NO HAY EXCUSA PARA NO PAGAR LAS INCAPACIDADES MÉDICAS: CORTE

La Corte Constitucional estableció que es una obligación el pago de las incapacidades médicas y que no se pueden poner excusas para evitarla, como por ejemplo, que una EPS diga que no se efectúa el pago a un trabajador porque su empleador lo afilió 3 meses después de que ingresara a trabajar.

Lo anterior al revisar el caso de un joven de 26 años al que le diagnosticaron una enfermedad catastrófica, específicamente una insuficiencia renal terminal, lo que lo ha dejado prácticamente inválido y sin capacidad para trabajar, y al cual su EPS le negó el pago de la incapacidad con el argumento mencionado.

Sobre el pago de incapacidades lo que dice la ley es que si la orden médica supera los tres días son las Empresas Promotoras de Salud las que deben pagarlas, pero si un empleador no afilia al trabajador en el sistema de salud deberá responder con un auxilio monetario por los primeros 180 días .

En su caso particular, el empleador se habría demorado en afiliarlo al sistema, pero dice la Corte: “cuando los empleadores efectúan los aportes a salud de manera extemporánea las empresas promotoras de salud (EPS) no pueden negarse al reconocimiento y pago de las incapacidades por enfermedad general, salvo que logren demostrar que fueron diligentes y actuaron de manera activa a fin de obtener el pago correspondiente, buscando el cobro de los empleadores morosos, o simplemente lo rechazó por realizarse fuera del termino previsto para ello”.

Para la Corte, se cumplían con las condiciones necesarias para recibir el pago de las incapacidades, en especial que “se encontraba afiliado al Sistema General de Seguridad Social en Salud, en calidad de cotizante al régimen contributivo como dependiente, al momento en que médicos tratantes de dicha EPS lo incapacitaron medicamente para desempeñar sus labores”.

Y señaló: “el pago de estas sumas de dinero constituye una garantía trascendental en la protección a los afectados derechos fundamentales a la Salud y al mínimo vital del accionante. Lo anterior, para evitar que tenga que buscar algún tipo de trabajo que agrave, aún más, su cuadro clínico, que ya lo ha dejado en un estado de debilidad manifiesta, que amerita el amparo de este tribunal a sus derechos fundamentales a: la salud, la vida digna, al mínimo vital y a la seguridad social”.

Por ello, ordenó el pago de las incapacidades que juntas, suman casi seis meses.

Tomada de: Caracol

AGRESIONES CONTRA PETRO Y URIBE SON INVESTIGADAS: GOBIERNO

El ministro del Interior, Guillermo Rivera, dio a conocer que la Policía ya está actuando para hacerle frente a los saboteos que se presentaron contra las campañas políticas del candidato Gustavo Petro y el expresidente Álvaro Uribe, quienes fueron atacados con piedras durante sus manifestaciones políticas.

El funcionario expresó desde Cartagena que estos y otros actos violentos atacan la democracia, al tiempo que condenó de manera enfática las agresiones que se presentaron en Cúcuta y Popayán contra estos dos líderes políticos.

Rivera señaló que la fuerza pública evitará nuevos episodios que perjudiquen el desarrollo de las campañas políticas en el país. 

"Desde el Gobierno nacional rechazamos y condenamos los actos de saboteo contra los eventos público de Gustavo Petro en Cúcuta y de Álvaro Uribe en Popayán. Hacemos un llamado para que esta campaña sea una campaña llena de ideas, de agrumemos, en el que no haya lugar ni a las agresiones ni a los saboteos. Hasta el momento no hay capturados y la Policía ya está actuando", señaló el ministro.
El ministro Rivera señaló que los grupos políticos deben hacer un llamado para que el debate se de con argumentos y no se permitan las agresiones por diferencias políticas.

De igual forma manifestó que los alcaldes que impiden la realización de campañas políticas en sus territorios están atentado contra el derecho a elegir y ser elegido y les hizo un llamado para que se permita la realización de actividades de todos los candidatos y eviten poner trabas a las manifestaciones públicas. 

"Quiero aprovechar la oportunidad para hacerle un llamado respetuoso a los alcaldes, de tal manera que permitan que los candidatos desarrollen sus actos públicos. Es muy importante que ellos tengan presente que se trata ni más ni menos que el derecho fundamental de elegir y ser elegidos. Por lo tanto permitir que se celebren actos públicos en sus calles y plazas, es contribuir a la democracia. Es facilitarle a los ciudadanos que conozcan las propuestas", añadió.

De acuerdo al ministro, en todos los eventos donde se han presentado intentos de saboteos, la Policía Nacional ha acompañado a los candidatos para evitar que estos hechos se conviertan en agresiones contra los aspirantes a la Presidencia de la República.

Tomada de: RCN

EL CARGAMENTO DE COCA SUBMARINO

En la mañana del pasado viernes y como parte de las labores rutinarias de inspección y control subacuáticas que se realizan en el puerto de Buenaventura, la Policía Nacional descubrió 481 kilos de clorhidrato de cocaína ocultos en la caja de mar del casco de una embarcación. Allí esperaba sin poder zarpar, atrancado en uno de los muelle a la espera de la carga y de la autorización para reiniciar su ruta hacia Manzanillo (Panamá), Lázaro Cárdenas (México), Japón, China y Busan (Korea).

Un grupo especializado de buzos de Control Portuario de la Policía Nacional adscritos a la Dirección de Antinarcóticos en el puerto del Pacífico colombiano, iniciaron su proceso de inmersión con el fin de revisar los grandes calados de las motonaves. Momentos después reportaron ciertas irregularidades en la denominada ‘caja de mar‘ donde observaron varios elementos adheridos aparentemente ajenos a la estructura de la embarcación.

Una vez se realizó la maniobra de revisión minuciosa se evidenciaron ocho maletas tipo tulas de color negro, al proceder a sacarlas a flote y verificar su contenido, se hallaron 481 paquetes rectangulares “encauchetados” y forrados en plástico y cinta adhesiva de varios colores. Contenían una sustancia blanca pulverulenta con olor y características similares a estupefaciente. Así mismo y como caso curioso se encontró en una de las tulas, un localizador satelital tipo spot, que de acuerdo a los investigadores, le serviría a la organización narcotraficante para ubicar el estupefaciente.

La contaminación de embarcaciones, como se conoce esta técnica para esconder la droga, es una de las modalidades utilizada para el envío de estupefacientes utilizando como rutas de salida la Costa Pacífica colombiana por los departamentos del Valle y Cauca, para ser enviada inicialmente hacia Panamá y México.

Tomada de: Semana

PUNTOS QUE NO APRUEBA LA CORTE CONSTITUCIONAL A LA LEY DE AMNISTÍA

La Corte Constitucional luego de los seguimientos a la Ley 1820 de 2016, que permite la implementación de los acuerdos de paz, en sala plena aprobó este jueves la Ley de amnistía con algunas condiciones. 

La Ley de Amnistía fue un proyecto de Ley presentado por el gobierno de Colombia para dar amnistía a los actores del conflicto armado del país, que hayan sido condenados en relación con su participación en la guerra y será aplicable para todas las fuerzas del conflicto que hayan cometido delitos políticos, delitos menores y además parapolíticos con delitos menores. 

En ponencia la magistrada Diana Fajardo Rivera, expuso varios reparos a la Ley, en primer lugar, afirma que la amnistía solo se podrá aplicar a los desmovilizados que estén dispuestos a entrar en la Jurisdicción Especial para la Paz JEP, contar toda la verdad, reparar a las víctimas y garantizar la no repetición. De no cumplir con estos requisitos, los actores del conflicto perderían los beneficios de la amnistía y tendrían que enfrentar su proceso judicial en la justicia ordinaria. 

De esta manera, la Corte Constitucional es enfática en exigir que todos los que quieran beneficiarse de la Ley de amnistía deberán mostrar respeto por las víctimas; tener el perdón político, contar la verdad en la sala de reconocimiento y en la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas; reiteran que de no cumplir con estos requisitos no contarán con estos beneficios. 

El alto tribunal eliminó de la Ley la palabra -“grave”- y todo lenguaje que no esté acorde al El Derecho Internacional Humanitario. Y conforme a lo establecido en El Estatuto de Roma, que contiene los crímenes de guerra que Colombia reconoce, no hace diferenciación entre crímenes de guerra graves o leves.

En la Ley 1820 de 2016, el Congreso de la República, expone que en el tiempo que se debe otorgar la amnistía, las libertades debían ser inmediatas y definitivas, en lo que la corte ha decidido eliminar la palabra -“definitiva”- de la Ley. Esta decisión continua en seguimiento, puesto que no logró consenso salvo por el voto del magistrado Antonio Lizarazo.

Otro tema que continúa en el ojo del tribunal supremo es el reclutamiento de menores en lo que la Corte aclara que no es válido que los menores que hayan cumplido 15 años antes del 25 de junio de 2005, deben considerarse como niños reclutados por la guerrilla, así hoy tengan más de 18 años. En esos casos, quienes hayan estado detrás de su entrada a la guerra, también son responsables y no pueden recibir amnistía.

Por otra parte, la Corte Constitucional también decidió participar de la revisión y selección de tutelas que sean emitidas en la JEP, tema que ha sido objeto de debate puesto que en lo que se había aprobado en el Congreso, estaba claro que las decisiones de la jurisdicción especial pasaban a ser cosa juzgada.

La corte constitucional continua con la revisión de la Ley 1820 de 2016 para dar vía libre a la implementación de los Acuerdos para la paz.

CORTE DICTÓ MEDIDA DE ASEGURAMIENTO CONTRA HIJO DE 'LA GATA'

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia dictó medida de aseguramiento en contra del exsenador Héctor Julio Alfonso López en el marco de la investigación que se le adelanta por presuntos nexos con grupos paramilitares. 

Alfonso López, hijo de la condenada empresaria del chance, Enilce López, -más conocida como 'La Gata'- es investigado por presuntamente firmar una alianza política y apoyar el proyecto del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia.

La Corte Suprema de Justicia tomó la decisión tras escucharlo en indagatoria la semana pasada por el delito de concierto para delinquir agravado.

No es la primera vez que el hijo de ‘La Gata’ se ve envuelto en escándalos judiciales, en el 2015 el Consejo de Estado decretó la pérdida de su investidura por suscribir contratos con el Estado siendo senador.

El alto tribunal consideró que López violó el régimen de inhabilidades al aparecer como accionista mayoritario de Aposucre, una de las compañías del chance, que participó en licitaciones con el Estado para operar el juego de apuestas del chance en Sucre. 

Tomada de: RCN

PLINIO OLANO RECIBIÓ MÁS DE UN MILLÓN DE DÓLARES DE ODEBRECHT: CORTE

Con una decisión de 97 páginas, hace una semana, la Corte Suprema de Justicia ordenó enviar a prisión preventiva al exsenador y director de la Federación Nacional de Departamentos, Plinio Olano, implicado en el escándalo de Odebrecht. 

El revelador documento, conocido por muestra que la multinacional no sólo pagó sobornos para quedarse con contratos de las megavías del país, sino que también movió fichas para tratar de asegurar los negocios de obras claves en Bogotá y Antioquia. 

Para la Corte, los testimonios y las pruebas son suficientes para inferir que el exsenador Plinio Olano recibió efectivamente de Odebrecht sobornos por 1.2 millones de dólares. 

Y además, no sólo dice que Olano utilizó parte de esa plata para beneficiar políticamente la campaña a la gobernación de Boyacá del 2011 de Juan Carlos Ganados (hoy contralor de Bogotá), sino que la multinacional pactó con los dos sobornos para que les fueran adjudicados millonarios contratos, varios de los cuales finalmente no terminaron en manos de Odebrecht. 

En su defensa, el exgobernador y ahora contralor Granados ha dicho que no tiene ningún conocimiento de que Olano hubiera gestionado aportes a su campaña del 2011, y que los megacontratos mencionados en el expediente no terminaron en manos de Odebrecht, por lo que no tiene sentido que se hable de sobornos. 

La Corte dice que para finales del 2008, cuando llegó a Colombia, la multinacional replicó su política de pago de sobornos para asegurar megacontratos. Su modus operandi: "la cooptación de servidores públicos que tuvieran la capacidad de influir en las decisiones atinentes a la asignación y desarrollo de los contratos que pudieran surgir ante las necesidades del país, principalmente en materia vial. En contraprestación, los funcionarios que prestaran su concurso recibirían grandes sumas de dinero, para lo cual debían gestionar las actividades necesarias orientadas a darle visos de legalidad a los dineros pagados a título de sobornos o a ocultar su origen y destino". 

Uno de ellos fue Plinio Olano, entonces senador de la Comisión Sexta, quien "decidió participar en esa empresa criminal, en su condición de congresista" aprovechando su posición para debatir los asuntos relacionados con obras públicas y transporte, entre ellas la Ruta del Sol. 

El alto tribunal asegura que se cometieron delitos para lograr los objetivos de Odebrecht entre el 2009 y el 2014, como el contrato 001 del 2010 de la Ruta del Sol II, el proyecto de concesión vial de la ruta Duitama-Charalá-San Gil, la ampliación de la planta de tratamiento de aguas residuales de Salitre, en Bogotá, y el contrato de adición de la Ruta del Sol. 

Incluso, asegura la decisión, congresistas como Olano hicieron gestiones para que Odebrecht pudiera construir la hidroeléctrica Hidroituango, plan que finalmente no prosperó. 

Tomada de: El Tiempo.

DOS SEDES DE LA JEP FUNCIONARÁN EN ANTIOQUIA A PARTIR DE AGOSTO

Desde Medellín, el fiscal de la JEP Giovanni Álvarez Santoyo, anunció que serán diez las sedes y quince subsedes.

La Justicia Especial para la Paz, JEP, empezará a implementarse en Colombia desde este 15 de marzo, toda vez que ya se ha posesionado la mayoría de los magistrados y fiscales que hacen parte del sistema que juzgará a los excombatientes de las Farc. Sin embargo, destacó que este es un proceso largo, que durará todo el año.

Desde Medellín, el fiscal de la JEP Giovanni Álvarez Santoyo, anunció que serán diez las sedes y quince subsedes que tendrá el sistema en el país. En Antioquia funcionarán dos, una de ellas en Medellín y la otra en Apartadó, zonas que históricamente fueron afectadas por el conflicto.

“En agosto de este año estarán funcionando las sedes regionales que están ubicadas en varias partes del país y que cubrirán todo el territorio nacional. Se facilitará la atención a las víctimas en las zonas donde realmente ocurrió el conflicto”.

La JEP podrá conceder indultos por delitos políticos y conexos. En el caso de las Farc se amnistiará o indultará el delito político de rebelión. Otros delitos conexos como el porte ilegal de armas también tendrán ese tratamiento.

No serán objeto de amnistía ni indulto los delitos de lesa humanidad, el genocidio, los graves crímenes de guerra, la toma de rehenes u otra privación grave de la libertad como por ejemplo el secuestro de civiles, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales o la desaparición forzada.

Tomada de: La FM