CORTE CONSTITUCIONAL REVIVE CONSULTA ANTITAURINA

La Corte Constitucional acogió los argumentos de una tutela que pedía el regreso de la consulta antitaurina como una posibilidad de los ciudadanos de votar para que haya toros o no.

De esta manera la Corte le ordenó a la alcaldía que en un término de 48 horas se adelanten todos los trámites pertinentes para llevar a cabo la denominada consulta popular antitaurina en Bogotá.

La corte basó su decisión en dos argumentos:

1. Dicha consulta es un mecanismo por el cual los ciudadanos pueden expresar su sentir sobre la importancia de las corridas de toros y además se ampara su derecho a la participación.

2. Esta consulta puede ser una pauta para el congreso mientras que se espera la legislación, ya que la corte dio plazo de dos años para regular la tauromaquia.

PEDIRÁN RECAPTURA DE LOS AGRESORES DE UN POLICÍA EN TRANSMILENIO

La decisión de no pedir una medida de aseguramiento contra los dos hombres que en estado de embriaguez agredieron con un cuchillo o un policía en el sistema Transmilenio, no gustó para nada al interior de la Fiscalía.

Aunque las decisiones de los fiscales son autónomas, se ordenó de inmediato un comité para evaluar esta decisión. La primera orden fue remover a la fiscal del caso. El Comité concluyó la inconveniencia de no solicitar una medida aseguramiento contra estas dos personas que claramente representan un peligro para la sociedad.

El Comité también definirá si solicita nuevamente la recaptura de los implicados en el caso y se convoca otra audiencia, esta vez para solicitar la media aseguramiento.

EL CLUB DE LOS SUICIDAS EN ARMENIA

Los retos para quitarse la vida, como el de la ballena azul, no son nuevos. En Quindío, en los años treinta, existió un macabro Club de los Suicidas, que causó revuelo en el país por la forma como sus miembros cumplieron su promesa y por los tintes políticos que llegó a tener.

Fidel Castiblanco, uno de los tantos poetas que en los años setenta se sumaron al Partido Comunista Colombiano, le contó en una oportunidad al también poeta Armando Orozco la trágica forma como murió su padre Samuel Ángel: se llevó un revólver a la boca y se mató, en marzo de 1939, para cumplir una promesa y mantener su honor, sin importar que iba a dejar a su esposa viuda y a sus siete niños huérfanos. La entrevista, publicada en una revista inglesa, estaba en un viejo casete que Armando guardaba como un tesoro en su casa de Bogotá. Muchos años después, la grabación se entrecortaba y las palabras quedaban enredadas en la voz dulce y ronca de Fidel. Ese es, tal vez, uno de los pocos testimonios orales que aún sobreviven del llamado Club de los Suicidas de Armenia.

Este macabro club, conformado por jóvenes ricos e intelectuales de la ciudad, logró incluso trastocar la tranquilidad de la vida colombiana de esos años. Entre las hipótesis del modus operandi del grupo se supo que estos hombres se encontraban en los bares de la zona de tolerancia de Armenia, donde hoy funcionan panaderías, casinos, casas de apuestas, almacenes de baratijas chinas y supermercados. En estos lupanares –como el preferido, el bar La Puerta del Sol– bebían aguardiente, mientras escuchaban tangos y boleros. Después de varias copas pactaban suicidarse, pero sin nombre, fecha ni hora. Al elegido le llegaba después a la casa un mensaje acompañado por una bala con la que debía quitarse la vida. Si el sentenciado faltaba a la promesa, los demás se encargaban de que cumpliera su palabra: lo asesinaban.

LOS TESTIGOS CONTRA EL EXGOBERNADOR LYONS

La Fiscalía cuenta con dos testigos clave que están señalando al exgobernador de Córdoba en el multimillonario saqueo de las regalías. Quiénes son, qué dicen y hasta dónde lo pueden implicar.

Jesús Eugenio Henao Sarmiento y Maximiliano García Bazanta estuvieron detenidos durante dos años en la cárcel Las Mercedes de Montería, judicializados por su presunta participación en el crimen de Jairo Alberto Zapa, director de la Oficina de Regalías del departamento. Pero hace un mes el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, ordenó el traslado de ambos a Bogotá. Desde entonces, al menos tres fiscales acuden regularmente al calabozo en que están recluidos –primer piso, bloque F del búnker– para entrevistarlos y cruzar información. En las diligencias, los reos han hablado de sumas multimillonarias asociadas a un nombre: Alejandro José Lyons Muskus, exgobernador de Córdoba.

Henao y García, a cambio de un principio de oportunidad que favorezca su situación judicial, están dispuestos a sostener ante un juez que el exgobernador sabía del desfalco que se presentó en el departamento, del cual ellos fueron “arquitectos”, y que además había un acuerdo para que el mandatario se quedara con el 30 por ciento de los multimillonarios desembolsos.

Como se sabe, tanto la Fiscalía como la Contraloría hace meses tienen la lupa sobre Córdoba. Las investigaciones han develado que en ese departamento se estrenaron mecanismos de corrupción luego replicados en otras zonas del país. El llamado cartel de la hemofilia es uno de esos métodos ingeniados para drenar hacia bolsillos particulares los recursos públicos. Consiste en introducir al régimen subsidiado de salud falsos pacientes hemofílicos, así como costosos medicamentos y tratamientos no dispensados. La Contraloría estima que unos 50.000 millones de pesos se esfumaron por medio de ese cartel, en el que están implicados falsos pacientes, médicos y funcionarios de la administración del exgobernador Lyons. La Fiscalía ya ha capturado a ocho de estas personas. El perverso mecanismo, desvelado desde 2016, se repitió en los departamentos vecinos de Córdoba y en otros alejados como Tolima.

ASÍ OFERTARÁN LA ETB A LOS PRIVADOS

La Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB), una compañía con más de 130 años de historia, comenzó su proceso de privatización. El objetivo es ofrecer a los particulares el 86,35 por ciento de las acciones del Distrito. Hace 14 años, el primer gobierno de Enrique Peñalosa había vendido el primer paquete correspondiente al 13,65 por ciento de los títulos de la compañía.

La primera etapa de venta, que comienza este 9 de mayo, se prolongará por dos meses y en ella podrán participar trabajadores y extrabajadores de la compañía, pensionados, sindicatos, fondos de pensiones y entidades cooperativas. En la segunda fase participarán los demás inversionistas nacionales y extranjeros. El mecanismo de venta aún está en estudio.

Para ello se fijó un precio mínimo por acción de 671 pesos, resultado de la valoración realizada por la banca de inversión J.P. Morgan y de un concepto de BTG Pactual. Dicho trabajo arrojó como precio base de la compañía 2,38 billones de pesos, es decir, 1,19 veces su valor en libros. A este valor se llegó con la metodología de flujo de caja descontado en la que tuvieron en cuenta los ingresos, costos de operación, niveles de endeudamiento y posibilidades de expansión, entre otros factores. Pero un análisis de la firma Casa de Bolsa no descarta que el precio de venta suba entre 10 y 20 por ciento frente al precio base, porque prevé que habrá más de un interesado en esta puja.

Según la secretaria de Hacienda de Bogotá, Beatriz Arbeláez, la intención de la administración distrital es vender la totalidad de acciones que tiene en la ETB porque no está interesada en quedarse con participación alguna, pues busca invertir dicho recursos en colegios, hospitales y jardines infantiles. El nuevo inversionista mayoritario tendrá que lanzar una oferta pública de adquisición (opa) para quedarse con las acciones en manos de los minoritarios.

ASÍ OFERTARÁN LA ETB A LOS PRIVADOS

La Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB), una compañía con más de 130 años de historia, comenzó su proceso de privatización. El objetivo es ofrecer a los particulares el 86,35 por ciento de las acciones del Distrito. Hace 14 años, el primer gobierno de Enrique Peñalosa había vendido el primer paquete correspondiente al 13,65 por ciento de los títulos de la compañía.

La primera etapa de venta, que comienza este 9 de mayo, se prolongará por dos meses y en ella podrán participar trabajadores y extrabajadores de la compañía, pensionados, sindicatos, fondos de pensiones y entidades cooperativas. En la segunda fase participarán los demás inversionistas nacionales y extranjeros. El mecanismo de venta aún está en estudio.

Para ello se fijó un precio mínimo por acción de 671 pesos, resultado de la valoración realizada por la banca de inversión J.P. Morgan y de un concepto de BTG Pactual. Dicho trabajo arrojó como precio base de la compañía 2,38 billones de pesos, es decir, 1,19 veces su valor en libros. A este valor se llegó con la metodología de flujo de caja descontado en la que tuvieron en cuenta los ingresos, costos de operación, niveles de endeudamiento y posibilidades de expansión, entre otros factores. Pero un análisis de la firma Casa de Bolsa no descarta que el precio de venta suba entre 10 y 20 por ciento frente al precio base, porque prevé que habrá más de un interesado en esta puja.

Según la secretaria de Hacienda de Bogotá, Beatriz Arbeláez, la intención de la administración distrital es vender la totalidad de acciones que tiene en la ETB porque no está interesada en quedarse con participación alguna, pues busca invertir dicho recursos en colegios, hospitales y jardines infantiles. El nuevo inversionista mayoritario tendrá que lanzar una oferta pública de adquisición (opa) para quedarse con las acciones en manos de los minoritarios.

DE EMPLEADOS A CAPOS DE LA DROGA

Las autoridades pana-meñas interceptaron una lancha rápida cerca a las costas de México, proveniente de Tumaco, con 700 kilos de cocaína en su interior. El cargamento y los dos hondureños que la tripulaban quedaron detenidos. La Marina de ese país detuvo en sus aguas territoriales una embarcación procedente de Colombia con 930 kilos de coca. En el barrio Boston de Cartagena un allanamiento a una vivienda terminó con el hallazgo de 238 kilos de droga lista para exportar.

Estas tres operaciones, que permitieron decomisar casi dos toneladas de coca, ocurrieron en lugares diferentes, pero el mismo día: el pasado 3 de mayo. Las coordinó el grupo especial de investigaciones de la Dijín (SIU por sus siglas en inglés), la DEA, la Fiscalía colombiana y las autoridades centroamericanas. Con estas recientes aprehensiones de narcóticos la Policía y las Fuerzas Militares llegaron a 121 toneladas incautadas solo en los cuatro primeros meses de este año. Se trata de los golpes más recientes de la guerra contra las drogas, que ha cambiado y tiene nuevos jefes: los narcos mexicanos. Ellos eran los dueños de esos alijos de narcóticos.

Desde los años setenta hasta mediados de los noventa los mexicanos fueron ‘empleados’ de los grandes carteles como Medellín, Cali o el Norte del Valle. Su labor básicamente consistía en pasar a Estados Unidos la droga que los narcos nacionales enviaban desde Colombia. En los años siguientes la muerte, captura o extradición de los principales capos colombianos, así como la desarticulación de sus estructuras sicariales y financieras, marcó el final de las organizaciones poderosas en el país.

Pequeños narcos, bandas criminales y facciones de guerrilla quedaron al frente, principalmente, de las zonas de producción y procesamiento. Sin embargo, ninguno tenía la infraestructura y mucho menos el poder económico y militar para impedir que los mexicanos se apoderaran de toda la cadena del negocio. Por eso desde hace cerca de tres años no es extraño ver a mexicanos o enviados de los carteles de ese país en las selvas de Putumayo, Guaviare o Chocó, controlando la producción en los laboratorios de coca.

HALLAN MUERTO A NIÑO DE CUATRO AÑOS EN UN COLEGIO DE CESAR

Colombia no para de llorar a sus niños. Este fin de semana se presentó otro caso lamentable, un menor de cuatro años fue hallado muerto el domingo en el Colegio Camilo Torres Restrepo, del municipio de Curumaní, Cesar.

Las autoridades buscan determinar si fue agredido sexualmente y quién sería el responsable del hecho, informaron medios locales.

La madre del menor indicó que se percató de la desaparición de su hijo en la noche del sábado pero no alertó a las autoridades.

Solamente el domingo por la mañana comenzó la búsqueda del niño, que concluyó con el hallazgo de su cuerpo, semidesnudo, en las instalaciones de la institución. Según la Policía Nacional, el menor vivía en un barrio humilde cercano al colegio.

Los habitantes del municipio manifestaron su indignación por medio de un plantón para decir "ni uno más".

"NO HAY DERECHO QUE NUESTROS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES PIERDAN SU VIDA POR LAS DROGAS": MINISTRO GIL

Desde hoy 109 familias cuentan con herramientas para prevenir el consumo de sustancias sicoactivas. En el municipio de Patía, en el Cauca, el Ministro de Justicia y del Derecho, Enrique Gil Botero, acompañó el acto en el que se certificaron ese número de familias en el programa Familias Fuertes: Amor y Límites.

Esta es una iniciativa que apoya la cartera de Justicia en alianza con el Ministerio de Salud, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y que tiene como objetivo prevenir varias conductas de riesgo asociadas al consumo de drogas como el embarazo a temprana edad y la violencia intrafamiliar. 

Durante el evento, el Ministro Gil destacó el rol de la familia como el primer escenario de prevención del consumo y socialización de valores en el que los niños, niñas y adolescentes desarrollan hábitos para afrontar la vida en sociedad.

“La orientación que deben brindar los padres a sus hijos en cuanto los riesgos que enfrentan en la primera etapa de la vida, es fundamental para que ellos asuman retos con responsabilidad y sensatez”, declaró el Ministro.

De ahí, la importancia de impulsar programas que permitan fortalecer el núcleo familiar y disminuir los factores de riesgo de consumo de sicoactivos a través de una guía para los padres de familia. Sin embargo, el Ministro indicó que, más que reducir el consumo, el esfuerzo del programa se enfoca en acabar de manera definitiva con él.

“No hay derecho a que nuestros niños, niñas y adolescentes pierdan su vida precisamente bajo el dominio de la drogadicción”, indicó el jefe de la cartera de Justicia.