GOBIERNO BUSCA DESCONGESTIONAR EL TRABAJO DE LAS ALTAS CORTES FRENTE A LAS TUTELAS

"El gobierno está preparando un decreto en ese sentido, que busca una distribución que permita que las Cortes no estén en una situación de atascamiento cómo la qué hay en este momento", afirmó el ministro de Justicia, Enrique Gil Botero.

El ministro de Justicia asegura que, con el nuevo decreto, los asuntos de orden nacional lo conocerían en primera instancia los jueces del circuito y en segunda instancia los tribunales; y al nivel municipal primero los jueces municipales y en segunda instancia los jueces del circuito.

Después, afirma, "los asuntos que se promuevan contra las decisiones, o tutelas contra las decisiones judiciales de esos tribunales, pasarían a las altas cortes".

SANTIAGO URIBE ENFRENTARÁ SU JUICIO PRIVADO DE LA LIBERTAD

La Corte Suprema de Justicia negó la tutela con la que el ganadero pedía tumbar la medida de aseguramiento en su contra. Su caso fue aprovechado para sentar una línea jurídica frente a la aplicación de nueva ley y así aliviar términos para excarcelaciones masivas.

El próximo 27 de octubre, cuando Santiago Uribe vuelva a ser presentado ante un juez de Medellín para la continuación de su juicio, lo hará en calidad de detenido. Así lo determinó la Corte Suprema de Justicia al rechazar un recurso de tutela a través del cual la defensa del ganadero antioqueño pedía la libertad de su cliente. 

Santiago Uribe está detenido desde el 29 de febrero del 2016. Según la nueva Ley que reguló la detención preventiva, el plazo máximo de privación de la libertad puede ser de un año, prorrogable a dos años para casos que dependan de la justicia especializada. En el caso de Uribe, solo hasta agosto del 2017 se celebró la audiencia de sustitución de la detención y en lugar de ordenar su libertad, el juez decidió prorrogar la medida de aseguramiento por un año más.

Esta decisión fue rechazada de inmediato por la defensa que a través de un recurso de tutela alegó que el juez estaba vedado para prorrogar oficiosamente el término máximo de vigencia de la medida de aseguramiento. También cuestionaron la legalidad de la decisión al considerar que se había tomado de manera extemporánea. 

Sin embargo, el pronunciamiento de la corte deja en firme la decisión del juzgado, además de hacer una interpretación jurídica que seguramente ayudará a aliviar el problema de excarcelaciones masivas por cuenta de la entrada en vigencia de esta nueva Ley.

Según el alto tribunal, el juez estaba en ejercicio de sus competencias al prorrogar el tiempo de detención preventiva, pues la actuación ya estaba en etapa de juicio. También descarta que dicha prórroga haya sido extemporánea ya que -dice la corte- el plazo de dos meses que concede la ley para hacer el trámite antes de vencerse el tiempo es una medida que se toma de precaución y no para la preclusión.

Es decir, desconocer este tiempo no significa que no sea posible que con posterioridad la Fiscalía pueda solicitar la prórroga. En el caso de Uribe Vélez la corte precisa también que siendo un caso de Ley 600 la prórroga del término cumplió con los requisitos y la competencia sí la tienen los jueces penales especializados.

LOS "ENREDOS" DE ALAN JARA CON LA JUSTICIA

De acuerdo con la investigación la Gobernación del Meta, entre 2012 y 2015, giró una suma superior a los 18.000 millones de pesos, el objetivo era realizar un estudio de viabilidad y prefactibilidad para la construcción de la refinería del departamento.

Después de tres años no se conocen esos estudios, de hecho el proyecto está frenado y así lo dieron a conocer quienes denunciaron las irregularidades en la millonaria contratación.
En este caso fueron capturados Ricardo Rodríguez Henao ex gerente de Llanopetrol, Luz Estella Casas Franco, ex asesora jurídica del departamento del Meta, Hernando Martínez Aguilera ex Director Administrativo de Planeación y el entonces secretario hacienda de la Gobernación de Alan Jara y actual rector de la Universidad del Llano, Jairo Iván Frías.

Alan Jara, según la Fiscalia, fue quien firmó el millonario contrato y por eso fue necesario solicitar a la Corte Suprema que investigue la actuación del ex gobernador y ex director de la Unidad de Víctimas.

"La Corte es la competente para investigar a gobernadores y ese proceso ya inició, esta delegada compulsó copias para que sean los fiscales ante la Corte los encargados de investigar al ex gobernador".

OTROS CONTRATOS: 

La Contraloría indaga en un proyecto para la construcción de un internado en el municipio de La Macarena y donde el entonces gobernador Jara, invirtió más de 10.000 millones de pesos.
Un convenio celebrado con la Corporación Red País Rural tenía como objetivo fortalecer procesos agroindustriales en el departamento y allí la Fiscalía recibió algunas denuncias que son materia de investigación.

La Fiscalía también investiga sobrecostos en la compra de equipos para el hospital departamental y cuya inversión supera los 37.000 millones de pesos, la investigación nació de algunas indagaciones de la Contraloría.

Tres contratos por 10 mil millones de pesos para un programas de bilingüismo son materia de indagación por cuenta de la Contraloría y están a un paso de ser competencia de la Fiscalía. Fueron firmados con Uniones Temporales y al parecer sin autorización del Ministerio de Educación.

EL FISCAL GENERAL SE GANÓ LA GRATITUD DE SUS MÁS DE VEINTE MIL EMPLEADOS

Aguinaldo anticipado en la Fiscalía General de la Nación: un proyecto que tramitó, impulso y convirtió en ley de la República el exfiscal Eduardo Montealegre tiene de fiesta a la gran mayoría de los casi veintiún mil empleados de la Fiscalía General.

Se trata de la Ley 1654 de 2013, que reestructuró la Fiscalía General de la Nación: en el artículo 70 creó las vacaciones colectivas en la Fiscalía, y en el artículo 71 estableció que ese periodo de vacaciones colectivas se extenderá desde el 20 de diciembre hasta el 10 de enero de enero del siguiente año. Sin embargo, la norma no se había aplicado hasta ahora.

La apropiación presupuestal para enviar a vacaciones a la gran mayoría de empleados de la Fiscalía ya está siendo tramitada por el fiscal Néstor Humberto Martínez. Aunque las vacaciones son colectivas, algunos pocos funcionarios se quedarán laborando para cubrir las necesidades de la justicia.

El anhelado regalo que prometió el exfiscal Montealegre, por fin lo hizo realidad el fiscal Martínez.

¡Flaco! ¡O me lleva a Nueva York en Navidad, o me voy con mis amigas de la Fiscalía! ¡Navidad, Navidad, dulce navidad!

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA ORDENÓ SEGUIMIENTO PATRIMONIAL A ARMANDO BENEDETTI

La Corte Suprema de Justicia adelanta una investigación contra el senador Armando Benedetti por el presunto beneficio que había tenido del desfalco que se le hizo al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio en Córdoba.

Precisamente este martes, el abogado Jaime Lombana interpuso una denuncia contra el senador y reclamó porque este tema de investigación no se había movido.

Sin embargo, se conoció que desde septiembre se ordenó un estudio patrimonial contra el congresista para verificar si tomó recursos del erario público del departamento para beneficiarse.

Con la orden de entonces se viene haciendo un seguimiento a sus cuentas bancarias, movimientos financieros a través de Covicheque, Cdts, Depositos , títulos de Deuda, Fiducias, almacenes de deposito, entre otros.

NEGOCIOS DE BELLEZA Y ESTÉTICA, A ACREDITARSE ANTE SECRETARÍA SALUD

Un llamado a los propietarios de los establecimientos del sector de belleza y estética de la capital de la República para que se acrediten, reciban asesoría gratuita y cumplan con estándares de calidad superiores a los exigidos por la ley, hizo la Secretaría Distrital de Salud.

A este llamado se pueden acoger los establecimientos dedicados a la prestación de servicios personales en belleza, como: barberías, peluquerías, salas de belleza, salones de cuidado de manos y pies, centros de estética que no realicen servicios de medicina y otros similares.

Una vez el establecimiento cumpla con los requisitos establecidos por la Secretaría de Salud para la acreditación, puede solicitar de manera gratuita una visita de verificación a través de las Subredes Integradas de Servicios, que ejercen las acciones de vigilancia sanitaria en la localidad correspondiente.

En caso de cumplimiento total, la Secretaría de Salud otorgará la acreditación y un distintivo visual denominado “Sello de bioseguridad”, que tiene una vigencia de 1 año.

Con esta acreditación, la SDS busca combatir la informalidad en la prestación de este tipo de servicios, desestimulando la práctica ilegal o insegura, fortaleciendo las actividades de inspección, vigilancia y control y promoviendo la capacitación y formación del personal que labora en dichos centros.

En el marco de estas actividades, desde enero de 2012 a la fecha se han realizado 127 jornadas de socialización, a las que han asistido 3.567 propietarios, administradores y trabajadores del sector, que laboran en las 20 localidades de Bogotá. 84 de estas jornadas han sido dirigidas a los servicios de peluquería (con 2.475 asistentes) y 43 a los servicios de estética (con 1.092 asistentes).

Los establecimientos interesados en acreditarse serán asesorados en sus propios locales por profesionales de la SDS, recibiendo, entre otros, indicaciones en los ajustes y adecuaciones para la implementación de los estándares de calidad exigidos por la Ley.

Durante el período comprendido entre marzo de 2013 y lo que va de octubre de 2017, se han realizado 142 asesorías a establecimientos que ofrecen servicios de peluquería, 39 a servicios de estética y 16 a centros que prestan ambos servicios.

En desarrollo de sus acciones de inspección, vigilancia y control, la Secretaría Distrital de Salud, a través de las cuatro Subredes Integradas de Servicios, ha intervenido 12.257 establecimientos desde enero de 2014 a julio de 2017, clasificados dentro del sector belleza en la capital de la República; de ellos, 1.175 corresponden a centros de estética y 11.082 a peluquerías. Por otra parte, entre enero y julio de 2017, 5.586 establecimientos han sido objeto de visitas de verificación del cumplimiento de la normativa sanitaria, 425 centros de estética y 5.161 salas de belleza.

En este marco, la Secretaría Distrital de Salud ha identificado en la ciudad que entre enero y julio de 2017:

El 24% de los establecimiento (1.340) cuentan con concepto favorable (cumplen con la normativa sanitaria aplicable).

El 4.8% de los establecimientos (269 establecimientos) cuenta con concepto desfavorable (no cumplen con los requisitos sanitarios de ley).

El 71,16% de los establecimientos (3.975) cuenta con conceptos favorables (con algún tipo de requerimiento) o tienen aplazada la emisión del concepto.

Los incumplimientos de la normativa sanitaria están relacionadas en su mayoría con:

Ausencia de personal idóneo para la prestación de los servicios estéticos.

Insuficiencia de la dotación de áreas e implementos para labores de asepsia.

Inexistencia de la documentación de los equipos de uso en centros de estética.

Constatación de que la infraestructura y condiciones de saneamiento son inadecuadas.

Los establecimientos de estética y belleza también son clasificados como generadores de residuos infecciosos o residuos biológicos; biosanitarios y cortopunzantes. Por lo tanto, la norma les asigna la responsabilidad de realizar un Plan de Gestión Integral de Residuos, hecho que también es inspeccionado por la SDS.

Las localidades afectadas por la clausura de los servicios de peluquería son La Candelaria, Santa Fe, Fontibón, Mártires, Teusaquillo y Barrios Unidos. En Fontibón fue clausurado un centro de estética.

En caso de incumplimiento de la normativa sanitaria, la SDS puede imponer sanciones económicas que pueden llegar a ser equivalentes a 10.000 salarios mínimos legales vigentes. No obstante, el monto de las sanciones puede ser menor dependiendo de la gravedad de las falta, así como del reconocimiento o aceptación expresa de la infracción. Además de multas, se pueden interponer amonestaciones, decomiso de productos, suspensión o cancelación de registros o licencias, suspensión total o parcial de trabajos, destrucción o desnaturalización de objetos y cierres temporales o definitivos del establecimiento