre los envíos a Guzmán a través de rutas aéreas, marítimas y terrestres”, Washington guardaba en secreto sus identidades. 

No obstante, fuentes federales le confirmaron a EL TIEMPO que el FBI está reclutando a capos extraditados, para garantizar que el gran jurado le dé cadena perpetua al escurridizo mafioso mexicano.

Para el Departamento de Justicia, este caso se ha convertido en una cuestión de honor, pues desde hace más de 30 años han estado detrás del jefe del cartel de Sinaloa y tuvieron que ver cómo se escapó dos veces de cárceles de máxima seguridad de México. 

Además, libraron una batalla adicional: el pulso con México para que extraditara al capo justo al inicio del mandato de Donald Trump y meses después de que este anunciara la construcción del muro fronterizo.

A eso se une la artillería legal que la defensa del capo está desplegando. Jeffrey Lichtman, Eduardo Balarezo y William Purpura, tres veteranos defensores de narcotraficantes, ya pidieron la anulación del juicio al ‘Chapo’, argumentando que su extradición fue “ilegal y con base en afirmaciones falsas”. Aunque su intento fracasó, ahora alegan que su cliente es sometido a torturas psicológicas y físicas que impiden incluso coordinar su defensa.

Además, buscan desestimar a los potenciales testigos, asegurando que van a mentir a cambio de beneficios judiciales.

Pero ya está documentado que en la larga y selecta lista de aliados del ‘Chapo’ figuraban los colombianos Efraín Hernández, ‘don Efra’; Elizabeth Montoya de Sarria, Iván Urdinola, Arcángel Henao, Francisco ‘Pacho’ Cifuentes, Miguel Solano y Giovani Caicedo. 

“Muchos fueron asesinados, pero otros sobrevivieron a ‘vendettas’, como Juan Carlos Ramírez Abadía, ‘Chupeta’, quien va a colaborar”, dijo una agente.

Socios frescos

En efecto, ‘Chupeta’, el otro gran proveedor del ‘Chapo’, va a contar cómo el jefe del cartel de Sinaloa le secuestró a uno de sus emisarios tras una disputa por un cargamento. Se trata de Juan Carlos Ortiz, ‘Cuchilla’, quién años después murió acribillado en Cali.

EL TIEMPO estableció que a la lista de testigos se unen Luis Caicedo Velandia y Julio Lozano Pirateque, jefes del narcotraficante Daniel el ‘Loco’ Barrera. Sus testimonios son claves porque demuestran que el capo mexicano mantuvo su imperio y sus nexos con la mafia colombiana hasta hace tres años, cuando cayó en manos de la Marina de su país.

De hecho, aunque Caicedo ya cumplió su condena, tras una ventajosa negociación con Estados Unidos, permanece preso en Brooklyn para garantizar su comparecencia en el juicio.

Y, por esa misma razón, Lozano, ya en libertad, no fue deportado a Colombia y se le ha visto en Miami.

El único beneficio que Caicedo y Lozano obtendrían por ayudar a hundir al ‘Chapo’ es el de quedarse en Estados Unidos.

‘Don Diego’, condenado a 45 años por el asesinato de un testigo federal, también es poco lo que puede obtener. Tiene 59 años, lleva 8 en prisión y saldría a los 96. 

Si acaso le darían mejores condiciones carcelarias debido a sus líos de salud, que ya lo tienen en una cárcel de mediana seguridad. 

Entre tanto, ‘Chupeta’, después de ser extraditado a Estados Unidos por el gobierno de Brasil, en 2008, enfrenta una sentencia de 25 años, de los cuales le quedan 14 pendientes. Si bien los podría reducir delatando al patrón de Sinaloa, sería mínimo el beneficio.

Por ahora, el ‘Chapo’ permanece incomunicado en una celda de una correccional de Nueva York, ciudad que inundó de coca en sus épocas de bonanza y terror.

Así es la cárcel del ‘Chapo’
Una celda sin ventanas, luces prendidas 23 horas al día, cámaras de vigilancia sobre la ducha y el escusado, visitas vetadas y cero contacto con otros presos. 

Las condiciones a las que está sometido Joaquín el ‘Chapo’ Guzmán en el Centro Correccional Metropolitano de Manhattan son tan duras que en Estados Unidos muchos las consideran peores que las de la base de Guantánamo, donde encerraron a terroristas de Al Qaeda. 

Según sus abogados, el capo ha perdido la noción del día y la noche, ha tenido alucinaciones auditivas y sufre de frío. Aunque la Fiscalía autorizó que llamara 30 minutos al mes a familiares y pudiera ser visitado por curas. Paradójicamente, su situación carcelaria mejoraría si lo condenan: pasaría a un penal con menos restricciones.