FISCALÍA PIDE AUDIENCIA DE PRECLUSIÓN EN FAVOR DEL ESCOLTA MARIO MUÑOZ

La investigación por la muerte de un ladrón en medio de un atraco en el norte de Bogotá el pasado 30 de enero, será archivada en las próximos días. Después de adelantar las indagaciones del caso, la Fiscalía pidió audiencia de preclusión en favor de Mario Muñoz Uribe, el escolta que disparó en contra del atracador para defender a una mujer que estaba siendo agredida. 

Aunque ya el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, había enviado un parte de tranquilidad frente a la posibilidad de que el escolta, adscrito a la Unidad Nacional de Protección, pudiera enfrentar cargos por homicidio, este es un paso necesario para que el ente investigador resuelva defintivamente el tema. “El colombiano debe tener la certeza de que la legítima defensa es derecho ciudadano", indicó a los medios de comunicación Martínez.

La diligencia en la que el ente investigador presentará los argumentos bajo los cuales pedirá definitivamente el cese de cualquier acción investigativa se llevará a cabo ante el juzgado 38 Penal del Circuito en los próximos días.

El caso de Muñoz causó revuelo en las redes sociales, cuando se conformó un grupo ciudadano que recogió más de 15.000 firmas en favor del escolta. Durante las últimas semanas, ha tenido que cumplir varias diligencias y ratificar las circunstancias en que se dieron los hechos.

El caso ocurrió cuando Muñoz transitaba por la Autopista Norte, en Bogotá, quedó atrapado en un trancón. El escolta, que hace parte del esquema de seguridad de la candidata al Senado Gloria Flórez, se percató de un asalto que ocurría a unos metros de distancia. En ese momento, dos personas rodeaban un carro conducido por una mujer. Le habían quebrado un vidrio y uno de ellos estaba forcejeando para robarle sus pertenencias. 

Entonces Muñoz se bajó de la camioneta y al darse cuenta de que uno de los sospechosos llevaba un arma de fuego, decidió intervenir. El hombre disparó contra los delincuentes y mató a uno de ellos. Así frustró el asalto. Cuando las autoridades llegaron al lugar, el escolta se puso a su disposición.

Tomada de: Semana

EL JUICIO CONTRA EL EXMAGISTRADO FRANCISCO RICAURTE SE ADELANTARÁ EN UN JUZGADO PENAL

 

La Corte Suprema de Justicia le acaba de cerrar las puertas a quien hace solamente tres años era un magistrado más en este alto tribunal. Se trata del polémico exmagistrado Francisco Ricaurte, quien en septiembre del año pasado fue capturado por, supuestamente, ser uno de los cerebros del sonado caso del cartel de la toga. 

La Sala Penal de la Corte resolvió un conflicto de competencia que presentó la defensa del exmagistrado para que fuera la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes la instancia en la que se desarrollara el juicio contra Ricaurte, y no un juzgado penal del circuito. El alto tribunal negó la petición del extogado y dijo que es, efectivamente, el juzgado 10 penal del circuito de Bogotá en donde se debe desarrollar el resto de su proceso judicial.

Los abogados de Ricaurte presentaron la solicitud pues, a su juicio, el escrito de acusación que presentó la Fiscalía habla de que los delitos que supuestamente cometió el exmagistrado se registraron en 2013, año para el cual su defendido todavía estaba en la Corte y en consecuencia, su juez natural debía ser la Comisión. "No es competente que el juzgado 10 penal del circuito o ningún juzgado penal del circuito para conocer de esta investigación y mucho menos avanzar en ese juicio", explicaron los abogados.

El argumento fue rechazado por la Fiscalía. “No hay nada indicativo para sustentar que los presuntos hechos de corrupción tuvieron relación con su cargo de magistrado”, sostuvo el fiscal del caso. En medio de posiciones encontradas, la juez 10 penal del circuito ordenó el traslado del conflicto de competencias al Tribunal Superior de Bogotá, para que se pronunciara ante este conflicto de competencia.

El caso llegó al Tribunal pero el 13 de febrero pasado, le pidió a la Corte Suprema de Justicia que definiera la situación. Así las cosas, se espera que en los próximos días se conozca la fecha para que el juicio contra el exmagistrado comience. Ricaurte deberá responder por los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho propio, tráfico de influencias de particular y utilización indebida de información privilegiada.

Según la investigación de la Fiscalía, Ricaurte era uno de los jefes del cartel de la toga, un entramado de corrupción que llegó hasta la Corte Suprema de Justicia en la que, supuestamente, magistrados proyectaban decisiones, detenían órdenes de captura y archivaban procesos a cambio de dinero. Junto a Ricaurte, la investigación ha señalado que también estaba el exmagistrado José Leonidas Bustos, el magistrado Gustavo Malo, el exfiscal Luis Gustavo Moreno y el abogado Leonardo Pinilla. 

Tomada de: El Espectador

ABREN INDAGACIÓN PRELIMINAR CONTRA EL ALCALDE DE BUCARAMANGA

El Procurador General de la Nación, Fernando Carillo, anunció que se abrió un proceso disciplinario contra el alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, por presunta participación en política.

“Se le abierto una indagación al alcalde de Bucaramanga por haber solicitado en un audio que es público que se abstuviera de votar en alguien por las elecciones. Independientemente de lo que piensen cada uno de los alcaldes sobre los candidatos, que sean buenos o malos, un funcionario público no tiene por qué invitar a votar o a no votar por una determinada persona”, informó.

El alcalde invitó a los ciudadanos de Bucaramanga a que no votaran por el “Clan Aguilar”, pues considera que es el momento para que se dé un voto de opinión.

Tomada de: Caracol

LAS PRUEBAS DE LA FISCALÍA EN EL CASO DE LOS SUPUESTOS SUPERMERCADOS DE LAS FARC

Un informe del liquidado Departamento Administrativo de Seguridad DAS, fue el primero en alertar hace una década que el emporio de supermercados que manejaban los hermanos Mora Urrea eran posiblemente un lavadero de plata. Desde el 17 de marzo de 2007, las autoridades colombianas los ficharon como posibles testaferros del frente 53 de las Farc, grupo guerrillero que dejó las armas en el marco de la negociación de paz. 

Sin embargo, las investigaciones de la Fiscalía continuaron y culminaron este lunes con la captura de los hermanos Norberto, Yaneth y Uriel Mora Urrea.

Los disturbios causados en Melgar y en varios municipios de Cundinamarca producto de la información presentada en los últimos días resonaron en la audiencia. El informe del ente investigador explica cómo supuestamente la organización de los hermanos financiaba a la guerrilla y manejaba dineros provenientes de secuestros y extorsiones, así como otros delitos.

Según la Fiscalía, el millonario negocio estaba bajo la supervisión de alias Romaña y aseguran que él era el encargado de hacerles llegar los dineros ilícitos para la creación de supermercados, locales y demás actividades económicas. Aunque Supercundi siempre fue la joya de la corona.

La investigación realizada por la Unidad de Extinción de Dominio de la Fiscalía se soporta en tres testimonios de desmovilizados de los frentes 51, 52 y 53 de las FARC. Las declaraciones de -Luis Alberto Grajales, Tifer Quiroga y Wilson Rivas- revelarían la supuesta relación entre Norberto Mora Urrea y alias Romaña, así como con el Zarco Aldinever.

En ellas se reconstruye cómo en la zona de distención se reunieron los mandos del frente 53 con el Mono Jojoy para discutir las finanzas de la guerrilla, reunión en la cual se menciona al señor Norberto Mora como una persona de confianza para Romaña. Allí se cuenta cómo el comandante de las Farc ya le tenía "unas finquitas" al comerciante.

En las narraciones presentadas por los desmovilizados se ponen de presente los bienes que estaban relacionados con la guerrilla, entre ellos estaba: Supermercados Cundinamarca, Supermercados Merca Centro, Mercacundi, garajes, almacenes y carros. También se mencionan numerosas fincas de propiedad de la familia Mora. 

Aparte de manejo de los bienes, se mencionan otras supuestas actividades ilícitas como la entrega de armamento a la guerrilla, así como información sobre personas para secuestrar y el envío de camiones cargados de papa a La Uribe, Meta. La Fiscalía también puso de presente los anormales incrementos patrimoniales presentados por la familia Mora Urrea en sus declaraciones de impuestos y en su actividad patrimonial. 

Las declaraciones de renta, registros de instrumentos púbicos y registros mercantiles dieron muchos resultados problemáticos. Entre los años de 1997 y 2016 se encontraron incrementos patrimoniales no justificados en cabeza de Norberto Mora, en los años 2001 y 2016. Se llegó a un total de 20.332 millones de pesos en incrementos sin justificación. 

Las cifras fueron tan extraordinarias que si se compara el crecimiento de los demás miembros de sector, con el presentado por Mora Urrea, se observa que en 1997 el crecimiento fue de 2 por ciento para las empresas del sector, en comparación, el crecimiento bruto operacional de Mora Urrea fue de 3.400 por ciento; las disparidades continúan a lo largo de todos los años hasta el final de estudio en el 2016. 

Para Uriel y Yaneth Mora Urrea se observaron las mismas anomalías. En particular hubo cambios de propiedad entre los miembros de la familia.

En el caso de Uriel, también hay incrementos inusuales de patrimonio que no tienen relación con el mercado. Entre los años 2002 y 2003, el sector creció un 5 por ciento, mientras que el aumento del patrimonio de Uriel Mora fue del 570 por ciento. En cuanto a Yaneth la Fiscalía puso de presente pagos que recibió de 151 millones de pesos entre 2010 y 2015 por concepto de arrendamientos, lo anterior, aunque ella nunca estuvo relacionada con la actividad inmobiliaria, además, se observa la venta de sus acciones de Supermercados Cundinamarca S.A por 13 millones de pesos a sus hermanos en el 2004. 

Ante un juez de Paloquemao, los implicados negaron los cargos de la Fiscalía y quedaron detenidos mientras definen la medida de aseguramiento. El ente investigador les imputó enriqucimiento ilícito y lavado de activos.

En entrevista con La W, Henry Castellanos, alias Romaña, negó ser el dueño de los supermercados y dijo no conocer a los hermanos Mora Urrea, quienes serían sus testaferros según la Fiscalía. También aseguró que no tiene ninguna relación con los desmovilizados que aparecen como testigos claves de esta investigación. "Ahora resulta que aparece un supuesto conductor mío cuando en el monte no hay carreteras. Que la Fiscalía diga más bien a quién le pagó", señaló el ex jefe guerrillero. 

Romaña lamentó que esta investigación se dé en época electoral y aseguró que "mientras la Fiscalía quiere mostrar a los miembros de las Farc como empresarios ricos, en realidad somos campesinos".

Tomada de: Semana

URIBE DICE QUE "SIGUE EL ÁNIMO PERSECUTORIO EN LA CORTE SUPREMA" EN SU CONTRA

Uribe afirmó que ve "ánimo persecutorio" en la Corte Suprema de Justicia luego de que esta pidiera investigarle por una posible participación en la manipulación de testigos en un caso contra el senador Iván Cepeda.

"Escribo esta nota con indignación y con dolor: la Corte Suprema de Justicia, en su sala penal, ha dictado un auto inhibitorio en favor del senador Iván Cepeda a quien denuncié por manipular testigos en contra de miembros de mi familia y de mi persona", dijo el senador Álvaro Uribe Vélez en un vídeo publicado en su cuenta de Twitter.

El caso se remonta a 2012, cuando Uribe denunció a Cepeda por el presunto uso de falsos testigos contra el expresidente, quien acusó al senador de buscar a exparamilitares en las cárceles y convencerlos de que declaran en su contra, según detalló el despacho del parlamentario izquierdista.

Con esos testimonios, Cepeda vinculaba a Uribe con grupos paramilitares en su natal departamento de Antioquia, si bien ahora la decisión del Supremo, facilitada por el senador a los medios, determina absolver a Cepeda por la acusación de falsos testigos.

Sin embargo, la decisión judicial también menciona que gracias a varias llamadas interceptadas quedó "al descubierto que Juan Guillermo Villegas Uribe", hombre cercano al expresidente y otras personas, "han intervenido testigos para involucrar al doctor Iván Cepeda en la conformación de un supuesto cartel de falsos testigos, cuando lo que parece ocurrir es lo contrario".

Por ello, la decisión del alto tribunal es cerrar el caso contra Cepeda e investigar al expresidente Uribe.

En opinión del exmandatario, es un "peregrino argumento" considerar que las visitas de Cepeda a exparamilitares para recabar sus testimonios "se enmarcan dentro de las funciones de una comisión de Derechos Humanos de la Cámara", tal y como decidió la Corte Suprema.

También recuerda que su "denuncia probó que una ONG, cercana al senador Cepeda, hizo pagos a familiares de testigos".

Añade a que en 2014, un abogado a quien no conocía le visitó y le dijo "que personas que estaban en la cárcel expresaban" que Cepeda "les hacía ofrecimientos a cambio de dar testimonios en contra" de él y de su hermanos.

También pide a la Corte que publique las llamadas que le interceptó con el abogado para que la ciudadanía examine si cometió delito alguno.

Ante esa situación, reitera que "lo que sí es manipulación de testigos es aprovecharse de pertenecer a una Comisión de Derechos Humanos para visitar cárceles, docenas de veces, como no han podido negarlo, para ofrecer beneficios" a quienes lo acusen a él mismo o a su hermano, tal y como rezaba su denuncia original contra Cepeda.

"Por lo que veo en mi caso no hay justicia sino ánimo persecutorio (...) Cuando se trata de infamias contra mi persona nada procede, ni siquiera investigan, pero este caso también lo enfrentaremos con determinación", concluye antes de relacionar de nuevo la decisión con el hecho de que Colombia se encuentra cerca de unas elecciones. 

Tomada de: RCN

"SESIONES DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA EN COLOMBIA SON UNA OPORTUNIDAD ÚNICA PARA TODOS LOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS": PAULO ABRĀO

El ministro de Justicia y del Derecho, Enrique Gil Botero; el secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Paulo Abrāo; el comisionado Luis Ernesto Vargas y el embajador Álvaro Sandoval Bernal, Director de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Relaciones Exteriores, ofrecieron el pasado martes 20 de febrero una rueda de prensa previa a la inauguración del 167° periodo de Sesiones Extraordinarias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que se realizará en Bogotá a partir del jueves 22 de febrero. 

"Este año se conmemoran los 70 años de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la cual fue aprobada en la Novena Conferencia Internacional Americana, realizada en Bogotá en 1948. Deseamos fructíferas sesiones, que deben ser aprovechadas por toda la comunidad jurídica", aseguró Gil Botero. 

A su turno, el Secretario Ejecutivo de la CIDH anunció que habrá un encuentro entre comisionados y autoridades de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), y se refirió a algunos de los asuntos protagónicos para este período extraordinario. 

"Nos concentraremos en temas como los 25 años de la Comisión de la Verdad en El Salvador, las medidas de cumplimiento de recomendaciones por parte de República Dominicana, el comercio y control de armas en Estados Unidos, la grave crisis en Venezuela y el desplazamiento interno en las Américas, entre otros temas", puntualizó Abrāo al resaltar que las "Sesiones de la Comisión Interamericana en Colombia son una oportunidad única para todos los defensores de Derechos Humanos". 

Finalmente, el Comisionado Luis Ernesto Vargas recordó que en el marco del 167° periodo de sesiones habrá reuniones, eventos académicos y 30 audiencias públicas programadas. De tal manera, que la invitación está abierta a todo el público. 

"Muchas gracias al gobierno de Colombia y bienvenido sea el período extraordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos", apuntó Vargas. 

Cabe recordar que la celebración de sesiones fuera de la sede de la CIDH permite acercar los mecanismos de defensa, protección y promoción de los Derechos Humanos a las personas y los pueblos bajo su competencia.