"SI NO SE APRUEBA, EL FISCAL TENDRÁ QUE METER A LA CÁRCEL A 400.000 PERSONAS": SANTOS
El presidente Juan Manuel Santos salió a defender públicamente la implementación de los acuerdos de La Habana, firmados en noviembre pasado. "En menos de un año ya hemos dado los pasos iniciales para construir los cimientos de la catedral para construir la paz".
Santos, de paso, le contestó al fiscal Néstor Humberto Martínez, el principal opositor al proyecto que actualmente cursa en el Congreso, que busca excarcelar a los pequeños cultivadores de coca, y que el jefe del ente investigador catalogó como una iniciativa "arrodillada".
"Este proyecto solo busca que los más pobres de los campesinos puedan acogerse al la sustitución de cultivos sin que los metan a la cárcel", aseguró. Martínez, por su parte, ha dicho que las grandes mafias de la droga podrían colarse en esa ley, si llega a aprobarse, una interpretación que el presidente desestimó. "Si esto no se aprueba, el fiscal tendrá que meter a la cárcel a 400.000 personas (los pequeños cultivadores)", remató Santos sobre el tema.
Para sustentar sus palabras sobre el avance de los acuerdos, el mandatario se concentró en seis puntos en los que, dijo, se ven los progresos mayores. Primero habló de la llegada del Estado a los territorios que estuvieron "agobiados" por el conflicto.
"Estamos trabajando con las comunidades, los empresarios, los gobiernos locales de 170 municipios para priorizar las obras e inversiones que más reclama la población. Se han realizado más de 300 reuniones con ese propósito".
Frente al mayor requerimiento de esas comunidades, es decir, las carreteras, el presidente dijo que está ejecutando un plan para construir 2.550 kilómetros de vías.
Santos también destacó la entrega de tierras a los campesinos. "En dos años, 20.481 baldíos han sido adjudicados a familias campesinas pobres, muchas de ellas víctimas del conflicto armado interno. La meta a 2017 son 32.000, y al 2018 es de 55.200 baldíos adjudicados".
En otra de las claves del acuerdo, la reparación de las víctimas, el presidente destacó que el Gobierno ha reparado a 700.000 personas, un esfuerzo que, dijo, no tiene precedentes en el mundo. Las cifras de restitución de tierras, por otro lado, indican que se han devuelto 219.800 hectáreas a sus legítimos propietarios.
Frente al desminado, Santos reportó que de los 673 municipios con minas sembradas, 175 ya fueron declarados libres de esos artefactos. Y que las tareas avanzan en otras 244 poblaciones. Para el 2021, proyectó, la meta es que el país no tenga minas enterradas en su suelo.
En cuando a la rradicación de cultivos ilícitos, el Gobierno se había trazado en mayo pasado un plan de sustitución. Desde eso, "en tan poco tiempo, tenemos ya acuerdos firmados con más de 35 mil familias y de ellas a casi 20 mil les hemos cumplido con el primer pago para que arranquen las matas de coca. Son más de 12 mil hectáreas que están en proceso de ser sustituidas". Otras 41.000 hectáreas, dijo, ya fueron erradicadas forzadamente.
Finalmente, Santos habló del cuerpo normativo del acuerdo. Son 5 reformas constitucionales, 38 decretos con alcance de ley, 4 leyes en el Congreso y 45 decretos ordinarios los que han salido adelante para darle piso a los acuerdos de La Habana.
El presidente reconoció, frente a la implementación, que "ha habido retrasos, demoras, errores", pero dijo también que "desde el gobierno venimos trabajando con dedicación y empeño, con un plan organizado, para que las oportunidades que trae la paz se hagan realidad".
Santos, de paso, le contestó al fiscal Néstor Humberto Martínez, el principal opositor al proyecto que actualmente cursa en el Congreso, que busca excarcelar a los pequeños cultivadores de coca, y que el jefe del ente investigador catalogó como una iniciativa "arrodillada".
"Este proyecto solo busca que los más pobres de los campesinos puedan acogerse al la sustitución de cultivos sin que los metan a la cárcel", aseguró. Martínez, por su parte, ha dicho que las grandes mafias de la droga podrían colarse en esa ley, si llega a aprobarse, una interpretación que el presidente desestimó. "Si esto no se aprueba, el fiscal tendrá que meter a la cárcel a 400.000 personas (los pequeños cultivadores)", remató Santos sobre el tema.
Para sustentar sus palabras sobre el avance de los acuerdos, el mandatario se concentró en seis puntos en los que, dijo, se ven los progresos mayores. Primero habló de la llegada del Estado a los territorios que estuvieron "agobiados" por el conflicto.
"Estamos trabajando con las comunidades, los empresarios, los gobiernos locales de 170 municipios para priorizar las obras e inversiones que más reclama la población. Se han realizado más de 300 reuniones con ese propósito".
Frente al mayor requerimiento de esas comunidades, es decir, las carreteras, el presidente dijo que está ejecutando un plan para construir 2.550 kilómetros de vías.
Santos también destacó la entrega de tierras a los campesinos. "En dos años, 20.481 baldíos han sido adjudicados a familias campesinas pobres, muchas de ellas víctimas del conflicto armado interno. La meta a 2017 son 32.000, y al 2018 es de 55.200 baldíos adjudicados".
En otra de las claves del acuerdo, la reparación de las víctimas, el presidente destacó que el Gobierno ha reparado a 700.000 personas, un esfuerzo que, dijo, no tiene precedentes en el mundo. Las cifras de restitución de tierras, por otro lado, indican que se han devuelto 219.800 hectáreas a sus legítimos propietarios.
Frente al desminado, Santos reportó que de los 673 municipios con minas sembradas, 175 ya fueron declarados libres de esos artefactos. Y que las tareas avanzan en otras 244 poblaciones. Para el 2021, proyectó, la meta es que el país no tenga minas enterradas en su suelo.
En cuando a la rradicación de cultivos ilícitos, el Gobierno se había trazado en mayo pasado un plan de sustitución. Desde eso, "en tan poco tiempo, tenemos ya acuerdos firmados con más de 35 mil familias y de ellas a casi 20 mil les hemos cumplido con el primer pago para que arranquen las matas de coca. Son más de 12 mil hectáreas que están en proceso de ser sustituidas". Otras 41.000 hectáreas, dijo, ya fueron erradicadas forzadamente.
Finalmente, Santos habló del cuerpo normativo del acuerdo. Son 5 reformas constitucionales, 38 decretos con alcance de ley, 4 leyes en el Congreso y 45 decretos ordinarios los que han salido adelante para darle piso a los acuerdos de La Habana.
El presidente reconoció, frente a la implementación, que "ha habido retrasos, demoras, errores", pero dijo también que "desde el gobierno venimos trabajando con dedicación y empeño, con un plan organizado, para que las oportunidades que trae la paz se hagan realidad".
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