jueves, 12 de octubre de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA NEGÓ LA EXTRADICIÓN A ALIAS NÁDER


La Corte Suprema de Justicia negó la extradición del exguerrillero, Julio Enrique Lemos Moreno, conocido como 'Náder', porque decidió acogerse al acuerdo de paz. 

El miembro de las Farc era pedido en extradición por Estados Unidos dado a que secuestró a un ciudadano americano. Y ese país ya había criticado la libertad que le otorgó la Corte después de que lo capturaran cuando lo encontraron fuera de una zona veredal porque iba a una clínica. 

El acuerdo firmado con las Farc prohíbe que quienes se acojan a este sean extraditados.
MINJUSTICIA, PRESENTE EN CALI EN ENCUENTRO QUE GIRA EN TORNO A LA CAMPAÑA ‘MÉTELE MENTE Y DECIDE’


Con el fin de impulsar el fortalecimiento Institucional, y en cumplimiento del artículo 16, numeral 7 de la Ley 1622 de 2013 -que expresa que se debe “promover la capacitación, entrenamiento, formación y actualización de los funcionarios para que puedan dar cumplimiento a la protección de los derechos de las y los jóvenes…”-, se realiza a partir de este miércoles en Cali el XIII Encuentro Nacional de Coordinadores y Responsables de Juventud, el cual gira en torno a la ‘Campaña Nacional de Prevención del Consumo de Sustancias Psicoactivas: Las drogas pueden cambiar tus planes, métele mente y decide’. 

En este encuentro que se extenderá hasta el próximo viernes, el Ministerio de Justicia y del Derecho, con su Dirección de Política de Drogas y Actividades Relacionadas, interactuará con jóvenes pertenecientes al Sistema Nacional de Coordinación Juvenil, líderes locales del Valle del Cauca y funcionarios de la Gobernación del Valle y la Alcaldía de Cali.

El sentido de la reunión es el de ofrecer asistencia técnica para el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Juventud y conversar sobre la apropiación de los mensajes de la campaña por parte de los jóvenes en el país y sobre los procesos de socialización de la misma en algunos territorios específicos.

En cuanto a la campaña en sí, lo que esta pretende es promover la capacidad de reflexión y decisión frente al consumo de drogas, pues reconoce a los jóvenes como personas capaces de tomar decisiones en beneficio de ellos mismos y de su comunidad. ‘Métele mente y decide’ es un juego de palabras: antes de ‘meter’, los jóvenes pueden y deben reflexionar sobre las posibles consecuencias que esto acarrea y tomar una decisión informada.

Además de lo racional, se tocan elementos afectivos relacionados con la interrupción o cancelación de los planes o proyectos de vida que puede ocasionar el consumo de drogas en áreas como la familiar, educativa o de amistades.

El encuentro, dirigido a 125 funcionarios públicos de todo el país que trabajan en gobernaciones y alcaldías el tema de juventud, y en el que se intercambiarán experiencias y aprendizajes, comprende tres actividades centrales. La primera de ellas contempla el aspecto académico y se cumplirá entre miércoles y jueves en el auditorio del Museo de la Salsa, donde se dictarán conferencias magistrales y talleres.

La segunda será una Feria de Servicios que tendrá lugar este jueves en la Plazoleta Jairo Varela con la participación de 20 entidades del orden nacional, departamental y local: y la tercera, una Visita de Experiencias Significativas, programada para el viernes y que permitirá conocer de cerca experiencias exitosas de trabajo sectorial con jóvenes de la capital vallecaucana.
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA AUMENTÓ LA PENA DE LOS PRIMOS NULE POR EL CARRUSEL DE CONTRATOS


Este viernes se hará la audiencia en la que la sala penal del Alto Tribunal notificará a los excontratistas.

La sala penal de la Corte Suprema de Justicia calificó como un delito de alta gravedad la apropiación que hicieron los primos Miguel, Manuel y Guido Nule de 8.000 millones de pesos mediante los anticipos de los contratos para la tercera fase de Transmilenio y para la reparación de la malla vial de Bogotá.

En consecuencia, decidió aumentar la pena de los excontratistas, quienes también tienen condena por delitos de falsedad en documento privado, fraude procesal, concierto para delinquir y cohecho.

Este viernes, sobre las 11 de la mañana, se hará la lectura de sentencia y allí se conocerá el aumento de la pena, que pasaría de 14 años a cerca de 20 años.
CONFIRMAN FALLO FISCAL CONTRA 9 EXDIRECTIVOS DE LA UAESP POR ESCÁNDALO DE CONTRATOS


El contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón, confirmó el fallo de responsabilidad fiscal, por $47.425 millones en contra de cuatro concesionarios del servicio público de aseo en el Distrito Capital, así como contra 9 ex funcionarios directivos de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos de Bogotá (UAESP), por contratos celebrados entre los años 2008 y 2011.

Según el organismo de control, “estos contratos se financiaron de manera irregular con recursos provenientes de las tarifas de aseo cobradas a los usuarios de Bogotá”.

Los consorcios vinculados al caso son, Consorcio Aseo Capital S.A., Aseo Técnico de la Sabana Atesa, S.A. ESP, Ciudad Limpia, Bogotá S.A. ESP y Limpieza Metropolitana S.A. ESP, junto con la Fiduciaria Bancolombia S.A., el cual se denominó “Bolsa General del Esquema de Aseo”.

Este fallo de la Contraloría declaró responsables fiscales a estas empresas, “por su contribución a la gestión fiscal irregular de las tarifas de aseo por parte de los funcionarios de la UAESP implicados en el proceso”.

Responsables
Así mismo, se declararon responsables fiscales a Fabiola Ramos, Miriam Margoth Martínez, Victoria Eugenia Virviestas, Juan Carlos Junca Salas, Gerardo Cuenca, Rigoberto Morales, Bertha Cruz Forero, Julia Esther Prieto y Catalina Franco Gómez.

Maya Villazón confirmó que la celebración de contratos para financiar actividades propias de las funciones de la UAESP y de actividades que ya se encontraban concesionadas constituía una irregularidad.

Esto porque las tarifas de aseo sólo pueden destinarse a financiar las actividades propias de la prestación directa del servicio público de aseo y, por lo tanto, no pueden duplicarse los gastos y costos asociados a la estructura tarifaria.

De acuerdo con la investigación adelantada por la Contraloría General de la República, se evidenció que las tarifas de aseo que pagaron los usuarios del servicio de aseo de Bogotá se desviaron en el pago de más de 300 contratistas vinculados a la UAESP durante la Alcaldía de Samuel Moreno, por un valor total indexado de $47.425 millones de pesos.

Contratos irregulares
El informe señala que los contratos irregulares tuvieron como propósito realizar actividades como cerramiento y compra de predios, que eran gastos propios que debía asumir el operador del relleno Doña Juana.

Otros contratos financiaron gastos de cafetería, equipos de computación, transporte y arriendo de oficinas para los contratistas de la UAESP, lo cual claramente no guarda ninguna relación con la prestación directa del servicio de aseo que pagan los usuarios de Bogotá con las tarifas.

Los recursos menoscabados deberán reintegrarse mediante consignación en cuenta a nombre de la UAESP, con la advertencia de que dichos recursos no pueden ser incorporados al presupuesto de esta entidad distrital.
TUMBAN FALLO QUE ORDENABA INDEMNIZAR A MAGISTRADA STELLA CONTO POR VIOLENCIA INTRAFAMILIAR


La sala de casación laboral de la Corte Suprema de Justicia tumbó un fallo de otra sala de la corporación que ordenó reparar a la magistrada del Consejo de Estado por violencia intrafamiliar.

La sala decidió sobre una impugnación al fallo por parte del exesposo de la magistrada, Virgilio Albán, y determinó que ella tenía otros mecanismos para exigir la reparación.

“Cuenta con las herramientas del derecho interno, como puede ser a través de un proceso de responsabilidad extracontractual, para hacer valer sus peticiones”, señala la sala.
El caso inició cuando Conto interpuso una acción de tutela en medio del divorcio, en la que solicitaba ser reparada, la protección de sus derechos a vivir libre sin violencia, a la no discriminación y la no violencia intrafamiliar.

En un primer fallo, el Juzgado 11 de familia de Bogotá ya le había negado a Coto la reparación, debido a que “no demostró la necesidad que requiere para hacerse acreedora de una obligación alimentaria”, a pesar de que se demostró con pruebas “la «violencia psicológica» sufrida”.
ACADÉMICOS SUGIEREN ALGUNOS DE LOS LIBROS QUE DEBE LEER LA GENERACIÓN X


En vista de que cinco rectores ya le recomendaron algunos libros a los millennials, LR hizo un nuevo sondeo en el que los ejecutivos de la generación X son los protagonistas. Estos son los textos que no se deben perder, de acuerdo con los académicos.

La generación X abarca a las personas que nacieron entre 1960 y el decenio de 1980 y para ellos, el rector del Colegio de Estudios Superiores de Administración (Cesa), Henry Bradford, recomendó la lectura de “Capitalismo Consciente”, de John Mackey y Raj Sisodia. El texto “muestra una visión novedosa sobre el capitalismo y la forma como se deben construir y gestionar las organizaciones, pensando en la sostenibilidad a largo plazo”, indicó.

Por su parte, Alberto Prada Sanmiguel, rector de la Universidad de la Salle, indicó que estas personas deben aproximarse al texto “Responsabilidad y juicio” de Hannah Arendt, porque ahonda en los procesos de “resolución de conflictos y en especial las negociaciones en donde se hacen indultos”. El académico indicó que esta es una de sus recomendaciones para la generación X porque la sociedad colombiana del posconflicto “exige un empresariado serio y moderno que esté a la altura del momento histórico que tiene al frente”.

De otro lado, Fernando Dávila, rector del Politécnico Grancolombiano, le indicó a esta generación que lea “Keynes Vs. Hayek. El Choque que definió la economía moderna” de Nicholas Wapshott. Este texto representa el choque de las dos ideas “más importantes de la economía”, indica el rector quien agrega que en su lectura “vemos lo tradicional contra lo revolucionario”.

Asimismo, proporciona un análisis de la funcionalidad del dinero al adentrarse en la libertad y la normatividad de su uso. Dávila también mencionó otro título, “Organizaciones Exponenciales”, escrito por Salim Ismail. La lectura de este texto “da una clara visión del futuro de las empresas llevando al lector a una entretenida muestra de cómo se puede orientar a una compañía o multinacional al éxito exponencial”.

Por su parte, Luis Felipe Gómez, rector de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, recomienda “Empresas que perdura”, un libro escrito por James Collins y Jerry Porras, que brinda “criterios fundamentales para animar y dirigir empresas que se mantengan en el tiempo” y cómo hacer para que estas se destaquen.

Finalmente, el rector de la Universidad del Rosario, José Manuel Restrepo, recomienda leer “Sapiens: de animales a dioses”, escrito por Yuval Harari.
JUEZ DECLARÓ CULPABLES DE HOMICIDIO CULPOSO A DIRECTIVOS DE CDO E INGENIERO DEL SPACE


El juzgado primero penal del circuito de Medellín declaró culpables de homicidio culposo a Pablo Villegas, directivo de CDO; María Cecilia posada, jefe de obra, y el ingeniero calculista Jorge Aristizábal por la muerte del estudiante universitario Juan Esteban Cantor tras el colapso del edificio Space.

Vale la pena recordar que este proceso judicial es únicamente por la muerte de Cantor, pues la constructora CDO llegó a un acuerdo económico con las otras 11 víctimas fatales del desplome de la torre 6.

Fue luego de 3 años de juicio que la juez determinó la culpabilidad de los responsables, apoyada en las pruebas de la Fiscalía, institución que aseguró que se presentaron 6.000 fallas en la construcción del edifico, incluso desde la etapa de diseños. Además, señaló la juez, el edificio fue diseñado para soportar mucho menos peso del que debía sostener la edificación.
ABOGADO DE CONTADORA DE EFECTY PEDIRÁ SU LIBERTAD EN PROCESO POR PAPELES DE PANAMÁ


El abogado Luis Eduardo Leyva, representante judicial de la contadora de Circulante y Efecty, Martha Inés Moreno, anunció que solicitará a la juez 24 de garantías, la libertad de su defendida, en razón a la libertad de Ever Jaime Torres, concedida por un juez de Bogotá, y quien como directivo de Efecty, también es investigado en el mismo proceso.

Según explicó el jurista, “la juez que tuvo conocimiento del caso del gerente de Efecty, una vez fue a legalizar la captura decretó la libertad de Ever Jaime Torres al considerar que no se cumplían los requisitos para dictar una detención, razón por la cual pensamos que existe un cuestionamiento de la captura contra todos los que están investigados por cuenta de éste juzgado en el que nos encontramos ahora”.

“Porque bajo el principio de la igualdad parecería que acá con Luz Mary Guerrero, y las otras personas se les estaría violando el principio de igualdad” indicó Leyva.

En relación con el caso de Ever Jaime Torres, el abogado afirmó que “se podría llegar a pensar en el derecho a la igualdad para los demás investigados, por que a lo largo de estos siete días de audiencias, se ha podido inferir que no habría un sustento jurídico para que estos ciudadanos continúen privados de su libertad” explicó.

La audiencia de solicitud de medida de aseguramiento con contra de Luz Mary Guerrero, gerente de las empresas Servientrega y Efecty; Jorge Sánchez Amado (revisor fiscal de Efecty), Sara Guavita (representante legal suplente de Servientrega), Juan Esteban Arellano representante legal de la firma Mossack Fonseca & Co. y la contadora Martha Inés Moreno, por estos hechos. Continuará éste 12 de octubre sobre las 8 de la mañana, y la Fiscalía explicará las razones por la cuales los cinco investigados deben ir a la cárcel.
FISCAL Y FARC LLEGARON A ACUERDOS SOBRE ARTÍCULOS DE LA LEY DE LA JEP


Tras una reunión que duró más de siete horas en la Vicepresidencia, la Fiscalía y las Farc llegaron a puntos en común en diferentes artículos de la ley de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, aseguró que las Farc aceptaron que tienen que romper cualquier vínculo con el narcotráfico para poder acceder a la JEP, así como sus relaciones con testaferros.

“Que en caso de los disidentes y los desertores no haya beneficios se ha entendido cabalmente, que si no se presentan los testaferros y activos de las organizaciones es un incumplimiento grave también se ha aceptado”, explicó el Fiscal.

Por su parte, el Ministro del Interior, Guillermo Rivera, aseguró que para la ponencia de la ley de la JEP que se presentará en las plenarias se van a hacer precisiones en la redacción para que no haya dudas en la aplicación de este modelo de Justicia.

“Creo que estábamos de acuerdo en lo sustancial, en el sentido de que estuviese claro cuáles serían las competencias de la justicia ordinaria y de la Justicia Especial para la Paz y nos pareció que había que hacer precisiones en la redacción y en eso avanzamos sustancialmente”, sostuvo Rivera.

El ponente de la ley de la JEP, el representante a la Cámara Hernán Penagos, dijo que el martes se estaría presentando en el Congreso el texto definitivo con las precisiones y las proposiciones que hizo el fiscal Néstor Humberto Martínez.

“Se van a recoger esas observaciones, aclarar un poco algunos artículos donde la interpretación era diferente pero el espíritu era el mismo y levar esa ponencia al Senado y a la Cámara”, dijo Penagos.

El Presidente Juan Manuel Santos llegó al final de esta reunión para agradecerles al Fiscal y a las Farc que hayan logrado un acuerdo, ya que según el mandatario el objetivo era poder tener un “texto en común”.
CORTE CONSTITUCIONAL DEJA FIRME EL PISO JURÍDICO DE LA PAZ


En la misma semana en que la Unidad Nacional sufrió una riesgosa pérdida para sus mayorías en el Congreso con la retirada de Cambio Radical, la Corte Constitucional acaba de darle el espaldarazo más importante a los acuerdos de paz. 

Por unanimidad el alto tribunal tomó la decisión de declarar la exequibilidad pura y simple del Acto Legislativo 02 de 2017, que creó un blindaje para que lo acordado no pudiera ser echado para atrás por los tres gobiernos entrantes. 

La corte aclara en su decisión que no significa que todo lo acordado entra automáticamente a la Constitución. Lo que establece esta norma es que al bloque de constitucionalidad solo deben entrar los temas que están relacionados directamente con el Derecho Internacional Humanitario. 

De esta manera, quedan debajo de una sombrilla constitucional los pilares del acuerdo de paz: puntos como la justicia, la participación en política y la reincorporación a la vida civil de los guerrilleros se considera que corresponden al Derecho Internacional Humanitario o a los derechos fundamentales definidos en la Constitución. 

El texto del Acto Legislativo también especificó que los próximos tres gobiernos quedan obligados a respetar el acuerdo con las Farc y por ende las instituciones y autoridades del Estado tienen también que cumplir de buena fe con lo establecido con el texto final. 

En el trámite de esta decisión fueron recusados los magistrados Cristina Pardo y Antonio José Lizarazo, quienes finalmente no se apartaron de la discusión y aportaron su voto para que la decisión quedara 9-0. 

Esta es una de las discusiones más álgidas que se libraron alrededor de los acuerdos de paz con las Farc. La fómula inicial planteada proponía que la totalidad de los acuerdos entraran al bloque de constitucionalidad previa refrendación del pueblo. Sin embargo, ello no ocurrió y esto obligó a recalcular las variables.

Producto de estas discusiones, salió un acto legislativo de dos artículos sobre el cual la corte se pronuncia y hace algunas precisiones. 

Frente al carácter obligatorio que adquieren los acuerdos como parámetro de interpretación constitucional, el alto tribunal asegura que debe entenderse por obligación el desplegar los mejores esfuerzos para cumplir con lo establecido en el acuerdo final, entendiendo esto como una política de Estado, cuyo cumplimiento se rige por la condicionalidad y la integralidad de los compromisos pactados. 

Frente a la coherencia que se les exige a los desarrollos normativos que pasarán por el Congreso y a las entidades del Estado a cargo de cumplir con lo acordado, la corte subraya que gozan de un margen de apreciación para elegir las medidas más apropiadas para ello, en el marco de lo convenido, dentro del principio de la progresividad. En plata blanca, las medidas de política pública de construcción de paz no tendrían que ser implementadas de manera inmediata sino que podrán darse en el marco posibilidades de disponiblidad fiscal o las competencias de las autoridades.

"La corte señala la diferencia, el acuerdo tiene dos componentes: la terminación del conflicto y construcción de paz. En lo relacionado con la terminación del conflicto tiene un grado de terminación alto, que se ha trasladado a las normas de implementación y debe mantenerse. Por el contrario, el elemento de construcción de paz, está previsto de manera bastante amplia y se señala que deben respetarse los márgenes de apreciación de las autoridades en distintos niveles", explicó el presidente de la corte, Luis Guillermo Guerrero. 

En la medida en que lo acordado no entra al bloque de constitucionalidad de manera íntegra sino que busca garantizar condiciones de estabilidad jurídica, la corte descartó que existiera sustitución de la Constitución y dio su luz verde a este blindaje.