lunes, 30 de octubre de 2017

LAS TRES DAMAS SALPICADAS EN EL ‘CARTEL DE LA TOGA’




El nombre de la abogada santandereana Martha Cristina Pineda ya salió a relucir en el expediente que se le sigue a su esposo, el expresidente de la Corte Suprema Leonidas Bustos, por la supuesta exigencia de jugosas sumas a cambio de impedir capturas o frenar procesos contra políticos.

La evidencia contra Bustos es tan contundente que esta semana la Comisión de Acusación de la Cámara no tuvo otra salida diferente a la de abrirle investigación formal. 
Y ahora se evalúa el papel que cumplió su esposa, varias veces mencionada por los protagonistas del escándalo. 

El episodio que más la compromete hasta ahora corre por cuenta del exalcalde de Villavicencio, Germán Chaparro. Hace 72 horas, este le dijo al magistrado investigador Luis Hernández que el abogado Gustavo Moreno le pidió 1.500 millones de pesos para que su condena a 39 años por homicidio fuera revisada favorablemente por la Corte en la etapa de casación. 

Para garantizarle resultados, Moreno le dijo que la plata era para Bustos, y como respaldo del negocio le habría ofrecido arreglar una reunión con Pineda, quien entonces se desempeñaba como procuradora judicial.

La Corte quiere revisar el caso porque alrededor del expediente de Chaparro están dos nombres oficialmente bajo investigación: el del abogado Gerardo Torres, ‘Yayo’, y el del exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos. 

En efecto, desde 2009, Chaparro asegura que uno de los testimonios que terminó enredándolo en el crimen de Ómar López, su antecesor, fue el del paramilitar José Raúl Mira Vélez. Se trata del mismo hombre que acusó a Ramos de tener nexos con las autodefensas. Pero Chaparro dice que en ese expediente no se le dio credibilidad y Mira fue asesinado antes de ser confrontado.

‘Gris tormenta’

Chaparro también dijo que el abogado Gerardo Torres, ‘Yayo’, se hizo cargo de su caso y luego se lo pasó a Moreno, el mismo ‘modus operandi’ que han tenido otros procesos bajo la lupa, como el del senador conservador Hernán Andrade. 

Para confrontar la versión del exalcalde, EL TIEMPO buscó a ‘Yayo’, y en entrevista exclusiva este admitió que recibió el caso de Chaparro y que se lo pasó a Moreno, a quien conoció por recomendación de Leonidas Bustos. Pero aseguró que solo cobró 120 millones de pesos y que desconoce las exigencias adicionales de Moreno, quien luego se convirtió en jefe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía.

La defensa de Moreno señaló, por su parte, que su cliente hablará del caso Chaparro solo cuando se lo pregunten oficialmente las autoridades. Y es evidente que lo interrogarán en torno a las supuestas citas que ofrecía con la esposa de Bustos para concretar los negocios sucios. 

De hecho, Moreno ya mencionó a Pineda en sus declaraciones ante la Corte, dentro de las prueba de su cercanía con Bustos. 

Moreno detalló cómo le entregó a la mujer una camioneta Dodge Journey, gris tormenta, de 80 millones de pesos. estableció que el carro está en manos de Rafael Antonio Céspedes, tío de Pineda quien vive en Bucaramanga. 

También aportó evidencia de un viaje conjunto a Miami y otro a Panamá con el matrimonio Pineda Bustos. Y aquí ‘Yayo’ vuelve a aparecer en escena. 

Este le dijo que fue él quien organizó el viaje a Ciudad de Panamá en septiembre de 2012.

Aseguró que, debido a su estrecha amistad con la embajadora de Colombia en Panamá, Ángela Benedetti, invitó al istmo a los entonces magistrados Javier Zapata y Leonidas Bustos, para que asistieran a un foro sobre sistema penal acusatorio que organizó el Gobierno panameño con el apoyo de la diplomática.

“Martha Cristina acompañó al magistrado Bustos, del que era novia en ese momento. Y también le dije a Moreno que fuera para que buscara asesorías. Moreno, Bustos y Martha Cristina se alojaron en un hotel y yo me quedé en la residencia de la embajadora, la anfitriona del grupo de colombianos”, le explicó ‘Yayo’ a este diario. 

Y aunque admite que trabajó con Moreno en cuatro procesos bajo la lupa –el de los senadores Hernán Andrade y Jorge Rozo; el del exministro Jorge Londoño y el del exalcade Chaparro–, ‘Yayo’ niega formar parte del esquema delincuencial del llamado ‘cartel de la toga’. Y así planea decírselo a la Fiscalía, que se apresta a llamarlo a declarar.

Lo que sí admite el abogado boyacense es la estrecha amistad entre Martha Cristina Pineda y su expareja, la hasta hace unos días fiscal delegada ante la Corte Luz Mábel Parra.

Según él, ambas se conocieron en la procuraduría de Alejandro Ordóñez, y tras salir de esa entidad, Pineda le consiguió a su amiga Mábel el puesto de magistrada auxiliar en el despacho de Leonidas Bustos. 

Allí, la pareja de ‘Yayo’ tuvo expedientes sensibles. Uno de ellos fue el que se le cerró a Germán Vargas Lleras por ‘parapolítica’. 

Se encontró evidencia de que Parra también fue abogada del congresista de Cambio Radical Jorge Rozo y obtuvo dos jugosos contratos cuando Jorge Londoño (otro de los clientes de ‘Yayo’ y de Moreno) fue ministro de Justicia. 

La Comisión de Acusación de la Cámara la escuchó en declaración esta semana. Y la Fiscalía, que la tenía entre sus cuadros directivos, también le alista una citación.

La mención de Ruth Marina Díaz
Por ahora, Parra negó en la Cámara haber cometido cualquier tipo de irregularidad en su paso por la Corte. Y descartó presiones del exmagistrado Bustos para cometer delitos. Lo que llama la atención es que en su declaración negó haber llegado a la Corte por recomendación de alguien, contradiciendo lo dicho por su exmarido, del que ha tomado distancia.

La tercera dama mencionada en el expediente es la exmagistrada y también expresidenta de la Corte Suprema, Ruth Marina Díaz. 

Ella formó parte de la exclusiva oficina de abogados que Gustavo Moreno compartió con el exmagistrado Francisco Ricaurte, otro de los señalados cerebros del ‘cartel de la toga’, quien ya completa cinco semanas tras las rejas. 

Sin entrar en detalles y sin que se lo preguntaran, Moreno le dijo a la Corte Suprema que la exmagistrada Díaz “precisamente ayudaba en algunos casos porque decía tener alguna influencia sobre un magistrado en particular”.

Además, anexó al expediente una foto de Díaz con él, celebrándole un cumpleaños a Ricaurte. 

Tanto en la Corte como en la Fiscalía le pedirán a Moreno que amplíe ese punto y explique por qué mencionó a la exmagistrada. 

La defensa del exfiscal anticorrupción dijo al respecto que habían entregado una matriz de colaboración y no recordaba que estuviera el nombre de la exmagistrada. Por ahora, Ruth Marina Díaz ha negado tajantemente cualquier nexo con los negocios turbios de Moreno e incluso ya denunció a medios de comunicación que la vinculan con él y con otros miembros del ‘cartel de la toga’.

Hija de Malo, a audiencia por extorsión
Este lunes, la Fiscalía acusará por extorsión a Yara Milena Malo, la hija del magistrado de la Corte Suprema Gustavo Malo, vinculado al ‘cartel de la toga’. 

Como se reveló, la joven le exigió el 20 por ciento del sueldo a una funcionaria de la Fiscalía, por ayudarla a conseguir ese puesto. Los cobros los hacía ingresando a la entidad con un carné de una funcionaria que trabajó en la Corte y cuyo esposo hace parte de la seguridad del magistrado Malo.
FINLANDIA: EL PAÍS DONDE LOS PRESOS TIENEN LAS LLAVES DE SUS CELDAS



Rodeado de un barrio con casas agradables y jardines, se alza un edificio del siglo XIX, con frente de ladrillo, de líneas señoriales. Podría ser un campus universitario. Pero no lo es.

Atravesamos la puerta y ya estamos dentro de la prisión de Helsinki. No hay rejas ni requisas. Me acompañan Jouko Pietilä, director del penal, y Facundo Vila, el embajador argentino. Había escuchado tanto sobre las políticas de encierro en los países nórdicos que quise comprobarlo en persona.
Finlandia es una sociedad de herencia luterana, aunque la religión tiene poca influencia. Sin embargo, un versículo de la Biblia, en sueco y en finés, recibe a los visitantes en el frontis: “Si vuelves al Señor, Él dará vuelta a tu prisión y tendrá misericordia de ti”.

De camino al despacho del director nos cruzamos con varios “clientes”. Así se denomina a los que purgan condenas de servicio a la comunidad (‘probations’), pero el término alcanza a todos los prisioneros. Si son jóvenes, se los llama “alumnos”. Se saludan como amigos. Todo es impecable. 

Mi propósito era desentrañar las razones por las que Finlandia es el país europeo con menos presos por cada 100.000 habitantes (52) y, a la vez, con menos policías (149 por cada 100.000 habitantes). Para establecer una comparación, Estados Unidos tiene 750 presos y 248 policías por cada 100.000 habitantes. Una curiosidad de Finlandia es que, con la menor proporción de policías de Europa, resuelve más del 90 por ciento de los delitos graves.

Quiero charlar con los presos, digo, y partimos hacia las celdas. El director golpea una puerta. Pregunta al prisionero si acepta charlar con un periodista. Responde que sí. El jefe de la prisión se queda afuera charlando con el embajador. Conmigo ingresa el fotógrafo Sebastián Arauz. Mi inminente entrevistado, musulmán, pega un respingo, pues Sebastián pisó su alfombra de oración.

Cherif Abdul Aziz Sy es senegalés. Tiene 43 años pero parece más joven. Ojos vivaces, cuerpo trabajado. Dejó su tierra a los 23 y está en Finlandia desde el 2009. Hace dos años y medio que está preso.

—¿Por qué está acá?

—Un accidente. Un muerto.

Me dice que no fue durante un robo. No indago más. Eso fue en el 2014. Habla español, pues vivió en Barcelona. Estudió lenguas en su país y por eso habla inglés, obviamente francés, e italiano. Para salir de la cárcel le hace falta un año y medio. Si se trata de la primera condena, salen automáticamente cumplida la mitad de la sentencia. 

Cherif ocupa una celda espaciosa, con mucha luz. Tiene un televisor plasma, baño privado, un armario, mesa, sillas, tetera eléctrica, calefacción. A las 7 a. m. se levanta y hasta las 4:45 p. m. puede salir y entrar de su celda (tiene llave). Unos 45 minutos por la mañana y otros tantos por la tarde sale al patio a practicar algún deporte.

—¿Sirve para algo estar preso?

—Sí. Ahora soy mejor persona.

Lo único que se pareció a una queja es que no le gusta lo que le sirven en el comedor. Entonces hace uso de la ‘office’ (cocina grande) para preparar su propia comida, que hace con lo que compra en la proveeduría de la prisión.

—Dan ganas de pasar una temporada acá...

—No, señor. No diga eso. Perder la libertad es terrible.

Antes de despedirme avergonzado, le pregunto si tiene acceso y trato con todos los prisioneros. “Los únicos apartados son los que cometieron ofensas sexuales”, explica Cherif. Tal parece que es un código universal que los presos repudien a los violadores. Proyectan en esta conducta el riesgo que corren sus familias, a las que no pueden defender desde la cárcel.

Antes de ver a otros presos continúo mi charla con Jouko Pietilä. Le pregunto si hay pabellón para homosexuales. “No. No tengo idea de quién es homosexual —afirma—. Aquí no nos metemos en el hecho de si quieren tener sexo entre ellos. Incluso hay preservativos a su disposición. Lo mismo ocurre con quienes se inyectan. No distribuimos jeringas, pero sí una sustancia para esterilizarlas”.

“Hacemos todo para evitar el consumo, pero no lo logramos del todo; por alguna visita que filtra algo o porque lanzan pelotas de tenis con sustancias dentro por encima de los muros”, cuenta.

Los controles incluyen el análisis de las heces de los sospechosos de consumir drogas.

—¿Considera usted que hay delincuentes irrecuperables?

—Si yo pensara eso, no podría ocupar mi cargo. Tengo más de 30 años en la Agencia de Sanciones Penales (como el Inpec) y he visto cambios increíbles.
EE. UU., UN VIEJO Y CONOCIDO PROTAGONISTA



Desde que el nombre del cacique electoral Álvaro Ashton apareció entre los supuestos beneficiarios del cartel de la toga, mencionado en conversaciones que fueron grabadas por la DEA, en la Embajada de Estados Unidos se oye cada tanto que lo más probable es que pronto le quiten la visa para entrar a ese país. Sólo hasta esta semana la Corte Suprema anunció una investigación formal contra Ashton, pero la amenaza de que perderá su visa pende sobre él desde el día en que se supo que Leonardo Pinilla, socio de Gustavo Moreno, le aseguró a Lyons que el congresista había tomado ventaja en los procesos en su contra gracias a la red de corrupción que surgió en la Corte Suprema.

Este año, como no pasaba hace mucho tiempo, Estados Unidos ha vuelto a ocupar protagónicamente la agenda judicial, política y mediática en Colombia. Al punto que hace unas cuantas semanas el presidente de ese país, Donald Trump, volvió a usar un término que en el país no se oía desde la época de Ernesto Samper con tanta insistencia: la descertificación en su lucha contra el narcotráfico, a raíz del pronunciado incremento de cultivos de uso ilícito en los últimos tres años. En 1995 el asunto empezó a tornarse complicado y Colombia fue “semidescertificada”. Dos años más tarde, hasta el propio presidente de la República estaba sin visa estadounidense. Cachetada con guantes blancos. 

En el campo del narcotráfico, el asunto parece estar en los mismos términos en que ha estado en las dos últimas décadas: el país de América del Norte monitorea cada año por distintas fuentes la cantidad de hectáreas que hay en el país con cultivos de uso ilícito —Colombia no hace ninguna medición por su cuenta— y examina de cerca las cifras. Este año, el informe de la DEA, revelado hace unos días, fue el florero de Llorente: aseguró que los niveles de cocaína en Estados Unidos de origen colombiano estaban sobrepasando los niveles de 2007, que sigue dominando el mercado de ese país y que todo es debido al aumento notorio de cultivos de uso ilícito en territorio nacional. 

El incremento del protagonismo de Estados Unidos es tal vez más notorio en el campo judicial, especialmente relacionado con la corrupción. El cartel de la toga, el peor escándalo que haya sacudido a la Corte Suprema de Justicia, nació de la mano de Estados Unidos. Fue ante la DEA que Lyons aventó a Luis Gustavo Moreno cuando éste y su socio, Leonardo Pinilla, le pedían dinero a cambio de influir en las investigaciones en su contra, y es ahora la DEA la que no permite que Lyons regrese a Colombia. El exgobernador de Córdoba está en Miami desde abril pasado y, por las imágenes que se han filtrado en medios, no la está pasando nada mal mientras afina los detalles de sus procesos tanto allá como en el país. 

El pasado 28 de junio, un día después de que Luis Gustavo Moreno fuera capturado en su oficina, el fiscal Néstor Humberto Martínez ofreció una rueda de prensa acompañado del fiscal general adjunto de Estados Unidos, Kenneth Blanco. De hecho, el plan inicial era que ambos hablaran el mismo día de la captura del jefe anticorrupción de la Fiscalía, pero asuntos logísticos del viaje de Blanco lo impidieron. “El fiscal Blanco reiteró su compromiso en la cooperación binacional para poner en marcha de manera exitosa investigaciones, intercambio de información y mecanismos para aplicar la extinción de dominio sobre bienes comprometidos con hechos ilícitos en los dos países”, señaló en ese momento la Fiscalía. 

El 15 de agosto, la Fiscalía notificó que la DEA había entregado unas pruebas claves: unas transcripciones que dejaban ver que en el cartel de la toga también habrían participado magistrados o exmagistrados de la Corte Suprema. Fue entonces cuando los nombres de José Leonidas Bustos —a quien la Comisión de Acusación le abrió investigación formal este jueves— y Francisco Ricaurte —detenido en la cárcel La Picota desde el 22 de septiembre pasado— saltaron a la palestra pública. Casi a la par con el anuncio se supo que Estados Unidos les había quitado las visas. El 17 de octubre el turno fue para Yara Malo, la hija del magistrado Gustavo Malo, el cual ha negado de todas las formas posibles cualquier nexo con esa red de corrupción. A Yara Malo le imputarán cargos este lunes 30 de octubre por corrupción. 

El mismo día que trascendió la suspensión de la visa de Malo, otra persona corría la misma suerte: Alan Jara. Con una particularidad: Jara, quien permaneció secuestrado por las Farc casi ocho años, no tiene aún investigaciones. No obstante, cuatro funcionarios que fueron de su entera confianza sí están siendo investigados por el presunto desfalco por más de $18.000 millones que se habría cometido contra las arcas del Meta mientras Jara era gobernador (2012-2015) a través de la planeación de la refinería Llanopetrol. Los detenidos son el gerente Ricardo Rodríguez; el secretario de Hacienda en 2015, Jairo Frías Carreño; el exjefe de Planeación Hernando Martínez, y la exasesora jurídica Estella Casasfranco. Ninguno aceptó cargos.

Hablan expertos

“Sin duda sí hay un mayor intervencionismo en temas de la justicia. El mal o bien llamado cartel de la toga se destapó gracias a Estados Unidos. Ahora se oyen grabaciones del fiscal general, de la Corte… ¿quién los estaba grabando? Lo que Estados Unidos gana es mantener su imagen de ‘policías del mundo’, mostrando que la corrupción permeó todo, que las instituciones no son tan legítimas y que sin ellos no lo logramos. El beneficio es que se hace justicia y se destapan cosas que sin ellos no se hubieran destapado. La desventaja es que la verdad (judicial) queda dependiendo de ellos”, señala Carlos Andrés Gómez, director del Departamento de Ciencias Jurídicas de la Universidad Jorge Tadeo Lozano.

“Intervencionismo es una palabra muy pesada. Es un espectro de influencia de país a país se puede pensar en diferentes estadios, donde el intervencionismo ocupa el último lugar, porque hay fuerza de quien lo ejerce y rechazo de quien lo recibe”, refuta Óscar Palma, doctor en relaciones internacionales y profesor de la Universidad del Rosario. “Pensaría más en influencia, en persuasión, ante el aumento del interés de Estados Unidos en presionar a Colombia para que actúe como ellos quieren. Pensaría también en intervención por invitación, un concepto que la profesora Arlene Tickner ha estudiado mucho, que habla de cómo Colombia ha invitado a Estados Unidos a que actúe en sus asuntos internos”.

“Aunque podría pensarse que esta nueva etapa de intervencionismo de EE. UU., en Colombia responde al cambio de administración en la Casa Blanca, el cambio en las circunstancias se ha dado es en Colombia, realmente”, argumenta Cristian Rojas, analista internacional y profesor de ciencias políticas de la Universidad de la Sabana. “Hay un aumento impresionante en los cultivos de coca y, como informó la DEA, la droga con la que los carteles mexicanos inundan el mercado negro norteamericano es de origen colombiano. Es decir, el país ha vuelto a ser el de los años 90, cuando el intervencionismo político y judicial de EE. UU. era evidente”.

“La relación con los estadounidenses ha sido accidentada”, comenta Carlos Medellín, quien como ministro de Justicia apoyó a Samper a impulsar la primera ley de extinción de dominio en el país. “La relación con el Departamento de Justicia de EE. UU. se rompió durante la presidencia de Samper, cuando la Fiscalía colombiana recibió los datos de unos testigos contra el cartel de Cali que vivían protegidos en ese país y enseguida los mataron. Se empezó a componer cuando Colombia volvió a aprobar la extradición. Ahora lo que está pasando es que los cultivos van en aumento, a pesar de que las Farc se acabaron. El tema es muy delicado y ellos van a seguir cuestionando todo”.
EN COLOMBIA CERCA DEL 80% DEL FRAUDE QUE SE REALIZA SON CON TARJETAS DE CRÉDITO: ASOBANCARIA



En Colombia la utilización de los mecanismos electrónicos para la realización de transacciones económicas, es decir las realizadas en canales no presenciales, crecieron según cifras de Asobancaria y la Superintendencia Financiera en un 60% entre el 2013 y 2016 y con un monto transado del 30%.

"Son el pagador y el beneficiario del pago deben tener la tranquilidad de que su operación es realizada de una manera adecuada y además el mecanismo que utiliza es seguro y sólo de esta manera, lo utilizará por primera vez y lo seguirá utilizando en el futuro", afirmó Castro.

Reconoció que la tarea no es sencilla porque en la actualidad cerca del 80% del fraude se realiza con tarjetas de crédito. O a través de canales no presenciales, Internet o teléfono y recordó que el 2014, el 70% se materializaba por medio de canales como datafonos.

Dijo que para contrarrestar este flagela es necesario avanzar en los procesos de judicialización de los delitos informáticas, porque si los delincuentes perciben que no van a obtener castigos por parte de la justicia, aumentan los incentivos para continuar atacando cada vez más.

Por tal motivo Santiago Castro, puso sobre la mesa tres puntos fundamentales como son: en primer lugar es esencial el fortalecimiento de las capacidades de las Instituciones que se encargan de la investigación y judicialización de estas conductas criminales. En segundo lugar, la cooperación y la articulación del sector privado y de las autoridades, para implementar acciones oportunas que enfrenten efectivamente las realidades del ciberdelito y para considerar un sistema legal que permita luchar contra el sibercrimen, es necesario fortalecer la cooperación internacional.

Sobre este último punto manifestó, que ya se encuentra para segundo debate la discusión del Proyecto de Ley que adhiere a Colombia al Convenio de Budapest mediante el cual se creó el único marco existente para aplicar una política penal común para proteger a la sociedad frente a la ciberdelincuencia.
EL "MENÚ" JUDICIAL DE ESTA SEMANA



La carta de audiencias arranca el lunes con la investigación del “Cártel de la Toga” y el senador Álvaro Ashton como el primer comensal. El congresista deberá responder las dudas de la Corte Suprema por su presunta relación con Luis Gustavo Moreno, que bien clara dejó el ex director anticorrupción en sus declaraciones. 

Solo un día después, pero en Paloquemao, la hija del magistrado Gustavo Malo tendrá la audiencia de imputación de cargos por el delito de extorsión. Yara Malo es investigada porque supuestamente exigía dinero a funcionarios de la Fiscalía y Procuraduría a quienes con la generosidad su padre ayudó a ubicar en los cargos. 

En este caso se conoció que la Fiscalía solicitará una medida de aseguramiento en contra de Yara y en un centro de reclusión por considerar que puede afectar el proceso o amedrantar a los testigos. 

Corrupción 

A media semana serán los gobernadores de Nariño, Camilo Romero y de Norte de Santander, William Villamizar, los que tendrán que comparecer al Tribunal de Bogotá para una audiencia de imputación de cargos. 

Romero es investigado por el contrato que modificó las condiciones para la comercialización de 80.000 cajas de aguardiente Nariño. Villamizar está enredado con el trámite, celebración y liquidación de un contrato de suministro de materiales para obras públicas por más de $6.000 millones. 

Caso Yuliana

Este jueves y tras completarse 10 meses de investigación la Fiscalía y las víctimas de este caso se alistan para escuchar de un magistrado del Tribunal de Bogotá el fallo que define en segunda instancia la condena del confeso asesino y violador Rafael Uribe Noguera. 

La Fiscalía aseguró que las pruebas y la crueldad del crimen eran suficientes para que la condena fuera la máxima contemplada en la legislación colombiana, 60 años de prisión, y no de 51 como quedó en primera instancia, que según el padre de Yuliana no es justa con la gravedad de esta tragedia. 
La defensa de víctimas espera que el magistrado entienda la importancia que tiene el caso para el mundo y como se podría sentar un precedente con este caso. 

Una recaptura 

Hace dos semanas la ex gobernadora de La Guajira, Oneida Pinto, fue beneficiada con la detención domiciliaria por ser cabeza de familia. La Fiscalía rechazó la decisión de una juez de Soacha, Cundinamarca, y la apealó. 

El miércoles la defensa de la ex mandataria, investigada por irregularidades en contratos mientras se desempeñó como alcaldesa de Albania en La Guajira, expondrán nuevamente las razones para demostrar que debe estar en la casa y no en una cárcel.

La Fiscalía hará lo propio e insistirá que Pinto es un peligro para la sociedad y para el proceso que se adelanta en su contra.
PROCURADURÍA RESPALDA AMPLIACIÓN DE SALAS DE LACTANCIA MATERNA EN EMPRESAS



La Procuraduría le solicitó a la Corte Constitucional dar vía libre a la Ley 1823 de 2017, que obliga a las empresas privadas a adecuar salas de lactancia maternas.

La demanda va dirigida en contra del artículo dos de dicha ley que crea las ‘Salas Amigas de Familia Lactante del Entorno Laboral’ en entidades con capitales iguales o superiores a 1.500 salarios mínimos, o inferiores a ese monto, pero con más de 50 empleadas.

En el documento el Ministerio Publico señala que la ley es idónea porque garantiza el acceso de los niños en sus primeros meses de vida a la lactancia materna y no limita ni restringe el crecimiento de las pequeñas empresas.

“En todo caso el derecho a la lactancia materna en el trabajo sigue existiendo, aun cuando se encuentre llamado a materializarse de formas diversas”, dice el Ministerio Público.

Para la Procuraduría, la norma acatada no solo es idónea para proteger a las madres e hijos lactantes, sino que la condición para el acceso persigue objetivos legítimos como la protección del derecho al trabajo formal, garantiza una igualdad y desestimula eventuales barreras para las mujeres en su acceso al mercado laboral.

La solicitud se hizo luego de la demanda presentada por cuatro ciudadanos, quienes consideran que la Ley viola el derecho a la igualdad entre madres lactantes y se afectan los derechos de los menores al privarlos de los beneficios que tienen como recién nacidos.

El estudio de la ley le correspondió al despacho de la magistrada Gloria Ortiz, quien le solicitó concepto al Ministerio de Trabajo y al de Salud, a la Consejería Presidencial para la Mujer, a el BID, Sisma Mujer, a Fenalco y al Banco de la República.
CUÁNTO COSTABA LA CABEZA DE FIDEL CASTRO Y SECRETOS DE LOS ARCHIVOS SOBRE EL ASESINATO DE KENNEDY



El presidente Donald Trump aprobó el jueves la publicación de unos 2.800 archivos secretos sobre el asesinato de John F. Kennedy en 1963, pero ordenó que varios centenares de ellos permanezcan clasificados.
La decisión, luego de que el mandatario anunciara previamente que no veía motivos para impedir la salida a la luz de todos los documentos, generó nuevamente dudas sobre uno de los hechos de la historia de Estados Unidos que más ha generado polémicas y todo tipo de teorías de la conspiración.
Pero mientras algunos se siguen preguntando si el gobierno de Estados Unidos intenta esconder algo, más de 50 años después, los textos desclasificados el jueves muestran nuevas claves, no solo del asesinato, sino también de la época.
Planes para asesinar a presidentes y figuras controvertidas de la política mundial, inacciones de la CIA y el FBI para detener al sospechoso y conjuras sexuales se suman al enjambre de piezas que conforman desde hace décadas el todavía incompleto rompecabezas detrás del último asesinato de un presidente en la historia de Estados Unidos.
Aquí te mostramos algunas claves de los últimos documentos revelados.
El precio de la cabeza de Fidel Castro
Durante años, el gobierno de Cuba denunció supuestos planes de la CIA para asesinar al líder comunista Fidel Castro.
De hecho, una de las teorías conspirativas que se tejió en torno al asesinato de Kennedy desde la década de 1960 tuvo que ver con Cuba y con la revolución castrista.
Por un lado, los que afirmaban que Castro estuvo detrás del tiroteo de Dallas y, del otro, quienes aseguran que detrás del asesinato estaban, precisamente. los que se oponían al gobierno de la isla y a un posible acercamiento entre La Habana y Washington.
"Creo que puede haber una conexión entre los intentos de la CIA de asesinar a Castro y el asesinato de Kennedy. Lee Harvey Oswald (el presunto asesino) sabía de esos intentos y pudo haberse sentido motivado para asesinar a Kennedy en represalia" (dadas sus cercanías con el comunismo), explica a BBC Mundo Patrick Maney, profesor de historia presidencial en el Boston College.
Los documentos publicados el jueves revelan encuentros de la agencia de inteligencia de Estados Unidos con emigrados cubanos de Florida para trazar planes para asesinar a Castro.
En las reuniones, incluso, se le pone precio a la cabeza del líder cubano y algunos de sus principales seguidores, como su hermano, Raúl Castro, y Ernesto Guevara.
De acuerdo con el documento, los emigrados pagarían US$100.000 por la muerte de Fidel (aproximadamente US$ 1,3 millones en la actualidad), y otros US$20.000 por Raúl y Guevara, respectivamente (unos US$256.000 ahora).
Pero no quedó solo en ellos.
Otro documento describe un esquema propuesto por el Pentágono llamado Operación Bounty, que buscaba derrocar a Castro, y estableció un sistema de recompensas financieras a los que mataran a "comunistas" cubanos.
Estos debían entregar a la CIA pruebas "concluyentes" del asesinato, como el carnet del partido del fallecido.
Uno de los hechos más misteriosos que aparece en los nuevos documentos es una llamada telefónica que asombró a un medio de comunicación y a una agencia de inteligencia del otro lado del mundo.
Según un memorando de la CIA al FBI, un periodista británico del diario Cambridge Evening News recibió una llamada anónima 25 minutos antes del asesinato de Kennedy en la que le dijeron que llamara a la embajada de Estados Unidos para recibir una "gran noticia".
"Después de recibir la noticia de la muerte del presidente, el periodista informó a la policía de Cambridge de la llamada anónima y la policía informó al MI5 (el servicio secreto británico)", señala el texto..

¡CONOZCAMOS BOGOTÁ!


Si nos preguntamos qué nos ofrece Bogotá, muy seguramente lo primero que pasará por nuestras mentes es el ruido, la contaminación, la inseguridad, los trancones y gran concentración de personas.

Pero, ¿realmente Bogotá no tiene nada que ofrecer?

Artículo escrito por la Concejal de Bogotá Partido conservador Gloria Elsy Díaz Martínez, ver artículo completo
LAS EXTRAÑAS DECISIONES DE LA SALA PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Muy extraña la decisión tomada por el presidente Eugenio Fernández luego de que hace dos semanas fue salpicado por las delaciones que está haciendo ante la corte suprema el exfiscal Gustavo moreno en la que dijo que Eugenio Fernández trabajaba en unión con Leónidas Bustos.

Pero lo insólito es que el exmagistrado auxiliar Raúl Gutiérrez luego de expresar su incomodidad por la forma como fue despedido manifestó que si había apertura para orden de captura con el senador Álvaro Ashton pero la corte lo llama a interrogatorio y no dicta medida  de aseguramiento, ¿y esto porque?, pero luego el magistrado Fernández para demostrar moralidad y no se otras cosas llama a indagatoria y este si con orden de captura a David Char Navas quien sabemos siempre estuvo presto a colaborar y asistió a todas sus citaciones sin evadirlas, pero aun así dictan orden de captura para él, no sabemos que está buscando la corte o que quiere tapar, lo único que se sabe es que quieren sacar pecho y moralidad con la captura de este señor, esto para contrarrestar o tapar las cosas que están sucediendo en la corte.

De igual manera se supo que la defensa solicitara de acuerdo con el trascurso del proceso el impedimento del magistrado Eugenio Fernández.