CHAVISTAS PARTICIPAN EN SIMULACRO ELECTORAL PREVIO A LAS PRESIDENCIALES

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, participaron en el ensayo de las elecciones del próximo 20 de mayo, en las que el actual mandatario aspira a la reelección. Maduro hizo un llamado a sus seguidores a acudir a las urnas.

"Que nadie se confíe y crea que ya ganamos. Claro que tenemos la fuerza para ganar y vamos a ganar, pero tenemos que afinar nuestra maquinaria para garantizar los votos", aseguró desde un puesto de votación de Caracas.

El simulacro fue organizado por el Consejo Nacional Electoral, por lo que estaban invitados a participar todos los votantes habilitados en la contienda, pero el ejercicio fue promovido casi de forma exclusiva por el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), por lo que solo sus simpatizantes participaron.

En todo el país se habilitaron 500 centros de votación, que según el ministro de Defensa, el general Vladimir Padrino López, fueron custodiados por 22.000 militares.

Comicios presidenciales sin representación de la oposición

El principal contendor de Nicolás Maduro es Henri Falcón, un exchavista que es acusado de traición tanto por el oficialismo como por la alianza opositora.

Y es que la coalición de oposición Mesa de la Unidad Democrática (MUD) anunció que no tendrá representación en las elecciones presidenciales, que considera un fraude, y ha llamado a boicotearlas. Sin embargo, para Maduro, los comicios son libres:

"Estamos participando en un simulacro que ha salido muy bien. Los informes son positivos y Venezuela el 20 de Mayo, dentro de dos domingos, va a elegir de manera libre y soberana al presidente de la República Bolivariana para el período 2019 - 2025."

Maduro agregó que el sistema electoral de Venezuela es transparente y acusó a Estados Unidos de liderar una conspiración de ultraderecha a nivel internacional para, según él, terminar con el llamado socialismo del Siglo XXI y apoderarse del petróleo de su país.

Tomada de: Francia 24

SE INICIA TRÁMITE DE EXTRADICIÓN DEL EXFICAL LUIS GUSTAVO MORENO

En la mañana de este miércoles se inició formalmente el trámite de extradición del exjefe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía, Luis Gustavo Moreno hacia los Estados Unidos.

Moreno, quien se encontraba privado de la libertad en una guarnición militar, fue entregado a agentes de la DEA para iniciar el proceso de identificación.

El exfiscal anticorrupción es solicitado por una Corte del Distrito Sur de la Florida (Estados Unidos) por delitos relacionados con el lavado de activos y la conspiración para realizar actos de corrupción en Colombia. 

El pasado martes, en el complejo judicial de Paloquemao, Moreno le solicitó al país que lo perdone por sus actos de corrupción, entre los que se encuentran el trámite para el pago de millonarios sobornos a magistrados para desviar procesos penales en la Corte Suprema y el ofrecimiento para afectar casos en la Unidad Anticorrupción.

"Porque tengo el convencimiento como ser humano y como persona privada de la libertad, reitero mi arrepentimiento que más que con palabras elocuentes lo he demostrado con hechos al comparecer a las diferentes audiencias a las que se me ha requerido”, dijo el exfiscal anticorrupción.

Antes de ingresar a la audiencia en la que se iba a definir su principio de oportunidad, Moreno le pidió perdón a su hija, reconociendo que perdió el rumbo de su vida como abogado litigante y como funcionario público. "Quiero resarcir los daños que ocasioné como abogado litigante y como ser humano”, dijo.

Ante los medios de comunicación, reiteró que continuará colaborando con las autoridades colombianas entregando información en las investigaciones que se adelantan por los actos de corrupción conocido como el 'cartel de la toga'. 

Tomada de: RCN

“LOS SISTEMAS LOCALES DE JUSTICIA SE HAN POSICIONADO COMO UNA DE LAS ESTRATEGIAS MÁS IMPORTANTES DENTRO DE LA POLÍTICA DE ACCESO A LA JUSTICIA”: MINISTRO GIL BOTERO

Durante el Encuentro de Justicia Local para la Paz, que tuvo lugar en la ciudad de Bogotá, el Ministro de Justicia y del Derecho, Enrique Gil Botero, fue enfático en destacar la importancia de los Sistemas Locales de Justicia (SLJ), una estrategia de transformación y gestión eficiente de la conflictividad local mediante la organización, articulación y fortalecimiento de la oferta institucional de justicia formal, administrativa, alternativa y comunitaria para ofrecer respuestas rápidas y de calidad a las necesidades jurídicas de la población.

“En los municipios en los que hemos evaluado el desempeño de estos Sistemas la percepción generalizada es que ha mejorado el acceso a los servicios de justicia”, indicó el alto funcionario al referirse al balance de gestión del proceso de implementación de los mismos en 34 municipios afectados por el conflicto armado.

Dicha labor se desarrolló en el marco del proyecto ‘Justicia Local para la Paz’, iniciativa del Ministerio de Justicia y del Derecho que contó con el auspicio de la Unión Europea, el acompañamiento de la Alta Consejería para el Posconflicto y el apoyo técnico y operativo de la Redprodepaz a través de sus aliados territoriales: AdelNariño, RedCaquetáPaz, Prodepaz, PDP Magdalena Medio y Vallenpaz.

Según el alto funcionario, gracias a los SLJ se ha podido llevar oferta de justicia a los rincones más apartados del país, especialmente a aquellos en los que ha primado la violencia. “Uno de los aspectos más destacables del proyecto son las Jornadas Móviles de Acceso a la Justicia. Durante dichas jornadas toda la oferta de justicia se traslada a las veredas y corregimientos para atender a personas a las que se les presentan innumerables barreras para acceder a ella. La mayoría son víctimas del conflicto armado”, expresó.

Tras 18 meses de intervención en los territorios, ‘Justicia Local para la Paz’ ha permitido la implementación de 34 SLJ y la construcción participativa de 34 planes de acción con acciones puntuales en materia de justicia (en ejecución). También, la puesta en marcha de 27 instancias de coordinación formalizadas mediante acto administrativo municipal, la realización de 131 jornadas de acceso a la justicia con más 23.600 personas beneficiadas y el fortalecimiento de 400 organizaciones de base en 50 municipios.

“Es claro el compromiso del Ministerio de Justicia para que estos Sistemas sigan siendo operables y para que se conviertan en un programa que se replique en más municipios y se acerquen así los servicios de justicia a las personas que más barreras tienen para acceder a ellos”, señaló Gil Botero.

Finalmente, el Ministro agradeció en nombre del Gobierno Nacional la financiación de la Unión Europea a esta estrategia y su aporte a la paz de Colombia. “La Unión Europea se ha convertido en nuestro gran aliado en esta compleja tarea de garantizar acceso a la justicia a los más pobres, desprotegidos y apartados. En esta empresa hemos contado también con el invaluable apoyo de la Red de Desarrollo y Paz (Redprodepaz). Por esta gran labor les extiendo mis más sinceros agradecimientos”, señaló.

Por su parte, la Embajadora de la Delegación de la Unión Europea en Colombia, Patricia Llombart Cussac, manifestó que es una gran satisfacción para ese organismo apoyar a las instituciones de justicia con el fin de que puedan hacer mayor presencia en zonas donde previamente no la tenían. “La justicia es una condición necesaria para afianzar la gobernabilidad y el Estado de derecho del país” dijo durante la instalación del acto en el que también estuvieron presentes la Asesora de la Alta Consejería para el Posconflicto, Claudia Navas; y el Coordinador Nacional de la RedprodePaz, Jorge Tovar Beltrán.

Entre las medidas que ha adoptado el Ministerio para garantizar la sostenibilidad de los SLJ se encuentran: (i) la conformación de un grupo interno de trabajo como enlace con los municipios; (ii) la inclusión de la estrategia en el Plan Nacional de Desarrollo para referencia del nuevo gobierno; (iii) la gestión de recursos para garantizar financiamiento con presupuesto de inversión y; (iv) el trabajo conjunto con el Departamento Nacional de Planeación para fortalecer el sistema de información y seguimiento.

DESPIDO DE TRABAJADORES DISCAPACITADOS SE PRESUME DISCRIMINATORIO: CORTE

El despido de un trabajador en condición de discapacidad se presume discriminatorio, a menos que el empleador lo desvincule con justa causa probada o demuestre ante la Oficina del Trabajo que su situación imposibilita la continuidad del contrato laboral.

Así lo determinó la Corte Suprema de Justicia, al precisar que, en virtud de la estabilidad constitucional reforzada que ostentan –no como un derecho a permanecer a perpetuidad en el empleo, sino como un trato diferente al de los demás–, el retiro de personas con discapacidad requiere de la existencia de una causa objetiva de desvinculación.

A juicio de la Sala de Casación Laboral de la Corte, la autorización del inspector del trabajo solo podrá emitirse después de constatar que la permanencia del empleado con deficiencias físicas, sensoriales o mentales es inequívocamente “incompatible e insuperable” en la estructura empresarial.

La intervención de la Oficina de Trabajo consiste, entonces, en verificar que el empleador aplicó diligentemente todos los ajustes razonables orientados a preservar en el empleo al trabajador, antes de optar por pedir la autorización para retirarlo del mismo. Eso implica constatar acciones por su rehabilitación funcional y profesional, la readaptación de su puesto de trabajo, su reubicación y los cambios organizacionales y/o movimientos de personal necesarios (art. 8 de la L. 776/2002).

Al abandonar la postura jurisprudencial que negaba la presunción de la discapacidad como causa de despido o móvil sospechoso, la Corte Suprema de Justicia subrayó la importancia de las normas nacionales e internacionales que protegen a los trabajadores con discapacidad y se proyectan en la incorporación, inicio, desarrollo y extinción de las relaciones laborales.

El objetivo de tales disposiciones, agrega la Sala, es promover la inclusión y participación de ese segmento de empleados, y a la postre, evitar que los ámbitos laborales sean espacios de segregación, exclusión y distinción, pues a pesar de los avances aún subsisten prejuicios, estereotipos y prácticas que les impiden el goce de sus derechos humanos y libertades fundamentales.

Respecto al evento concreto de la terminación de los contratos de trabajo, la Sala consignó:

“(a) La prohibición del artículo 26 de la Ley 361 de 1997 pesa sobre los despidos motivados en razones discriminatorias, lo que significa que la extinción del vínculo laboral soportada en una justa causa legal es legítima.

“(b) A pesar de lo anterior, si, en el juicio laboral, el trabajador demuestra su situación de discapacidad, el despido se presume discriminatorio, lo que impone al empleador la carga de demostrar las justas causas alegadas, so pena de que el acto se declare ineficaz y se ordene el reintegro del trabajador, junto con el pago de los salarios y prestaciones insolutos, y la sanción de 180 días de salario.

“(c) La autorización del Ministerio del Trabajo se impone cuando la discapacidad sea un obstáculo insuperable para laborar, es decir, cuando el contrato de trabajo pierda su razón de ser por imposibilidad de prestar el servicio. En este caso el funcionario gubernamental debe validar que el empleador haya agotado diligentemente las etapas de rehabilitación integral, readaptación, reinserción y reubicación laboral de los trabajadores con discapacidad. La omisión de esta obligación implica la ineficacia del despido, más el pago de los salarios, prestaciones y sanciones”.

Con estos argumentos, la sentencia ordenó el reintegro de un trabajador que perdió su capacidad laboral en un 39%, y llamó la atención respecto a la impertinencia de la defensa de la compañía, basada en la supuesta afectación de la “economía de las empresas” y la prosperidad de los “negocios”. Para la Corte, “las personas son un fin en sí mismas y su valor intrínseco no está sujeto a los propósitos mercantiles; por lo tanto, para garantizar su dignidad y el disfrute de sus derechos, los empleadores tienen el deber de crear entornos adecuados para el crecimiento humano y la inclusión laboral, aprovechando las aptitudes y capacidades de las personas que posean condiciones especiales”.

UNA PRESIDENCIA DE DUQUE SERÁ UNA PRESIDENCIA EN CUERPO AJENO: RODRIGO LARA

El presidente de la Cámara de Representantes dijo que el expresidente buscará reservarse puestos estratégicos en la Casa de Nariño para seguir ejerciendo el poder, si el candidato del Centro Democrático gana las elecciones.

El presidente de la Cámara de Representantes, Rodrigo Lara, se fue lanza en ristre este miércoles contra la aspiración presidencial del candidato del Centro Democrático, Iván Duque. Y es que aunque dijo que tiene buena percepción del excongresista uribista, aseguró que si Duque gana las elecciones, no será él quien gobierne sino su mentor, el expresidente Álvaro Uribe.

“Será una presidencia en cuerpo ajeno. Uribe le va a exigir a Duque que Alicia Arango sea sus secretaria privada”, dijo el representante de Cambio Radical en diálogo con La W. Agregó, incluso, que Uribe Vélez también buscará reservarse otros cargos estratégicos como el sector defensa o elegir la terna para el fiscal general. “El poder real en Colombia se trasladaría de la Presidencia al Senado”, agregó el congresista. Y dijo, además, que Duque le debe mucho al expresidente Uribe y que, en ese sentido, será él el que “va a ejercer el poder y no lo va a soltar”.

El representante también se refirió a la posible adhesión de varios integrantes del Partido Liberal a la candidatura del exvicepresidente Germán Vargas Lleras. Al respecto, dijo que “la mayoría de los liberales entienden que habrá una segunda vuelta entre Duque y Vargas Lleras”, aceptando de anticipadamente la derrota del aspirante de las huestes rojas, Humberto de la Calle.

“A veces la verdad respecto de lo que se está fraguando en ciertos sectores políticos duele. La candidatura de De la calle no tiene opción real de llegar a la segunda vuelta”, dijo Lara, quien concluyó que el expresidente y actual director de la colectividad, César Gaviria, está tendiendo puentes con el candidato Duque para mantener el control sobre los congresistas del partido.

Tomada de: El Espectador

DECISIONES DE LA SECCIÓN QUINTA DEL CONSEJO DE ESTADO

El Consejo de Estado negó la solicitud de suspensión de la elección del ciudadano César Augusto Ortiz Zorro como representante a la Cámara por Casanare.

En la misma decisión, la Sección Quinta de la corporación admitió la demanda de nulidad contra dicho acto de elección porque supuestamente no renunció oportunamente al cargo de concejal de Yopal.

Para negar la solicitud de suspensión, el Consejo de Estado advirtió que el reglamento del Congreso no establece como inhabilidad la concurrencia de periodos entre el cargo al cual se renuncia y el que se aspira a ejercer.

Consulte los detalles más sobresalientes de esta y otras decisiones en la tabla de resultados de la última sala de la Sección Quinta. En el documento encontrará resúmenes de las decisiones tomadas en dicha sesión y un enlace que lo conduce directamente a la providencia. 

En este archivo encontrarán el número del proceso, el sentido de la decisión y un resumen del caso abordado, así como los nombres del demandante, el demandado y el ponente, información que le permitirá al usuario consultar todos los documentos del proceso.