DESARTICULAN BANDA INVOLUCRADA EN ASESINATOS EN LA ZONA DE FRONTERA

En los últimos meses se han registrado siete asesinatos en la zona de frontera, situación que generó la alerta de las autoridades, por la disputa de las bandas criminales y el incremento de los delitos en la línea divisoria.

El coronel Javier Barrera, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta aseguró que "son catorce personas que fueron capturados por extorsiones, homicidios selectivos en la zona de frontera, entre los casos se encuentra el asesinatos de dos ciudadanos venezolanos al interior de una vivienda en el corregimiento de La Parada, tres personas asesinadas sobre el río Táchira que fueron dejados del lado colombiano y otras personas encontradas posteriormente en los pasos irregulares".

"Estos ciudadanos estaban dedicados a los homicidios, extorsiones y algunas desapariciones, los hombres estarían involucrados además en una serie de panfletos, dejados en el corregimiento de La Parada, donde figuraban como miembros del Eln". 

"Se desarticuló esa banda delincuencial y estamos tras la pista de otras personas de las cuales ya tenemos las primeros resultados". Señaló el coronel.

Los capturados son de nacionalidad colombiana y fueron dejados a disposición de las autoridades para la judicialización y posterior traslado al centro carcelario.

A LA CÁRCEL PRESUNTO ASESINO DE UN NIÑO EN BOSA

El hombre señalado como presunto responsable del homicidio del niño de 8 años de edad, Dylan Fabián Moreno, fue identificado como Cristian García Vargas.

El caso ocurrió el pasado 25 de octubre en la localidad de Bosa, en el sur de Bogotá, cuando el menor se encontraba con su padre y a quién estaba dirigido el atentado, todo quedó registrado en un vídeo de seguridad de la zona.

La Fiscalía le imputólos delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego, cargos que el presunto asesino no aceptó, pero que fueron suficientes para que al juez de control de garantías lo enviara a la cárcel.

García Vargas fue capturado mientras, según la Sijín de la Policía, se escondía en una vivienda de la localidad de Usme y cuando lo notificaron de la orden de detención no opuso resistencia. En su contra corren antecedentes por delitos como porte ilegal de armas y deserción.

FISCALÍA IMPUTÓ CARGOS A COORDINADORA DEL PAE RIOHACHA POR IRREGULARIDADES EN CONTRATACIÓN

El juez aplazó la decisión de medida de aseguramiento para la próxima semana. Por estos hechos ya fueron capturados y enviados a la cárcel el alcalde y la secretaria de Educación.

En Riohacha (La Guajira) se adelantaron las audiencias preliminares contra Islaida Cecilia Mindiola Arenas, quien es investigada por presuntas irregularidades en el Plan de Alimentación Escolar (PAE) en Riohacha. A la coordinadora, quien también tenía funciones de supervisión del contrato, le fueron imputados los delitos de peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público.

La Fiscalía General de la Nación solicitó medida de aseguramiento en centro carcelario, pero el juez primero de Riohacha suspendió la diligencia para tomar una decisión al respecto. La diligencia quedó programada para el próximo 12 de diciembre.

El ente acusador investiga presuntas irregularidades en el convenio No. 02 del 23 de febrero de 2016, firmado entre el alcalde de Riohacha, Fabio David Velásquez Rivadeneira, y el representante legal de la Asociación Social del Caribe (Asocar), que tenía como objetivo beneficiar a una población de 16.630 estudiantes, entre niñas, niños y adolescentes matriculados en el Sistema de Matrículas Estudiantil (SIMAT) vigencia 2016, jornadas única y establecimientos focalizados en la zona rural e indígena del distrito de Riohacha.

Para el convenio se designó como supervisora a la señora Isladia Cecilia Mindiola Arenas, quien, según la investigación, habría adjudicado el contrato a Asocar, pese a que la propuesta fue presentada de manera extemporánea.

De esta forma, se habrían vulnerado los principios de transparencia y selección objetiva.

El Estado destinó cinco mil setecientos trece millones cuatrocientos setenta y dos mil seiscientos ochenta y siete pesos ($5.713.472.687) para la ejecución del convenio, de los cuales se habrían apropiado de forma irregular de mil ciento setenta y seis millones de pesos ($1.176.000.000).

La Fiscalía evidenció que el contrato no cumplió con la totalidad de lo pactado ni en las fechas acordadas. Además, encontró que en muchos casos no se entregaron alimentos, hubo duplicidad de nóminas y sobrecostos en el transporte.

Por estos hechos ya habían sido capturados el alcalde de Riohacha, Fabio David Velásquez Rivadeneira, y su secretaria de Educación, Dilvey Yensith Acosta Novely, a quienes les imputaron los delitos de peculado por apropiación, contratos sin el cumplimiento de requisitos legales y falsedad en documento público.

“Los alimentos no son aptos para el consumo humano, de mala calidad o porciones insuficientes”, fueron las anomalías reveladas durante la audiencia contra los dos funcionarios, quienes fueron enviados a la cárcel en febrero del presente año.