viernes, 23 de febrero de 2018

MESA DE DIÁLOGOS CON EL ELN SE QUEDA SIN OXÍGENO


Faltando tres meses para la primera vuelta de las elecciones presidenciales, el proceso de conversaciones entre el gobierno nacional y el Eln parece haber entrado en un callejón sin salida. Mientras la delegación estatal permanece en Colombia a la espera de instrucciones, la de la guerrilla hace lo propio en Ecuador, separándose solamente para elevar consultas al Comando Central (Coce), cuyos miembros al parecer permanecen en Venezuela.

Desde el pasado 29 de enero, cuando el presidente Juan Manuel Santos ordenó la suspensión de la mesa por cuenta del atentado que ejecutó el Eln contra una estación de policía en Barranquilla, que dejó siete uniformados muertos, las conversaciones están paralizadas.

Esta vez ni siquiera las gestiones del congresista Iván Cepeda y del exministro Álvaro Leyva, claves para destrabar otras etapas, han servido para encontrar soluciones reales a la crisis, que se venía gestando desde la vigencia del cese al fuego bilateral, temporal y nacional, que rigió entre el 1 de octubre de 2017 y el 9 de enero de 2018, tal como habían pactado las partes.

A estas alturas, es poco lo que se puede hacer para salvar el proceso, por lo que las organizaciones sociales y plataformas de paz que respaldan la negociación hacen máximos esfuerzos para distensionar el ambiente entre las partes: el gobierno nacional, de un lado, demandando gestos humanitarios del Eln; y la guerrilla, de otro, insistiendo en que un nuevo cese bilateral debe pactarse en el transcurso del quinto ciclo, tal como estaba acordado. La tarea de mediación no es fácil, no sólo por las posiciones inamovibles de lado y lado, sino por los pocos avances que han hecho las delegaciones.

Tomada de:Semana
FISCAL PROPONE CREAR UN NUEVO PESO


Al final del Congreso de sostenibilidad organizado por Asobancaria, el fiscal general Néstor Humberto Martínez lanzó una propuesta para dejar sin valor económico a las caletas y fortunas ocultas de organizaciones ilegales.

Martínez propuso crear un nuevo peso, que circularía en Colombia y cuyo cambio en billetes y monedas no sumaría más de 800.000 millones de pesos. Para el Fiscal este sería uno de los caminos para que las organizaciones criminales no puedan echarle mano a los dineros que tienen encaletados. 

La propuesta que fue acogida por el presidente de Asobancaria, Santiago Castro, será socializada con las autoridades monetarias del país.

Tomada de:El Tiempo
JUECES DEBEN APLICAR PERSPECTIVA DE GÉNERO EN CASOS DE VIOLENCIA ENTRE PAREJAS: CORTE SUPREMA


Al destacar la necesidad de aplicar justicia no con rostro de mujer ni con rostro de hombre, sino con rostro humano, la Corte Suprema de Justicia hizo un llamado a los funcionarios judiciales del país para que juzguen con perspectiva de género en los casos de violencia intrafamiliar y agresiones entre parejas.

“Juzgar con ‘perspectiva de género’ es recibir la causa y analizar si en ella se vislumbran situaciones de discriminación entre los sujetos del proceso o asimetrías que obliguen a dilucidar la prueba y valorarla de forma diferente a efectos de romper esa desigualdad, aprendiendo a manejar las categorías sospechosas al momento de repartir el concepto de carga probatoria, como sería cuando se está frente a mujeres, ancianos, niño, grupos LGBTI, grupos étnicos, afrocolombianos, discapacitados, inmigrantes, o cualquier otro”, sentenció la Sala de Casación Civil.

Juzgar con perspectiva de género es, a juicio del máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria, tener consciencia de que ante situación diferencial por la especial posición de debilidad manifiesta, el estándar probatorio no debe ser igual, como ocurre con la situación de la mujer en los eventos de violencia entre parejas de casados o compañeros permanentes.

El funcionario judicial, entonces, tiene el deber de aplicar el derecho a la igualdad en sus decisiones e introducir ese enfoque diferencial para disminuir la violencia frente a grupos desprotegidos y débiles, lo cual implica romper los patrones socioculturales de carácter machista en el ejercicio de los roles hombre–mujer que, en principio, son roles de desigualdad.

Para la Sala, es claro que es muy común encontrar problemas de asimetría y de desigualdad de género en las sentencias judiciales. Por ello, sostiene que no se puede olvidar que una sociedad democrática exige impartidores de justicia comprometidos con el derecho a la igualdad y, por tanto, demanda investigaciones, acusaciones, defensas y sentencias apegadas no solo a la Constitución sino también a los tratados internaciones de derechos humanos suscritos por Colombia.
HASTA ESMERALDEROS ENREDADOS EN EL NARCOJET


Ya son seis las personas detenidas por conformar una organización dedicada al tráfico internacional de droga y en aviones de lujo, ayer se legalizaron las captura de tres, pero faltan dos que están prófugos. 

La Policía y la Fiscalía debieron anticipar el operativo de captura ante la evidencia de fuga de los responsables que ya estaban plenamente identificados y que al parecer se enteraron del procedimiento que los investigadores antinarcóticos preparan en su contra. 

La urgencia del operativo permitió que dos sigan prófugos, entre ellos el falso policía que apareció en un hangar de El Dorado con una mascota disfrazada de perro antinarcóticos. El otro por capturar fue identificado con el alias de Caliche y según los investigadores fue quien financió la logística de dos envíos de droga. 

Se trata de Carlos Arturo Muñoz Garavito, una persona con una reciente aparición, de acuerdo con la Fiscalía, en el tráfico de drogas y promotor del envío estrato 10 de estupefacientes a Europa. 

Se pudo establecer que Muñoz Garavito o alias Caliche es un conocido comerciante de Sanandresito de la 38 en Bogotá y que sus negocios se extienden al mundo de las esmeraldas. 

Fueron precisamente los seguimientos de los investigadores a través de Gps en los vehículos lo que permitió conocer la ruta de los traficantes que incluyó Sanandresito, el norte de Bogotá y su centro de operaciones, un apartamento en Fontibón.

Tomada de: Caracol
CASO ODEBRECHT: DICTAN MEDIDA DE ASEGURAMIENTO CONTRA PLINIO OLANO


La Corte Suprema de Justicia dictó este viernes medida de aseguramiento contra el exsenador Plinio Olano por el escándalo de Odebrecht. La decisión la tomó la Sala de Instrucción que lidera la magistrada Patricia Salazar, al definir su situación jurídica, una semana después de recibirlo en indagatoria en la que le imputó los delitos de cohecho, concierto para delinquir, tráfico de influencias, y lavado de activos, el funcionario se declaró inocente de esos cargos. Por ahora el exparlamentario continuará en la cárcel La Picota de Bogotá. 

Según la Fiscalía, Olano hacía parte de un grupo que los brasileños denominaron los buldócer, la mayoría de ellos senadores o excongresistas, que habrían presionado y recibido sobornos para que Odebrecht se quedara con el contrato de la adición del tramo Ocaña-Gamarra a la Ruta del Sol 2. El propio fiscal general, Néstor Humberto Martínez, ha manifestado que la captura de Olano significa que la Corte Suprema está de acuerdo con su entidad en que los buldócer sí existieron.

Los testimonios

El ente investigador ha recibido varias declaraciones en contra de Olano, quien ha insistido en que nada tiene que ver con este escándalo y se declaró inocente de los cargos. Uno de ellos es el hoy detenido exsenador Otto Bula. Según su versión, por medio de Federico Gaviria -quien ya aceptó cargos- se enteró de que Olano hacía parte de los congresistas que estaban tratando de beneficiar a Odebrecht desde el Congreso de la República. Otro de los personajes claves de este caso que ha declarado contra Olano es el exviceministro Gabriel García Morales.

De acuerdo con las declaraciones del exfuncionario del gobierno, Luiz Bueno, expresidente de Odebrecht en Colombia, le confirmó que Olano también estaba involucrado en su esquema de sobornos. Además de este caso, la Fiscalía le entregó el año pasado a la Corte Suprema pruebas de presuntas gestiones que habría adelantado Olano ante la firma brasileña a favor del exgobernador de Boyacá y actual contralor de Bogotá, Juan Carlos Granados Becerra.

“Se dice que existió una reciprocidad que cumplir con Plinio Olano por parte de Odebretch y que se habría acordado a través de la incorporación de un sobreprecio por valor de $500 millones en un contrato de obra.Parte de este pago habría sido hecho a través de la inclusión de una empresa de confianza del entonces senador en el grupo constructor que desarrollaría tal obra”, explicó la Fiscalía en noviembre del año pasado cuando le pidió a la Corte que investigara a Olano y a otros seis senadores y excongresistas más.

El grupo los buldócér con el que se vincula a Olano, harían también parte los senadores Musa Besaile Fayad, Bernardo Miguel ‘El Ñoño’ Elías Vidal, Antonio Guerra de la Espriella, Álvaro Ashton, entre otros.

Tomada de: El espectador 
GUSTAVO MALO: EL IMPLICADO EN EL CARTEL DE LA TOGA QUE NI VIENE NI SE VA DE LA CORTE


Sin contar prestaciones sociales, la EPS Colsanitas le cubrió al magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia incapacidades médicas que suman cerca de 60 millones de pesos. El pasado jueves, Gustavo Malo, el jurista activo más cuestionado del momento, se alistaba para definir su situación laboral. Después de tres incapacidades, le pidió a sus excolegas que le dieran el día libre (este viernes) para ir otra vez al médico. Es casi un hecho que a Malo le darán una nueva incapacidad con lo que completaría, por cuenta de los médicos, 80 días remunerados por fuera del cargo.

Se conoció que dos han sido los dictámenes bajo los cuales se han expedido estas incapacidades en ocasiones anteriores. El primero está relacionado con un cuadro de estrés. El escándalo tiene respondiendo al magistrado en una investigación ante la Comisión de Acusaciones por los graves hechos de corrupción que sacudieron a la cúpula de la justicia. El segundo diagnóstico tiene que ver con una cirugía que se practicó en diciembre por una hernia abdominal. 

Una vez se le vino a Malo el escándalo encima, el 1 de octubre de 2017 la Corte Suprema de Justicia le concedió una licencia no remunerada de dos meses. En ese tiempo, el alto tribunal aprovechó para aprobar un articulito en su reglamento, que les permite con el aval de las dos terceras partes de la Sala Plena apartar de sus funciones a un magistrado que esté siendo investigado por graves hechos.

A pesar de que esta cláusula prácticamente lleva el nombre de su protagonista, Gustavo Malo, no ha podido ser aplicada ya que a su regreso el 30 de noviembre, el magistrado pidió su primera incapacidad médica de 20 días, que le fue concedida por un médico cirujano, que trabaja para la clínica Medihelp Services de Colombia. 

De allí, los magistrados de la corte entraron en vacancia judicial y cuando llegaron el 11 de enero se volvieron a quedar con los crespos hechos; el sábado 13, una médica psiquiatra, que trabaja en un centro médico de Bocagrande adscrito a Colsanitas, emitió una nueva incapacidad por otros 20 días. 

Esta misma médica fue la que el 2 de febrero de 2018 ordenó que a Malo se le concedieran otros 20 de días de incapacidad, que le cubren hasta este jueves 22. Pidió permiso para este viernes, pero el gran interrogante es ¿qué pasará ahora con el magistrado, señalado como uno de los jefes del cartel de la toga?

Algunos de sus colegas albergan la esperanza de que la Comisión de Acusaciones acelere los trámites para definir pronto la situación jurídica del magistrado. Esto, porque su reintegro al alto tribunal resultaría no solo incómodo sin problemático. En su despacho tiene investigaciones delicadas que involucran a varios congresistas salpicados como los beneficiarios de este cartel de corrupción: Argenis Velásquez, Nilton Manyoma, Julio Gallardo Archbold. En el listado de 50 aforados que estaban bajo su cargo también aparece Bernardo Miguel Elías y el expresidente Álvaro Uribe. 

Este fin de semana, precisamente, el presidente de la corte, Jose Luis Barceló, pidió hacer una inspección al proceso contra el exmandantario, que llegó desde el mes de diciembre de 2014, sin que hasta la fecha se hayan tomado decisiones en algún sentido ni se conozca impulso procesal alguno.

El caso está relacionado con la denuncia presentada por el asesinado defensor de Derechos Humanos Jesús María Valle Jaramillo por las presuntas omisiones de la Gobernación de Antioquia en la masacre del corregimiento de la Granja en junio 1996. A esta voz se le sumó la de Iván Cepeda, que aportó las entrevistas de Pablo Hernán Sierra y Juan Guillermo Monsalve. En el marco de estas investigaciones -dice el tribunal supremo- se realizó una inspección al expediente que cursaba en la Comisión de Acusaciones por la supuesta participación de Álvaro Uribe en la creación de las Convivir.

El caso fue archivado en el año 2000 y reabierto en 2013 en la Fiscalía 6a. Delegada ante la corte. El ente investigador entregó el 25 de noviembre del 2014 las diligencias a la Corte dada la calidad de aforado que adquirió el hoy senador Uribe. 

El abogado Álvaro Pérez, que defiende los intereses de Malo, aseguró que estarían presentando la cuarta incapacidad al pleno de la Corte en los próximos días. Ante la incertidumbre de lo que ocurrirá a futuro, el abogado aseguró que están estudiando la posibilidad de que se pida una nueva licencia no remunerada de tres meses, a la cual los magistrados tienen derecho una vez al año. Sin embargo, no es claro que esta vez reciba la bendición de sus excolegas.

Malo se defiende desde Cartagena. Desde allá está al pendiente de lo que ocurra en su caso y en el de su hija Yara Malo, a quien la Fiscalía llevará a juicio por extorsión. Y en medio del huracán que provocaron sus actuaciones volvería a mandar, por cuarta vez consecutiva, un dictamen que dejaría a la deriva su situación en este alto tribunal. 

Tomada de: Semana
URIBE RADICA EN LA CORTE SUPREMA ESCRITO DE REPOSICIÓN EN CASO DE MANIPULACIÓN DE TESTIGOS


Con el escrito de reposición, el expresidente Álvaro Uribe pretende que el alto tribunal revoque la decisión que pide investigarlo por supuesta manipulación de testigos.

En la misma decisión la corte archivó un proceso contra Iván Cepeda.

Tras conocer la decisión, Uribe respondió en un video publicado en redes sociales en el que señala que: “(…) a pesar de las pruebas, la corte decide inhibirse bajo el peregrino argumento que las actuaciones del senador Iván Cepeda se enmarcan dentro de las funciones de una comisión de derechos humanos de la Cámara y ordena investigarme porque supuestamente yo habría manipulado a los declarantes”.

El proceso inició por una denuncia contra el senador Iván Cepeda por supuesta manipulación de testigos.

El caso se reactivó el 11 de abril de 2011 cuando Iván Cepeda envío a la Fiscalía documentos de transcripciones de declaraciones de varios presos que indicaron que Uribe Vélez estuvo, al parecer, detrás de la confirmación del Bloque Metro de las Autodefensas.

A la Corte Suprema de Justicia llegó el caso el 25 de noviembre de 2014 y solo en 2016 se decretaron las primeras pruebas en la indagación.

Tomada de: RCN
LAS VERDADES EN EL PROCESO DE ALIAS 'GERALD' O 'PABLO ESCOBAR ECUATORIANO’


Según la defensa del ciudadano ecuatoriano Edison Washington Prado Álava el gobierno colombiano está dilatando la repatriación o extradición a la República de Ecuador, muestra de ello es el documento remitido por el Ministerio de Justicia de Colombia a la defensa el pasado 21 de febrero en el cual comunica que el proceso se encuentra detenido ya que es necesario el perfeccionamiento del expediente por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El noticiero Ecovisa de la República de Ecuador el pasado jueves 22 de febrero reconfirmo la dilatación del proceso.

Dicha información y el vídeo fue otorgado por parte de la defensa de alias ‘Gerald’.