PILOTOS INTERPONEN SEGUNDA TUTELA CONTRA EL TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO

Cincuenta y seis pilotos pertenecientes a la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles, ACDAC, interpusieron una segunda acción de tutela en el Tribunal Administrativo de Antioquia contra el Tribunal de Arbitramento, convocado por el Ministerio de Trabajo en días pasados para resolver el conflicto laboral en Avianca.

La acción fue radicada en el despacho del magistrado John Jairo Álzate López del Tribunal Administrativo de Antioquia, solicitando que les sea amparada la protección inmediata de los derechos constitucionales al trabajo y al salario en condiciones dignas y justas, a la asociación sindical y al derecho de igualdad de los pilotos al servicio de la aerolínea Avianca.

En la acción de tutela los pilotos piden que se designe un ministro de Trabajo Ad Hoc, ya que consideran que se han presentado actos de parcialidad por parte de la ministra Griselda Restrepo por la supuesta extralimitación en el ejercicio de sus funciones.

En la primera tutela interpuesta por los pilotos, donde se argumentan los mismos hechos y pretensiones, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca falló negando la acción constitucional, afirmando que “el Ministerio del Trabajo aplicó la normatividad vigente y relativa al procedimiento que debe llevarse a cabo cuando existan conflictos colectivos y estos afecten la prestación de un servicio público esencial”.

Este despacho judicial expuso sobre la convocatoria al Tribunal de Arbitramento que “el acto administrativo se encuentra ajustado a la legalidad y a lo dispuesto por el Tribunal Superior de Bogotá, donde mediante sentencia proferida el 6 de octubre de 2017 declaró la ilegalidad de la huelga promovida por ACDAC”.

SÓLO VÍCTIMAS PODRÁN ESTAR EN CURULES DE PAZ

La condición certificada de víctimas es uno de los requisitos esenciales para que puedan ser candidatos por estas circunscripciones de paz. Así lo establece la ponencia para segundo debate, discusión que se dará en la plenaria de la Cámara.

En relación con los requisitos para ser candidato, el proyecto, en los términos presentados en esta ponencia, expone que deberán ser víctimas del conflicto armado, así como ciudadanos en ejercicio y cuyo domicilio corresponda a la circunscripción o desplazados de estos territorios en proceso de retorno. Así mismo señala que deberán haber habitado en el territorio de la respectiva circunscripción los tres años anteriores a la fecha de la votación, y los desplazados que se encuentren en proceso de retorno con el propósito de establecer en el territorio de la circunscripción su lugar de habitación, deberán haber nacido o habitado en él al menos tres años consecutivos en cualquier época.

En el proyecto se establece que la condición de víctima de desplazamiento se acreditará únicamente según certificación expedida por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (Uariv).

En relación con las prohibiciones para ser candidato, se señala que los miembros de los grupos armados al margen de la ley que hayan suscrito un acuerdo de paz con el Gobierno nacional y/o se hayan desmovilizado de manera individual, no podrán presentarse como candidatos a las circunscripciones transitorias especiales de paz.

Forma de elección

En cuanto a la forma de elección de estas circunscripciones, el proyecto plantea que se presentarán listas mediante el sistema del voto preferente y será elegido quien haya obtenido el resultado mayor dentro de la lista más votada. Adicionalmente, se incluye que la lista tendrá un candidato de cada género.

En relación con el control y veeduría, el proyecto determina que la organización electoral adoptará medidas especiales para la actualización y vigilancia del censo electoral, la inscripción de candidatos y la financiación de las campañas. Adicionalmente, se promoverán mecanismos adicionales de control, observación y veeduría ciudadana por parte de organizaciones especializadas y de partidos y movimientos políticos.

Conforme a lo anterior, la autoridad electoral pondrá en marcha Tribunales Electorales Transitorios de Paz tres meses antes de las elecciones, los cuales verificarán el censo electoral de la respectiva circunscripción y atenderán las reclamaciones presentadas en relación con las mismas. Por último, la autoridad electoral reglamentará la asignación de espacios gratuitos en los medios de comunicación social regional que hagan uso del espectro electromagnético, sin perjuicio de que puedan ampliarse en caso de que se creen espacios en nuevos medios de comunicación.

Modificaciones para plenaria

Para las elecciones de las 16 Circunscripciones Especiales de Paz, se excluirán las cabeceras municipales de cada uno de los municipios que la conforman y únicamente se habilitarán los puestos de votación y el censo electoral de la zona rural de estos.

Se garantizará la participación de los habitantes de zonas rurales, apartadas y centros poblados dispersos de estas Circunscripciones para lo cual la Registraduría Nacional del Estado Civil deberá crear nuevos puestos de votación en dichas zonas.

- Las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz contarán con reglas especiales para la inscripción y elección de candidatos. Las campañas contarán con financiación estatal especial y acceso a medios regionales. Se desarrollarán mecanismos especiales de acompañamiento para asegurar la transparencia del proceso electoral y la libertad del voto del electorado.

Los candidatos solo pueden ser inscritos por organizaciones de víctimas, campesinos o sociales, incluyendo las de mujeres, y grupos significativos de ciudadanos.

Cuando la circunscripción coincida en todo o en parte con sus territorios étnicos, adicionalmente podrán inscribir candidatos:

a) Los consejos comunitarios; b) Los resguardos y las autoridades indígenas en sus territorios, debidamente reconocidos, en coordinación con sus respectivas organizaciones nacionales; c) Las Kumpañy legalmente constituidas.

°. La inscripción de candidatos por grupos significativos de ciudadanos, requerirá respaldo ciudadano equivalente al 10% del censo electoral de la respectiva Circunscripción Transitoria Especial de Paz. En ningún caso se requerirá más de 20.000 firmas.

Reacciones

El ponente de la iniciativa, el representante Jaime Buenahora, expresó que “se modificó y ahora solo podrán aspirar víctimas, esa es la única modificación de fondo. Para ser candidato por una de esas organizaciones tiene que demostrarse la calidad de víctima del conflicto armado”.

Por su lado el representante Edward Rodríguez, del Centro Democrático, manifestó que “ojalá sea así, pero nosotros como hemos visto es un claro mensaje a que participen organizaciones sociales de las Farc, y que esas 16 curules sean las que promocionen su legado. Este proyecto debe entrar más o menos en dos semanas, una vez salgamos de la reforma política. Si son para las víctimas sería maravilloso, tiene que ser con organizaciones de víctimas certificadas y no recién creadas como lo pretende las Farc”.

El congresista del Polo Democrático Alirio Uribe dijo que “me parece muy bien que uno de los requisitos para que sean representantes a la Cámara de esas regiones en el Congreso que se acredite la condición de víctimas. Me parece que es una medida justa y una medida adecuada que demuestra que las víctimas deben estar en el centro del acuerdo de paz”. 

Entre tanto el ministro del Interior, Guillermo Rivera, indicó que “se radicó la ponencia, que trae una modificación bien importante: en esas 16 nuevas circunscripciones solamente podrán inscribirse como candidatos aquellas personas que acrediten su condición de víctima del conflicto armado”.

Explicó que la modificación se incluyó respondiendo a la preocupación que existía entre la opinión pública y los congresistas. El ministro manifestó que esa modificación se incluyó para recoger el clamor de muchos colombianos y congresistas.

¿JUSTICIA MILITAR Y NO JEP PARA UNIFORMADOS?

El Centro Democrático radicó el proyecto de acto legislativo que busca que los delitos cometidos por militares y policías en desarrollo de operaciones militares y policiales desde 1980 hasta la fecha, sean juzgados por la Justicia Penal Militar y no por la Jurisdicción Especial de Paz.

Igualmente pretende crear una sala penal militar permanente al interior de la Corte Suprema de Justicia que conocerá de los delitos cometidos por los miembros de la Fuerza Pública durante el servicio.

Sobre esta iniciativa el senador Álvaro Uribe dijo que “nos permitimos presentar esta reforma a favor de los miembros de las Fuerzas Armadas de Colombia para que sean retirados de la JEP y tengan como justicia su juez natural que es la Justicia Penal Militar”.

Por su parte, el también senador Alfredo Rangel declaró que de lo que se trata es que los militares no sean igualados con la guerrilla de las Farc y para que tengan unos beneficios, por ello explicó que la iniciativa pretende crear unas subsalas que nombre la Corte Suprema de Justicia.

Anotó que habría penas hasta 5 años y estarían los casos de los militares que ya han cumplido 5 años de cárcel. “No es un proyecto de impunidad, porque hace justicia a las víctimas, una justicia neutral, que sean juzgados por magistrados sin claras tendencias de izquierda”.

Expresó que se tiene que sacar a los militares de una justicia que no es neutral y aclaró que los magistrados serían militares en retiro y militares activos. Indicó que la elección de los militares se hace teniendo en cuenta una reglamentación que se haría mediante un proyecto de ley, o un decreto.

“Este tribunal tendría una duración de 12 años y para la elección de los magistrados tendría que haber una reglamentación, pero lo importante es que los integrantes de la subsala cumplan con las calidades de un magistrado”, dijo. Anotó que se crearía una subsala al interior de la Corte Suprema de Justicia. 

Rangel señaló que “este proyecto surge de la reflexión al interior del Centro Democrático y como una respuesta a la necesidad de responder a los rechazos que ha habido alrededor de las Fuerzas Militares frente al tema de la JEP”.

Recalcó el congresista que los militares se sienten defraudados y engañados y ese es uno de los argumentos para crear una alternativa para devolverle el fuero militar. Pero añadió que manteniendo unos beneficios para quienes resulten responsables de esos juicios.

Manifestó Rangel que para tener mayor apoyo se buscará el respaldo de los senadores de Cambio Radical y de otros partidos.

Asimismo expresó que al estar radicado ante la Secretaría del Senado, lo que se le pide al presidente de la Comisión Primera es que se ponga de inmediato a discusión en esa corporación.

Por su lado, la senadora Paloma Valencia dijo que la Constitución habla del fuero penal militar y lo que se quiere es devolverles esas garantías a los integrantes de las Fuerzas Militares y que quienes los juzguen sean personas que sepan de operativos militares y conozcan de derecho internacional humanitario.

POLÉMICA ENTRE JUECES POR ADVERTENCIAS DE FISCALÍA

Una reciente ley obliga a los jueces a enviar a la cárcel a reincidentes en delitos comunes como el hurto o el tráfico de estupefacientes, una medida hecha para sacar de las calles a conocidos delincuentes pero que, aparentemente, no se cumple por completo.

En un audio, el director de Seguridad Ciudadana de la Fiscalía, Luis González, le pidió a los funcionarios de la entidad que detallen casos donde los jueces no tomen esa determinación, a riesgo de iniciar las investigaciones respectivas.

El mensaje de González a sus funcionarios llegó a los oídos de los jueces que rechazaron de inmediato la posición de la Fiscalía a la autonomía judicial.

La polémica ya está fijada y en los estrados judiciales se definirá qué tanto efecto tendrá la advertencia de la Fiscalía.

HONORARIOS DE MORENO COMO ASESOR EXTERNO DE LA FISCALÍA IBAN A FRANCISCO RICAURTE

El ex fiscal Montealegre reconoció que contrató a Luis Gustavo Moreno, después de leer su libro sobre casación penal. Lo que no recordó es quién se lo recomendó, si el ex magistrado Leonidas Bustos o Francisco Ricaurte.

"El señor Moreno fue contratado como asesor externo de la Fiscalía, pedí referencias al doctor Ricaurte o al doctor Bustos, no recuerdo a cuál de los dos, quería saber sobre la trayectoria profesional", dijo el ex fiscal Montealegre.

El contrato de Moreno como asesor externo de la Fiscalía fue firmado por seis meses: de junio a diciembre. Cada 30 días recibía más de 23 millones de pesos como honorarios, pero sólo el último mes el entonces fiscal Montealegre tomó la determinación de cancelarlo porque consideró que Moreno, como abogado, adelantaba casos ante la Fiscalía y eso podría generar alguna inhabilidad.

El mismo Montealegre confirmó que cancelaron ese contrato en pro de la transparencia institucional, pero no contó que antes de cancelarlo le habían pagado más de 130 millones de pesos.

Ahora, Caracol Radio, logró establecer que la millonaria suma de dinero pagada a Moreno tenía como beneficiario principal el ex magistrado y ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Ricaurte. Así lo dieron a conocer fuentes de la Fiscalía que escucharon al mismo ex director anticorrupción referirse al tema en el marco de las declaraciones por el llamado “cartel de la toga”.

Moreno le contó a los fiscales del caso que Don Pacho, como le decían a Ricaurte, le dejó como condición que las ganancias de su contrato con la entidad estaban destinadas a pagar los gastos de logística de la oficina de abogados que, aparentemente, tuvieron en compañía.

CONFIRMAN CONDENA CONTRA JULIO VÉLEZ, EXCONCEJAL DE CÚCUTA, POR ASESINAR A SU ESPOSA

Los hechos en los que María Claudia Castaño fue asesinada ocurrieron en el año 2010.

Se ratificó la condena a 37 años de prisión contra Julio Vélez, exconcejal de la ciudad de Cúcuta, en Norte de Santander, por asesinar a su esposa.

Los hechos ocurrieron en abril del año 2010. La primera hipótesis fue que María Claudia Castaño, esposa del concejal Julio Vélez, habría atentado contra su vida disparándose en la cabeza al interior de su casa.

Las investigaciones se fueron adelantando y posteriormente las autoridades revelaron que en el lugar de los hechos las versiones no concordaban con las pruebas que fueron recogidas.

Fue así como el material probatorio desenvolvió y esclareció que este acto habría sido un homicidio contra María Claudia Castaño, en el que estaba involucrado directamente el exconcejal de Cúcuta.

Por lo anterior, la Sala Penal del Tribunal Superior de Cúcuta, por medio de un fallo, dio a conocer la condena de 37 años de cárcel para el exconcejal Julio Vélez, quien es el responsable del homicidio y quien ocultó las pruebas para omitir el hecho.

Claudia Patricia Avendaño, madre de la víctima, indicó que “es difícil perdonar, después de que se le haga daño a un hijo, de planear un asesinato. Pasarán los años para que yo logré perdonar, para que sane mi corazón. Él me la arrebató y esto me causó un daño irreparable, pasarán mucho tiempo para que yo sane mi corazón, su ausencia me origina un gran dolor, a diario recuerdo a mi hija, su sonrisa, su calor y sus abrazos”.

Por ahora, Julio Vélez permanece en una de Venezuela, por ser presuntamente uno de los autores del asesinato del diputado venezolano Robert Serra, en el año 2016.

CON TUTELA, GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA BUSCA TUMBAR ACUERDO DE ALEJANDRO LYONS CON FISCALÍA

La Gobernación de Córdoba prepara una acción de tutela ante la Corte Suprema de Justicia con el fin de lograr que sea tumbado el principio de oportunidad suscrito por el exgobernador Alejandro Lyons con la Fiscalía General de la Nación.

El abogado Guillermo González, asesor externo de la gobernación de Córdoba, indicó que la ley es clara, para que exista un principio de oportunidad con beneficios jurídicos el implicado deberá reintegrar por lo menos el 50 por ciento de los dineros defraudados.

De acuerdo con los cálculos de la Gobernación de Córdoba la defraudación cometido por Lyons habría ascendido a 93.000 millones de pesos y en el acuerdo el ex mandatario se compromete a devolver sólo 4.000 mil millones de pesos.

Agregó que en también insistirán ante las autoridades competentes con el objetivo de que la Gobernación de Córdoba sea reconocida como víctima en el proceso contra el Lyons por los graves hechos de corrupción y el saqueo de los recursos de las regalías del departamento.

Es de recordar que el Tribunal Superior de Bogotá avaló el principio de oportunidad suscrito entre el exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons y la Fiscalía General a cambio de devolver 4 mil millones de pesos y ser en testigo estrella en las investigaciones por el escándalo del cartel de la Toga y la corrupción de contratos en su departamento.

La Fiscalía también está pendiente de presentar un preacuerdo ante la Corte Suprema que contempla una condena de 5 años y dos meses de prisión en el cual el exgobernador acepta su autoría en el delito de concierto para delinquir simple.

DIEZ CAPTURADOS POR TORTURAR A NIÑOS CON DISCAPACIDAD EN IBAGUÉ

Personal del CTI de la Fiscalía capturó a diez funcionarios de la Fundación Peces Vivos, ubicada en el barrio La Pola de Ibagué, involucrados en un alarmante caso de maltrato físico y psicológico contra menores de edad en situación de discapacidad, pertenecientes a la institución.

Mario Gómez, fiscal delegado para la violencia contra niños, niñas y adolescentes, aseguró que al menos 11 menores de edad eran objeto de tortura.

Aseguró que las ocho mujeres y los dos hombres capturados amarraban a los menores a sus camas y les suministraban droga.

Los menores también recibían castigos como no ser alimentados, ser obligados a comerse las uñas y hacer sus necesidades fisiológicas amarrados a sus camas.

El fiscal Gómez aseguró que los detenidos serán procesados en las próximas horas por los delitos de tortura, destrucción de material probatorio y concierto para delinquir.

Agregó que un exfuncionario del lugar alertó a las autoridades sobre el caso que se registraba en la institución que tuvo un convenio con el ICBF, testimonio que permitió iniciar la investigación.

QUÉ DEUDAS DEBE PAGAR ANTES DE QUE SEA DEMASIADO TARDE Y POR QUÉ

magine un mundo en el que nadie pudiera pedir un préstamo: ni casa, ni auto y posiblemente tampoco regalos por Navidad.

La posibilidad de tomar prestado dinero es vital.

De hecho, mucho de lo que tomamos prestado es "deuda buena", cuando el pago de esa deuda es asumible y nos ayuda a pagar algo con el tiempo, como las hipotecas.

El problema aparece cuando las deudas se salen de control y no puedes pagar lo que debes. Eso es la conocida como deuda "mala".

¿Cómo puedes distinguir unas de otras? ¿Cómo saber si es un problema?

Primero, necesitas saber más sobre el tipo de deuda que tienes.

Deuda garantizada
Algunas deudas están garantizadas por una propiedad, lo que significa que si dejas de pagarlas, puedes perder el bien en cuestión.

En el caso de las hipotecas, por ejemplo, el banco te puede forzar a vender tu casa.

En el caso de un préstamo para un vehículo, el prestamista se puede llevar tu auto.

Dado que este tipo de deudas están ligadas a grandes bienes —como viviendas o vehículos— es importante priorizar el pago de estas.

Deuda no asegurada
Las deudas que no están aseguradas acarrean más riesgos para el prestamista, ya que no hay manera de recuperar el dinero si se no se cumple.

Por ello, tienen un tipo de interés más alto.

En este grupo, se encuentran las tarjetas de crédito o la mayoría de los créditos bancarios y los préstamos entre particulares.

Para la mayoría de personas, la deuda en la tarjeta de crédito no es un problema, ya que el 80% paga el balance total a finales de cada mes.

No obstante, para aquellos que no lo hacen, las tipos de interés son altos, normalmente de hasta el 20% anual.

Así que es fácil que este tipo de deuda esté fuera de control.

Deuda prioritaria
Cada una de las deudas conllevan diferentes sanciones. Las consecuencias de no pagar el impuesto sobre la vivienda, por ejemplo, pueden ser muy graves.

"Las autoridades locales pueden deducir de tu salario (el dinero correspondiente), pueden enviar a agentes del orden a tu propiedad para retirar bienes e incluso pueden estudiar la aplicación de medidas como el encarcelamiento", explica Jonathan Chesterman, de la entidad benéfica StepChange, especializada en aconsejar sobre la deuda.

Llegados a un punto extremo, los proveedores de servicios como la electricidad pueden llegar a cortar el suministro, así que esas facturas también son una prioridad.

Por otro lado, los bancos no tienen manera de tomar medidas contra uno si no se realiza el pago de la deuda de la tarjeta de crédito o de préstamos, más allá de rebajar el historial de crédito.

¿En qué momento deberías preocuparte?
Jonathan Chesterman explica que hay tres signos claros de que tu deuda es un problema:

- Tienes que recortar gastos en comida
- No te queda dinero para ahorrar a final de mes
- Sólo haces el pago mínimo en tu tarjeta de crédito
- Otra manera de saber si debes tomar medidas es comparar la deuda que tienes en relación a tu salario.