JUEZA DE EE.UU. DICE QUE ANDRÉS FELIPE ARIAS NO DEBE ESTAR EN LIBERTAD

Tras un recurso de amparo contra la extradición y el pedido de libertad bajo fianza presentados por la defensa del exministro de agricultura, Andrés Felipe Arias, ante las autoridades estadounidenses, la jueza Andrea M. Simonton no recomendó la libertad bajo fianza del exfuncionario al considerar que existe un "serio riesgo de fuga" de Arias. Ante una corte federal de Miami, la jueza escuchó los argumentos del abogado del exfuncionario, en una audiencia que se realizó sin la presencia de Arias, debido a un "error" de planeamiento con los agentes del Servicio de Alguaciles (US Marshals) que debían trasladarle a la corte. 

Simonton señaló que está de acuerdo con el juez estadounidense John O'Sullivan, que el pasado 28 de septiembre avaló la extradición de Arias, condenado por los delitos de peculado a favor de terceros y celebración ilegal de contratos en Colombia. Ahora, la juez Simonton dará su recomendación final al juez James Lawrence King, encargado de resolver el recurso presentado por la defensa de Arias, David Markus, quien aseguró que irá hasta la Corte Suprema de Estados Unidos si es necesario en el caso del exministro.

Arias está detenido desde el 28 de septiembre del año pasado cuando el juez federal estadounidense, John O'Sullivan, avaló la extradición del exministro de Agricultura. Para frenar la extradición, el exministro presentó en octubre pasado un habeas corpus dirigido al fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions; el entonces secretario de Estado, Rex Tillerson, y el jefe del centro de detención de Miami, Robert Wilson. De igual forma ha solicitado su libertad bajo fianza y ha presentado cuanto recurso ha podido para evitar a toda costa su extradición al país.

Uno de los argumentos de la defensa de Arias es que no existe un tratado de extradición vigente entre ambos países, premisa que ha sido rechazada por la Fiscalía, que representa al Gobierno. También ha enfatizado que la embajada estadounidense en Bogotá, a sabiendas del proceso que enfrentaba, lo asistió para llegar a este país y buscar asilo, lo cual efectivamente hizo en junio de 2014, pocos días antes de ser condenado en ausencia en Colombia.

Ese mismo año, el exfuncionario huyó de Colombia y pidió el asilo político en ese país. Mantuvo una vida normal hasta agosto de 2016, cuando fue detenido en la ciudad de Weston, sur de Florida, debido a una solicitud de extradición presentada por Colombia. En noviembre de 2016, Arias logró su libertad bajo fianza, pero volvió a ser detenido cuando aprobaron su extradición.

La Corte Suprema sentenció a Arias a 17 años en prisión por las irregularidades de Agro Ingreso Seguro, un programa para otorgar créditos a pequeños agricultores para instalar sistemas de riego, del que se aprovecharon grandes terratenientes. Por su parte, el exministro ha insistido en su inocencia y ha asegurado que es un perseguido político del gobierno de Juan Manuel Santos, con quien compitió por ser el candidato uribista en las elecciones de 2010.

Tomada de: El Espectador

VARGAS LLERAS DICE QUE NUNCA SE COMPROBÓ SUPUESTO ESPIONAJE EN SU CONTRA

El candidato presidencial Germán Vargas Lleras aseguró que las autoridades nunca pudieron comprobar si realmente fue objeto o no de interceptaciones en la residencia de la Vicepresidencia de la República.

Así respondió el aspirante luego de que el periodista Daniel Coronell revelara un fragmento del nuevo libro de Vicky Dávila, en el que se comentan detalles de este episodio.

“Que quede claro que nunca se comprobó que a mí en mi residencia, o en mi vida privada, hubiera sido infiltrado o hubiera sido espiado o hubieran puesto cámaras y micrófonos; eso nunca se comprobó”, señaló Vargas.

Daniel Coronell cuenta en su columna del fin de semana que fue a través de los servicios de una empresa de seguridad privada cómo descubrieron algunos equipos de grabación de audio y video camuflados en la habitación matrimonial de Vargas Lleras y en la sala de juntas de la sede de la Vicepresidencia.

El propio columnista dice que intentó verificar esa información y que fuentes de inteligencia le afirmaron que también pudo tratarse de alguien que quiso indisponer al vicepresidente.

Cambio Radical también pidió una investigación a fondo sobre estos hechos que pudieron poner en riesgo la vida y la privacidad del entonces vicepresidente Germán Vargas.

Tomada de: RCN

70 AÑOS DE LA MUERTE DE 'EL CAUDILLO DEL PUEBLO'.

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GOBIERNO HARÁ PROCESO DE AUDITORÍA CON RECURSOS DEL POSCONFLICTO

Los dineros del posconflicto están a salvo. Ese fue el mensaje que envió este viernes el Gobierno Nacional, en voz del vicepresidente Óscar Naranjo, luego de que en los últimos días se denunciaron cuestionamientos por la transparencia y la diligencia en la ejecución de los recursos para implementar el acuerdo de paz.

La primera alerta surgió en una carta de los embajadores de Noruega, Suiza y Suecia, países donantes del posconflicto, en la que manifestaron su preocupación por la lentitud y falta de transparencia en la adjudicación de contratos.

Luego fue el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, en una misiva al presidente Juan Manuel Santos denunció la existencia de “beneficios económicos indebidos” en la adjudicación de contratos.

“De acuerdo con las evidencias obtenidas mediante controles técnicos y seguimientos legales se advierte la existencia de una red de intermediarios que estarían interesados en adjudicación de proyectos a determinados empresarios o contratistas, a cambio de beneficios económicos indebidos que se traducen en porcentajes sobre el valor de los mismos”, dice la carta.

Al respecto, Naranjo aseguró que una vez se conozcan los resultados de las investigaciones el Gobierno va a tomar decisiones, con el fin de que se “depuren” responsabilidades.

“Actuaremos sin contemplaciones para que, una vez se depuren responsabilidades, todo el peso de la ley caiga sobre los funcionarios que hayan querido introducir conductas que signifiquen violación de la ley”, anunció el Vicepresidente. 

Una de las peticiones de los embajadores de los países donantes del posconflicto, quienes se reunieron este viernes con Santos, es tener acceso a la información de una manera más abierta. 

Por ello, a partir de ahora será la Vicepresidencia la entidad encargada de servir de punto de contacto con la comunidad internacional. 

Otra de las medidas que tomó el Gobierno es la de hacer un proceso de auditoría de los recursos de la paz. 

“Esta labor deberá realizarse por empresas expertas en el tema. Esperamos hacer una rendición de cuentas de lo que signifique esa auditoría”, dijo Naranjo. 

Más temprano, la canciller María Ángela Holguín había asegurado que “no va a haber corrupción” o “malos manejos en los fondos para la paz”.

Tomada de: El Tiempo

2 MILLONES HABRÍA RECIBIDO FALSO FISCAL QUE LOGRÓ LA FUGA LÍDER CAMIONERO

Tras la captura de José Edilberto Parada Barbosa, el falso fiscal que participó en el proceso de libertad del líder camionero Pedro Aguilar, se conoció que habría recibido dos millones de pesos por esta suplantación de identidad.

Fuentes del caso aseguran que la confesión la entregó ante la defensoría pública, a quien dijo que se encontraba pasando por una complicación económica.

La Fiscalía y la Policía avanzan en las investigaciones para vincular a otras personas que estarían relacionadas con este caso. En las próximas horas se llevará a cabo la audiencia de judicialización de la abogada de Aguilar, Diana Zárate y el falso fiscal.

Tomada de: Caracol

ANULAN SANCIÓN CONTRA EXFUNCIONARIO DE COLPUERTOS

El Consejo de Estado confirmó la nulidad de la sanción fiscal emitida por la Contraloría en contra del ciudadano Pedro Miguel Vicioso Cogollo, quien se desempeñó como director de Relaciones Industriales de la Empresa Puertos de Colombia (Colpuertos) en Santa Marta (Magdalena) en 1992.

Lo hizo al confirmar un fallo del Tribunal Administrativo de Magdalena por medio del cual se dejó sin efectos la determinación, debido a que el órgano de control fiscal adelantó el proceso con base en una norma que había sido derogada.

El fallo de la Sección Quinta, con ponencia de la magistrada Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, señala que el demandante fue víctima de violación a su derecho al debido proceso, pues la Contraloría aplicó para su caso normas que, para entonces, ya habían dejado de surtir efectos legales (Resolución Orgánica 14500 de 1992).

Para el Consejo de Estado, la actuación debió adelantarse siguiendo los parámetros del proceso fiscal contenidos en la Ley 42 de 1993, que ya había empezado a regir para esa época y que, entre otras cosas, señalaba que empezaría a operar desde el mismo momento de su promulgación.

Para la Sala resultó innegable que la Ley 42 de 1993 fijaba mayores garantías para el investigado, como la posibilidad de presentar recurso de reposición ante el auto de apertura de juicio fiscal (artículo 79), lo que constituyó razón suficiente para confirmar la declaratoria de nulidad de los actos de la Contraloría.

La decisión de la Sección Quinta se produjo con fundamento en el Acuerdo No. 357 del 5 de diciembre de 2017, que estableció el plan de apoyo de descongestión de la Sección Primera.

CON NARCOTRÁFICO Y MINERÍA ILEGAL, ELN, AGC Y DISIDENCIAS DE LAS FARC VIOLAN DERECHOS HUMANOS

La Defensoría del Pueblo denunció este viernes que luego de los acuerdos de paz y en época de posconflicto, el Ejército de Liberación Nacional (ELN); las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y las disidencias de las Farc están copando territorios donde violan los derechos fundamentales y cometen infracciones al Derecho Internacional Humanitario, en su interés por controlar el narcotráfico y la minería ilegal.

En un evento realizado en Tumaco (Nariño), el Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret Mosquera, hizo entrega del informe ‘Economías ilegales, actores armados y nuevos escenarios de riesgo en el posacuerdo’, en el que se solicitó al Gobierno nacional y a las autoridades territoriales que adopten medidas para prevenir y proteger a la comunidad ante hechos de violencia y constreñimiento cometidos por grupos ilegales en varios lugares del país.

Algunas regiones afectadas por la presencia de actores armados que ejercen control sobre economías ilegales como el narcotráfico y la minería aurífera, son el corregimiento de Llorente en Tumaco y el casco urbano de ese municipio; Argelia, El Tambo, Suárez, y corregimientos de Caloto y Corinto, en Cauca; Buenaventura, en el Valle del Cauca; el corregimiento La Gabarra, y los municipios de Tibú y El Tarra, en Norte de Santander. Tarazá, Caucasia y El Bagre, en Antioquia.

Estas zonas se han convertido en puntos de acopio y centro de transacciones en torno al narcotráfico, la compra ilegal de oro, negociaciones alrededor de insumos, precursores químicos, clorhidrato de cocaína y tráfico de armamento.

La Defensoría del Pueblo también advierte sobre la necesidad de que se realicen acciones de prevención, protección y disuasión de factores de violencia en relación con comunidades vulnerables que habitan en los sitios donde hay embarque de estupefacientes e importación de armamento, especialmente en áreas portuarias de Tumaco, El Charco, Guapi y Buenaventura, así como en puntos de fronteras terrestres, como Cúcuta, Puerto Santander y aledaños.

En el informe se hace referencia al Bajo Cauca y el Nordeste Antioqueño como zonas estratégicas para los actores armados ilegales, como quiera que sirven de corredor para el narcotráfico, al mismo tiempo que existen explotaciones ilegales de oro. Se indica en un aparte del informe como, “En esta región se registran disputas entre el ELN y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia”.

Por otra parte, se agrega que “en Nariño y Cauca se han configurado disputas entre agrupaciones residuales: norte del Cauca y Tumaco. En este escenario, las disputas entre grupos residuales impactan los derechos humanos de los pobladores”.

Un capítulo especial merece la solicitud de cumplir, a la mayor brevedad, con lo pactado en La Habana para implementar un programa de asentamiento, retorno, devolución y restitución de los territorios en el Consejo Comunitario del Alto Mira y Frontera en Tumaco, como prerrequisito para impulsar la sustitución de cultivos.

En cuanto al narcotráfico, durante la presentación se indicó que en el 2000 había 161.971 hectáreas de cultivos de coca en todo el país y para el 2016 la cifra estaba en 146.140 hectáreas. Es preocupante que solo en Tumaco hay en la actualidad unas 23.000 hectáreas de cultivos de coca, afectando principalmente a la comunidad de Alto Mira y Frontera.