DEBATE POR CASOS DE MILITARES EN LA JEP
A 10 años de que saliera a la luz el escándalo de los falsos positivos, el coronel (r) Gabriel de Jesús Rincón Amado, condenado a 46 años por el asesinato de cinco jóvenes de Soacha (Cundinamarca), recibió un concepto favorable de la Corte Suprema para que el Juzgado 23 de Ejecución de Penas sea el que decida si avala o no su participación en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Continúa así el debate sobre la participación de responsables de estos casos en la JEP, teniendo en cuenta que, por ejemplo, los de Soacha fueron declarados crímenes de lesa humanidad.
En julio pasado, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia estableció que, pese a que no se trata de delitos objeto de amnistía o indulto, los miembros de la Fuerza Pública procesados o condenados por ejecuciones extrajudiciales podrán recibir beneficios. El alto tribunal advirtió que “es necesario cumplir rigurosos requerimientos y observar precisos criterios para determinar si el proceso que se les ha adelantado es absorbido por la JEP y, de acuerdo con lo que se establezca, si se adopta alguna de las medidas de contenido reparador o de restricción de libertades y derechos, sanciones alternativas u ordinarias aplicables a los miembros de la Fuerza Pública”.
Germán Romero Sánchez, abogado de dhColombia (defensor de derechos humanos), quien ha trabajado casos de ejecuciones extrajudiciales en el Eje Cafetero, Antioquia y Sucre, aseguró que, para los altos oficiales involucrados en este tipo de crímenes, es necesario que “no se les acepte, bajo ninguna situación o escenario, un aporte a la verdad inferior a lo que ya ha sido reconocido por muchísimos soldados u oficiales de bajo rango o investigaciones de la misma Fiscalía y de la sociedad civil”. Se necesita que aporten en cadena de mando, es decir, cuál era la participación de las unidades de mando de los batallones, de las brigadas, de las divisiones, del comando y del Ejército, y cómo se ejercía presión por resultados”.
El proceso, para la mayoría de las madres de Soacha, es diferente al descrito por Romero, principalmente porque ya conocen la verdad y lo único que exigen es que los responsables cumplan su condena. Carmenza Gómez, cuyo hijo Víctor, de 23 años, fue asesinado en 2008, señaló con indignación: “¿Cómo van a dejar que se acojan si ellos hicieron fue crímenes de lesa humanidad? Y no fueron solamente los jóvenes nuestros, sino los muchos municipios, veredas y localidades de nuestro país. Esos crímenes, llevarse a nuestros muchachos y venderlos así, era un negocio para los que lo hicieron. ¿Cómo es posible que le hagan eso a un joven que comienza a vivir?”..
Germán Romero asegura que, mientras algunas víctimas están en contra de que los responsables lleguen a la JEP, otros familiares buscan a toda costa encontrar la verdad sobre lo ocurrido con sus seres queridos, pues “creen que es una oportunidad para conocer mayores detalles y poder ahondar mejor en la responsabilidad, y no simplemente que dos, tres soldados, un cabo y un teniente sean procesados, sino que se identifique cómo estos coroneles se beneficiaron y cómo un gobierno también lo hizo”.
Lo cierto es que, a 10 años de este atroz crimen, la JEP es un escenario cada vez más atractivo para los responsables de las ejecuciones extrajudiciales. La responsabilidad de la justicia será cumplirles tanto a la ley como a las víctimas.
Tomada de: El Espectador.
En julio pasado, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia estableció que, pese a que no se trata de delitos objeto de amnistía o indulto, los miembros de la Fuerza Pública procesados o condenados por ejecuciones extrajudiciales podrán recibir beneficios. El alto tribunal advirtió que “es necesario cumplir rigurosos requerimientos y observar precisos criterios para determinar si el proceso que se les ha adelantado es absorbido por la JEP y, de acuerdo con lo que se establezca, si se adopta alguna de las medidas de contenido reparador o de restricción de libertades y derechos, sanciones alternativas u ordinarias aplicables a los miembros de la Fuerza Pública”.
Germán Romero Sánchez, abogado de dhColombia (defensor de derechos humanos), quien ha trabajado casos de ejecuciones extrajudiciales en el Eje Cafetero, Antioquia y Sucre, aseguró que, para los altos oficiales involucrados en este tipo de crímenes, es necesario que “no se les acepte, bajo ninguna situación o escenario, un aporte a la verdad inferior a lo que ya ha sido reconocido por muchísimos soldados u oficiales de bajo rango o investigaciones de la misma Fiscalía y de la sociedad civil”. Se necesita que aporten en cadena de mando, es decir, cuál era la participación de las unidades de mando de los batallones, de las brigadas, de las divisiones, del comando y del Ejército, y cómo se ejercía presión por resultados”.
El proceso, para la mayoría de las madres de Soacha, es diferente al descrito por Romero, principalmente porque ya conocen la verdad y lo único que exigen es que los responsables cumplan su condena. Carmenza Gómez, cuyo hijo Víctor, de 23 años, fue asesinado en 2008, señaló con indignación: “¿Cómo van a dejar que se acojan si ellos hicieron fue crímenes de lesa humanidad? Y no fueron solamente los jóvenes nuestros, sino los muchos municipios, veredas y localidades de nuestro país. Esos crímenes, llevarse a nuestros muchachos y venderlos así, era un negocio para los que lo hicieron. ¿Cómo es posible que le hagan eso a un joven que comienza a vivir?”..
Germán Romero asegura que, mientras algunas víctimas están en contra de que los responsables lleguen a la JEP, otros familiares buscan a toda costa encontrar la verdad sobre lo ocurrido con sus seres queridos, pues “creen que es una oportunidad para conocer mayores detalles y poder ahondar mejor en la responsabilidad, y no simplemente que dos, tres soldados, un cabo y un teniente sean procesados, sino que se identifique cómo estos coroneles se beneficiaron y cómo un gobierno también lo hizo”.
Lo cierto es que, a 10 años de este atroz crimen, la JEP es un escenario cada vez más atractivo para los responsables de las ejecuciones extrajudiciales. La responsabilidad de la justicia será cumplirles tanto a la ley como a las víctimas.
Tomada de: El Espectador.
