EE.UU. EVALÚA CERRAR EMBAJADA EN LA HABANA POR AFECTACIÓN SONORA A FUNCIONARIOS

Este domingo el secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, anunció en entrevista con la cadena CBS que se tiene “bajo evaluación el cierre de la embajada estadounidense en Cuba”.

La declaración se da por un curioso suceso en que 21 funcionarios norteamericanos resultaron afectados con nauseas, mareos, pérdida de memoria y demás problemas nerviosos, al parecer por un ataque sónico.

Dicho escándalo, que recuerda épocas de la guerra fría en que se utilizaban armas del mismo corte, pareciese haber sido causado de forma intencional por el Gobierno cubano y países aliados y enemigos de EE.UU., según afirma el periodista, analista político, Nelson Rubio. 

“Estos son ataques que se han dado, incuso, desde la administración Obama, lo cual llevaría a concluir que es increíble que el Gobierno cubano no tenga nada que ver con este hecho. Además, porque Cuba tiene relación con países como Rusia y algunos de oriente medio que, también son enemigos de EEUU y, por ende, usarían armas que pudieran afectarlos”, aseguró Rubio, en respuesta a las recientes declaraciones del mandatario cubano, Raúl Castro quien dijo no tener conocimiento del suceso.

Sobre el hecho, han salido a relucir varias hipótesis: la primera, que el ataque, efectivamente, fue perpetrado por el Gobierno cubano. La segunda, que data sobre un atentado realizado por grupos subversivos que estarían en contra del restablecimiento de relaciones entre ambos países y, una última, que habla sobre un intento fallido de espionaje de los cubanos a estadounidenses.

Según resaltó el periodista en diálogo con Blu Radio, la instalación de estos aparatos sónicos (la causa más probable de las afectaciones) no necesariamente se da de manera directa, “no necesitan ser ubicados dentro de residencias o lugares muy cercanos para afectar, se pueden activar a la distancia”.

El ataque perpetrado por aparatos de este tipo, se provocan a partir de sonidos no perceptibles que, históricamente, han sido utilizados por rusos, alemanes con el objetivo de desestabilizar las tropas.

A pesar de las especulaciones, lo que se tiene claro hasta el momento, es que las relaciones entre estos dos países están en vilo en un momento en que, el país cubano necesita de EE.UU. económica y financieramente. 

Cabe destacar que también hay diplomáticos canadienses que se han visto afectados de igual forma.

El presidente Raúl Castro hablará el próximo 22 de septiembre ante la versión 72 de la Asamblea General de la ONU.

¿DENUNCIARÁ ALGÚN ESTADO DE LA OEA A MADURO EN LA CPI?

Un panel de juristas independientes determinará en octubre si hay base para que algún Estado miembro de la OEA denuncie al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y otras autoridades del país ante la Corte Penal Internacional (CPI).

Washington, 17 sep (EFE).- Un panel de juristas independientes determinará en octubre si hay base para que algún Estado miembro de la OEA denuncie al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y otras autoridades del país ante la Corte Penal Internacional (CPI).

La Organización de los Estados Americanos (OEA) no puede enviar un caso al tribunal de La Haya como institución, pero sí cualquiera de los 28 Estados miembros del organismo que son parte también del Estatuto de Roma, el tratado fundacional de esa corte.

En los 15 años de la CPI, ningún Estado del mundo ha denunciado a otro, por lo que sería histórico que alguno de los países americanos lo hiciera ahora con Venezuela.

"Esta puede ser la primera vez en la historia de la CPI que un Estado refiere a otro Estado a la corte pero, para eso, este trabajo es fundamental, ningún Estado lo va a hacer si no hay un dictamen de los expertos que diga hay que hacerlo", explica a Efe Luis Moreno Ocampo, el primer fiscal jefe de la CPI (2003-2012).

El abogado argentino está a cargo de las audiencias que comenzaron esta semana en la OEA para recabar información sobre posibles crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela.

La Secretaría General de la OEA, que encabeza el excanciller uruguayo Luis Almagro, elaborará un informe con el contenido de las cuatro sesiones y el material enviado por 50 organizaciones.

Sobre la base de ese documento, el panel de expertos determinará si hay o no fundamento para llevar el caso a la CPI.

"Si este proceso que se abre en la OEA sirve para hacer incidencia en algún país o países para que denuncien a Venezuela, ese sería el gran éxito de estos foros", indica a Efe Carlos Ponce, director para Latinoamérica de Freedom House, organización independiente que promueve la democracia y la libertad en el mundo.

Si ningún país diera ese paso, Almagro podría simplemente "enviar la información", como ya han hecho senadores de Colombia, Chile, Perú y Argentina, quienes declararán en las audiencias de la OEA de octubre.

"Lo que pasa es que eso no abre una investigación, eso permite a la fiscal (de la CPI) actuar de oficio, pero un Estado que lo envía abre una investigación casi automáticamente", explica Moreno Ocampo.

Es decir, si lo hacen uno o varios Estados, tendría más impacto, ya que no se trataría de una mera "comunicación" (algo que puede presentar cualquier persona o institución) sino de una "referencia" (exclusivas del Consejo de Seguridad de la ONU y de los Estados parte del Estatuto de Roma).

Por el momento ningún Estado americano ha expresado su voluntad de denunciar a Venezuela en La Haya y la mayoría de las delegaciones de la OEA han dado una acogida cuanto menos fría a las audiencias, una iniciativa de Almagro y no de los países miembros.

En las dos audiencias celebradas esta semana en la sede de la OEA en Washington apenas se vieron embajadores titulares y la mayor parte del tiempo la mitad de las sillas de los 34 Estados miembros activos (Cuba no participa) estuvieron vacías.

"Eso es normal, están esperando, hay unas 14, 15 delegaciones", apunta Moreno Ocampo, que resta importancia al hecho de que ningún embajador respondiera a su invitación de hacer preguntas a los denunciantes en las sesiones.

Venezuela, que recibió la misma convocatoria que el resto de misiones, no acudirá a ninguna audiencia porque no quiere "validar" una actividad que considera "ilegal", según explicaron fuentes de esa legación a Efe.

Los representantes venezolanos pidieron que se aclare cómo se financia la actividad, a lo que la Secretaría General de la OEA respondió que se trata de "fondos externos y voluntarios" que se detallarán al término de las audiencias.

El país que más ha apoyado esta iniciativa públicamente es Canadá, incluso con un comunicado de su ministra de Exteriores, Chrystia Freeland.

Además, junto a Costa Rica (cuyo embajador estuvo en las dos audiencias) y Argentina, dio el beneplácito al nombramiento de un ciudadano del país como experto del panel sobre Venezuela.

El grupo lo integran el exministro de Justicia de Canadá Irwin Cotler; el argentino Santiago Cantón, ex secretario ejecutivo de la CIDH, y el costarricense Manuel Ventura Robles, exjuez de la CorteIDH.

Ellos dirimirán si hay base para que la CPI investigue crímenes de lesa humanidad en Venezuela.

Según el Estatuto de Roma, se considera "crimen de lesa humanidad" hechos como asesinato, exterminio, esclavitud, deportación, tortura, encarcelamiento o violación siempre que se cometan "como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque". EFE

POR TERCERA OCASIÓN EXMINISTRAS ÁLVAREZ Y PARODY, NO SE PRESENTAN A INTERROGATORIO DE LA FISCALÍA

Hasta las 6: 00 de la tarde de este viernes 15 de septiembre, fueron esperadas la exministras Gina Parody y Cecilia Álvarez, para que cumplieran con la diligencia de interrogatorio citada por la Fiscalía.

En el marco de las investigaciones por las presuntas irregularidades que rodearon la adjudicación de la vía Ocaña- Gamarra a la multinacional Odebrecht, cita a la que por tercera ocasión las exministras le incumplieron a la Fiscalía.

Debido a esta situación el ente investigador le exigió a las exministras que asistieran a la diligencia personalmente, por lo que no se permitió que se adelantara el interrogatorio vía teleconferencia desde Estados Unidos donde se encuentran Álvarez y Parody.

La Fiscalía continuará con la investigación, a las exfuncionarias, las cuales según el Fiscal General Néstor Humberto Martínez, no están obligadas a asistir, sin embargo, Jaime Lombana, abogado denunciante, le pidió a la Fiscalía tomar medidas como una imputación de cargos.

Según las denuncias, la familia de Gina Parody se habría beneficiado de la adjudicación de la construcción de la vía Ocaña-Gamarra, al consorcio en el que se encuentra la multinacional Odebrecht.

VAN MÁS DE 15.500 LIBERTADES EN LA JUSTICIA ESPECIAL PARA LA PAZ

Fueron 13.779 integrantes de las Farc que en la cárcel contaron como mínimo cinco años detenidos y por delitos lejos de la lesa humanidad.

Firmaron actas de compromiso para regresar a la calle, a la libertad.

De la fuerza pública: Ejército, Policía, Armada y Fuerza Aérea, 1.777 uniformados se comprometieron con el país, las víctimas, la verdad y la reparación, para que la Justicia Especial de Paz les diera una nueva oportunidad y regresan con sus familias.
También debieron cumplir con los requisitos mínimos: cinco años detenidos y delitos por fuera del genocidio, la tortura, la violencia de género o el terrorismo.

En total a septiembre de 2017 se firmaron 5.029 actas de compromiso, se concedieron 147 indultos, 579 amnistías y 380 de esos beneficiados se convirtieron en Gestores de Paz en las regiones.

La secretaria de la Jurisdicción especial para la Paz reportó otras cifras:

Derechos de petición: 8.293

Solicitudes de otras entidades: 1.839

Tutelas: 482

Habeas Corpus: 647

Nos permitimos dar a conocer la columna del periodista Daniel Coronell de la revista semana que titula El testaferro de Bustos

EL TESTAFERRO DE BUSTOS

El fiscal Acero actuó como prestanombres del magistrado, quien desembolsó el 20 por ciento de la cuota inicial y pagaba las cuotas mensuales del BMW 525.

Luis Raúl Acero Pinto, fiscal delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá, admitió haberle servido de testaferro al magistrado Leonidas Bustos. En una entrevista con Blu Radio, el fiscal Acero confesó que puso a su nombre un lujoso automóvil BMW que en realidad era de Bustos, y cuya propiedad transfirió después al hoy detenido jefe de la división anticorrupción de la Fiscalía, Luis Gustavo Moreno. El tema no termina ahí, el fiscal testaferro tiene asuntos adicionales para explicar.

Empecemos por el carro. A instancias de la agencia antinarcóticos estadounidense DEA fue grabada en Miami una conversación entre el exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons y el abogado Leonardo Luis Pinilla, conocido con el alias del Porcino, compañero de andanzas del fiscal Luis Gustavo Moreno.

En la transcripción de la conversación, revelada por Caracol Radio, Porcino le cuenta a su interlocutor que entre los bienes que Moreno recibió de Bustos está un BMW 525 que, según narra, estaba a nombre del fiscal Luis Raúl Acero Pinto, actual delegado ante el Tribunal de Bogotá que ha sido también fiscal delegado ante la Corte Suprema.

Al ser confrontado, Acero aceptó rápidamente que, junto con Bustos, compró el carro en la BMW de la 127: “A finales de 2010, el doctor Bustos quería comprar un vehículo y quería comprarlo a crédito. Entonces, me pidió el favor porque como yo tenía buena capacidad de endeudamiento, que yo comprara el carro a mi nombre”.

El fiscal Acero actuó como prestanombres del magistrado Bustos, quien desembolsó el 20 por ciento de cuota inicial y pagaba las cuotas mensuales del carro. El firmón no volvió a saber del carro hasta 2013 cuando Bustos le ordenó hacer el traspaso a nombre de Luis Gustavo Moreno.

Acero asegura que “Yo no le veo nada de particular ni de irregular a una típica transacción comercial. Se pagó el carro, me dieron paz y salvo”.

¿Por qué el carro no estaba a nombre de su verdadero dueño?, ¿cuál interés tenía Bustos en ocultar esa propiedad?, ¿por qué fue traspasado al fiscal Moreno? A esas preguntas hay que agregarles otras sobre el fiscal Acero que tiene su propio historial.

El fiscal Acero ha estado a cargo de un proceso por la apropiación de unos millonarios predios en Sapzurro por parte del magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca José María Armenta, cuyos abusos fueron denunciados en esta columna.

A pesar de las evidencias que existen en el proceso, el fiscal Acero ha favorecido con sus decisiones al magistrado José María Armenta, a su esposa y a su hermano. Por acción de tutela, la Corte Suprema le ordenó a Acero cumplir con su deber.

Mientras esto pasaba en el proceso contra Armenta, la Fiscalía General pidió declarar insubsistente al fiscal Acero. Este se opuso a su insubsistencia instaurando una acción de tutela que –por maravillosa coincidencia– le correspondió en reparto a la magistrada Patricia Manjarrés, compañera de José María Armenta en la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Como era previsible, la magistrada ordenó restituir en su puesto al fiscal Acero. La Fiscalía impugnó la decisión ante el Consejo de Estado, que determinó que la tutela no era procedente.

Acero presentó entonces demanda ante el juez 17 administrativo de Bogotá que lo favoreció con una medida cautelar dejándolo en el puesto. La medida fue apelada y llegó para decisión a una sala del Tribunal Administrativo de Cundinamarca de la que hace parte –¿adivinen quién?– el señor magistrado José María Armenta.

Ni Armenta ni sus compañeros de sala piensan que están impedidos. Fue necesario que la Fiscalía los recusara para que se apartaran del caso.

Sin embargo, mientras todo esto sucedía, el fiscal Luis Raúl Acero ordenó archivar la investigación contra el magistrado José María Armenta.

Ahora las víctimas de los abusos de Armenta están pidiendo –sin mucha esperanza– que el caso se desarchive.