El Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió estudiar la demanda que busca obligar a los servidores de juzgados civiles y de familia volver a sus puestos de trabajo.
El caos que ha generado el cierre de los juzgados civiles y de familia en Bogotá ha provocado un verdadero drama que padecen usuarios, abogados litigantes y la misma rama. La intervención de la Policía, sin lograr normalizar la situación, avivó las convicciones de los huelguistas de la justicia para continuar el cese de actividades.
Una acción de tutela busca poner fin a esa calamidad. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca aceptó estudiar la acción, que busca a obligar a los huelguistas a volver a sus puestos de trabajo, luego de tres semanas.
Como se ha señalado ampliamente en los medios de comunicación, los servidores de los juzgados civiles y de familia de todo el país iniciaron un cese de actividades en protesta por la decisión de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura de modificar el sistema de atención al usuario.
Como los manifestantes no estuvieron de acuerdo con la creación de los centros de servicio en los cuales se concentrarían todas las labores administrativas que antes cumplía individualmente cada juzgado, se resistieron a reanudar la atención hasta que la corporación judicial revocara esta decisión.
Al final, la Sala administrativa accedió a suspender la entrada en funcionamiento del nuevo modelo. Mientras los servidores judiciales y magistrados se reunían para remodelar el plan, los trabajadores debían comprometerse a volver a sus labores.
Pero los integrantes de los juzgados civiles y de familia de Bogotá hicieron caso omiso de ese compromiso. Por eso, desde el lunes de la semana anterior se declararon en asamblea permanente, sin permitir la reanudación de servicios en varios complejos judiciales de la ciudad donde opera esta jurisdicción.
El conflicto laboral se convirtió en batalla campal el lunes de esta semana. Como la Policía intentó reanudar los servicios en los despachos por la fuerza, se produjeron desórdenes y algunos violentos enfrentamientos que dejaron heridos y lesionados.
Por todo eso, pero sobre todo por la afectación del acceso a la administración de justicia, fue radicada una acción de tutela ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Los demandantes aseguran que, por tratarse de un servicio público esencial como este, es evidente la ilegalidad del cese de actividades.
El caso le correspondió, por reparto, al magistrado Fredy Hernando Ibarra. Su despacho ya emitió un auto en el que admite el estudio de la acción de tutela y ofrece tres días de plazo al Consejo Superior de la Judicatura y a la Presidencia de la República para que se pronuncien.
Queda por establecer si la acción de la justicia si es capaz de doblar la persistencia de los trabajadores. Hasta ahora, ni los anuncios de no pago de salarios ni de sanciones disciplinarias han logrado persuadirlos.
