martes, 26 de septiembre de 2017

PARECE QUE LUIS GUSTAVO MORENO PEDÍA DINERO A MI NOMBRE: LEONIDAS BUSTOS


En entrevista exclusiva con BLU Radio, el exmagistrado habló de las acusaciones en su contra por el escándalo de corrupción en la justicia.

Bustos dijo que es absolutamente inocente y que no hace parte de ninguna red de corrupción en la Corte Suprema de Justicia, tribunal del que fue presidente.

“No hago parte de ninguna red de corrupción. Como magistrado siempre fui probo, transparente, vertical, con una conducta ejemplar”, dijo.

En ese sentido, manifestó que nunca ha tenido comunicación con el senador Musa Besaile, quien admitió haber pagado 2.000 millones de pesos para resultar favorecido en un proceso en su contra, y dijo que parece ser que el exfiscal Luis Gustavo Moreno pedía dinero a su nombre.

“Musa Besaile dice que le entregó los dineros a Moreno (Luis Gustavo) y que Moreno seguramente los iba a distribuir no sé con quiénes. Él nunca dice que yo los recibí. Parece ser que en ese sentido se dirigía su comportamiento, pero yo no puedo afirmar”, manifestó.

Agregó que las declaraciones de Moreno “están motivadas por el principio de oportunidad que en este momento se encuentra tramitando”.

“Yo no creo en la veracidad de esos testigos arrepentidos. Hay algunas cosas que son verdades y otras que son totalmente falsas. Se están mezclando mentiras y verdades”, añadió.

Moreno nunca me llamó papá

De otro lado, el exmagistrado negó que tuviera una relación muy cercana con el exfiscal Moreno, tal como lo ha sostenido el mismo exfuncionario.

“No es cierto que él me llamase papá. Él siempre se dirigía a mí con respeto y con admiración: ‘doctor Bustos, su señoría”, pero nunca me llamó papá”, expresó.

Agregó que su relación fue académica que luego se extendió al plano personal.

“Hubo una amistad nacida de esa vida académica”, enfatizó.

No sé por qué la prensa me pinta a mí como un monstruo

El exmagistrado indicó que no entiende por qué la prensa se ha encargado de “denigrarlo”, cuando no era más que un magistrado.

“No sé por qué la prensa colombiana me ha tratado como el ser más despreciable y me ha visto como un hombre superpoderoso en la Rama Judicial. Solamente era un magistrado que hacía bien su trabajo (…) Siempre quería hacer las cosas con diligencia. Toda mi voluntad la dediqué al servicio de la función. Jamás puse la función al servicio de los intereses privados ni por dádivas ni por amistad (…) No sé por qué la prensa me pinta a mí como un monstruo lleno de tentáculos”, agregó.

No tengo una red de contactos

En cuanto a los cuestionamientos sobre una supuesta “red de contactos” que le permitieron ubicar a su esposa y exesposa en cargos públicos, el exmagistrado dijo que eso no es cierto.

“Sencillamente me desempeñaba como magistrado y uno como magistrado uno conoce a los funcionarios y conoce a las personas. Creo que esto ha sido satanizado. La doctora Martha Cristina Pinedo Céspedes tiene una excelente hoja de vida. (…) ¿Quién no tiene parientes, congresistas, en el servicio diplomático? Ministros que tienen parientes también en otros cargos públicos”, expresó.

En ese sentido, Bustos negó que haya usado su cargo para ubicar en puestos a amigos en familiares en la Procuraduría y Fiscalía.

“Yo no veo ningún clientelismo judicial. Respecto al doctor Alejandro Ordóñez yo ni siquiera voté por él. Yo no lo postulé como candidato a la terna como procurador. (…) Mis cuñados ingresaron a la Fiscalía en la época del doctor Iguarán (Mario)”, enfatizó.

Asimismo, dijo que no recomendó a Luis Gustavo Moreno para que llegara a la Fiscalía General.

De otro lado, Bustos manifestó que le vendió a Moreno un vehículo BMW, por $100 millones, y que no se trató de una entrega y explicó la manera cómo adquirió el carro, a través del magistrado auxiliar Raúl Acero.

“Yo quería comprarme un carro, pero también tenía en mente solicitar un préstamo bancario para adquirir un apartamento y no quería rebajar el cupo de endeudamiento. Yo no me le aparecí al doctor Acero. Él era mi magistrado auxiliar en la Corte Suprema de Justicia”, explicó.

El exmagistrado dijo que no le parece “nada exótico” que Acero terminara trabajando en la Fiscalía de Eduardo Montealegre.

No hubo cenas para organizar la votación a favor del fiscal Martínez

Bustos dijo que sí recibió a Néstor Humberto Martínez en su casa, pero no con el propósito de hacerle campaña en la Corte Suprema de Justicia para que llegara a la Fiscalía General.

“No le hice ninguna comida, pero sí hubo magistrados que le hicieron comidas. El doctor Néstor Humberto me visitó en mi casa, antes y después de ser fiscal, pero no con magistrados haciéndole campaña.

Sin embargo, reiteró que apoyó “con mucha decisión y convicción” la candidatura de Martínez.
EL ÚLTIMO CAPÍTULO DEL CRIMEN PASIONAL QUE ENLUTÓ AL META


Como todas las historias policiacas, la muerte de Jaime José Triana Restrepo comenzó con un hecho que dejó a sus vecinos perplejos. Este tuvo lugar el 7 de noviembre de 2012 y encontró su epílogo cinco años después, este lunes, con la condena a 44 años de prisión del presunto autor material del crimen.

Ese noche, dos sicarios en motocicleta lo alcanzaron en el semáforo del barrio el Porvenir de Villavicencio, mientras se movilizaba en su BMW, y le dispararon en tres ocasiones con una pistola 9 milímetros equipada de silenciador.

La sevicia de los agresores fue tal que para asegurarse de que efectivamente había muerto, acompañaron a la víctima hasta la clínica en la que falleció e incluso ayudaron a bajar el cuerpo de la ambulancia en la que fue transportado.

No era la primera vez que intentaban matar a Jaime Triana. Los sicarios encargados del ‘trabajo’ lo vigilaron durante más de un mes hasta que encontraron el momento ideal para cometer el crimen.

Además de sus compañeros de gremio, el Presidente de la República Juan Manuel Santos, su entonces ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, el Gobernador del Meta, y dirigentes gremiales como José Félix Lafaurie (Fedegan) condenaron el crimen y despidieron con honores al director de la entidad dedicada a la investigación agropecuaria. Incluso el expresidente Álvaro Uribe aseguró: "qué dolor la muerte de Jaime Triana, Corpoica Meta, herido en reciente atentado criminal".

Pero lo que se desconocía hasta hace poco eran los motivos por los que habían realizado el homicidio en contra de un hombre apreciado en cada uno de los lugares en los que se desempeñó.

En un primer momento, las hipótesis de los investigadores apuntaban a que se tratara de un crimen relacionado con su actividad profesional hasta que se apoderó del caso un nuevo fiscal que decidió privilegiar la pista pasional. Con el concurso de la Dijin y la Sijín las investigaciones dieron un giro.

Entonces surgió una historia paralela que dio cuerpo y rostro a los asesinos de Jaime Triana. Apareció muerto uno de los asesinos a sueldo encargados del crimen.

Las pesquisas posteriores indicaron que el hombre trató de ‘bajarse del negocio’ y que por eso lo ejecutaron sus antiguos compañeros. Murió junto con su amante embarazada, en el municipio de Granada, Meta.

A partir de allí y con la ayuda de dos informantes cercanos al caso, los investigadores capturaron a los secuaces Jaime Arango Fresneda y Jackson Jair Bustos Martínez, con lo cual remontaron el hilo que los llevó hasta el autor intelectual del hecho, Fernández Vásquez Trujillo.

La versión que presentó el fiscal y que convenció al juez que falló este lunes fue que Vázquez Trujillo mandó a matar a Triana para deshacerse de un rival amoroso.

Al parecer, desde que fue directivo en la Cámara de Comercio de Villavicencio, Jaime Triana se enamoró de Nury Yolima Encizo, una muchacha de extracción humilde a la que le pagó estudios, le ofreció trabajo y con la que mantuvo una relación extraconyugal.

“Vásquez Trujillo también se enamoró de la Flaca y le pidió que dejara a Triana, pero esta se rehusó y le dijo que mientras viviera no lo dejaría. Así que Vásquez Trujillo dijo: listo, vamos a deshacernos del problema entonces y allí fue cuando pagó los 20 millones a los sicarios” relató una fuente de la Fiscalía de Villavicencio cercana al caso.

El extesorero de Corpometa que convivió con su víctima en la Cámara de Comercio ya había sido condenado en paralelo por el delito de peculado, pero la sentencia que tuvo que enfrentar en aquella ocasión no se compara con los 44 años con los que tendrá que lidiar ahora por el asesinato de Jaime José Triana Restrepo.

El juzgado 5 Penal del Circuito también compulsó copias para que se investigue a la amante de los dos hombres, Nury Yolima Encizo Florez, así como en contra del conductor Luis Eduardo Calderón Quinchicua, para determinar si pudieron haber tenido algún grado de participación en el homicidio de Jaime Triana.

El abogado de Vásquez Trujillo, quien se declaró inocente, apeló y tendrá cinco días hábiles para sustentar y presentar el recurso ante el juzgado. Así se cierra un doloroso capítulo que enlutó al departamento del Meta.
ORDEN DE CAPTURA A MAGISTRADO DE TRIBUNAL DE BOLÍVAR


La diligencia que en el Tribunal de Bogotá se adelantó para imputar cargos al magistrado de Bolívar pudo tener otro desenlace si tan solo se hubiese hecho presente. Pero como no lo hizo su colega ordenó la captura.

A Ivaldi Londoño la Fiscalía le imputó cargos porque supuestamente es el responsable de facilitar la manipulación del sistema de reparto en el departamento de Bolívar, sólo para asegurar que el proceso contra un hombre condenado por homicidio llegará a su despacho, como efectivamente ocurrió.

Además de asegurar que el proceso terminara en sus manos, el magistrado, según la Fiscalía, dilató la investigación, suspendió una orden de captura y dejó por meses en vilo una condena que ya estaba fallada.

Hoy se definía la situación jurídica del magistrado pero no asistió a la diligencia bajo el argumento de estar enfermo, así que ordenaron a la Fiscalía su captura y al Inpec su traslado a una cárcel.
FISCALES SE UNEN PARA RECHAZAR CORRUPCIÓN EN LA JUSTICIA


“No podemos menos que rechazar toda conducta al margen de la ley que haya realizado quienes han estado vinculados a la administración de justicia entodas las instancias”, dicen los funcionarios de la Fiscalía que permanecieron en silencio mientras el jefe del ente acusador anunció purgas al interior de la entidad.

“El racumin no se nos ha acabado”, dijo Néstor Humberto Martínez al entregar un balance con el número de funcionarios capturados e investigados.

Ahora los fiscales crearon una asociación para darle trámite a sus reclamos y opiniones, la primera en rechazo a los casos de corrupción que ya tocaron las instancias más altas en la justicia.
“La opinión pública debe saber que son unos pocos quienes caen en los bajos y peligrosos comportamientos del crimen organizado que se enquista en el Estado”.

Los funcionarios, que ahora hacen parte de la Asociación Nacional de Fiscales, además de invitar a los ciudadanos a denunciar, aseguran que buena parte de la corrupción también está en el “ejercicio litigioso… convertido para algunos abogados en mero oportunismo” que en su criterio está muy cerca de una actividad criminal que profesional.
CORTE IDH REALIZARÁ AUDIENCIA EN PANAMÁ POR EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES EN COLOMBIA


Varios casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales ocurridas en Colombia en los años noventa serán llevados a audiencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en octubre realizará su 58 período extraordinario de sesiones en Panamá.

El secretario general de la Corte Interamericana, Pablo Saavedra, informó este lunes en Panamá que tres audiencias de este organismo se realizarán del 16 al 20 de octubre de este año en el país centroamericano.

En una de las tres audiencias figura “un caso de Colombia sobre alegadas ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de la fuerza pública contra determinados pobladores”, manifestó Saavedra.

Según la página web de la Corte, esta audiencia guarda relación con las “ejecuciones extrajudiciales” de Gustavo Giraldo Villamizar (1996), Elio Gelves Carrillo (1997), Carlos Arturo Uva (1992), Wilfredo Quiñónez, José Gregorio Romero y Albeiro Ramírez (1995).

“La Comisión estableció que todas estas muertes habrían ocurrido a manos de agentes de seguridad del Estado y tuvieron lugar en el contexto denominado como falsos positivos”.

Los llamados “falsos positivos” fueron civiles que murieron en operativos militares o policiales, en el contexto del conflicto armado, y que las autoridades los presentaron al público como miembros de grupos armados ilegales muertos en combate.

De acuerdo a la Corte en todos los casos “habrían existido múltiples factores de impunidad”, ya que las autoridades competentes no habrían investigado con la debida diligencia.

Recientemente la fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, afirmó que los acuerdos de paz en Colombia no deben impedir que militares y guerrilleros implicados en crímenes de guerra respondan ante la justicia.

La CPI desde 2012 viene alertando sobre el riesgo de que estos asesinatos extrajudiciales queden en la impunidad, aunque el gobierno colombiano ha informado que hasta la fecha se han dictado 1.242 sentencias condenatorias por “falsos positivos”.

Sólo entre 2006 y 2008 se registraron en Colombia por los menos 2.500 casos de ejecuciones extrajudiciales, según la entidad humanitaria Human Rights Watch.

Además de este caso, la Corte también tendrá audiencias por la falta de respuesta de Nicaragua frente a la violación, presuntamente por su padre, de una niña de 9 años y por la posible negligencia de un hospital público chileno en la muerte de un enfermo.
CORTE IDH REALIZARÁ AUDIENCIA EN PANAMÁ POR EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES EN COLOMBIA


Varios casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales ocurridas en Colombia en los años noventa serán llevados a audiencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en octubre realizará su 58 período extraordinario de sesiones en Panamá.

El secretario general de la Corte Interamericana, Pablo Saavedra, informó este lunes en Panamá que tres audiencias de este organismo se realizarán del 16 al 20 de octubre de este año en el país centroamericano.

En una de las tres audiencias figura “un caso de Colombia sobre alegadas ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de la fuerza pública contra determinados pobladores”, manifestó Saavedra.

Según la página web de la Corte, esta audiencia guarda relación con las “ejecuciones extrajudiciales” de Gustavo Giraldo Villamizar (1996), Elio Gelves Carrillo (1997), Carlos Arturo Uva (1992), Wilfredo Quiñónez, José Gregorio Romero y Albeiro Ramírez (1995).

“La Comisión estableció que todas estas muertes habrían ocurrido a manos de agentes de seguridad del Estado y tuvieron lugar en el contexto denominado como falsos positivos”.

Los llamados “falsos positivos” fueron civiles que murieron en operativos militares o policiales, en el contexto del conflicto armado, y que las autoridades los presentaron al público como miembros de grupos armados ilegales muertos en combate.

De acuerdo a la Corte en todos los casos “habrían existido múltiples factores de impunidad”, ya que las autoridades competentes no habrían investigado con la debida diligencia.

Recientemente la fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, afirmó que los acuerdos de paz en Colombia no deben impedir que militares y guerrilleros implicados en crímenes de guerra respondan ante la justicia.

La CPI desde 2012 viene alertando sobre el riesgo de que estos asesinatos extrajudiciales queden en la impunidad, aunque el gobierno colombiano ha informado que hasta la fecha se han dictado 1.242 sentencias condenatorias por “falsos positivos”.

Sólo entre 2006 y 2008 se registraron en Colombia por los menos 2.500 casos de ejecuciones extrajudiciales, según la entidad humanitaria Human Rights Watch.

Además de este caso, la Corte también tendrá audiencias por la falta de respuesta de Nicaragua frente a la violación, presuntamente por su padre, de una niña de 9 años y por la posible negligencia de un hospital público chileno en la muerte de un enfermo.
SE POSESIONÓ ANTE EL PRESIDENTE JUAN MANUEL SANTOS EL MAGISTRADO JULIO ROBERTO PIZA 


El presidente Juan Manuel Santos Calderón posesionó en el Salón Protocolario de la Casa de Nariño al jurista Julio Roberto Piza como magistrado del Consejo de Estado.

El nuevo magistrado es abogado de la Universidad Externado de Colombia, doctor en Derecho de la Universidad del Rosario y tiene una especialización en Instituciones y técnicas fiscales del Instituto de Estudios Fiscales de España.

En su trayectoria en el sector público Piza se ha desempeñado como secretario de Hacienda de la Alcaldía de Bogotá, director general de la Unidad Administrativa Especial de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), jefe de la División de Recursos Tributarios de la Administración de Impuestos de Bogotá.

Así mismo, fue director del Departamento de Derecho Fiscal del Externado, fundó la firma Piza y Caballero, y es catedrático desde hace más de 20 años e investigador en Hacienda pública, Derecho tributario y Régimen fiscal.
FISCALÍA INAUGURÓ URI EN FACATATIVÁ (CUNDINAMARCA)


Dos equipos de policía judicial compuestos por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía y la Sijín de la Policía serán los encargados desde hoy de realizar los actos urgentes requeridos en el municipio de Facatativá (Cundinamarca), desde la nueva Unidad de Reacción Inmediata (URI).

Garantizar los derechos de los cerca de 140.000 habitantes del municipio de ese municipio cundinamarqués y facilitar su acceso a la justicia son los objetivos fundamentales de la apertura de la URI, que atenderá a la ciudadanía de domingo a domingo y durante las 24 horas del día.

Los funcionarios de policía judicial son los encargados de realizar inspecciones técnicas, entrevistas y recolección de elementos materiales probatorios, entre otras actividades investigativas, por los delitos que más afectan la seguridad ciudadana como el hurto, el microtráfico, el homicidio y la violencia intrafamiliar y sexual, según informó María Teresa Pineda Buenaventura, Directora Seccional de Cundinamarca.

Al evento asistió el alcalde (e) de Facatativá, Néstor Iván Cifuentes, y su secretario de Gobierno, Francisco Javier Beltrán.
CANADÁ ANUNCIA SANCIONES ECONÓMICAS A NICOLÁS MADURO


Junto al presidente de Venezuela, figuras claves de su régimen fueron sancionadas por el país centroamericano “para enviar un claro mensaje que su comportamiento antidemocrático tiene consecuencias”.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Canadá, dijo que las sanciones afectan a “figuras claves” del régimen de Maduro que son responsables “del deterioro de la democracia en Venezuela”.

La congelación de activos y la prohibición de que individuos en Canadá y canadienses fuera del país mantengan relaciones económicas con los 40 individuos nombrados por Ottawa, son las sancienos que impone Canadá.

La lista de personas afectadas por las sanciones incluye 40 nombres encabezados por el presidente Maduro, Tibisay Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral; Elías Jaua, ministro de Educación; Tareck el Aissami, vicepresidente, y Tarek Saab, fiscal general.

La ministra de Asuntos Exteriores canadiense, Chrystia Freeland, declaró que “Canadá no permanecerá en silencio mientras el Gobierno de Venezuela roba al pueblo de sus derechos democráticos fundamentales”.

Listado de individuos objetos de las sanciones anunciadas hoy por Canadá:

– Nicolás Maduro Moros
– Tibisay Lucena Ramírez
– Elías José Jaua Milano
– Tareck Zaidan el Aissami Maddah
– Tarek William Saab Halabi
– Néstor Luis Reverol Torres
– Roy Antonio María Chaderton Matos
– María Iris Varela Rangel
– Pedro Miguel Carreño Escobar
– Diosdado Cabello Rondón
– Susana Virgina Barreiros Rodríguez
– Freddy Alirio Bernal Rosales
– Delcy Eloína Rodríguez Gómez
– Tania D’AMelio Cardiet
– Aristóbulo Isturíz Almeida
– Jorge Jésus Rodríguez Gómez
– Francisco José AMeliach Orta
– Carlos Alfredo Pérez Ampueda
– Sergio José Rivero Marcano
– Jesús Rafael Suárez Chourio
– Carmen Teresa Meléndez Rivas
– Bladimir Humberto Lugo Armas
– Gustavo Enrique González López
– Elvis Eduardo Hidrobo AMoroso
– Remigio Ceballos Ichaso
– Antonio José Benavides Torres
– Hermann Eduardo Escarrá Malavé
– Sandra Oblitas Ruzza
– Socorro Elizabeth Hernández
– Maikel José Moreno Pérez
– Gladys María Gutiérrez Alvarado
– Juan José Mendoza Jover
– Luis Fernando Damiani Bustillos
– Lourdes Benicia Suárez Anderson
– Carmen Auxiliadora Zuleta De Merchán
– Arcadio de Jesús Delgado Rosales
– Calixto Antonio Ortega Ríos
– Andrés Eloy Méndez González
– Manuel Enrique Galindo Ballesteros
– Vladimir Padrino López
LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LOS RIESGOS DE IMPUNIDAD


Las imágenes en las que un sujeto intenta asesinar a una mujer en el parque Cayetano Cañizares de Kennedy, en hechos ocurridos el 17 de septiembre, reactivan la preocupación sobre los casos de violencia contra las mujeres que, además, están en riesgo de quedar impunes.

En ese episodio, la mujer recibió una brutal golpiza que se prolongó por más de dos minutos, en la que su agresor se valió de puntapiés, ataques con arma blanca y golpes con una piedra para intentar acabar con su vida. La víctima fue trasladada casi media hora después a la unidad de cuidados intensivos del hospital de Kennedy, a donde llegó con un trauma severo de cráneo, heridas con arma cortopunzante y politraumatismos.

Entre tanto, a pesar de la contundencia del video que grabaron las cámaras de seguridad y que el agresor fue capturado momentos después, inexplicablemente hoy goza de detención domiciliaria. Luego de acoger los argumentos de su defensa, que aseguró que su cliente no tenía antecedentes penales, un juez de control de garantías decidió otorgarle ese beneficio.

“Al señor le dieron detención domiciliaria, porque los cargos fueron solamente por lesiones personales. Pero acá estamos hablando de un caso de tentativa de homicidio agravado o de feminicidio, pero aún no sabemos qué tipo de relación tenía el agresor con la mujer”, indicó la secretaria de la Mujer, Cristina Vélez.

Sin embargo, las autoridades se enfrentaron a otro problema: en su momento no lograron establecer la identidad de la víctima. Ella no contaba con documentos que permitieran contactar a sus familiares. Además, llegó con heridas en su rostro que podrían impedir su pleno reconocimiento. “Esperamos que nos digan su identidad y a partir de ese momento podremos representarla en el proceso”, agregó la secretaria de la Mujer.

Impunidad, común denominador

A este caso se suma el de Aura González Malagón, quien el pasado 31 de julio fue asesinada, según los testigos, por su excompañero sentimental. La hija de la víctima, Leidy Johana Gómez, también fue atacada con arma blanca por el agresor y sobrevivió luego de recibir atención prioritaria. Pese a que ella y otro testigo identificaron plenamente al feminicida, a la fecha las autoridades no lo han capturado. Incluso, Leidy Johana ha recibido amenazas en su contra por denunciar públicamente el caso y asegura que solo recuperará parte de su tranquilidad cuando el agresor esté tras las rejas, debido a que él reside en su mismo barrio, Patio Bonito (Kennedy).

Estos últimos episodios evidencian un común denominador: la impunidad que reina en la violencia contra las mujeres. En la histórica sentencia contra Rafael Uribe Noguera, de 51 años y 10 meses de prisión, la jueza 35 de conocimiento citó las cifras del Observatorio Nacional de Violencias del Ministerio de Salud para advertir sobre un panorama que se repite en Colombia: de 122 casos de feminicidios, menos del 10 % tuvo una sentencia en contra de los implicados.

Frente a este panorama, las autoridades aseguran que han enfilado baterías para combatir la impunidad. A corte de agosto de este año, la Fiscalía indicó que ha solicitado 148 imputaciones por los delitos de violencia sexual, feminicidio y violencia intrafamiliar.

Por otro lado, datos estadísticas de la Policía indican que ha habido una reducción del 56 % en las denuncias por lesiones personales en contra de las mujeres en la ciudad. Según esa información, se tiene que las vías públicas (con 3.464 casos), las viviendas (con 562) y los colegios (104) son los lugares en donde se registran agresiones y las víctimas más comunes son las mujeres entre 14 y 30 años. Mientras los objetos contundentes (con 3.423 denuncias) son los más usados por los agresores, en segundo lugar se ubican las agresiones sin el empleo de armas. Finalmente, se tiene que el 47 % de las lesiones ocurren los fines de semana, entre viernes y domingo.

Más allá de las medidas punitivas, la Organización Mundial de la Salud insiste en que se requiere reforzar la prevención para evitar que este tipo de violencia se produzca y se reproduzca. Lograrlo, indica, requiere de una intervención multisectorial y concretar cambios duraderos que busquen proteger a las mujeres, combatir la discriminación, fomenten la igualdad de género y adoptar normas culturales más pacíficas.