LAS RECTIFICACIONES A CLAUDIA LÓPEZ ¿UNA DISCUSIÓN POLÍTICA EN TRIBUNALES?

Una nuevo fallo de tutela le ordena a la senadora y aspirante presidencial Claudia López que rectifique en medios de comunicación lo que dijo sobre Cambio Radical, respecto a que el partido es “un concierto para delinquir con personería jurídica”. 

Pero no es la primera vez, es la cuarta, pues ya ha tenido que rectificar lo dicho contra miembros del Centro Democrático, contra el fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, y contra el ex ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao.

Por eso surge la duda de si se trata ya de una discusión política en estrados judiciales. Caracol Radio consultó con expertos al respecto.

Para Francisco Barbosa, analista investigador de la Universidad Externado, lo político está pasando la línea.

“Yo creo que sí se está llevando a un plano de tribunales una discusión política, en la medida que sí está existiendo una judicialización de la política o una judicialización de la libertad de expresión que le está costando mucho al Estado”, dice.

Asegura que es cierto que la libertad de expresión tiene unos límites, “pero uno lo que tiene que hacer es un llamado a los políticos, a las diferentes entidades del Estado que están siendo afectadas, para que hagamos un debate político mucho más responsable”.

Sin embargo, para el abogado Francisco Bernate, la senadora “tiene que moderar su lenguaje, es una aspirante a la Presidencia de la República, que en muy pocos meses ha tenido varios llamados de atención de la justicia”.

Para él, el derecho a la libertad de expresión no puede significar acabar con la honra de las demás personas.

Por su parte, el abogado constitucionalista Adrian Zeballosf asegura que se está abusando del derecho a la tutela.

“Algunas personas quieren limpiar su nombre no a través de sus actos, sino a través de los jueces”, dice.

CORTE SUPREMA REMITE EXTRAÑO CASO A LA JEP

Gilberto de Jesús Torres Muñetón es el nombre del protagonista del primer caso que revisaría la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, por remisión de la Corte Suprema de Justicia al considerar que si revisa una sentencia que lo condenó por la masacre de Bojayá, cometida el 2 de mayo de 2002, estaría usurpando las competencias del Tribunal hasta ahora inexistente.

El Tribunal Superior de Quibdó lo condenó en el 2006, señalándolo de ser alias ‘Becerro’, pero su defensa acudió a la Corte porque asegura que él no es dicho comandante guerrillero, que en realidad habría muerto en el 2015.

Sin embargo, la Corte no entró a revisar sus argumentos sino señaló que Torres aparece dentro de las listas de las Farc, firmó el compromiso de someterse a la Jurisdicción Especial y por ello su condena está suspendida, de hecho tiene la libertad condicionada.

Por ello, asegura el Tribunal que existe una “imposibilidad jurídica” de cumplir los efectos de revisión que pide la defensa, y por ello el caso deberá entrar a revisarlo la JEP.

Incluso señala: “por último, se debe resaltar que el mismo apoderado de Gilberto Torres reconoció, en la demanda, que acudía a la acción ordinaria de revisión, ante la eventualidad de que éste no fuera reconocido como integrante de las Farc-EP y, por ende, no contara con otro mecanismo legal para obtener la reparación del error judicial que alega”.

EL TRIBUNAL QUE LES QUITÓ EL SUEÑO A LOS CRIMINALES DE GUERRA

Ratko Mladic, conocido también como el Carnicero de Bosnia, fue condenado a cadena perpetua en la última sentencia del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia (TPIY). Durante la Guerra de los Balcanes, y al mando de tropas serbias, Mladic estuvo detrás de la masacre de 7.000 hombres y niños en Srebrenica, la deportación masiva de ciudadanos bosnios, decenas de violaciones y de haber ordenado el fuego indiscriminado con el que sus francotiradores aterrorizaron a la población civil durante el sitio y la posterior toma de Sarajevo.

Después de la guerra, en Bosnia y Herzgovina se eligen tres presidentes que representan a los bandos enfrentados. El representante bosnio le cede el poder a su contraparte serbia y éste a su homólogo croata en un ritual que se repite cada ocho meses hasta que termina el período de cuatro años para el que fueron elegidos. A pesar del prontuario por el que el general Mladic fue condenado, Milorad Dodik, el presidente serbio de Bosnia, no dudó en llamarlo un héroe y en rechazar la decisión dictada por el TPIY.

“En la situación en que en un espacio conviven tres pueblos y tres verdades sobre una guerra, donde lucharon todos contra todos, se hubiese podido llegar a un estado de normalidad si las decisiones del TPIY y de los tribunales bosnios fuesen objetivas y justas”, aseguró Dodik para quien el tribunal internacional, fundado por Naciones Unidas, tiene un sesgo contra los militares serbios.

El TPIY en Holanda, hace 24 años y en medio de la guerra que provocó el estallido del régimen comunista yugoslavo. Se trataba de la iniciativa más ambiciosa para impartir justicia por crímenes de guerra después de los tribunales de Nuremberg, donde se condenó a una parte importante de la dirigencia de la Alemania nazi.

El experimento, que en un principio fue recibido con escepticismo por su escaso presupuesto y la ausencia de un brazo policial propio, empezó a dar frutos. Al mando de su presidente, Richard Goldstone, el tribunal empezó a recolectar material probatorio, fue sumando testigos hasta alcanzar más de 4.500 y, tras una ardua tarea de filigrana política, obtuvo acceso a las fosas comunes que la guerra dejó en territorio bosnio.

El tribunal logró más de 80 condenas, fue pionero en reconocer la violencia sexual como crimen de guerra, contribuyó a la definición legal del genocidio y la esclavitud, y puso tras las rejas a un jefe de Estado en el poder, cuando en 2001 ordenó la detención del presidente serbio, Slobodan Milosevic.

También ayudó a sentar precedentes que, por un lado, dieron pie a la creación de instituciones como la Corte Penal Internacional y, por otro lado, permitieron casos emblemáticos como el de Hissene Habre, antiguo dictador del Chad, quien fue condenado en Senegal por crímenes contra la humanidad que incluían la persecución sistemática de tres grupos étnicos diferentes.

Más recientemente, en octubre de este año, un militar sirio de 32 años que había llegado a Suecia como refugiado fue juzgado por crímenes de guerra. La acusación se hizo a través de Facebook y permitió la primera condena en un conflicto de más de seis años. La noticia fue recibida con entusiasmo precisamente porque, de seguir la estela del TPIY, países ajenos al conflicto sirio podrían adelantar procesos contra los actores de esa guerra, acusados, entre otras cosas, de usar armas químicas contra la población civil y bombardear hospitales.

DEMANDAN CÓDIGO DE POLICÍA POR VULNERAR DERECHOS DE LAS TRABAJADORAS SEXUALES

Ante la Corte Constitucional fue radicada una nueva demanda en contra del Código de Policía al considerar que viola los derechos fundamentales de las trabajadoras sexuales. En la acción judicial se indica que los artículos 43 y 44 restringen la movilidad y trabajo de las personas que ejercen la prostitución.

Los artículos demandados determinan los requisitos que deben tener los establecimientos que presten este tipo de servicios, como lo son la distribución de preservativos a los usuarios, colaborar con las inspecciones que adelanten las autoridades sanitarias. Así como la prohibición fuera de las zonas y horarios asignados por las respectivas autoridades y los actos de exhibicionismo en la vía pública. El incumplimiento de cualquiera de esas limitaciones registra unas multas que están entre los 98 mil y 780.000 pesos.

El representante a la Cámara por Bogotá, Alirio Uribe aseguró que las normas demandadas imponen sanciones desproporcionadas a las personas que ejercen la prostitución. El congresista del Polo Democrático considera que los artículos demandados “son regresivos” y no solucionan en nada la problemática actual. 

“Pretendemos que se declare la constitucionalidad condicionada para que los requisitos que son de establecimientos se les exijan a sus propietarios y no a las personas que en situación de prostitución”, precisó Uribe. Esta petición tiene como finalidad que la sanción no se emita en contra de la persona que es utilizada en la prostitución.

Por su parte, la congresista del Partido Verde, Ángela María Robledo señaló que la demanda busca proteger a las trabajadoras sexuales. Considera que estas mujeres se encuentran en una situación de “extrema vulnerabilidad” por lo que la ley debe protegerlas de una manera especial.

“La demanda recoge las directrices de la Corte Constitucional que ha sido clara en reconocer el estatus de sujetos de especial de protección a las personas en situación de prostitución, del cual se derivan obligaciones de dar un tratamiento diferenciado y de protección de los derechos, que no recoge el Código de Policía”, precisa.

Para Robledo, los artículos demandados no hacen ningún tipo de diferenciación por lo que aumenta el riesgo de vulnerabilidad de las trabajadoras sexuales. “Resulta inadmisible la tendencia peligrosista y discriminatoria del Código de Policía, que impone y castiga de igual manera a los dueños de los establecimientos, los trabajadores y las personas en situación de prostitución cuando todos están en condiciones muy distintas y estas últimas además les exige cosas que no se les exige a ningún ciudadano”.

La demanda fue coadyuvaba por la Comisión Colombiana de Juristas, la Corporación Sisma Mujer, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, la Iniciativa por la Equidad de Género.

EN BOGOTÁ SE REGISTRAN AL MES MÁS DE 1.800 QUEJAS POR VIOLENCIA CONTRA MUJERES

La Personeria de Bogotá reveló que al mes en 2017 en la ciudad, se registran 1.896 quejas por violencia en contra de las mujeres ante las comisarías de familia, 24 casos más que se registraron en 2016.

De acuerdo con la Personeria, de continuar la tendencia al finalizar 2017 el registro llegará a 288 denuncias más que las registradas el año pasado.

Además, la entidad señaló que recibió 4.501 declaraciones de víctimas del conflicto armado, entre enero o octubre de 2017, que corresponden a 18.000 personas que llegaron a la capital de la República según la Personeria huyendo de hechos violentos, de ellas más de 51% son mujeres, madres, viudas, abuelas, tías o hermanas.

Carmen Teresa Castañeda, Personera de Bogotá, dijo que de acuerdo con las declaraciones, 2.011 mujeres fueron víctimas de desplazamiento forzado, 1.277 de amenaza, 226 sufrieron el homicidio o masacre de familiares, 139 les violaron su libertad e integridad sexual.

“Los presuntos perpetradores son los paramilitares en 103 casos, bacrim 391, guerrilla 799, fuerza pública 15”, sostuvo Castañeda.

Por último, la Personeria de Bogotá reveló que los departamentos en donde más llegan víctimas a la ciudad provienen de Tolima, Antioquia, Valle del Cauca, Cordoba, Huila, Bolívar, Chocó, Cundinamarca, Meta, Caquetá, Cauca y César.

OFICIALES EN ASCENSO ESPERAN RESPALDO DEL SENADO EN PLENO

Veintiún oficiales del Ejército, seis de la Armada, cuatro de la Fuerza Aérea y 11 de la Policía, hacen parte del grupo de 42 oficiales generales y de insignia, que ascenderán según decreto presidencial.

Como parte del proceso la Comisión Segunda de Senado, es la célula encargada de aprobar o improbar los ascensos propuestos por el Gobierno. En este sentido, se votaron positivamente las proposiciones que avalan dicho trámite.

La votación se hizo en bloque según la Fuerza respectiva. Sin embargo el senador Jaime Durán Barrera, del partido Liberal, pidió excluir el caso del Brigadier General Javier Cruz Ricci y votarlo de forma individual, motivado por la investigación preliminar que presenta el alto oficial en la Fiscalía.

A su turno el Ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, afirmó que “las reglas de juego se aplicaron en cada uno de los casos. Sobre el General Cruz no hay reparo, pues no se encuentra vinculado a ningún proceso penal”, enfatizó Villegas.

Los oficiales en ascenso según su Fuerza son:

EJÉRCITO NACIONAL:
1. Al grado de Mayor General de la Brigadier General María Paulina Leguizamón Zárate
2. Al grado de Mayor General del Brigadier General Luís Danilo Murcia Caro
3. Al grado de Mayor General del Brigadier General Luís Felipe Montoya Sánchez
4. Al grado de Mayor General del Brigadier General Francisco Javier Cruz Ricci
5. Al grado de Mayor General del Brigadier General Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda
6. Al grado de Mayor General del Brigadier General Jorge Enrique Maldonado Escobar
7. Al grado de Mayor General del Brigadier General Oscar Alberto Quintero González
8. Al grado de Brigadier General del Coronel Juvenal Díaz Mateus
9. Al grado de Brigadier General del Coronel Marco Vinicio Mayorga Niño
10. Al grado de Brigadier General del Coronel Jorge Eduardo Mora López
11. Al grado de Brigadier General del Coronel Juan Carlos Correa Consuegra
12. Al grado de Brigadier General del Coronel Javier Alberto Ayala Amaya
13. Al grado de Brigadier General del Coronel Eduardo Quirós Chaparro
14. Al grado de Brigadier General del Coronel Carlos Alberto Rincón Arango
15. Al grado de Brigadier General del Coronel Oscar Reinaldo Rey Linares
16. Al grado de Brigadier General del Coronel Raúl Hernando Flórez Cuervo
17. Al grado de Brigadier General del Coronel John Arturo Sánchez Peña
18. Al grado de Brigadier General del Coronel Yuber Armando Aranguren Rodríguez
19. Al grado de Brigadier General del Coronel Omar Esteban Sepúlveda Carvajal
20. Al grado de Brigadier General del Coronel Mauricio José Zabala Cardona
21. Al grado de Brigadier General del Coronel Jorge Hernando Herrera Díaz

ARMADA NACIONAL:
1. Al grado de Almirante del Vicealmirante Ernesto Durán González
2. Al grado de Vicealmirante del Contralmirante Juan Manuel Soltau Ospina
3. Al grado de Vicealmirante del Contralmirante Paulo Vianey Guevara Rodríguez
4. Al grado de Vicealmirante del Contralmirante Orlando Romero Reyes
5. Al grado de Contralmirante del Capitán de Navío Juan Ricardo Rozo Obregón
6. Al grado de Contralmirante del Capitán de Navío Harry Ernesto Reyna Niño

FUERZA AÉREA COLOMBIANA:
1. Al grado de Mayor General del Brigadier General José Wilson Alzate Gómez
2. Al grado de Brigadier General del Coronel Luís Carlos Córdoba Avendaño
3. Al grado de Brigadier General del Coronel Juan Guillermo Conde Vargas
4. Al grado de Brigadier General del Coronel Carlos Fernando Silva Rueda

POLICÍA NACIONAL:
1. Al grado de Brigadier General del Coronel Juan Carlos Buitrago Arias
2. Al grado de Brigadier General del Coronel Manuel Antonio Vásquez Prada
3. Al grado de Brigadier General del Coronel Fredy Alberto Tibaduiza Niño
4. Al grado de Brigadier General del Coronel Henry Armando Sanabria Cely
5. Al grado de Brigadier General del Coronel Eliécer Camacho Jiménez
6. Al grado de Brigadier General de la Coronel Juliette Giomar Kure Parra
7. Al grado de Brigadier General del Coronel Jesús Alejandro Barrera Peña
8. Al grado de Brigadier General del Coronel Jaime Norberto Mujica
9. Al grado de Brigadier General del Coronel Ramiro Alberto Riveros Arévalo
10. Al grado de Brigadier General del Coronel Ricardo Augusto Alarcón Campos
11. Al grado de Brigadier General del Coronel Silverio Ernesto Suárez Hernández

FISCALÍA OCUPA 62 PROPIEDADES DE PRESUNTOS CABECILLAS DEL CONTRABANDO

Casas lujosas en el norte y occidente de Bogotá, fincas de descanso en municipios de Tolima y Cundinamarca, apartamentos en Cartagena, vehículos de gama alta y sociedades en el San Andresito de San José en Bogotá, hacen parte de los bienes que habrían adquirido los presuntos cabecillas de una estructura señalada de defraudar al Estado mediante diversas maniobras comerciales que facilitaron el ingreso de productos de contrabando al país.

Las investigaciones realizadas por la Dirección Especializada de Extinción de Dominio de la Fiscalía General de la Nación y la Policía Fiscal y Aduanera evidenciaron que las propiedades fueron compradas entre 2011 y 2016, los mismos años en los que la organización criminal obtuvo millonarias sumas de dinero con su actuar ilegal.

En una operación simultánea realizada en Bogotá, Villavicencio (Meta), Cartagena (Bolívar), Carmen de Apicalá (Tolima), y Madrid, Chía y Ricaurte (Cundinamarca), fueron ocupados 62 bienes que figuraban a nombre de los señalados jefes de la red de contrabando y algunos de sus familiares, y cuyo valor comercial superaría los $14.000.000.000.

De igual manera fueron impuestas medidas de suspensión del poder dispositivo sobre 15.000 acciones del Club Independiente Santa Fe, las cuales pertenecían a Álvaro Tello Rondón, exintegrante de la junta directiva del equipo de fútbol, capturado el 4 de mayo de 2017.

En su momento, Tello Rondón aceptó cargos por los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito, contrabando en concurso homogéneo y concierto para delinquir con fines de contrabando, y sería uno de los cabecillas de la estructura junto a Luis Jahuer Puentes Méndez (capturado) y Óscar Orlando Puentes Corredor (condenado a 13 años de cárcel).

Las propiedades representadas en 32 bienes inmuebles, siete sociedades, tres establecimientos de comercio, 18 vehículos y un cupo para taxi, al igual que las 15.000 acciones, quedarán a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), mientras avanza el proceso de extinción del derecho de dominio.

CORTE SUPREMA SE REFORMA PARA RELEVAR A MAGISTRADOS EN CAPILLA

La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia acaba aprobar una reforma a su reglamento interno que bien podría llevar el nombre de su protagonista: Gustavo Malo. En vista de la incertidumbre que rodea la situación del magistrado, a quien le fue aprobada una licencia no remunerada de dos meses para que se defienda de los señalamientos en su contra como uno de los miembros del cartel de la toga, tenía con los pelos de punta a los integrantes de esta alta corte.

La licencia se cumple el primero de diciembre, por lo que sus colegas decidieron anticiparse y zanjar la incómoda discusión de tenerlo de regreso debatiendo en sala las decisiones más importantes de la justicia.

A través de una reforma al reglamento interno de la corte, los magistrados votaron por mayoría que de ahora en adelante, cuando un magistrado esté siendo investigado penalmente y por cuenta de ello se encuentre cuestionada de manera grave su honorabilidad, la corporación con una votación superior a las dos terceras partes podrá decidir su relevo. 

Los magistrados aclaran que esta reforma es con fines preventivos de garantizar la imparcialidad, la moralidad y la ética en la función de administrar justicia para salvaguardar la legitimidad y credibilidad de la justicia. 

Con esta medida, la corte endurece sustancialmente sus controles internos sobre la continuidad de los magistrados ya que estabece que mediante un trámite "breve y sumario" un magistrado pueda ser apartado de sus funciones jurisdiccionales y administrativas por el término que dure la investigación.

Según lo establece el nuevo reglamento, la Sala Plena escuchará al implicado y procederá, en la misma sesión, a tomar la decisión administrativa correspondiente contra la cual no procede recurso. Una vez se tome la decisión de relevo temporal de funciones, la Sala Especializada podrá adopar cualquiera de las siguientes medidas: Suspender el reparto de expedientes al despacho del magistrado relevado de sus funciones, reasignar todos los casos que estén a su cargo y encargar funciones a un servidor de la misma corporación por el tiempo que se estime necesario.

"La tranquilidad que se esta buscando es que no se paralice la Sala Penal en sus funciones y que no se afecte la administración de justicia por el caso especial", indicó el presidente de la Corte Rigoberto Echeverri.

La corte aclara que no se trata de una sanción, se trata de medidas preventivas para evitar que la administración de justicia se vea afectada en mayor proporción con escándalos como los que hoy sacuden a la corte. También aclaran que hasta ahora el magistrado Gustavo Malo no ha solicitado la ampliación de su licencia no remunerada, la cual podría ser prorrogada hasta por tres meses más.