YOHANA JIMÉNEZ, DEL CENTRO DEMOCRÁTICO, USA A ASESINO DE YULIANA SAMBONÍ PARA SU CAMPAÑA

La candidata al Senado por el partido uribista difunde en medios una propaganda en la que, artificiosamente, habla Rafael Uribe Noguera, condenado a 58 años de cárcel por el secuestro, violación y homicidio de la niña.

La pieza, difundida por Caracol Radio, no como pauta pagada, sino como objeto de análisis, comienza con una cortinilla de voces de niños en murmullo a la cual se sobrepone la voz seca de un hombre.
“Soy Rafael Uribe Noguera. Secuestré, torturé, violé y asesiné a una niña de 7 años. Gracias a los beneficios a los que tengo derecho, no pagaré más de 30 años de prisión. ¿Adivinen a qué voy a salir?”.

Tras la terrible advertencia velada en la pregunta de ‘Uribe Noguera’, habla Jiménez: “No más asesinos y violadores de niños libres. Soy Yohana Jiménez, hija de Gilma Jiménez. Como lo hizo mi mamá, no descansaré hasta lograr la prisión perpetua…”.

l presentar la propaganda, Darcy Quinn no dudó en calificarla: “Escabroso”.
“Es bravo”, dijo el jurista Hernando Herrera. “Duro, duro”.
“El que la hace, la paga, señor”, defendió Darío Arizmendi.
Pero Herrera fue más reflexivo. “Ahí uno en principio piensa qué se necesita: más persecución del delito o penas más altas. Y a veces ese denominado populismo judicial de cadena perpetua… Lo que necesitamos es cogerlos y hay una ley de feminicidio que, por ejemplo, castiga y sanciona con 60 años de cárcel”.

Sin mencionarlo, es claro que Herrera hizo referencia a lo que han planteado otros especialistas en el sentido de que no se necesita una cadena perpetua en el país, porque si se aplica con rigor la mayor condena de 60 años, en sí misma entraña ya una cadena perpetua.
Una certeza sí queda después de oír la propaganda de Jiménez, y que tiene base en los criterios de la razón: cuando los argumentos brillan por su ausencia, es más fácil apelar a la sensiblería.

Tomada de: Pulzo

EN MISIVA A PRESIDENTE SANTOS, PROCURADOR SOLICITA AGILIZAR LA REPARACIÓN A VÍCTIMAS

El procurador Fernando Carrillo, en una carta enviada al presidente Juan Manuel Santos, considera que es necesario que la Procuraduría realice una vigilancia especial de las acciones de preservación y custodia sobre los bienes incluidos en el patrimonio autónomo declarados por las Farc.

Sobre los bienes que están en extinción de dominio por la Fiscalía General los cuales no fueron declarados ni inventariados por las Farc indicó que el Acuerdo Final debe garantizar la no reparación del conflicto y que esto requiere la implementación de los compromisos alcanzados.

Además, recordó que la Ley Estatutaria expresa que hay una obligación de aportar la verdad plena.

Noticia en desarrollo...

Tomada de: RCN

GALEÓN SAN JOSÉ ES PROPIEDAD DE LA NACIÓN: CONSEJO DE ESTADO

“Las piezas provenientes del presunto hallazgo del galeón San José que sean declaradas patrimonio cultural sumergido, pertenecen a la Nación”. Esa es la conclusión de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado en sentencia de unificación de jurisprudencia del 13 de febrero de 2018 proferida dentro del marco del mecanismo eventual de revisión, por lo cual decidió de forma definitiva la acción popular presentada por Antonio José Rengifo, en contra de la Nación, el Ministerio de Defensa Nacional, Dirección General Marítima y Portuaria de Colombia, la sociedad norteamericana Sea Search Armada y del abogado Danilo Devis Pereira.

Esto se considera un paso importante en la protección de los bienes que contenga el Galeón San José y le da respaldo a la defensa que sobre estos bienes debe desarrollar el Estado.

¿Patrimonio Cultural o Tesoro?

Uno de los pilares de esta sentencia es la definición y diferenciación patrimonio cultural y tesoro. Según el presidente del Consejo de Estado, Germán Bula, “El tesoro es asunto del Código Civil y fue superado por la ley 363 del 59, en el sentido de que lo que es patrimonio cultural, no es tesoro. Tesoro sería en estricto, los bienes abandonados por sus propietarios que no constituyan patrimonio cultural, es decir si se encuentran, por ejemplo, una caleta de dólares”.

Agregó que “el patrimonio cultural sumergido no es tesoro”. Sin embargo, aclaró que las distinciones de qué es patrimonio cultural de la nación le corresponde ahora al Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, lo cual será el siguiente paso en este proceso.

Para el magistrado ponente, William Hernández, presidente de la Sección Segunda del Consejo de Estado, los artículos 72 y 73 de la Constitución, marca la ruta jurídicia. Afirma que “el concepto de tesoro es lo que ha quedado sumergido o enterrado pero que con el tiempo no se conoce el propietario, pues se ha perdido el rastro del propietario de los bienes escondidos”.

Para el caso “del patrimonio cultural sumergido y de las especies náufragas o antigüedades náufragas de más de 100 años, como es el caso de los galeones u otros pecios que se encuentran en el fondo del mar Caribe cercano a nuestras costas, tenemos claro que la nación es propietaria de todos esos bienes y así lo estableció la constitución de 1821, cuando por medio de la ley 16 de 1821 confiscó todos los bienes pertenecientes al gobierno español”.

Además en “1881 se firmó un tratado de paz y amistad entre el gobierno de los Estados Unidos de Colombia y el Reino de España, donde se estableció el paz y salvo frente a cualquier tipo de bienes o disputas entre los dos estados”.

¿Qué es patrimonio cultural y qué no lo es?

Uno de los principales debates, en el tema del Galeón, es sobre a quién le pertenecen las monedas o lingotes de oro que se puedan encontrar en el mismo. Para esto el magistrado Hernández dice que “la ley 1675 del año 2013 fue clara en el artículo tercero al señalar los criterios para determinar qué es patrimonio cultural sumergido y qué no lo es. Es el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, el que define en última instancia con cuatro criterios”.
Los criterios a los cuales se refiere el magistrado son:

1. Representatividad: que tengan elementos identificadores de una cultura.

2. La singularidad: que se constituya en pieza única.

3. La repetición: para Hernández este punto “ya fue analizado por la Corte Constitucional, no necesariamente debe ser único sino debe tener criterio unidad, es decir, aunque se encuentren monedas de oro o lingotes y sean repetitivos por ese hecho no se convierten en tesoro. Siguen siendo patrimonio cultural, siguen siendo propiedad de la Nación, por tanto no se someten al concepto de tesoro del Código Civil, sino que se deben analizar y distribuir de manera diferente.

4. La conservación e importancia científica.

Finalmente señala que “con toda la evolución de normas del derecho público y de la ley 163 de 1959 que es un mojón histórico importante promovido por el maestro Germán Arciniegas, es claro que en el caso del Galeón, siempre se debe proteger ese patrimonio cultural sumergido”. Y reitera que la única entidad competente es el Consejo Nacional de Patrimonio.

SUPERSOCIEDADES FORMULA PLIEGO DE CARGOS CONTRA SUPERCUNDI

Con la intención de mantener altos niveles de transparencia en las compañías, y evitar que estas sean utilizadas como mecanismos de lavado de activos, la Superintendencia de Sociedades, en octubre del año pasado, ordenó a cierto número de empresas la puesta en marcha de un sistema de control contra el lavado de activos y financiación del terrorismo.

Una de las empresas a las que se le pidió la presentación de dicho requerimiento fue Supercundi, compañía señalada por la Fiscalía de dar apariencia de legalidad a dinero procedente de secuestros, extorsiones y pescas milagrosas protagonizadas por las Farc.

Esta mañana la Supersociedades formuló pliego de cargos contra dicha empresa al incumplir con la presentación del sistema anteriormente mencionado.

“Algunas compañías no cumplieron con esta instrucción y desde luego la superintendencia abrió pliegos de cargos ante el incumplimiento que deben ser respondidos en los términos que la entidad establece”, precisó el superintendente de sociedades, Francisco Reyes Villamizar.

Para este directivo la presentación de este sistema contra el lavado de activos y financiación del terrorismo se traduce en el aporte que brindan las compañías en la lucha contra dicho flagelo.

Para el caso de Supercundi, la empresa tendrá un plazo de cinco días hábiles para que sus directivas presenten sus descargos. De llegarse a comprobar su incumplimiento podría acarrear una sanción estimada en 200 salarios mínimos, es decir, más de $156 millones.

Tomada de: El Espectador

ESTOS SON LOS DOS INVESTIGADOS POR FRENAR OPERACIÓN CONTRA NARCOVUELO

Se conoció en exclusiva los nombres de dos (de tres) funcionarios de la Aerovicil que están siendo investigados por frenar una operación militar de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) que buscaba neutralizar un vuelo de la mafia.

Tal como se reveló, los hechos se registraron el 31 de octubre de 2017, cuando el avión Cessna Citation SR 560 salió de la Base Militar de Palanquero tras un biomotor, y fue devuelto por tres funcionarios de la Aerocivil. 

El comandante de la FAC, Carlos Eduardo Bueno, confirmó el episodio irregular con los controladores de la Aerocivil.

"Nos dimos cuenta que era un vuelo ilegal porque el avión, que venía de Centroamérica, no tenía plan de vuelo, volaba muy pegado al mar y no sabíamos quiénes venían en su interior. Por eso, se determinó que se trataba de una traza ilegal. En 2017 gracias al sistema de radares detectamos 138 de este tipo”, explicó el alto oficial.

Y reveló que, después de 25 minutos esperando que pudieran aproximarse al monomotor para tomarle foto y persuadir a su piloto a aterrizar, se llamó directamente al enlace de la Aerocivil. Pero este también recibió una negativa de los encargados. 

“Aunque a veces se demoran dándonos la autorización, nunca habíamos tenido un caso tan complejo como este. Cuando el monomotor notó que lo habíamos detectado, se devolvió a Centroamérica sin entrar al espacio aéreo colombiano”, agregó el general Bueno.

Y reveló que ellos le informaron de lo sucedido a la Aerocivil, quien pasó la queja a la Fiscalía y a la Procuraduría.

Según la información, considerada de seguridad nacional, una de las personas que aparecen en el expediente es Claudia Viviana Orozco Rodríguez, controladora de tránsito aéreo. Se trata de una curtida funcionaria que ingresó a esa entidad el primero de julio de 2003.

Según su hoja de vida, tiene estudios en derecho y una especialización en el área de seguridad aérea. De hecho, figura como tesorera de la Asociación Colombiana de Controladores de Tránsito Aéreo (ACDECTA). 

El otro funcionario que figura dentro de las investigaciones es Carlos Iván Henao Hernández, planificador del sector Oeste de la Aeronáutica. 

El tercer funcionario tiene el rango de supervisor, pero su nombre no ha trascendido.

Los sueldos de los indagados oscilan entre 1,5 millones de pesos y 3,5 millones de pesos. 

Tomada de: El Tiempo

POR VENCIMIENTO DE TÉRMINOS EN LIBERTAD LUZ MARY GUERRERO

Luz Mary Guerrero, la ex gerente de Servientrega, no fue la única beneficiaria con la decisión del juez 42 de garantías que otorgó la libertad por vencimiento de términos. 

Quienes resultaron capturados con ella el pasado 4 de octubre en Bogotá, también recibieron el beneficio: 

- Jorge Sánchez Amado, revisor fiscal de Efecty.

- Sara Guavita representante legal suplente de Servientrega.

- Martha Inés Moreno, contadora de Efecty y Circulante.

- Juan Esteban Arellano, representante legal de la firma Mossack Fonseca & Co. 

De acuerdo con el juez pasaron más de 120 días y la Fiscalía no presentó el escrito de acusación contra los procesados, los investigadores aseguran que son muchas las pruebas lo que obligó a tomarse más tiempo del requerido. 

La Fiscalía estableció que los abogados de Mossack-Fonseca diseñaron una ruta para el tránsito de recursos de sus clientes. Elaboran las facturas, las pagaban y todo el dinero iba a parar a una entidad financiera con sede en las Bahamas. Luego eran los clientes quienes decidían a qué país enviar su dinero. 

Mossack-Fonseca constituyó empresas fachadas en Panamá, Costa Rica, España e Inglaterra, todo para que los clientes justificaran millonarios gastos a cambio de pagar un porcentaje entre el 2,5 y el 4 del valor de las facturas. De esta forma los clientes ilegales escondían sus capitales de las autoridades tributarias en Colombia.

Tomada de: Caracol

PLINIO OLANO, OTRO ‘BULDÓCER’ QUE CAE POR EL CASO ODEBRECHT

Los últimos días no han sido los mejores para el ex senador del partido de la U, Plinio Olano, quien hace parte del tristemente célebre ‘grupo de los buldócer’. Así se denomina al grupo de congresistas que recibieron coimas millonarias de Odebrecht a cambio de garantizar a dicha empresa que no serían afectados por la reforma tributaria del 2012.

La cronología más inmediata del ex senador se resume así:

- 25 de julio de 2017: El fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, solicita que el ex congresista Plinio Olano sea investigado junto con los congresistas Antonio Guerra, Musa Besaile, Bernardo Elías y Ciro Rodríguez por el caso Odebrecht. La Corte Suprema de Justicia es el tribunal competente para investigarlos.

- 13 de febrero de 2018: Se hizo efectiva la captura contra el ex senador, según ordenó la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de acuerdo a solicitud de la sala de instrucción que lidera la magistrada Patricia Salazar. Se estableció que los delitos por los cuales deberá responder son: concierto para delinquir, cohecho, tráfico de influencias y lavado de activos, supuestamente cometidos desde el 2010. Hasta esa fecha se desempeñó como director de la Federación Nacional de Departamentos.

- 23 de febrero de 2018: La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ordenó enviar a prisión al ex senador, después de escucharlo en indagatoria.

Este proceso se da como consecuencia de que Otto Bula y Federico Gaviria actuaron como testigos en su contra.

Según Bula, Olano recibió parte del 4 por ciento de las coimas para sacar adelante el otrosí Ocaña-Gamarra en favor de Odebrecht. Además afirmó que el contacto directo con Olano lo tenía el ingeniero industrial Federico Gaviria, quien a la postre se convirtió en el delator del grupo político denominado ‘los buldóceres‘. 

Gaviria asegura que en medio de una serie de reuniones acerca del plan de infraestructura, “Maravillas de Boyacá”, se pactó el compromiso de pagar los 200 millones de pesos a la campaña por la gobernación del departamento, los cuales habrían sido entregados a través del ex senador.

Por su parte, Plinio Olano emitió un comunicado descalificando las acusaciones de Gaviria, argumentando que el ingeniero busca con estas mentiras obtener rebaja de penas.

Plinio es además, hermano de Germán Olano, quien se encuentra condenado por el escándalo del cartel de la contratación en Bogotá, cuando el alcalde era el hoy condenado Samuel Moreno.

EL 16 DE MARZO GOBIERNO PRESENTARÁ PROYECTO PARA ELIMINAR TRES CEROS DEL PESO COLOMBIANO

El presidente Juan Manuel Santos, informó en entrevista que el próximo 16 de marzo, el gobierno presentará al Congreso el Proyecto de Ley para eliminar los 3 ceros del peso colombiano.

"El proyecto se va a presentar el próximo 16 de marzo, está listo, ya con el Banco de la República habíamos acordado que así sería porque la inflación volvió a estar otra vez controlada y es un proyecto favorable para la economía del país y para el futuro del país".

En este sentido el presidente informó que el Gobierno se ha preparado para el proyecto del nuevo billete, luego de la aprobación del congreso, que a su consideración no tiene grandes costos debido a que "el nuevo billete no tiene ceros, entonces ya nos estábamos preparando para que no tuviéramos que imprimir un número muy importante de billetes, eso ahorra costos".

Por su parte, el mandatario aseguró con respecto al cese al fuego del ELN durante las elecciones que "este comunicado y si lo respaldan con acciones es el tipo de gesto que estábamos buscando para reanudar esos diálogos, de manera que yo voy a estudiar bien el comunicado (…) y ahí tomaremos una decisión".

Con respecto al acuerdo de paz realizado con las Farc, Santos aseveró que "yo me cansé muchas veces en las negociaciones con las Farc, pero perseverar es algo que uno tiene que hacer en la búsqueda de un objetivo tan noble, (…) todo esfuerzo y toda paciencia vale la pena".

Santos aseguró con respecto al caso de los supermercados Supercundi, presuntamente de los testaferros de las Farc, que "a las Farc se les dijo, y está en los acuerdos, que cualquier bien que usted no declare, está sujeto a extinción de dominio por la vía ordinaria y eso es lo que vamos a aplicar a cualquier bien que encontremos que no esté debidamente declarado".

“A mí no me gustaría estar en los zapatos del señor Uribe”

Santos habló de las declaraciones del expresidente Álvaro Uribe en las que señala que el Gobierno está presionando a la Corte Suprema para que lo investigue.

“Lo primero que quisiera decirle es que a mí no me gustaría estar en los zapatos del señor Uribe

“Él como cualquier persona, como cualquier colombiano es inocente hasta que no se le pruebe lo contrario y hay que presumir su inocencia y permitir que las cortes hagan su trabajo”, aseguró.

Añadió que su posición es clara: respetar las investigaciones de las cortes y respetar los fallos.

“Mi consejo a Uribe es que respete las instituciones como demócrata, respete la justicia y acate los fallos de la justicia”.

Tomada de: RCN