FISCALÍA INVESTIGA A EXDIRECTORES DEL PARQUE NACIONAL DEL CHICAMOCHA

La Fiscalía imputó cargos a tres exdirectores del Parque Nacional de Chicamocha (Panachi) por supuestas irregularidades en la administración del parque desde el año 2007. Se trata de Daniel Valencia Gómez, Carlos Sánchez Aguirre, a quienes les abrieron investigación formal los delitos de peculado por apropiación, peculado culposo y celebración indebida de contratos y María Eva Bermúdez Mateus, a quien le abrieron investigación por peculado por apropiación y peculado a favor de terceros.

Una de las líneas de investigación que manejó la Fiscalía fue la de bonificaciones, las cuales “no fueron aprobadas por la junta directiva y que ascendieron a $350 milones. Al parecer, los tres directores participaron en la asignación de estas bonificaciones, y el dinero solo habría llegado a dos de ellos, Daniel Enrique Valencia Gómez y María Eva Bermúdez”.

El ente investigador también puso su atención en los parqueaderos, pues durante las indagaciones, se detectaron dos eventos: “Uno que tiene que ver con la concesión de este servicio a un operador particular sin, presuntamente, hacer los estudios previos para asignar el contrato; el otro caso, es el arrendamiento de un lote para cumplir con el área que la ley exige para el uso de parqueadero. Este último trámite habría presentado inconsistencia en la etapa precontractual”, señaló la Fiscalía.

Por último, se identificaron irregularidades en la compra de muebles, por parte de Daniel Enrique Valencia, para remodelar un local en el parque para luego vender los bienes por un valor inferior al que fue adquirido. El ente investigador informó que, durante la audiencia, el juez de control de garantías se abstuvo de imponer medida de aseguramiento a los tres señalados.

Tomada de: El Espectador

JEP, A LA ESPERA DE LOS INFORMES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

En su primer día de funcionamiento, este jueves, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) hizo énfasis en la importancia de que las instituciones encargadas de enviar informes con los casos que deben investigarse los remitan lo antes posible.

Particularmente, la presidenta de la Sala de Verdad y Reconocimiento de Responsabilidad, Julieta Lemaitre, destacó el valor de los informes que ha elaborado la Fiscalía durante los dos últimos años, sin los cuales, afirmó, “difícilmente se puede adelantar el proceso de la JEP”.

Este sistema judicial también debe recibir informes de la Justicia Penal Militar, la Procuraduría, el Consejo de la Judicatura, la Contraloría y las víctimas.
Según explicó Lemaitre, la tarea de su sala es contrastar los informes de las instituciones y de las víctimas con las versiones que recibe de quienes se postularon a la JEP. 

Si hay reconocimiento de responsabilidad y verdad se hace una audiencia pública con las víctimas, y esa sala envía al Tribunal de Paz la sugerencia de una pena alternativa.

El jueves, precisamente, el secretario ejecutivo de la JEP, Néstor Raúl Correa, le entregó a la presidenta, Patricia Linares, el informe con la lista y las actas que contienen los compromisos de quienes acudirán a la justicia para la paz. Hasta este jueves eran 7.916 personas entre exguerrilleros, militares, policías y particulares. El informe de Correa incluye denuncias de 11.809 víctimas. De estas, 8.883 comprometen a las Farc y 2.926, a la Fuerza Pública.

Uno de los aspectos más llamativos de la JEP tiene que ver con el tratamiento de los exintegrantes de las Farc que cometieron delitos graves siendo menores de edad.
Según explicó el presidente de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, José Hormiga, deben acudir a esta dependencia, ante la cual se presentarán también los miembros de la Fuerza Pública que se acogieron a la justicia para la paz.

Ante la sala presidida por Hormiga, además, comparecen funcionarios públicos y personas condenadas por hechos enmarcados en la protesta social.

Por otro lado, la Unidad de Investigación y Acusación, conocida como la Fiscalía de la JEP, se encargará de garantizar los derechos de las víctimas en casos de hechos no reconocidos por los responsables de los crímenes. 

El fiscal de la JEP, Giovanni Álvarez, dijo que, debido a la naturaleza transitoria de esta justicia especial, que tendrá una duración máxima de 20 años, la unidad de investigación actuará “de la forma más rápida posible”. 

Durante la instalación de la JEP, Patricia Linares se refirió a la trascendencia de este sistema judicial para el cierre definitivo del conflicto armado en Colombia.

“Es un día histórico para el país, pero en especial para las víctimas”, afirmó.

Tomada de: El Tiempo

CAYÓ EL NARCO DE LAS GORRAS FINAS

Muchos capos han caído por sus mujeres, porque a ellas se les olvida que sus maridos encabezan las listas de los más buscados y por eso se dan la gran vida sin disimular que todo lo que compran está manchado de dinero ilegal; el caso de Elkin Fernando Triana Bustos, fue diferente, las autoridades sabían de él muy poco: era un hombre solitario, desconfiado, con un fuerte equipo de seguridad que evitaba dejar cabos sueltos, pero él, a quien conocían como El Patrón, tenía una debilidad: las gorras costosas, los relojes de lujo.

Después de diez de meses de investigación, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá encontró los gustos excéntricos del capo, quien para obtener sus fetiches optaba por la ayuda de intermediarios quienes buscaban estos objetos en almacenes de lujo. Un informante aseguró que prefería las marcas Gucci y Coach y que en el caso de las gorras podía pagar hasta más de 500 dólares por una, así las autoridades siguieron a los compradores, quienes tenían horarios fijos para comprar las piezas, de esta manera se concretaron rutas, lugares de encuentro y, finalmente, los escondites del capo.

Alias El Patrón nació en el seno de una familia humilde del barrio El Playón, al norte de Medellín, una zona de estrato bajo en la que se inició en el mundo criminal y como tantos otros hombres que se iniciaron en el crimen en los convulsos años ochentas, perteneció a milicias urbanas. Luego formó parte de grupos paramilitares, pero rápidamente dio viraje para formar la banda conocida como Los Triana, una estructura criminal que se caracterizó por su fortaleza militar y por ser independiente de los grandes poderes mafiosos de la ciudad, pues se encargaban de ofrecer servicios como el sicariato y el cobro de deudas.

Los Triana es una banda nació como una empresa criminal familia, la cual El Patrón creó con la ayuda de su hermano alias El Gordo, estructura que se autodenominó en un principio como milicia popular que tenía control en la comuna 2 Santa Cruz de Medellín, desatando una guerra en contra del ELN, pues desde el principio quisieron independencia. Fue así como se volvieron una mafia que proveía hombres e inteligencia para el desarrollo de acciones delictivas. 

Ya en 1999, Elkin Triana catapultó la organización al establecer alianzas logísticas y militares con el Bloque Metro, siendo responsables de una masacre ocurrida en el sector de Cañada Negra de Bello, donde asesinaron a seis personas, hecho por el cual fue capturado Triana en agosto del mismo año. Sin embargo, al poco tiempo demostró su poder, pues el primero de enero del 2000 se fugó de la cárcel San Quintín de Bello, aunque fue recapturado al día. La segunda fuga tuvo lugar tres meses después, pero nuevamente la policía la policía lo capturó, todo terminó en una condena a 46 años de prisión, pero en 2011 recuperó su libertad por decisión de un juez de penas y medidas de seguridad de Tunja.

Después de recuperar la libertad, y consolidado como un capo de la mafia, asentó el poder de Los Triana en un sector del norte de Medellín y del municipio de Bello, así El Patrón consiguió una silla en la dirección del llamado Grupo Colegiado La Oficina, donde varios capos se reunían para organizar sus negocios mafiosos, estructura que tiene el control del 70 por ciento de la ilegalidad del Valle de Aburrá. Allí se hizo a la imagen de un mediador, pues creía que cada grupo podía tener sus propios negocios sin interrumpir el de los demás.

La caída de El Patrón debilita el crimen en Medellín, sin embargo no es lo único. Desde diciembre de 2016, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá ha liderado más de 60 operaciones contra la criminalidad del Valle de Aburrá, lo que ha llevado a la captura de 1.398 integrantes de estas estructuras, de los cuales 185 se consideran cabecillas, así como de 1.213 personas que serían integrantes vinculados con las llamadas Organizaciones Delincuenciales Integradas al Narcotráfico (ODIN).

Tomada de: Semana

COLOMBIA RECIBE APOYO DE LA UNIÓN EUROPEA PARA MANEJO DE CRISIS MIGRATORIA

Europea Comisario europeo de Ayuda Humanitaria anunció 31 millones de euros para Latinoamérica y el Caribe.

El comisario europeo de Ayuda Humanitaria y Gestión de Crisis, Christos Stylianides, anunció la ayuda de seis millones de euros para apoyo humanitario y prevención de catástrofes y dos millones más para atención de personas afectadas por la crisis migratoria desde Venezuela.

"El compromiso de la Unión Europea de apoyar a Latinoamérica es más fuerte que nunca. Aquí en Colombia, la nueva financiación de la UE ayudará en dos frentes: a abordar las consecuencias humanitarias de un conflicto que ha durado décadas en el país y a contribuir a reforzar la preparación y la respuesta ante las catástrofes naturales", declaró Stylianides

Durante su visita al país, el comisario visitó Chocó y Cúcuta para analizar de cerca la situación que se vive en la frontera tras la llegada masiva de venezolanos al país.

La financiación anunciada hoy forma parte de un paquete de ayuda humanitaria global para esta región.

Desde 1994, la Comisión ha aportado más de 1.000 millones de euros en concepto de ayuda humanitaria a Latinoamérica y el Caribe, centrándose en las poblaciones más afectadas por las catástrofes naturales y la violencia, y preparando a las comunidades ante futuros riesgos.

Tomada de: RCN

CORTE SUPREMA ORDENA REINTEGRO DE 29 TRABAJADORES

La Corte Suprema de Justicia ordenó el reintegro de 29 trabajadores de la Caja de Compensación Familiar de Antioquia, Comfama, al haber sido inducidos a error en las conciliaciones con las que se terminaron sus contratos laborales por mutuo acuerdo. Por tratarse de razones atribuibles a la entidad, también la condenó a pagarles las acreencias económicas que dejaron de recibir durante los últimos 17 años.

En la providencia, el máximo tribunal de la justicia ordinaria subrayó que el consentimiento de los trabajadores en los diferentes actos jurídicos en materia laboral, en tanto son la parte débil de la relación de trabajo, debe estar libre de constreñimientos, violencia, presión, engaño o vicios en el consentimiento.

Según la sentencia dictada por la Sala de Casación Laboral, “resulta procedente el restablecimiento de los contratos de trabajo por parte de Comfama con el consecuente pago de los salarios y prestaciones sociales dejadas de percibir por los trabajadores junto con sus incrementos y aumentos y los aportes a seguridad social”.

En el exhaustivo estudio de las pruebas del expediente, la Corte determinó que Comfama, en su calidad de empleadora y con miras a que los trabajadores dieran su consentimiento para finalizar los contratos, les aseguró que, al momento de suscribir una alianza comercial con la empresa Carulla Vivero, seguían vinculados laboralmente a esa firma y, por ello, no perderían su fuente de ingresos.

Para la Sala, “(…) uno de los móviles determinantes con que se indujo a los trabajadores a acordar su desvinculación laboral con Comfama, fue el de que serían reenganchados por la sociedad Carulla Vivero S.A., lo que a la postre no se dio, en el caso específico de los demandantes.

“(…) Las condiciones de desvinculación… se hicieron sobre la base de que serían inmediatamente vinculados a la nueva operadora de mercadeo. Este fue el móvil o la causa determinante que los indujo a renunciar a su trabajo con Comfama y el que determinó las condiciones en que se llevaría a cabo la desvinculación”.

En efecto, la Caja de Compensación Familiar firmó con los trabajadores acuerdos privados mediante los cuales les aseguró su reenganche laboral con Carulla de manera inmediata. Así mismo, les entregó boletines en los que les reiteraba que no perderían sus empleos y la importancia de dar por terminados los contratos a fin de continuar vinculados laboralmente de cara al bienestar familiar y personal. De la misma forma, acudió a reuniones individuales y colectivas convenciendo a los empleados de la finalización de los vínculos laborales.

En este contexto, para la Corte Suprema de Justicia quedó claro que “la continuidad laboral constituyó la causa eficiente de la manifestación de voluntad de los trabajadores para dar por terminados los contratos laborales que mantenían con Comfama”. Se configuró, entonces, un vicio en el consentimiento por error en la causa de dichos actos jurídicos, dado que el móvil (reenganche laboral) resultó falso, porque no se materializó frente a los demandantes.

Al concluir así que los trabajadores fueron inducidos a error por Comfama, la sentencia declaró la nulidad relativa de las conciliaciones celebradas y dispuso el restablecimiento de los contratos de trabajo desde el momento de la firma de esos acuerdos viciados.