CÁRCEL PARA EXJUEZ INVESTIGADA POR CARRUSEL DE LA EDUCACIÓN EN CÓRDOBA

Un juez de control de garantías envío a la cárcel a la exjuez Civil del Circuito de Lorica (Córdoba), Isabel Loreley Montes Oyola, a quien la Fiscalía investiga por el presunto pago irregular de pensiones por $80.000’000.000 a trabajadores del magisterio, caso que ha sido denominado como el ‘Carrusel de la Educación en Córdoba’

En las audiencias concentradas, un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción imputó a la exfuncionaria por los delitos de prevaricato por acción, peculado por apropiación y cohecho propio, los cuales fueron aceptados.

Los hechos investigados ocurrieron entre 2010 y el 2012, y están relacionados con fallos, aparentemente irregulares, en los que el Juzgado Civil del Circuito de Lorica (Córdoba), en cabeza de la hoy procesada, ajustó las pensiones de varios docentes.

En las indagaciones se constató que para sustentar las peticiones ante el juzgado, fueron presentados poderes falsos y documentos que simulaban resoluciones expedidas por la Secretaría de Educación Departamental de Córdoba que, supuestamente, reconocían las mejoras pensionales a un grupo de empleados del magisterio.

Las conductas detectadas habrían sido concertadas entre funcionarios del juzgado y los abogados demandantes. Estos últimos son señalados de aportar los elementos espurios con los que se obtuvieron las sentencias.

La Fiscalía conoció que la exjuez de Lorica (Córdoba) ordenó a la fiduciaria La Previsora y al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del magisterio el pago de los ajustes pensionales; y dispuso el embargo de dineros que no pueden ser afectados.

FISCALÍA ENTREGA RESTOS DE ESCOLTA DEL PRESIDENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Holocausto del Palacio de Justicia

Los cotejos genéticos permitieron la identificación plena de Libardo Durán, desaparecido durante la toma y retoma al Palacio de Justicia.

Libardo Durán, agente del entonces F-2 y escolta personal del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfonso Reyes Echandía, desapareció durante el holocausto del Palacio de Justicia, ocurrido el 6 y 7 de noviembre de 1985, en Bogotá.

Los restos de Duran fueron identificados gracias a una labor científica en la que participaron antropólogos y expertos en genética del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, quienes establecieron coincidencias absolutas entre el ADN de los familiares del escolta y unas piezas humanas recuperadas en el Cementerio del Sur en Bogotá.

Hace 32 años, las autoridades señalaron que uno de los cuerpos encontrados en la sede judicial correspondía a Libardo Durán, por lo que fue entregado a su familia y sepultado. Luego de varias investigaciones y cotejos, la Fiscalía estableció que esos restos no eran del exfuncionario del F-2, en realidad correspondían a Noralba García y Alfonso Jacquin, exintegrantes de M-19 que murieron en el cuarto piso del Palacio de Justicia.

Con esta conclusión, la Fiscalía avanzó en la búsqueda del cuerpo de Durán, y lo ubicó entre los restos que fueron exhumados en 1998, en una fosa común del Cementerio del Sur, en Bogotá.

La importante confirmación se suma a las identificaciones hechas en los últimos años, de seis de los 11 desaparecidos del Palacio de Justicia.

Entrega digna

La ceremonia de entrega se realizará este viernes 25 de mayo de 2018, a las 8:30 am, en el Instituto de Medicina Legal. Los familiares recibirán los restos de Libardo Durán, los cuales fueron exhumados por el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía y fueron estudiados y analizados por el Grupo de Patología Forense del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

La Fiscalía reafirma su compromiso con los familiares de las víctimas del holocausto del Palacio de Justicia, de continuar con las investigaciones y labores antropológicas y genéticas que permitan avanzar en los procesos de localización e identificación de otras víctimas.

CORTE CONSTITUCIONAL MANTIENE EN EL CARGO AL MAGISTRADO ALBERTO ROJAS RÍOS

El alto tribunal resolvió hoy una demanda contra la elección de Ríos interpuesta en el 2014, por una supuesta violación al reglamento interno, por posibles inconsistencias cuando se dio la votación para que fuera magistrado de la Corte Constitucional.

En debate de la sala plena de la corporación judicial, donde se citaron los 9 magistrados, entre ellos dos conjueces, Juan Ramón Martínez y Catalina Botero, la mayoría, es decir 6 togados decidieron que Ríos debía mantenerse en el cargo y 3 votaron en su contra.

Es de anotar que en el año 2015 Rojas Ríos logró manternse en el cargo debido a una tutela que fue fallada a su favor y posterior a esto su proceso llegó hasta la Corte Constitucional para que se tomara una decisión de fondo.

Tomada de: Caracol

CESE DE ACTIVIDADES EN LOS JUZGADOS DE PENAS DE BOGOTÁ

Desde el pasado 16 de mayo inició el cese indefinido de actividades en los juzgados de penas y medidas de Bogotá esto por la falta de personal para atender las secretarias de cada despacho, debido a que los empleados que estaban en descongestión terminaron su periodo laboral el 15 de mayo.

En un consenso realizado por los jueces y empleados, liderado por el juez coordinador Mario Narváez, decidieron el cierre y la no atención al público con el fin de protestar y hacerse sentir ante el Consejo Superior de la Judicatura.

¿Será que el Consejo Superior de la Judicatura en plena campaña presidencial le dará prioridad al llamado realizado por los juzgados y buscará una pronta solución a este inconveniente? Ya que los únicos perjudicado son los usuarios, condenados y la comunidad jurídica en general.

GUSTAVO PETRO REVELA SU DECLARACIÓN DE RENTA

El candidato presidencial por Colombia Humana, Gustavo Petro, publicó a través de redes sociales su declaración de renta explicando que “es el balance de 15 años de Congreso y cuatro de Alcaldía de Bogotá, y así comenzaría como presidente de Colombia”.

“Para quienes quieran saber los datos de mi última declaración de renta y comparar si quieren con los demás candidatos”, escribió Petro al realizar la publicación en su cuenta oficial de Facebook.

Según la declaración, el candidato de Colombia Humana tiene las mayores deudas por $768 millones, seguido por Vargas Lleras con $463.000, Duque con $56,8 millones, seguido por De La Calle por valor de $20,1 millones y en último lugar Fajardo con $1,1 millones.

En el documento también se evidencia que el candidato presidencial tiene el menor patrimonio líquido total con $475 millones, pues el de Vargas Lleras llega a $2.695 millones, el de Humberto de la Calle es de $1.745 millones, el de Sergio Fajardo se ubica en $2.205 millones y el de Iván Duque es $1.143 millones.

Cabe recordar, que Petro era el único candidato presidencial que no había hecho pública su declaración de renta, luego que varios líderes políticos le hubieran solicitado hacerlo, entre ellos, Claudia López, fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo.

Tomada de: Canal 1

Jóvenes universitarios de Bogotá opinan sobre la candidatura presidencial

Las elecciones presidenciales son decisivas para el futuro del país. En la actualidad hay 12 millones de jovenes en Colombia habilitados para ejercer su derecho al voto; el Periódico el Jurista pregunta a jóvenes universitarios de Bogotá su opinión sobre la candidatura presidencial.

APP PARA RESCATE DEL GALEÓN SAN JOSÉ SÍ PUEDE ADJUDICARSE EN ÉPOCA ELECTORAL

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, consideró que la eventual celebración del contrato que sirva para materializar el proyecto de asociación público-privada (APP) con el respectivo originador, en caso de que no se presenten terceros que manifiesten oportunamente su interés en ejecutar el proyecto, o que se presenten y no cumplan los requisitos exigidos, no significa que se realice una contratación directa, por lo cual no se infringiría la “Ley de Garantías Electorales”.

La Sala de Consulta y Servicio Civil verificó que las normas que regulan la posibilidad de contratar con particulares las actividades de exploración, intervención, aprovechamiento económico y/o preservación del patrimonio cultural sumergido (Ley 1675 de 2013, en armonía con las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y 1508 de 2012), imponen la obligación de efectuar una convocatoria pública y permiten la participación de varios oferentes (incluyendo personas distintas del originador, en las APP de iniciativa privada), razón por la cual ninguno de los procedimientos de selección previstos en tales normas corresponde al mecanismo que la ley denomina “contratación directa”. Por lo tanto, la realización de dichos procesos de selección y la suscripción de los respectivos contratos están permitidos.

El concepto responde a una consulta elevada por el Ministerio de Cultura sobre si la eventual suscripción de la APP para la intervención, preservación, divulgación y aprovechamiento económico y demás actividades asociadas al hallazgo arqueológico del galeón San José, con el respectivo originador, implicaría realizar una contratación directa, que en tal caso estaría prohibida y solo podría adjudicarse después de la elección presidencial.

LLEGÓ LA HORA DE REVISAR LAS COMISARÍAS

El mayor operador de justicia de nuestro país son las comisarías de Familia, por ellas pasan miles de personas todos los años para resolver sus conflictos y para buscar alivio a uno de los principales retos de nuestra sociedad: la violencia intrafamiliar. Las comisarías son el único encuentro de mucha gente en Colombia con el Estado: operan en casi todos los municipios de Colombia, incluso en las zonas desmunicipalizadas; al mismo tiempo, las comisarías están subvaloradas por la mayoría de los actores políticos colombianos, parece que su función no fuera primordial para el desarrollo de nuestro país. Contrario a los estereotipos, las comisarías atienden a todos los niveles socioeconómicos y a todos los niveles educativos.

Hay que empezar por el principio, las comisarías dependen de los municipios; los comisarios y comisarias son una ficha del gobernante de turno, a veces escasamente sobreviven con salarios bajos y muchas veces hacen parte de los ciclos de violencia que aquejan a nuestro país. Las Comisarías deberían contar con un equipo interdisciplinario, que normalmente no está disponible, en general, lo que hay es un favor político en nombre de un abogado o abogada que se dedica a impartir justicia sin conocer la ley, sin oficina, sin nadie que le ayude a evitar los prejuicios para sacar fallos, sin quién vele porque sus decisiones serán respetadas, sin profesionales en psicología, trabajo social ni equipos médicos o forenses. 

Entonces uno escucha historias como una comisaria en Casanare que les dice a las mujeres que han sufrido violencia en manos de su pareja que les hagan una “comida romántica” para evitar la furia de sus maridos; también, están los municipios que tienen que compartir comisario porque no les alcanzan sus recursos para pagarle cada uno a su propia autoridad; están las comisarías en las que un viaje en lancha de 20 horas antecede la resolución de conflictos. El peor de los casos es ese en el que un agresor lo puede ser sistemáticamente en diferentes municipios de Colombia y nadie se entera porque, ¡oh sorpresa!, no hay bases de datos unificadas

Todas las víctimas de violencia deberían acceder a un sistema que les proteja sus derechos, incluyendo el más básico: la vida. Los cambios para hacer que las Comisarías funcionen no son grandes ni complejos pero requieren voluntad política. Por un lado, el Gobierno Nacional debería unificar en una sola la asistencia técnica a las Comisarías, hoy desparramada entre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Ministerio de Justicia y la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer. Por otro lado, podría aprovechar la inversión en conexiones con internet para garantizar que en cada comisaría haya al menos un aparato conectado a la red y a un sistema de información compartido entre todas las comisarías, no vayan a pensar que toca invertir mucha plata haciendo ese sistema, Bogotá tiene uno llamado el SIRBE, que puede ser adaptado para todo el país, ONU-Mujeres y UNFPA también desarrollaron un software hace un par de años que busca lo mismo. También, se puede garantizar la composición de los equipos interdisciplinarios a través de las prácticas sociales universitarias, un servicio poco usado, que podría llevar a profesionales idóneos a todo el país. Una especie de Opción Colombia más moderna y generalizada. 

Hay otras tareas más difíciles de resolver en la práctica pero que serían fundamentales, la primera es hacer cumplir el principio de subsidiariedad, que significa que si una entidad no puede cumplir con una función se la debe pasar a la entidad del nivel superior, esto querría decir que, si un municipio no puede contratar profesores porque no tiene capacidades para hacerlo, esta competencia pase al departamento. Con las Comisarías funciona al revés, cuando el ICBF no es capaz de proveer de defensores de familia, sus funciones pasan a los municipios. Parece apenas obvio que haya que aumentar también la cobertura de defensores de familia. Peso eso cuesta, y quién quiere pagar.

No es tan difícil, varios municipios y distritos se han puesto la tarea de hacer que la violencia contra las mujeres, niños, niñas y adolescentes esté en el centro de su agenda. Bogotá, por ejemplo, tiene 32 comisarías disponibles, algunas funcionan 24 horas, ha invertido en el sistema de información y en la capacitación de sus comisarios y comisarias, tiene una comisaría virtual e incluso cuenta con acompañamiento sociojurídico para las mujeres que son víctimas de violencia. Para hacer eso hubo años de aprendizajes, voluntad y recursos. Ahora que nos indignamos con casos de niñas víctimas de violencia sexual o mujeres asesinadas a los golpes parece el momento propicio para impulsar un cambio. 

Por:Rodrigo Sandoval Araújo periodista RCN Radio