CONDENAN A CINCO AÑOS DE PRISIÓN AL EXVICEMINISTRO GABRIEL GARCÍA MORALES POR ODEBRECHT

Tras avalar el preacuerdo firmado con la Fiscalía General, el juzgado 31 de conocimiento de Bogotá condenó a cinco años y dos meses de prisión al exviceministro de Transporte, Gabriel García Morales por su responsablidad y participación en el manejo de los 6,5 millones de dólares enviados por Odebrecht en el 2009 para garantizar la entrega del contrato de la Ruta del Sol II.

En la diligencia judicial, la jueza determinó que García Morales reconoció su responsabilidad en los delitos de cohecho impropio e interés indebido en la celebración de contratos en el marco de este escándalo de corrupción. Igualmente, se comprometió a colaborar con las autoridades judiciales y a pagar una multa como reparación por sus actos ilegales.

Con aceptación de cargos desde las audiencias preliminares accediendo a la rebaja del 50% por la aceptación”, precisó la jueza de conocimiento en la audiencia. “Tras la imposición de la sentencia, Gabriel García Morales deberá cumplir la sentencia en establecimiento carcelario, en razón al monto de la pena, la cual no sustituye la medida de aseguramiento en este proceso”.

En el fallo se fijó una inhabilidad para ejercer cargos públicos por 6 años, así como el pago al pago de 70 millones de pesos como multa por los daños causados con su conducta ilegal.

RESPALDO AL FISCAL GENERAL EN MEDIO DE SEÑALAMIENTOS POR SUPUESTOS INTERESES POLÍTICOS

“Las decisiones judiciales y administrativas no son oportunas ni inoportunas, son las que se deben tomar al interior de un proceso en los tiempos en que la dinámica del mismo determine”, manifestó mediante un comunicado la Comisión de Seguimiento a los Delitos Electorales, esto en apoyo al fiscal Néstor Humberto Martínez, por los señalamientos que le han hecho de actuar bajo tintes políticos.

El Consejo de Estado, la Defensoría, el Consejo Nacional Electoral, las Registraduria, la Procuraduría y varias entidades más firmaron el pronunciamiento donde el apoyo se extiende a todos los organismos de control.

“Toda persona que infrinja las normas está sujeta a los resultados de la labor de las autoridades y ninguna de ellas está llamada a renunciar al ejercicio de su función por razones, pareceres o preferencias políticas” manifestaron.

En conjunto dicen que se debe seguir vigilando el proceso electoral, hacen un llamado para promover la pedagogía y al respeto por los procesos judiciales como disciplinarios.

CONTRA TODO PRONÓSTICO, PIEDAD CÓRDOBA ENTREGA 1,5 MILLONES DE FIRMAS PARA SER CANDIDATA

Con la propuesta de acabar el IVA, Piedad Córdoba inscribe 1,5 millones de firmas

Este martes el turno en la Registraduría fue para la exsenadora Piedad Córdoba. La dirigente antioqueña y su comité promotor, Poder Ciudadano, llegaron con 50 cajas de cartón, cada una de ellas con 30.000 firmas en su interior, para un total de 1,5 millones de firmas. Con ese respaldo Piedad entrará oficialmente a la contienda presidencial.

El pasado mes de agosto, cuando anunció que saldría a la calle a recoger el apoyo de los ciudadanos, pocos le auguraban éxito. Cuatro meses más tarde sorprendió por la cantidad de firmas recogidas, entre otras porque no contaba con el respaldo de maquinaria alguna. “Cada firma es una firma valiente y tiene una posibilidad alta de convertirse en un voto, a diferencia de las firmas cosechadas por otros candidatos a través de mecanismos de recolección. Quien firma por mí, vota por mí”, afirmó durante su presentación en la Registraduría.

Piedad reiteró que no está pensando en alianzas de cara a la primera vuelta. Dice que su coalición es con la gente. “Mi proyecto es el proyecto de las mayorías, de la gente del común, no importa que vengan de votar a la derecha o a la izquierda, de quienes ya están hartos de esas minorías que están saqueando el país y el próximo 27 de mayo van a decir que ya basta (…), yo nunca he sido burócrata ni me he enriquecido con el dinero público, esta no es una candidatura ni para cañar ni para negociar”.

Córdoba aprovechó el momento para presentar una de sus principales propuestas, la de eliminar el impuesto del IVA por considerarlo regresivo porque castiga a los que menos tienen, e ineficaz porque paraliza la economía.

Su propuesta IVA Cero contempla recaudar los 15.000 dólares anuales que ingresan al erario con impuestos a las 1.000 empresas más grandes del país, a los vehículos de gama alta y la eliminación de las exenciones tributarias a transnacionales y bancos. “La idea es que paguen más quienes más tienen, y no como viene ocurriendo hasta ahora en el sistema fiscal colombiano, donde la carga impositiva recae sobre las mayorías, la gente trabajadora y las familias. Es un sistema enormemente generoso con los que más tienen y muy cruel con los más débiles”.

PROCURADURÍA TAMBIÉN PIDE QUE SE LE REVOQUE LIBERTAD CONDICIONAL A ‘POPEYE’

Lo que se necesita es cambiar el chip, dijo el procurador Fernando Carrillo al manifestar su apoyo a la Fiscalía por pedir que se revoqué la libertad condicional de Jhon Jairo Velasquez, alias Popeye, por estar en la fiesta del narcotraficante alias Tom.

“Es evidente que acompañamos el proceso de la Fiscalía, aquí hay un incumplimiento de una persona que quedó en libertad sometido a un cumplimiento de unos deberes, que parece que no los está haciendo y yo creo que lo que es lamentable detrás de todo esto es la forma como la narcocultura en este país sigue ganando espacios y sigue ganando terreno”.

El procurador dijo que no se puede seguir pensando que los héroes de esta sociedad son narcotraficantes

POR DETENER A PERSONAS INJUSTAMENTE LA FISCALÍA DEBERÁ PAGAR $7.300 MILLONES

presuntos nexos con la subversión, que nunca se probaron, la Fiscalía capturó a 29 personas en el municipio de Quinchía, Risaralda y por esas capturas hoy en Consejo de Estado ordena al ente investigador pagar $7.300 millones. 

Para el alto Tribunal, “testimonios de oídas en torno a la supuesta colaboración de los investigados con la insurgencia no eran suficientes para probar su accionar delictivo”. 

En el 2003 y en el marco de la ‘Operación Libertad’, los capturaron, les dictaron medida de aseguramiento y los acusaron de rebelión, terrorismo, concierto para delinquir y algunas de ellas de secuestro extorsivo. 

Sobre el caso, en el 2011, el Tribunal Contencioso Administrativo de Risaralda ya se había pronunciado y había concluido que la actuación de la Fiscalía fue desproporcionada, pues las decisiones tomadas se basaron en testimonios no contrastados de ex militantes de la guerrilla del EPL.