MINJUSTICIA Y DEPARTAMENTO DE COMERCIO DE EEUU INICIAN ACERCAMIENTOS PARA REFORZAR POLÍTICAS EN TORNO A LA PROPIEDAD INTELECTUAL

El Viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, Carlos Medina Ramírez, se reunió con Ann Chaitovitz, agregada de Propiedad Intelectual del Departamento de Comercio de Estados Unidos, con el fin de iniciar acercamientos para reforzar las políticas existentes en torno a infracciones cometidas contra la propiedad intelectual. 

En ese sentido, Chaitovitz señaló que es primordial intensificar la capacitación a funcionarios colombianos respecto a este asunto, así como generar conciencia en los ciudadanos que podrían incurrir en delitos. 

"Evidenciamos la necesidad de una política criminal con la cual la gente entienda la gravedad de conductas como la piratería, porque creen que es un delito menor. Lo que no se dimensiona es que cuando compran algo falsificado, están apoyando el crimen", expresó la funcionaria extranjera. 

En consecuencia, el Viceministro Medina recordó que reforzar las políticas en torno a la propiedad intelectual es un compromiso del Gobierno Nacional. "La propiedad intelectual es un tema de Estado. La idea es que en los próximos meses quede marcada una ruta en materia de política criminal que seguramente tendrá un impacto en otras entidades e instituciones". 

Por ello, el alto funcionario enfatizó que "hay espacios favorables para incorporar este asunto como uno de los más relevantes para el Ministerio de Justicia y del Derecho". 

Marcela Abadía, Directora de Política Criminal y Penitenciaria, agregó que para esta cartera la prevención es indispensable. 

"Estamos trabajando para concebir la política criminal no solo desde las cárceles sino desde el trabajo de prevención, de crear conciencia", puntualizó la funcionaria del Ministerio. 

Finalmente, la agregada de Propiedad Intelectual del Departamento de Comercio de Estados Unidos valoró la disposición de la entidad y reiteró que el trabajo entre los dos países continúa siendo vital para contrarrestar infracciones de marcas y derechos de autor, que terminan por afectar las relaciones comerciales bilaterales.

CASO INTERBOLSA NO TIENE RIESGO DE PRESCRIBIR, ADVIERTEN LOS ABOGADOS

El abogado Iván Cancino, quien defiende los intereses del empresario Víctor Maldonado, aseguró que no existe riesgo que prescriba el proceso que se adelanta contra su cliente por el descalabro del Fondo Premium de la comisionista de bolsa InterBolsa S.A.

Cancino señaló que los delitos por los que es investigado su cliente no han cumplido el tiempo que establece la ley para que sean archivados, rechazando así las acusaciones hechas por el fiscal General, Néstor Humberto Martínez frente a un inminente riesgo de prescripción.

El jurista sostuvo que en el caso de Víctor Maldonado los delitos por los que enfrenta un juicio “tienen un período de proceso penal de 10 años, de los cuales han transcurrido apenas cuatro años. Así que en este caso no hay dilaciones por parte de la defensa, y  posteriormente para la prescripción aún falta tiempo”.

Añadió además que "por lo menos el suscrito, es decir yo, no me voy a dejar presionar ni por investigaciones disciplinarias ni por cartas a nadie y me parece muy delicado que quieran presionar el ejercicio del derecho de defensa con compulsa de copias y con presiones indebidas que en lo personal ya fueron denunciadas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos" indicó. 

Las investigaciones en contra del empresario Victor Maldonado se desprenden del presunto desvío de dineros que pertenecían a los inversionistas del Fondo Premium a países catalogados como paraísos fiscales.

Las investigaciones de la Fiscalía, advierten que por dichas operaciones, presuntamente irregulares, se vieron afectadas cerca de 1.083 personas por un valor que supera los 6 mil millones de pesos.

Por estos mismos hechos son procesados los exdirectivos del Fondo Premium, Juan Carlos Ortiz y Tomás Jaramillo.

Tomada de: RCN  

EX PARAMILITAR NEGÓ ANTE LA CORTE REPARTIR DINERO AL EX CONGRESISTA SUÁREZ

Aunque la defensa del ex congresista Óscar Suárez Mira, había pedido que se parara su proceso porque entró en vigencia la doble instancia, la Corte Suprema inició el juicio en su contra.

Al ex congresista, lo acusan de haber recibido dineros del narcotráfico por parte de Juan Carlos Sierra Ramirez, alias el ‘Tuso Sierra’ para sus campañas políticas de 2002 y 2006.

El juicio inició con el testimonio de Rodrigo Pérez Alzate, alias ‘Julián Bolívar’ quien aseguró que nunca le dio recursos al ex congresista.

“En esa época en la que estábamos en Santa Fe de Ralito nos visitaron muchos miembros del Congreso, si él estuvo por ahí no lo recuerdo. (...) Jamás he enviado ningún dinero”, dijo.

Bolívar negó que se haya hecho una reunión en Bucaramanga el 3 de marzo de 2006 con Suárez Mira y otros congresistas, pues en esa época estaba libre y de haberse realizado, él hubiera ido personalmente y no habría enviado a ningún emisario.

Mañana continuará el juicio sin la presencia del acusado, pues su abogado Álvaro Luna, asegura que está pendiente de comparecer, pero también de en qué condiciones lo puede hacer porque considera que su derecho a la libertad no se puede violar. El ex congresista, dice que tuvo una orden de captura pero que perdió su vigencia.

Tomado de: Caracol Radio.

EXSECRETARIO DE SEGURIDAD DE MEDELLÍN PAGARÍA 33 MESES DE PRISIÓN

El exsecretario de seguridad de Medellín, Gustavo Villegas, pagaría una pena de dos años y siete meses de prisión tras haber firmado un preacuerdo con la Fiscalía por los delitos de abuso de función pública y abuso de autoridad. El exfuncionario fue investigado porque, al parecer, desde su cargo en la alcaldía, trabajaba en un decreto para beneficiar a la Oficina de Envigado y, también, porque una empresa de su familia fue objeto de una extorsión y él, supuestamente, arregló el asunto por debajo de la mesa con los extorsionistas directamente. Sin embargo, fueron otros dos cargos por los cuales llevaron a Villegas a la cárcel: concierto para delinquir agravado y omisión de denuncia.

De acuerdo con las pruebas de la Fiscalía, expuestas en el proceso, gracias a una línea telefónica de Julio Perdomo, un desmovilizado de las Autodefensas Unidas de Colombia que terminó implicado con la Oficina de Envigado, se estableció una comunicación constante con el entonces secretario de seguridad. Estos mensajes, al parecer, iban y venían por medio de un intermediario: Mariano Zea Ospina, un exguerrillero quien resultó condenado a 25 años de prisión por el secuestro de la alemana Brigitte Shoene, hace 20 años. Perdomo, agregó el ente investigador, “dijo de manera clara y específica que ha mantenido reuniones permanentes con el señor Gustavo Villegas”.

Para la Fiscalía, Villegas terminó envuelto con bandas criminales buscando su sometimiento. Además, una de las empresas de su familia, Surtialimentos, fue extorsionada en el barrio Santo Domingo Savio. Villegas habría recurrido a Julio Perdomo, a través de Mariano Zea, con el objetivo de contar al jefe de la organización ilegal para llegar a un acuerdo. Para ese entonces, cuando la Fiscalía destapaba sus pruebas, el exsecretario manifestó ser inocente y no haber cometido irregularidades. La investigación contra del exsecretario Villegas comenzó en julio de 2016 y se enfocó, principalmente, en su trabajo como director del programa de Paz y Reconciliación en 2000. 

La noticia causó revuelo en Medellín. Desde su nombramiento en el gabinete del alcalde Federico Gutiérrez se ventilaron cuestionamientos contra Villegas, en razón a que había estado vinculado a un proceso judicial en 2008. En ese momento, Villegas fue señalado de haber beneficiado al empresario Juan Felipe Sierra y su empresa Control Total con varios contratos para brindar esquemas de protección a los dirigentes de los desmovilizados de las Autodefensas. Sin embargo, cuando su nombre apareció en el asunto de Control Total, Villegas manifestó que se trató de un correo que se cruzó con Sierra, pero que la Fiscalía archivó el proceso por inexistencia de los hechos denunciados. Villegas se entregó a la justicia en julio de 2016 y el próximo seis de marzo será la lectura de la condena.

Tomada de: El Espectador.

EN EL VALLE DEL CAUCA SE INVIERTEN $218 MIL MILLONES EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

En el Valle del Cauca están sucediendo grandes hechos en materia de infraestructura educativa, que beneficiarán a miles de niños y jóvenes con más y mejores espacios para estudiar y con educación de mejor calidad, para que tengan así mayores posibilidades de concretar sus sueños.

El pasado viernes en la ciudad de Cali Yaneth Giha Tovar, ministra de Educación Nacional, el Gobierno nacional, la Gobernación y las alcaldías invierten 218 mil millones de pesos en 42 proyectos de construcción de aulas y espacios complementarios, que beneficiarán a 39 mil estudiantes.

Solo en la capital, dijo la Ministra, las inversiones son de 90 mil millones de pesos en 24 proyectos de infraestructura educativa. 16.000 niños disfrutarán de estas obras.

El pronunciamiento fue hecho por Giha en una visita a la sede principal de la Institución Educativa Eustaquio Palacios, en la capital del Valle del Cauca, donde se ejecuta un proyecto por 6.720 millones de pesos que contempla la construcción de 22 aulas, 3 baterías sanitarias, 2 laboratorios integrados y 1 restaurante.

“Estas obras se realizan con recursos del Ministerio de Educación y a través de Findeter. A la fecha, el avance de los trabajos es de 12% y se espera que estén listos en agosto de 2018”, informó la Ministra, quien estuvo acompañada del alcalde de la ciudad, Maurice Armitage, y de la secretaria de Educación, Luz Elena Azcárate Sinisterra.

De otra parte, la Ministra fue consultada por el arribo masivo de estudiantes venezolanos al sistema educativo oficial colombiano, y aseguró que todos los niños y jóvenes de ese país son bienvenidos.

“Es un tema que le hemos puesto mucha atención de tiempo atrás y los hemos recibido en el sistema educativo; tenemos cupos y los hemos podido incorporar dándoles instrucciones a las Secretarías de Educación y rectores que lo hagan, asignándoles un código provisional -explicó Giha-. Ellos tendrán dos meses para registrarse en Personerías y Registradurías para legalizar su estado en el país. Son bienvenidos”, aseguró la Ministra.

ESCOLTA QUE MATÓ A DELINCUENTE: ¿UN EJEMPLO O UN POLÉMICO PRECEDENTE?

Seis días después del episodio en el que el escolta Mario Muñoz mató a un ladrón que atracaba a una mujer en el norte de Bogotá, el presidente Juan Manuel Santos lo invitó a la Casa de Nariño y, en medio de la reunión, de acuerdo con Muñoz, lo felicitó y le dijo que “hizo lo correcto”.

La actuación de Muñoz, que ha generado el respaldo de miles de colombianos a través de las redes sociales, está siendo evaluada por la Fiscalía, que en principio considera que se trata del derecho a la legítima defensa de un tercero y, por lo tanto, una conducta no punible. 

El delincuente muerto había herido a la señora con un cuchillo y se abalanzó contra Muñoz cuando este decidió intervenir para evitar el atraco. Tenía antecedentes y la Policía avanza para capturar a sus cómplices en una banda especializada en atracar a conductores atrapados en los trancones bogotanos. 

El hecho en sí mismo ha generado debate. Sobre todo porque algunos analistas temen que exaltar la situación pueda incentivar la justicia por mano propia, en un país ya aquejado por altísimos índices de violencia. 

La ley es clara para definir las exenciones de castigo cuando las víctimas reaccionan ante sus victimarios. En el Código Penal hay 12 parámetros de exclusión sobre responsabilidad penal y una de ellas es la legítima defensa, que se verifica bajo requisitos como la proporcionalidad de la defensa con respecto a la amenaza y, sobre todo, el momento en el que se hace uso de la fuerza en contra del agresor. 

La legítima defensa, un concepto que tiene más de 2.000 años y se consagró en el derecho romano, existe desde siempre en la legislación colombiana. En el caso de Muñoz, todo apunta a un uso legítimo de la fuerza. La Fiscalía está esperando los resultados de la necropsia de Nicolás Afanador Duarte, el ladrón que perdió la vida el pasado 30 de enero en Bogotá.

El fiscal Néstor Humberto Martínez dijo que la legítima defensa es un derecho y que, si se prueba, simplemente se archiva el caso. De hecho, los policías o militares que matan a alguien en medio de una operación siempre enfrentan una investigación, pues se trata de un homicidio, pero como se supone que se trata del uso de la fuerza del Estado en situaciones legítimas, no procede un proceso penal. Lo contrario ocurre cuando hay irregularidades, como en los casos de los ‘falsos positivos’. 

Wilson Herrera, director del Centro de Ética de la Universidad del Rosario, dice que frente a una situación como esta no hay respuestas en blanco y negro: “Por una parte hay una motivación loable y es la solidaridad evidenciada en que una persona no es indiferente frente a otra que está en peligro –dice– (...). Además, también había riesgo para su integridad física. Pero por otro lado, está la muerte de una persona y la idea ilegítima que existe de que uno mismo puede hacer justicia”. 

Por eso asegura que aunque los mensajes de reconocimiento son válidos, hay que saber cómo darlos y explicarle muy bien a la ciudadanía que esto solo puede suceder cuando no hay otra opción, cuando “es una necesidad absoluta”.

Hace poco más de un año, un caso similar al de Muñoz despertó también la solidaridad de los habitantes de Barranquilla. Un escolta mató a un ladrón de 25 años cuando encontró que amenazaba con un arma a su hija en la entrada de su casa. El proceso terminó archivado en la Fiscalía, tras la presentación voluntaria del involucrado. 

En febrero del 2017 otro escolta le disparó a un ladrón cuando atracaba a una pareja en el barrio Venecia de Bogotá. No lo mató, pero lo dejó gravemente herido. 

Lo claro es que para alegar legítima defensa, bien en caso propio o de un tercero, esa respuesta tiene que darse simultáneamente con la agresión que pone en riesgo la vida. Es por eso que los linchamientos de delincuentes, sin importar el crimen, son considerados como una clara señal de sociedades en las que las instituciones están desbordadas por la violencia. Las escenas de delincuentes amarrados, golpeados y desnudados por la turba, que son comunes en el país y son virales en las redes sociales, no tienen amparo en la ley. 

“Si esto está bien, entonces estamos mal. La sociedad no puede vivir con la creencia de ‘ojo por ojo y diente por diente’. Estamos en un mundo socializado y quienes cometan crímenes deben ser judicializados. Aceptar estos hechos es convocar a la sociedad a actos pasionales y a actos no fieles al bienestar social. No se puede autorizar a una persona asesinar a otra por más de que sea un ladrón. Se pierde la civilización y si nos saltamos los mecanismos de defensa nos volvemos una república bananera”, dice Fabián Sanabria Sánchez, doctor en sociología de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París.

Tomada de: El Tiempo

FUERTE ESCALADA TERRORISTA DEL ELN DURANTE EL FIN DE SEMANA

Durante el fin de semana hubo una fuerte escalada terrorista del ELN, ocurrido tras las amenazas de ese grupo de un llamado paro armado.

El pasado sábado el ELN dinamitó el puente Amarillo que atraviesa el río 'Simaña' en el corregimiento de La Mata donde quedó totalmente inhabilitado el paso vehicular.

Las autoridades calculan que 80 kilos de explosivos fueron utilizados para dinamitar la estructura que quedó destruida, mientras que en la vía a San Roque en el kilómetro 64 fue dinamitado un tramo de carretera.

Este puente hace parte de la Ruta del Sol II que comunica la Costa Atlántica con el interior del país y fue construida en 2016 por las brasilera Odebrecht.

En la madrugada del domingo fueron destruidos con explosivos los peajes de Gamarra y platanal. Las cargas explosivas ubicadas en las casetas causaron el desplome de paredes y la destrucción de los equipos.

Las autoridades activaron controladamente un artefacto explosivo que no fue detonado y abandonado a un costado de una caseta de cobro.

La activación de las cargas explosivas se hizo simultáneamente en los dos peajes de la Ruta del Sol sector II.

En el de Gamarra, la explosión provocó un incendio en toda la estructura.

En la reacción de las autoridades cuando se produjo la voladura del peaje de Platanal, los presuntos guerrilleros del frente Camilo Torres del ELN, abrieron fuego contra los uniformados.

Mientras que en la vía que comunica con Pamplona, dos personas murieron al parecer porque transportaban un explosivo, según las autoridades, serían guerrilleros del ELN que presuntamente iban atentar contra un puente vehicular.

Tomada de: RCN

‘ESPERANZA EN MOVIMIENTO’, UNIDOS POR LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ EN COLOMBIA

Como resultado del Acuerdo Final de Paz alcanzado entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP, Colombia hoy tiene una gran oportunidad para evitar que niños, niñas y adolescentes sean reclutados por grupos armados; a la vez tiene desafíos nuevos y enormes para evitar su uso y utilización en actividades ilegales. 

Precisamente, para prevenir las violaciones a los derechos de la niñez, las 23 entidades gubernamentales que conforman la Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento, la Utilización y la Violencia Sexual contra Niños, Niñas y Adolescentes por grupos armados al margen de la ley y por grupos delictivos organizados, más conocida como CIPRUNNA, se unieron este año a través de la campaña ‘Esperanza en Movimiento’, que busca movilizar a los ciudadanos y los servidores públicos para que en todo el país se creen las condiciones individuales, familiares, comunitarias y territoriales que les permitan a los jóvenes construir, desde hoy, un futuro prometedor. 

Según el más reciente informe del Centro Nacional de Memoria Histórica, ‘Una guerra sin edad’, en los últimos 60 años, 16.879 colombianos fueron reclutados y/o utilizados habiendo sido niños, niñas y adolescentes, por todos los actores que hicieron parte del conflicto armado. 

“Colombia necesita una transformación cultural, para eliminar definitivamente esos comportamientos violentos a los que nos acostumbramos a lo largo de décadas de conflicto armado en el país. Todos estamos involucrados en la prevención del reclutamiento y, por eso, este año queremos invitar a los ciudadanos a comprometerse con la niñez a través de la campaña ‘Esperanza en Movimiento’”, afirmó la consejera presidencial para los Derechos Humanos, Paula Gaviria Betancur, quien ejerce la Secretaría Técnica de la CIPRUNNA. 

Dado que este fenómeno tiene características territoriales específicas, en 2017, la CIPRUNNA realizó más de 90 actividades de asistencia a instancias territoriales, como Mesas de Infancia y Subcomités de Política Pública de Prevención y Garantía de No Repetición; y 84 actividades de socialización de la política con instituciones y organizaciones. Además, se han creado rutas de prevención temprana, urgente y en protección, que permiten distribuir roles y coordinar las acciones con anticipación. Y ha impulsado, desde 2016, la judicialización de 252 casos de reclutamiento, uso y violencia sexual de niñas, niños y adolescentes para evitar que vuelvan a delinquir quienes han cometido delitos. 

Por otro lado, en el marco del Acuerdo Final de Paz, la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, con el apoyo de la Alta Consejería para el Posconflicto, el Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para el Posconflicto, la Organización Internacional para las Migraciones y UNICEF puso en marcha el programa ‘Mi Futuro es Hoy: creando entornos de paz para la niñez’, que busca desarrollar y fortalecer las capacidades de 27.000 niños, niñas y adolescentes entre 12 y 18 años, sus familias, comunidades, escuelas y otras instituciones en 500 veredas correspondientes a 166 municipios priorizados para el posconflicto. 

Como afirmó Ciro Galindo, quien padeció en carne propia el drama del reclutamiento de sus dos hijos, uno de los cuales perdió la vida, lo único que pediría en este momento sería la paz para que ningún niño o niña en Colombia tenga que crecer en medio de la violencia. “Colombia puede ser ejemplo para el mundo, por ser un país dispuesto a trabajar por un futuro y un presente mejor, donde los jóvenes tengan más oportunidades. Está en nuestras manos hacer de esta causa una esperanza en movimiento”, concluyó la Consejera Gaviria.