LA LIGA DE LA JUSTICIA TRANSICIONAL

Tribunal de Paz

Estos son los dueños de la llave. Los llamados a componer el órgano de cierre de la Jurisdicción Especial para la Paz, que estará compuesto por cinco secciones y tendrá como funciones principales juzgar e imponer sanciones a los responsables de las graves violaciones a los derechos humanos y las graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario.

Salas de la JEP

La recepción, análisis e investigación corren por cuenta de los juristas que estructuran las cuatro salas que cimientan la Jurisdicción Especial de Paz: la Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas que será el punto de partida; la Sala de Amnistía e Indulto; Sala de Definición de Situaciones Jurídicas; Unidad de Investigación y Acusación y el Tribunal para la Paz. A la primera caerán los miles de informes presentados por la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría, la justicia penal militar, la Comisión de Acusación y las organizaciones de víctimas.

SIGUE LA POLÉMICA POR LA CONFORMACIÓN DEL NUEVO CONSEJO DE DISCIPLINA JUDICIAL

Aunque desde julio pasado el Consejo de Estado dio vía libre para que el Congreso de la República elija a los magistrados del nuevo Consejo de Disciplina Judicial, sin explicación, no se ha convocado Congreso pleno para tal fin.

Debido a esta situación, los magistrados de la actual Sala Disciplinaria del Consejo de la Judicatura, se mantienen en sus cargos más de un año adicional tras haber concluido sus períodos, es decir, serían los únicos magistrados en la historia del país como más de 8 años en labores.

Pero ha generado sospecha una serie de nombramientos de políticos, lo que reafirma la teoría de una especie de intercambio de favores para que estos magistrados se atornillen en sus cargos, mientras que el presidente del Congreso Efraín Cepeda, le da largas a la elección de los nuevos dignatarios.

A continuación la relación de los nombramientos que generan suspicacias en el marco de una justicia golpeada por el más profundo escándalo de corrupción de su historia.

Carlos Anibal Lozano Lozano, quien fue candidato al senado por Cambio Radical y se “quemó´” fue nombrado magistrado auxiliar en el despacho de Ovidio Claros, actualmente éste se encuentra como candidato al Congreso. Lozano Lozano aún se mantiene en la Judicatura.

Manuel María Murillo Urrutia, también nombrado como magistrado auxiliar en el despacho del ex magistrado Ovidio Claros, es hermano del actual Ministro de Ambiento Luis Gilberto Murillo.

Otro caso curioso es el de José Francisco Castillo Tuiran, quien fue abogado de Enilce López alias la Gata y de Giorgo Sale, fue nombrado en la seccional de Bolívar y también fue involucrado en el carrusel de la educación, pero nunca pasó nada con esta investigación. Se presume de una cercanía con el senador Roberto Gerlein.

Otro ex candidato al Congreso es Alejandro Meza Cardales y quien hoy ocupa el cargo de magistrado en la seccional de la Judicatura en el departamento del César.

Alvaro Acevedo Lequizamón, fue aspirante al Concejo de Bogotá en 2015, por supuesto también quemado y hoy magistrado en la seccional en el Valle del Cauca.

Edgar Higinio Villabona, tiene una larga carrera política en Santander y ahora es magistrado auxiliar de la togada María Lourdes.

Paola Andrea Meléndez, esposa del diputado de Santander por Cambio Radical Edgar Suárez, también magistrada auxiliar durante la presidencia de Ovidio Claros.

Mientras tanto el presidente del Congreso Efraín Cepeda sigue sin convocar para elegir a los nuevos magistrados, mientras que los actuales de la Sala de Disciplina de la Judicatura se mantienen en sus cargos y nombrando a varios políticos.

LA JEP NECESITARÁ DE OTRO PROYECTO DE LEY PARA EMPEZAR A FUNCIONAR

Además de la ley estatutaria que está en trámite y que contempla el tema de penas, funcionamiento de las salas y los criterios para impartir las penas, es necesario que los magistrados que acaban de ser nombrados elaboren un proyecto de ley.

“Hay una tarea urgente para los nuevos magistrados y es la elaboración de un proyecto de ley de procedimiento, el acto legislativo que crea al JEP señala que esa ley debe ser elaborada por ellos para que el gobierno lo presente al congreso… Así que esperamos que se dediquen a eso y se pueda tramitar lo más rápido posible por fast track. Cuando ese proyecto esté aprobado podrá empezar a funcionar plenamente esa jurisdicción”, explicó el ministro del interior Guillermo Rivera.

Para el gobierno es claro que los tiempos están apretados y que será necesario trabajar a toda máquina para sacar adelante la ley estatutaria y la ley de procedimiento de la JEP antes de que termine la vigencia del fast track el próximo 30 de noviembre.

FISCALÍA ACUSÓ AL GOBERNADOR DEL TOLIMA Y UN EXGOBERNADOR POR CORRUPCIÓN EN CONTRATOS

La Fiscalía General acusó ante la Corte Suprema de Justicia al gobernador del Tolima, Oscar Barreto Quiroga y el exgobernador Bernardo Osorio, por estar presuntamente implicados en hechos de corrupción de contratos.

Según el fiscal del caso esta investigación se relaciona con las presuntas irregularidades en la suscripción, administración y ejecución de un convenio de cooperación y asistencia técnica internacional suscrito en el año 2007, entre la Gobernación de Tolima y la Secretaría Ejecutiva del Convenio Andrés Bello.

El gobernador del Tolima se defiende en libertad por estos hechos tras ser imputado por la Fiscalía de incurrir en los delitos de peculado por apropiación agravado, prevaricato por omisión y contrato sin cumplimiento de los requisitos legales.

En el caso del exgobernador Bernardo Osorio, se encuentra bajo detención domiciliaria como supuesto autor de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por omisión.

De acuerdo con las investigaciones, el peculado que se le atribuye al exgobernador Osorio asciende a más de 1.300 millones de pesos y al Gobernador actual del Tolima un detrimento cercano a los 350 millones de pesos.

EXTIENDEN POR UN AÑO MÁS ORDEN DE CAPTURA CONTRA LILIANA PARDO

Esta medida se da por el carrusel de los contratos.

Un juez de la república prorrogó por 12 meses más, la orden de captura para la exdirectora del IDU, Liliana Pardo, en razón al escándalo del carrusel de la contratación, y que está relacionada con los procesos por prevaricato por omisión, contratación sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación de terceros e interés indebido en la celebración de contratos.

De igual manera, la Policía Internacional Interpol, deberá extender la vigencia de la orden de captura o circular roja que pesa en contra de Liliana Pardo, por no comparecer al proceso penal y de quien las autoridades señalan que podría encontrarse en España o Estados Unidos.

La vigencia de la orden de captura se da en relación con las presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos en el IDU, durante la administración del exalcalde de Bogotá Samuel Moreno, así como las supuestas irregularidades en los convenios para las obras de la fase III de Transmilenio por la calle 26.

La exfuncionaria distrital se encuentra prófuga de la justicia desde finales del año 2014, cuando un juez de Bogotá le otorgó la libertad argumentando presuntas irregularidades en las investigaciones desplegadas por la Fiscalía, relacionadas con el carrusel de la contratación en la capital.

CORTE SUPREMA ORDENÓ CAPTURA DEL SENADOR MUSA BESAILE

La orden de captura fue emitida por el alto tribunal por la participación de Besaile en el escándalo de corrupción en la justicia.

La sala instrucción dos de la Corte Suprema de Justicia ordenó la captura del senador Musa Besaile por el escándalo de corrupción que azota al alto tribunal.

La orden de captura se produce con fines de indagatoria por los delitos de peculado y cohecho.

La orden ya está en manos del CTI de la Fiscalía general de la Nación, que hace operativos para dar con el paradero del senador.

Este caso se relaciona con el reconocimiento que realizó el congresista cordobés por el pago de una extorsión de 2.000 millones de pesos al exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno para frenar una orden de captura en su contra por el proceso de parapolítica.

Besaile dio varias declaraciones ante la Corte Suprema por este caso, en el cual se declaró víctima. Incluso, dijo que había sido extorsionado por parte del exfiscal extraditable Luis Gustavo Moreno, pero precisamente la declaración del exfiscal ante la Corte sería la prueba que tuvo en cuenta la sala de instrucción dos para ordenar su captura.

Al senador también lo enreda una declaración del exgobernador Alejandro Lyons, ante la Fiscalía, en la que asegura que una parte de los pagos efectuados para beneficiar al senador en su proceso por parapolítica se dio con dineros recaudados producto de la corrupción en el departamento de Córdoba.

Se trata de una prueba lograda por los fiscales adscritos a la Unidad Delegada Ante la Corte Suprema de Justicia, tras una diligencia judicial que se cumplió en la ciudad de Miami, Estados Unidos, el pasado 7 de septiembre.

ARABIA SAUDITA AUTORIZARÁ A LAS MUJERES A CONDUCIR

Las sauditas podrán conducir a partir de junio de 2018, una decisión histórica en el reino ultraconservador, único país del mundo donde las mujeres no pueden ponerse al volante.

El rey Salmán ordenó “que se permita la concesión del permiso de conducir a las mujeres en Arabia Saudita”, indica el decreto real publicado este martes por la agencia oficial SPA.

En el marco de su ambicioso plan de reformas económicas y sociales de aquí a 2030, Riad parece dispuesto a suavizar algunas de las restricciones impuestas a las mujeres e intenta, poco a poco, promover formas de diversión, a pesar de la oposición de los ultraconservadores, en un país donde la mitad de la población tiene menos de 25 años.

Además de la prohibición de conducir, las sauditas están sometidas a la tutela de un hombre de su familia -generalmente el padre, el marido o el hermano- para estudiar o viajar.

“Estoy asombrada, siento una inmensa alegría”, exclamó en Riad Haya Rakyan, una empleada de banco de 30 años. “No me esperaba a una decisión como ésta antes de 10 o 20 años”.

“¡Es un día muy feliz! Aún no me lo creo, sólo me lo creeré cuando lo vea con mis propios ojos”, dijo Shatha Dusri, empleada de la compañía petrolera Aramco en Dahrán (este), que reconoció haber conducido en el interior del complejo residencial cerrado en el que vive, pero nunca en un espacio público.

La prohibición de conducir llevaba tiempo suscitando las críticas de las organizaciones pro derechos humanos. Según la agencia SPA, la derogación de esa medida entrará en vigor en junio de 2018.

Muchas mujeres de la élite saudita, que podían conducir en lugares como Londres o Dubái, habían intentado saltarse esa prohibición en su país, pero habían sido detenidas.

– ‘Coste económico’ –

La decisión real se publicó días después de que cientos de mujeres pudieran acudir, por primera vez, a un estadio de Riad para asistir a las festividades de la fiesta nacional, con conciertos y fuegos artificiales.

Hasta el momento, las mujeres no podían acceder a los estadios en aplicación de la estricta regla de separación entre sexos en los espacios públicos.

En noviembre, el multimillonario príncipe saudita Al Walid ben Talal, conocido por hablar sin reparo, había pedido que se dejara conducir a las mujeres, alegando el “coste económico” que suponía el hecho de que las mujeres dependieran de chóferes privados “extranjeros” o taxis para desplazarse.

Y si un marido encuentra el tiempo de llevar a su mujer a algún sitio, esto lo obliga a abandonar su trabajo, reduciendo su productividad, había lamentado el príncipe.

Autorizar a las mujeres a conducir es “una demanda social urgente que la coyuntura económica justifica”, había insistido, en referencia a las dificultades presupuestarias que atraviesa su país, debido a la caída de los ingresos petroleros provocada por la bajada de los precios del crudo.

Según el decreto, el rey saudita sopesó los “pros y los contras de la prohibición” antes de tomar una decisión.

El monarca aseguró asimismo que “la mayoría de los grandes ulemas (doctores de la ley islámica) estaban a favor de una medida que permitiera conducir a las mujeres”.

Estados Unidos celebró el decreto adoptado por su gran aliado en Oriente Medio. “Estamos muy felices”, dijo la portavoz de la diplomacia estadounidense, Heather Nauert, que calificó esa decisión de “gran paso en la buena dirección”.

Los intentos de mitigar las restricciones sociales, que hasta el momento no se han traducido en mayores derechos civiles ni políticos, buscan acallar las críticas sobre una reciente campaña de represión, consideran varios analistas.

Las autoridades detuvieron este mes a una veintena de personas, incluidos predicadores influyentes e intelectuales, en el marco de una “campaña coordinada”, según militantes.

CHUCK ROSENBERG, JEFE DE LA DEA, RENUNCIÓ A SU CARGO

La renuncia se hará efectiva el 1 de octubre, indicó una portavoz de la DEA.

El jefe de la Agencia Antidrogas de EE.UU. (DEA), Chuck Rosenberg, renunció hoy a su cargo que ocupaba de manera interina desde mayo de 2015 y desde el que lideró una fuerte campaña para luchar contra el creciente abuso de analgésicos y heroína.

La portavoz rechazó indicar las razones por las que Rosenberg ha decidido apartarse de la DEA, aunque el diario The Washington Post apunta a desacuerdos durante los últimos meses con el Gobierno del presidente, Donald Trump, y especialmente con el fiscal general, Jeff Sessions, encargado de supervisar a la DEA.

En concreto, según el diario capitalino, Sessions y Rosenberg tienen diferentes visiones sobre la Mara Salvatrucha (MS-13), una pandilla que ha convertido a El Salvador en uno de los países más violentos del mundo y a la que Sessions declaró la guerra con la promesa de descabezar a la banda con una fuerte ofensiva policial.

Sessions quiere que la lucha contra la Mara Salvatrucha sea una prioridad, mientras que, durante años, la DEA ha dedicado recursos a luchar contra los carteles mexicanos, como el de Sinaloa o Juárez, quienes han sido señalados como una creciente amenaza en los últimos informes de la agencia.

Para despedirse, Rosenberg envió hoy un correo electrónico a los aproximadamente 5.000 agentes que tiene la DEA repartidos en 69 países, incluidos Colombia, Ecuador, Argentina, España y Alemania.

“Los barrios en los que vivimos son mejores por su compromiso con el imperio de la ley, su dedicación a la causa de la justicia y la perseverancia frente a la adversidad”, escribió a sus agentes Rosenberg, quien añadió: “Seguirán haciendo grandes cosas y seguiré arraigado a ustedes, ahora desde el banquillo”.

Rosenberg saltó a las portadas de los periódicos a finales de julio, cuando, en respuesta a unos comentarios de Trump, envió un memorándum a sus empleados y les pidió que actuarán siempre “con honor” y conforme a los “estándares más alto” cuando trataran a sospechosos de actos criminales.

Contestó así a unos comentarios que profirió Trump en Nueva York frente a un grupo de agentes, a los que dijo que no deberían ser “demasiado amables” cuando arresten a “gamberros”.

En su memorándum, titulado “Quiénes somos”, Rosenberg explicó a los agentes por qué estaba contradiciendo a Trump: “Escribo porque tenemos la obligación de hablar cuando algo está mal. Eso es lo que hacen las fuerzas del orden. Eso es lo que ustedes hacen. Arreglar cosas. Al menos, eso intentamos”.

Por el momento, no está claro quién será el encargado de reemplazar a Rosenberg, aunque fuentes conocedoras de las discusiones internas de la DEA citadas por The Washington Post apuntan al coronel Joseph R. Fuentes, el jefe de la policía estatal del estado de Nueva Jersey.

Rosenberg sustituyó en mayo de 2015 al frente de la DEA a Michele Leonhart, administradora entre 2007 y 2015 y quien tuvo que dimitir tras desvelarse que varios agentes de la Agencia Antidrogas participaron en “fiestas sexuales” con prostitutas en Colombia.

Antes de llegar a la DEA, Rosenberg era el jefe de gabinete del entonces director del Buró Federal de Investigaciones (FBI), James Comey, a quien Trump despidió en mayo supuestamente con el objetivo de dificultar la investigación que lideraba sobre los posibles vínculos entre Rusia y miembros de su campaña presidencial.

Cuando llegó a la DEA, Rosenberg trajo consigo a algunos agentes del FBI que formaban parte de su círculo más cercano.

Rosenberg lideró una fuerte campaña para luchar contra el consumo y el tráfico de analgésicos, unos medicamentos con altos índices de adicción entre los estadounidenses y que ha provocado un preocupante aumento del consumo de heroína, mucho más barata que los medicamentos en el mercado negro.

En los últimos diez años, el número de muertes por sobredosis se ha casi cuadruplicado en EE.UU. debido, en parte, a los opiáceos.

Bajo el Gobierno del expresidente George W. Bush (2001-2009), Rosenberg trabajó como fiscal en el tribunal del distrito oeste de Texas y en el del distrito este de Virginia.

CORTE CONDENA A EXFISCAL ALDANA POR FAVORECER JUDICIALMENTE A OTTO BULA

La sala penal de la Corte Suprema de Justicia condenó a 9 años y un mes de cárcel al exfiscal Rodrigo Aldana Larrazabal tras aceptar que recibió un apartamento como parte de pago del exsenador Otto Bula con el fin de beneficiarlo con el archivo de un proceso de extinción de dominio en el año 2012. 

La extinción de dominio era para los bienes de los hermanos considerados como narcotraficantes Álvarez Meyendorff, entre los que se encontraban tres fincas ubicadas en Sahagún Córdoba y la empresa Agropecuaria el Central S.A de la cual aparecía como representante legal el exsenador Bula, procesado por el escándalo de sobornos de Odebrecht.

Dicho apartamento 1117 torre 2 estaba ubicado en el conjunto residencial pentagrama de Bogotá avaluado en 235 millones de pesos, que luego quedo a nombre de su excompañera sentimental Margarita Maria Useche.

La sala consideró que las actuaciones de Aldana “incurrió en delitos que impactan la administración de justicia (…) ostentaba la calidad de servidor público como fiscal 40 adscrito a la Unidad de extinción de dominio por lo que sus actuaciones afectaron la administración de justicia (…) omitiendo funciones propias de su cargo”. Aldana fue condenado por delitos contra la administración pública, cohecho y prevaricato.

Aldana se desempeñaba como delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá durante la administración del fiscal general, Eduardo Montealegre, con un sueldo cercano a los 23 millones de pesos, sin embargo las investigaciones comprobaron que debajo de cuerda recibía sobornos a cambio de ‘amañar’ procesos judiciales en la Fiscalia.