miércoles, 23 de agosto de 2017

PLANES DE CONTINGENCIA ANTE SATURACIÓN DE AEROPUERTOS DEL PAÍS, PROPONE SENADOR JUAN MANUEL GALÁN


Soluciones a corto, mediano y largo plazo ante las permanentes denuncias sobre cancelación, retraso de vuelos y sobreventa de pasajes, propuso hoy el Senador Juan Manuel Galán.

“Se requieren unos planes de contingencia mientras el país se pone al día en un rezago histórico en materia de infraestructura y de inversión en la operación del sector aéreo” señaló Galán en la sesión de la Comisión Aérea del Senado, de la cual es su Presidente.

El pronunciamiento del legislador se produce mientras que arrecian las protestas como las registradas la noche del jueves pasado en el aeropuerto El Dorado por parte de pasajeros que viajaban con destino a Barranquilla y sin previo aviso les fue cancelado un vuelo por parte de una aerolínea.

Pero el caso no fue solo el de Barranquilla ya que al día siguiente hubo cancelación de vuelos a Cali, Cartagena, Medellín, que no solo afectaron a los pasajeros que programaron sus viajes con motivo del puente festivo, sino que causó la pérdida de conexiones internacionales.

“Hay una sobresaturación en los terminales aéreos para atender a los crecientes usuarios en los últimos años. El descontento aumenta y por eso desde la Comisión de Seguridad Aérea, hacemos un llamado a establecer cronogramas para tomar medidas a corto plazo, mejorar la operación a fin de que los usuarios sufran menos el traumatismo de los retrasos y cancelaciones en los vuelos” sostuvo.

Por su parte el Director Ejecutivo de ATAC, Asociación de Transporte Aéreo en Colombia, Gilberto Salcedo, manifestó que se han hechos esfuerzos de regulación frente a la protección y beneficio del pasajero como la reducción de costos aunque hay aspectos por mejorar.

Oscar Imitola, Jefe Transporte de la Aeronáutica Civil, manifestó que los pasajeros pueden hacer sus denuncias en los módulos, Grupo de Atención al Usuario de la Entidad, que se encuentran ubicados en los distintos aeropuertos del país o enviarlas al correo quejasyreclamos@aerocivil.gov.co donde el usuario puede presentar su caso en particular para ser atendido y orientado.

Según cifras de la Aeronáutica Civil entre enero y julio de 2017 se presentaron 5.597 quejas, todas tramitadas, algunas con respuestas y otras con fallos sancionatorios. Y en 2016 en la misma vigencia las reclamaciones llegaron a las 6.300 es decir hubo una disminución del 12 por ciento.

“Lo que viene ahora son medidas de autorregulación por parte de las aerolíneas y el reto está en temas de información e infraestructura en el El Dorado ya que no es suficiente mantener una normatividad si eso no se soluciona” dijo Erika Zarante, de Latam Arlines en Colombia

UN CONTRATO MUESTRA LOS VIEJOS VÍNCULOS LABORALES DEL EX MAGISTRADO RICAURTE CON LA CÁMARA



Cuando Francisco Javier Ricaurte salió de la Corte Suprema de Justicia en 2012 su nombramiento en el Consejo Superior de la Judicatura se daba como un hecho, solo debía esperar unos meses. Él aprovechó el tiempo.



Mientras los magistrados que ayudó a elegir en la Corte confirmaban su elección en la Judicatura, Ricaurte tuvo un contrato con la Cámara de Representantes, la misma entidad que ahora debe definir su futuro judicial.

La dirección administrativa de la Cámara lo convirtió en asesor jurídico y por esos servicios le canceló más de 26 millones de pesos en tres pagos, que se extendieron desde octubre de 2012 hasta el 31 de diciembre de ese año. En esa última fecha, ya se desempeñaba como magistrado del Consejo Superior de la Judicatura.

Según fuentes cercanas al Cámara de Representantes, el contrato se cumplió, aunque desconocen si lo cedió por cuenta de una inhabilidad cuando asumió su segunda magistratura, que según algunos expertos consultados por Caracol Radio, se habría configurado porque habría sido un funcionario público que mantuvo un contrato con otra entidad del Estado.

De hecho, la Cámara le advirtió, en la cláusula décima del mismo contrato, que no podía cederlo sin en el consentimiento de quienes firman ese acuerdo, además el ex magistrado dijo, bajo la gravedad de juramento, que no tenía inhabilidad para cumplir el contrato.

Ricaurte finalmente firmó el contrato el 10 de octubre de 2012 y un mes después estaba en el Consejo Superior de la Judicatura de donde salió dos años más tarde tras una demanda de nulidad en su cargo.

Ese convenio muestra los viejos lazos que unen al investigado expresidente de la Corte Suprema de Justicia con una clase política que ahora tiene su futuro entre manos.

OCHO MAGISTRADOS AUXILIARES DE LA CORTE AHORA TRABAJAN COMO FISCALES DELEGADOS DE ESE ALTO TRIBUNAL


Jesús Albeiro Yepes y Jaime Granados, abogados penalistas coinciden que los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, que fueron nombrados por el fiscal Néstor Humberto Martínez en agosto pasado, "deberán declararse impedidos" en muchos procesos de la alta Corporación, debido a que anteriormente laboraron como magistrados auxiliares en diferentes despachos. 

Granados aclaró que "no es inusual que se hagan este tipo de nombramientos, pero cada funcionario debe avisar caso a caso, si tuvo o no conocimiento de los procesos y debe declararse impedido, de lo contrario podría ser recusado". 

Según las hojas de vida el fiscal delegado ante la Corte Jorge Enrique Velásquez, que cuenta con más de 37 años el servicio de la justicia penal y la rama judicial, fue magistrado auxiliar del magistrado de la Sala Penal de la corte suprema, José Luis Barceló, y de la sala disciplinaria del Consejo seccional de la judicatura. Fue fiscal delegado del tribunal y profesor de derecho penal. 

El fiscal Jorge Hernán Díaz Soto fue magistrado auxiliar en la sala de casación penal de la Corte del magistrado Luis Antonio Hernández, quien investigará a los congresistas Hernán Andrade, Musa Besaile y al exsenador Luis Alfredo Ramos por el caso de la red de corrupción en esa Corte. Es abogado de la Universidad Católica de Colombia con maestría en ciencias penales y criminológicas de la Universidad Externado. 

También está el fiscal Luis Acero quien trabajó con el exmagistrado Leónidas Bustos, de quien se dice fue padrino del fiscal extraditable Moreno. Acero fue removido hace poco a fiscal ante el Tribunal. 

En el despacho de Bustos también laboró como magistrada auxiliar, Luz Mabel Parra Echandía, quien conoció casos de parapolítica, fue procuradora judicial penal, directora seccional de fiscalías de Tunja. 

El fiscal Eberto Rodríguez, de quien se dice que cercano al magistrado Eugenio Fernández Carlier, incluso él ha tenido que declararse impedido en los casos que adelanta Rodríguez. 

Carlos Iván Mejía magistrado auxiliar encargado de los casos de parapolítica en el Corte en reemplazo del magistrado auxiliar Iván Velázquez. De él se dice que también laboró con Bustos.

JURI NOTAS BREVES 


ADELANTAN IMPUTACIÓN AL DIRECTOR DE LA ANI

a defensa del funcionario tenía todo preparado para el 25 de septiembre, la fecha que fijó la judicatura para la imputación, pero hubo algunos reclamos de ciertos sectores, entre ellos el senador Jorge Robledo, por lo que consideraban era una forma de dilatar la diligencia. La Fiscalía insistió en la oficina de reparto y abrieron un espacio para el próximo viernes, 25 de agosto.

Ese día la Fiscalía presentará las pruebas en contra del director de la Agencia Nacional de Infraestructura y así demostrar su responsabilidad en el delito de interés indebido en la celebración de contratos. En esa diligencia los investigadores aportarán algunas declaraciones que detallan como Andrade estuvo en reuniones con directivos de Odebrecht, para finiquitar los detalles del contrato de la vía Ocaña - Gamarra. 

La audiencia se adelantará en el complejo judicial de Paloquemao y según fuentes de la Fiscalía solicitarán una medida de aseguramiento, que puede ser una restricción para no salir del país.

CORTE ORDENA PAGO DE HORAS EXTRAS POR ESTAR DISPONIBLE PARA TRABAJAR

Cuando el trabajador pacta una disponibilidad con su empleador o su jefe, tiene el derecho de devengar una jornada suplementaria por el tiempo laborado fuera del horario habitual de trabajo, así lo consideró la sala de casación laboral de la Corte Suprema de Justicia al fallar una tutela a favor de cuatro empleados de la empresa de telecomunicaciones de Pereira.

Incluso la Corte estableció que "así el trabajador no sea llamado a desempeñar ninguna tarea" tiene el derecho a ese pago pues en el simple hecho de estar disponible le quita tiempo personal y familiar.

EN TOLIMA SE INSTALARÁ EL PRIMER BATALLÓN DEL EJÉRCITO DEDICADO AL POSCONFLICTO

En el municipio de Ibagué, en Tolima, será instalado el primer batallón que tiene como propósito atender a las comunidades que sufrieron la violencia del conflicto armado.

El componente armado no será el eje principal de este batallón, a diferencia de otros que tiene el Ejército desplegados en el país. Esta unidad se encargará de obras de infraestructura, proyectos productivos, jornadas de recreación y deporte, entre otros.

Este batallón tendrá además a su cargo seis departamentos (Tolima, Huila, Cundinamarca, Caldas, Risaralda y Quindío), clave para desarrollar las estrategias del posconflicto, informaron fuentes militares.

TIMOCHENKO REGRESÓ A COLOMBIA PARA ASUMIR LA DIRECCIÓN DEL NUEVO PARTIDO DE LAS FARC

Rodrigo Londoño el máximo líder de las Farc llegó a la capital del país procedente de La Habana, Cuba, después de recibir autorización de los médicos que lo están tratando en la isla por sus problemas cardiacos.

Timochenko volvió a Colombia para participar en el Congreso constitutivo de esa organización en movimiento político que se hará desde el próximo 27 de agosto en el Centro de Convenciones.

En esta semana el secretariado tendrá las últimas reuniones para definir los detalles de ese congreso en el que se deberán conformar los estatutos del nuevo partido, el nombre de esa colectividad, las listas al Congreso y las directivas que tendrán. Precisamente Londoño será el director de ese nuevo movimiento político.

SIETE INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE ACUSACIÓN TIENEN INDAGACIONES EN LAS ALTAS CORTES


En medio de las indagaciones que está adelantando la Comisión de Acusación en contra de los exmagistrados Leónidas Bustos y Francisco Ricaurte, se ha advertido que en esa célula legislativa podría venir una avalancha de impedimentos, por cuenta de indagaciones e investigaciones de la Corte Suprema de Justicia en contra de los legisladores que la integran. 

El sistema judicial indica que los integrantes de la Comisión de Acusación serán los jueces naturales de los integrantes de las altas cortes, pero a su vez esos tribunales investigan a los legisladores. 

Por esa razón en Caracol Radio consultamos a los quince integrantes de esa comisión legal para preguntarles si tienen procesos abiertos ante la Corte Suprema de Justicia o el Consejo de Estado y seis de ellos reconocieron estar afrontando indagaciones preliminares o previas por su labor en el legislativo. 

Esto ha llamado la atención, porque tendrían que declararse impedidos para ser parte de las investigaciones que se adelantan en contra de los exmagistrados Bustos y Ricaurte, en los casos de quienes tienen cuentas pendientes en la Corte Suprema. Y llama también la atención el caso de Edward Rodríguez, principal investigador en el caso de los exmagistrados; él está siendo investigado por el Consejo de Estado, que si bien es un tribunal distinto, tiene conexiones evidentes con la Corte Suprema. 

Si bien es cierto que los legisladores siempre están expuestos a que se les abra indagaciones preliminares, en este caso el tema ha tomado relevancia por el proceso que deben afrontar por supuesta corrupción en las altas cortes.

Estos son los congresistas indagados (los seis primeros en la Corte Suprema):

Carlos Edward Osorio – Partido de La U
Hernando José Padaui - Cambio Radical
Humprey Roa – Partido Conservador
Nicolás Guerrero – Partido de La U
Julián Bedoya - Partido Liberal
Luis Fernando Urrego – Partido Conservador
Edward Rodríguez – Centro Democrático - Investigación Consejo de Estado
Estos los congresistas que no tienen procesos pendientes:
Fabio Arroyave – Partido Liberal
Germán Blanco – Partido Conservador
Federico Hoyos – Centro Democrático-
Édgar Gómez Román – Partido Liberal
Candelaria Rojas – Cien por Ciento Colombia
Berner Zambrano – Partido de La U
Carlos Alberto Cuenca – Cambio Radical
Ana Cristina Paz- Alianza Verde

RADICADO PROYECTO DE LEY DE CONSTITUYENTE PARA REFORMAR LA JUSTICIA


La senadora Viviane Morales propuso una constituyente conformada por 30 miembros y que sesione por tres meses, con el único propósito de reformar la Constitución en el punto relacionado con la administración de justicia.

La iniciativa establece una cláusula que impediría a los integrantes de la asamblea abordar temas como el proceso de paz o el concepto de familia establecido en la Constitución.

“Se busca que esté compuesta por integrantes que hayan sido elegidos en un 70% de listas que puedan presentar los movimientos y partidos políticos con personería jurídica y los grupos significativos de ciudadanos y un 30% de listas que podrán presentar las universidades con facultades de derecho con acreditación de alta calidad y las listas deberán ser listas cremalleras”, indicó.

Se busca cambiar el sistema de juzgamiento de aforados como magistrados y el fiscal general, además de modificar las funciones electorales de la Rama Judicial.

La pregunta propuesta en el proyecto dice: ¿Aprueba usted la convocatoria a una asamblea nacional constituyente conformada por 30 delegatarios que sesionará por tres meses en la ciudad de Bogotá para reformar parcialmente la Constitución Política de Colombia exclusivamente en las materias relacionadas con la Reforma de la Rama Judicial y Administración de Justicia? SI_ NO_

El proyecto de Constituyente deberá ser aprobado con mayorías absolutas en cuatro debates. Si esto sucede, irá a revisión de la Corte Constitucional, posteriormente a las urnas para que el pueblo decida si quiere la asamblea y por último deberá convocarse nuevamente a la ciudadanía para elegir a los integrantes de la misma.

La senadora Viviane Morales dijo que no se trata de un proyecto populista y confía en que pese a que estamos en un año electoral, el Congreso le dé vía libre.