martes, 26 de diciembre de 2017

EL CAOS DE LOS JUZGADOS MUNICIPALES DE BOGOTÁ 


En un principio, estando los Juzgados Penales Municipales con Función de Conocimiento de Bogotá, en el Complejo Judicial de Paloquemao, dieron orden de traslado de los despachos con el fin de ubicarlos en el mismo Complejo, por números y en forma cronológica, se hicieron los trasteo, desacomodaran a muchos,  desmejoraron en espacio, se dañaron audiencias e incluso por lo reducido del espacio, no fue posible volver a realizar audiencias con cámaras portátiles en los despachos, como se realizaba antes de dichos movimientos,etc.

Luego, otra idea: era que todos los Juzgados en mención debían funcionar en el centro, Edificio Convida porque las Fiscalias Locales tenían sus sedes cerca a Convida; resulta que las Fiscalias Locales fueron trasladadas a dos cuadras del complejo Judicial de Paloquemao, y ahora,  se llevaron  a casi todos los Juzgados Penales Municipales del Complejo Judicial de Paloquemao para el centro, en el piso 2 de Convida y de entrada se observa el Juzgado 55 y al lado el 24, he informan que así esta  todo el edificio, que no hay la secuencia o cronología que se proclamaba. 

No se  entiende por que tanta contradicción y porque  todo en contra de los Jueces Penales Municipales  de Bogotá, que al igual que los demás despachos Judiciales que funcionan en Bogotá, tienen alta carga laboral, solo tienen un sustanciador,  y en otros sitios del país cuentan con 2 sustanciadores los municipales, tienen riesgos de seguridad, no se les contempla como potenciales beneficiarios de prima de riesgo. 
TRASLADAN A BOGOTÁ A LOS DOS OFICIALES IMPLICADOS EN MASACRE EN TUMACO, NARIÑO


El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, indicó que luego de que se lleve a cabo la audiencia de imputación de cargos a la que fueron citados los uniformados se conocerá su futuro en las Fuerzas. 

Dijo que los dos oficiales, uno de la Policía y otro del Ejército, se encuentran en Bogotá esperando la fecha y hora de la audiencia de formulación de cargos que anunció la Fiscalía recientemente en su contra.

Cuando se haga esa diligencia y se vea cuáles son las consecuencias jurisdiccionales de esta, "las Fuerzas Armadas tomarán las medidas de ley, si hay un indicio grave de que se van a vincular a un proceso, la ley dice que no pueden permanecer activos", añadió Villegas.

MIGRACIÓN COLOMBIA RECIBIÓ AL EX JEFE PARAMILITAR ALIAS ‘HH’, DEPORTADO DE ESTADOS UNIDOS


Migración Colombia dio a conocer que recibió en la tarde de este martes en Bogotá a Hebert Veloza García, conocido como alias ‘HH’.

El excomandante del Bloque Calima y Bananero de las Autodefensas Unidas de Colombia arribó en vuelo procedente de Alexandria, Estado de Virginia, Estados Unidos.

Sobre ‘HH’ existe una medida de aseguramiento de detención preventiva en un establecimiento carcelario, ordenada por una sala de justicia del Tribunal Superior Judicial de Medelllín.

Además, a Veloza García se le imputan los delitos de concierto para delinquir agravado, múltiples homicidios en personas protegidas, desplazamientos forzado y reclutamiento de menores.

El excomandante de las AUC fue entregado en custodia a las autoridades colombianas en el aeropuerto militar de Catam. 

Alias ‘HH’ fue condenado en el año 2009 por conspiración luego de exportar y distribuir cocaína en los Estados Unidos y por ser la cabeza de una sofisticada organización de tráfico de drogas que operó al menos por 10 años desde comienzos de 1998.
GUSTAVO MORENO SERÍA EXTRADITADO A ESTADOS UNIDOS EN ABRIL


El exfiscal anticorrupción Gustavo Moreno estaría a punto de irse a Estados Unidos, a reponder por lavado de activos para promover el soborno y la corrupción en Colombia. Este martes se conoció que el presidente Juan Manuel Santos firmó su extradición el pasado 22 de diciembre, casi un mes después de que la Corte Suprema de Justicia avaló el procedimiento.

Su extradición, sin embargo, tiene la salvedad de que Moreno responda primero por sus procesos en Colombia, donde es el ventilador principal del cartel de la toga, y en especial de los que tiene pendientes ante la Procuraduría, luego de que, la semana pasada, el procurador general Fernando Carrillo le hizo una petición expresa al mandatario en ese sentido. 

Moreno y el abogado Leonardo Pinilla fueron pedidos en extradición por una Corte del sur de Florida. Justo en ese estado gringo fue donde estalló el cartel de la toga, cuando a través de las interceptaciones que hizo la DEA a las conversaciones entre Pinilla y el exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons, se empezó a delevar el funcionamiento del entramado de corrupción, en el que varios magistrados de la Corte Suprema pedían sobornos a congresistas y mandatarios para torcer sus procesos.

Las reuniones de Moreno en Estados Unidos fueron vigiladas, grabadas, y documentadas por agentes federales de ese país. En una de ellas habría recibido un abono de 10.000 dólares. Esas movidas son las que lo tienen en problemas con la justicia gringa, tanto que desde el comienzo del proceso en Colombia, la extradición era inminente, y los dos aparatos judiciales adelantaron convenios de cooperación en el caso.

En Colombia, por su parte, el exfiscal ha comparecido ante la Corte Suprema de Justicia y la Comisión de Acusación de la Cámara, donde ha mencionado a los magistrados Francisco Ricaurte (ya preso), Leonidas Bustos y Gustavo Malo como integrantes de la nómina del cartel, del que, según sus señalamientos, fueron clientes congresistas como Álvaro Ashton, Musa Besaile y Nilton Córdoba, entre otros.

Sin embargo, a partir de sus testimonios no queda claro si la lista de involucrados es mucho mayor, y si incluía o otros magistrados y también a funcionarios de menor rango dentro de la rama judicial. También hay espisodios alrededor de su figura que no se han esclarecido, como los padrinos y las movidas que se habrían dado para que llegara a ser el jefe de la unidad anticorrupción de la Fiscalía. 

Por las cuentas que aún tiene que rendir en Colombia, precisamente, el procurador Carrillo le dirigió dicha carta al presidente Santos la semana pasada, en la que le pidió que no enviara a Moreno a Estados Unidos hasta que no atendiera todas las diligencias que tiene programadas en el país, especialmente las del Ministrio Público, donde se adelantan investigaciones disciplinarias alrededor del cartel. Ante esa solicitud, el mandatario le concedió cuatro meses más de estadía en Colombia al exfiscal, que está detenido en la Escuela de Artillería del Ejército.
CORTE BAJÓ CONDENA CONTRA AUTORES MATERIALES DE UNA MASACRE EN RISARALDA


Edier Duvan Gutiérrez Villada y Luis Emilio Castrillón González fueron los autores materiales de un ataque con arma de fuego y machete a una familia, entre ella dos menores de edad, y dos personas quienes eran sus empleados.

Los hechos se registraron en Pueblo Rico, Risaralda, en el año 2011 y al parecer se originaron por un robo a una finca. 

Los dos hombres reconocieron su responsabilidad, y en principio fueron condenados a 41 años de prisión por un juez del Juzgado Promiscuo del Circuito de Apía, pero tras justificar un “error aritmético”, la pena quedó finalmente en 50 años de prisión. 

La defensa de los dos hombres acudió a la Corte Suprema pidiendo que no se aplicara el aumento de la condena que al final se determinó porque se allanaron a cargos, a lo que el alto tribunal le dio la razón. 

Al respecto la Corte dijo que “el incremento general de las penas de la Ley 890 de 2014 no tiene aplicación cuando el procesado propicia la terminación anticipada por la vía de los allanamientos o los acuerdos”. 

Por lo tanto, tendrán que pagar 37 años y 7 días de prisión por los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas.
ESTAFAS POR PIRÁMIDES, POR LO QUE MÁS DEMANDAN LOS COLOMBIANOS AL ESTADO


Demandar al Estado se convirtió en una epidemia, según el director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, Luis Guillermo Vélez. Es muy fácil y por muchos motivos demandar con el único objetivo de obtener una millonaria reparación. 

Un informe de la Agencia revela el ranking de las entidades del Estado con el mayor número de demandas. Se trata de un listado que deja a la Policía en la cabeza, seguido por el Ministerio de Minas, la Fiscalía y cerrando el top 5, los ministerio de Hacienda y de Transporte. 

“Hay una epidemia de litigios en Colombia, hay cerca de medio millón de demandas en contra del Estado por un valor en pretensiones cercano a un a los 330 billones de pesos”. 

El “cartel” de las demandas 
Según Luis Guillermo Vélez existe una “industria de abogados” que se encargan de demandar al Estado. De vigilar las actuaciones, decisiones y cualquier movimiento de las entidades para buscar un argumento y demandar. 

“El Estado juega con dados cargados, las leyes están hechas para que el Estado pierda esas demandas, demandar al Estado es muy fácil, eso hay que cambiarlo”. 

En los informes que incluso están en poder la Judicatura, se deja constancia de la “mal intencionada” actuación de un grupo de abogados que aparece de manera recurrente en las demandas contra el Estado. 

Algunos litigios se convierten, de acuerdo con el director de la Agencia, en pretensiones absurdas, como exigir al Estado 15 billones de pesos por el derrame de petróleo. 

¿Por qué demandan? 

En el balance de la Agencia también se detalla las causas más comunes de demanda. Curiosamente son los estafados por inversiones en pirámides quienes acuden en masa a responsabilizar al Estado por sus pérdidas. 

Luego aparece en el listado las falsedades en documentos públicos, las privaciones injustas de la libertad, el daño ambiental y los asuntos laborales. 

“Hay un número importante de demandas que tiene bastante sensatez en su pretensión, pero también hay demandas que tiene exigencias ridículas en contra del Estado”. 

Vélez le dijo a Caracol Radio que todas las demandas de afectados con las pirámides las gana el Estado, pues son muchas las decisiones judiciales que sentaron precedente y que niegan cualquier responsabilidad del Estado en esas inversiones ilegales. 

Saldo a favor del Estado 

En 2014 las pretensiones de los demandantes llegaban a los 146.2 billones de pesos y luego de un trabajo articulado, que incluyó capacitaciones a las oficinas jurídicas de las entidades del Estado, se logró bajar la cifra a 19.1 billones, a corte de 2017. 

“Hay que hacer un litigio más responsable, no puede ser que alguien demande al Estado por billones de pesos de una manera frívola y eso no tenga ningún costo… Que el Estado se movilice para defenderse eso cuesta mucho”.
El Embajador de Alemania en Colombia Michael Bock, le cuenta al El Periódico el Jurista su punto de vista frente al proceso de paz en Colombia y su relación con el actual gobierno de Estados Unidos.

Entrevista Completa: