ESTE ES EL LOGO QUE LA CAMPAÑA DE PETRO PIDIÓ TENER EN EL TARJETÓN

Este jueves la 'W Radio' reveló que la Registraduría Nacional no alcanzó a realizar un cambio de logo en la cuadrícula del candidato presidencial Gustavo Petro que estará en el tarjetón de las elecciones del próximo 27 de mayo, como lo había solicitado la campaña y había sido aprobado por el Consejo Nacional Electoral.

Según trascendió en las últimas horas, el pasado 3 de abril la campaña del aspirante presidencial de Colombia Humana solicitó ante las autoridades electorales cambiar el logo que le habían puesto en la tarjeta electoral.

La campaña explicó que "la solicitud además de cambiar el color de uno de sus símbolos estaba dirigida para hacer visible el logo de la Colombia Humana, símbolo y eje central de toda la campaña, ya que en el actual tarjetón es realmente
diminuto y no es visible para el elector".

La petición fue avalada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la resolución en la que quedó aprobado el cambio en la imagen de Colombia Humana llegó a la Registraduría el pasado 17 de abril. El documento, sin embargo, parece haberse extraviado en la oficina de una funcionaria de la Registraduría, la cual, según la misma entidad electoral, “no dio a conocer la información y tampoco le dio trámite”.

Este hecho, según la Registraduría, fue considerado por el registrador Nacional, Juan Carlos Galindo, “como una falta grave toda vez que atenta contra la transparencia del proceso electoral”. Ante estos hechos, Galindo le solicitó a la Fiscalía abrir una investigación “para determinar si la omisión de la funcionaria puede llegar a constituirse en un delito que atente contra el proceso electoral”.

La campaña, de otro lado, indicó que no se "puede considerar serio el argumento de la Registraduría y exigimos a todos los órganos de control y electoral, establecer unas
garantías claras para estas elecciones presidenciales tan importante para el
país".

La Registraduría informó que “el cambio en el logo de la campaña en la tarjeta electoral no podrá ser incluido pues ya se encuentra en impresión”.

Tomada de: El Tiempo

PROFESORES MARCHAN EN BOGOTÁ PROTESTANDO POR PROMESAS INCUMPLIDAS

Avanza la marcha de miles de docentes en Bogotá en contra del Gobierno Nacional. Los integrantes del magisterio protestan en contra de las políticas educativas y problemas que según ellos persisten en el sistema de salud.

El punto de encuentro fue el Parque Nacional en la Calle 34 con Carrera Séptima, en el centro de la ciudad, a donde llegaron maestros para apoyar la manifestación maestros provenientes de Tolima, Huila, Cundinamarca, Meta y Boyacá.

La marcha tiene como destino el Ministerio de Educación, en el occidente de la capital.

Una de las profesoras que participa de la manifestación indicó que el Gobierno incumplió las promesas a las que se habían llegado en el pasado paro de docentes.

“Debemos decir que para nada el sistema de salud se ha mejorado es algo que es muy importante para nosotros y el servicio se deterioró”, dijo.

Entretanto, un docente señaló que se necesita un diálogo con las autoridades para que se llegue a un acuerdo a través de una mesa de concertación.

“Pedimos que de manera urgente se instale una mesa de diálogo con el Gobierno Nacional para que se llegue a una solución de fondo ante las peticiones que tenemos, especialmente en el sector salud”, precisó.

-Maestros debe reponer horas: MinEducación-
Por su parte, la ministra de Educación, Yaneth Giha, advirtió a las maestros que deben reponer las horas de clases que se vean interrumpidas en el marco de la jornada de protesta, con el fin de no afectar el derecho público esencial de la educación.

La ministra Giha precisó que el paro es injustificado, tras asegurar que se ha venido dialogando de manera permanente con los docentes del país para escuchar sus propuestas, peticiones e inquietudes.

“Las puertas del diálogo siguen abiertas. Hemos hecho un sinnúmero de reuniones a las que he acudido en su mayoría. Es la comisión de seguimiento que tenemos pactada desde el año pasado y ahí se miran diferencias y disputas”, dijo la Ministra.

Finalmente, la ministra de Educación recordó que se han cumpliendo nueve de los 24 que se pactaron el año pasado.

Tomada de: RCN

CON EL APOYO DE MINJUSTICIA, SE LANZÓ PRIMER LABORATORIO DE ESCUCHA Y CONVIVENCIA DE BOGOTÁ

Este jueves, en las instalaciones del Ministerio del Interior, se realizó el acto de lanzamiento del primer Laboratorio de Escucha y Convivencia de Bogotá, una iniciativa de trabajo colaborativo que cuenta con el apoyo del Ministerio de Justicia y del Derecho y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

Esta es una estrategia que genera espacios relacionales en los que se establecen servicios y acciones de acogida, escucha activa, acompañamiento, atención, asistencia, terapia, formación y capacitación, y que están dirigidos a los miembros de una comunidad con el propósito de reducir la exclusión social, mejorar la calidad sus vidas y prevenir situaciones de vulnerabilidad.

El propósito de la puesta en marcha de estos Laboratorios, en el marco de la estrategia ‘Seguridad Red’ del Ministerio del Interior, es transformar de manera propositiva, creativa y participativa las dinámicas generadoras de violencia e inseguridad en comunidades locales, tales como el consumo de drogas y sus problemas asociados.

Los Laboratorios de Escucha y Convivencia hacen énfasis en las organizaciones de base comunitaria, trabajan de forma conjunta con poblaciones indígenas, afro, víctimas del conflicto armado y con la comunidad en general, quienes participan en la construcción de conocimiento colectivo para la resolución de sus problemas y de políticas locales que permitan mejorar la calidad de vida de las personas y las comunidades.

El evento estuvo presidido por el Viceministro del Interior, Héctor Olimpo Cárdenas, y al mismo asistieron jóvenes del Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud de Bogotá (IDIPRON), la Fundación Fundaser y el colegio Galán de Popayán. La participación del Ministerio de Justicia y del Derecho corrió por cuenta de tres delegados de la Dirección de Política de Drogas y Actividades Relacionadas.

Camila Patiño, funcionaria de dicha dependencia, aseguró en representación de su director Renzo Rodríguez Padilla, que para la cartera de Justicia sigue siendo prioridad generar alternativas que permitan disminuir las condiciones de vulnerabilidad de las poblaciones más afectadas tanto por el consumo de sustancias psicoactivas como por las situaciones que afectan la seguridad y la convivencia.

Además, señaló que “contribuir a transformar las condiciones de vulnerabilidad, apoyando el diseño de implementación de alternativas innovadoras, permite establecer opciones de menor riesgo para la subsistencia, empoderar a los sujetos, movilizar la participación social y el actuar colectivo y a transformar los imaginarios que generan estigma y discriminación”.

CONSEJO DE ESTADO CONDENA A LA NACIÓN POR SECUESTRO EXTORSIVO DE LAS FARC A NIÑA DE 12 AÑOS Y SU FAMILIA 

Este jueves en horas de la mañana, el Presidente del Consejo de Estado en rueda de prensa amplio la información sobre un fallo de gran trascendencia: 

La Nación – Ministerio de Defensa – Ejército y Policía Nacional deberán pagar más de 500 millones de pesos a una familia víctima de secuestro extorsivo, toma de rehenes y violación de los derechos de los niños atribuido a las FARC, luego de que el Consejo de Estado se pronunciara por primera vez sobre un caso de esta magnitud y ordenara reparar económica e integralmente a este grupo de personas.

Los hechos que motivaron esta decisión judicial se produjeron el 28 de noviembre de 2001, cuando el padre, la madre y la hija integrantes de una misma familia de Calarcá (Quindío) y su empleada doméstica fueron secuestrados por presuntos integrantes de las FARC. Aun cuando las dos ciudadanas fueron liberadas al día siguiente, el padre y su pequeña de 12 años se mantuvieron cautivos durante siete meses. Según testimonios de familiares y allegados, fueron dejados en libertad a cambio de pagar un alta suma de dinero. El Estado no atendió las obligaciones de garantía, prevención y protección de los civiles, pese a tener conocimiento de la grave situación de riesgo de la familia.

La alta corte pidió al Gobierno y al Congreso, en respeto a los derechos de las víctimas y como parte de la lucha contra la impunidad, atender la obligación de establecer mecanismos jurídicos a través de los cuales la exguerrilla, cumpla los compromisos de verdad, justicia y reparación de las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos y de infracciones al Derecho Internacional Humanitario, como lo fue este caso, dado que a la fecha no existen herramientas legales, administrativas y judiciales, que garanticen el cumplimiento de esas obligaciones.

El Consejo de Estado llegó a esa conclusión luego de advertir que en el Acuerdo Final las partes reconocieron su plena responsabilidad frente a las víctimas del conflicto, lo que se ajusta a los estándares convencionales relativos a los derechos de las víctimas, y de tomar en cuenta que las violaciones perpetradas por las FARC obedecieron a planes fijados por los mandos medios y altos para el logro de cometidos comunes por la vía del alzamiento en armas; “resulta poco menos que desafortunado considerar que la justiciabilidad de los derechos de las víctimas del conflicto armado se extingan con la muerte de quienes se dicen son los presuntos responsables de tales violaciones (…) esa situación no impide que se imparta justicia a la organización dentro de la cual se consintió, planeó y ejecutó el acto violatorio”, sostuvo la Corporación. 

OTRAS DECISIONES DEL FALLO

Ante la necesidad de esclarecer la probable responsabilidad penal de las personas involucradas en el secuestro, la Fiscalía y la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz recibirán copia de esta decisión. 

Con el fin de conocer el resultado de estas investigaciones, el Consejo de Estado exhortó a la Defensoría del Pueblo a que en un plazo máximo de un mes haga público un informe sobre el estado de las investigaciones en curso por estos hechos.

Además del deber de difusión de la sentencia durante un año que recae sobre el Ministerio de Defensa, la Policía y el Ejército Nacional, quienes encabezan esas instituciones deberán organizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad y petición de disculpas a las víctimas.

Frente a esta decisión de la Sección Tercera los magistrados Jaime Enrique Rodríguez Navas y Guillermo Sánchez Luque aclararon el voto.

CORTE SUPREMA NO HA INTERVENIDO EN LA ELECCIÓN DE LAS NUEVAS SALAS

La Corte Suprema de Justicia informó que se sigue adelantando el proceso de depuración de quienes se postularon para conformar las nuevas salas del alto tribunal: la sala de instrucción y de juzgamiento que corresponden a la primera instancia para los aforados.

Indican los magistrados, que el Consejo de Estado ya tiene 194 candidatos preseleccionados y se seguirá revisando la idoneidad hasta tener las 9 listas que se les trasladarán para que ellos tomen la última palabra. Señalan, que en consecuencia por ahora no han intervenido, y que no existen irregularidades en el proceso, ante versiones que señalan lo contrario.

“No es verdad, que la Sala de Casación Penal se haya dividido para acordar, subrepticia y amañadamente, repartir la nominación de las nueve plazas entre algunos abogados y magistrados auxiliares inscritos”, informaron en un comunicado.

Y agregaron, “Los magistrados no han considerado o estudiado nombres particulares de aspirantes. El acuerdo y la determinación es, cuando llegue el momento, postular ante la Sala Plena a los más capaces e idóneos para garantizar, tanto al país como a los aforados constitucionales, magistrados imparciales, justos, conocedores de la constitución y la ley, autónomos, neutrales, confiables e independientes”.

Tomada de: Caracol