VÍCTIMAS DEL PALACIO DE JUSTICIA DENUNCIAN QUE NO HAN SIDO REPARADAS

Aunque existe una orden de la CIDH las victimas del Palacio dicen que no han recibido un peso del Estado.

Rene Guarín, hermano de Cristina del Pilar Guarín, una de las desaparecidas del Palacio de Justicia, hizo un fuerte llamado al Estado por las demoras en la reparación económica por las desapariciones durante el holocausto "cuatro meses después no tenemos ninguna comunicación del Estado".

"Nuestros papás o mamás están muertos y el Estado debería dar una respuesta pronta y asumir su responsabilidad pero no manejar el discurso de una paz o una reconciliación, y por otro lado no cumplir con las sentencias de la Corte Interamericana", señaló.

En Febrero de este año la Comisión Interamericana le "jaló las orejas" al Ministerio de Defensa por las demoras en el pago de indemnizaciones en el sentido de que debe ser cumplida una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 9 de septiembre de 2014.

MINDEFENSA ANUNCIA INICIO DE OPERACIÓN ‘AGAMENÓN 2’ CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO

“Hoy se inicia la operación ‘Agamenón 2’ para el desmantelamiento definitivo del ‘Clan del Golfo’, la cual estamos construyendo sobre los éxitos que la operación ‘Agamenón’ dejó y sobre los hombros de nuestros uniformados que cayeron en combate y en el trágico accidente aéreo de agosto de 2015”, afirmó Villegas.

Las nuevas aeronaves tipo Black Hawk UH60A, adquiridas por el gobierno colombiano al de Estados Unidos, permitirán incrementar la ofensiva contra el ‘Clan del Golfo’, la interdicción de cargamentos de droga y la erradicación de cultivos ilícitos, entre otros.

“Estamos reforzando esa operación que dio cuenta de 90 toneladas de cocaína incautadas a esa organización criminal, por más de 2.700 millones de dólares; y también, da cuenta de que, solo en lo corrido del año, 161 miembros de dicha organización criminal han sido neutralizados, de los cuales 50 estaban vinculados material o intelectualmente al plan de atentar contra nuestra Policía Nacional”, aseguró el Ministro.

De igual manera agregó que “está notificado el ‘Clan del Golfo’ de que no está enfrentando a la Policía, es Colombia quien empieza a enfrentarlo a partir de hoy para su desmantelamiento”.

Finalmente, el ministro Villegas señaló que estas nuevas capacidades de la Policía Nacional permitirán proteger, además, el proceso de paz. “Estos medios helicoportados y de aviones son apenas la expresión física, tecnológica y presupuestal, primero, de la voluntad del Estado colombiano de combatir al crimen organizado, para proteger la legitimidad y legalidad y, segundo, para proteger el proceso de paz”.

‘NO HABRÁ NARCOS COLADOS EN JUSTICIA PARA LA PAZ’, DICE GOBIERNO

El alto comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, garantizó este miércoles que en las listas de guerrilleros de las Farc que se beneficiarán de la justicia alternativa no se colarán capos del narcotráfico. 

En referencia al caso de Gildardo Rodríguez Herrera, el ‘Señor de la Camisa Roja’, que era uno de los capos del Norte del Valle y que está pidiendo cupo ante la JEP, el comisionado Jaramillo dijo que no saldrá de la cárcel, donde paga 30 años de condena por crímenes de la mafia.
Como lo reveló este diario este miércoles, el ‘Señor de la camisa roja’ aparece en los listados entregados por las Farc y lleva varios meses intentando obtener los beneficios del proceso de paz. Así intentó pedir casa por cárcel –que le fue negada–, y su último movimiento fue solicitar traslado a una zona veredal.

Esto a pesar de que el expediente que lo tiene preso y los hechos por los que fue extraditado a los Estados Unidos se basan en su papel como gatillero y, luego, capo de la mafia del norte del Valle, donde alcanzó a ser considerado uno de los herederos de ‘Don Diego’.

El Gobierno, señaló Jaramillo, ya había detectado la situación y por eso Rodríguez no fue certificado por la Oficina del Alto Comisionado, un requisito que debía cumplirse para que un juez de garantías ordenara su excarcelación. 

En consecuencia, no saldrá de la penitenciaría La Picota, de Bogotá.

“En este proceso se acordó y se implementó un sistema en el que participan todas las autoridades, incluida la Fiscalía, para revisar todos los nombres de la lista que entregan las Farc. Acá no habrá narcos colados”, dijo el comisionado de Paz.

En el acuerdo con la guerrilla quedó establecido que el Gobierno podrá vetar los nombres de personas que, de acuerdo con los informes de inteligencia, no pertenezcan realmente a la guerrilla. Esto, para evitar una reedición de los ‘narcos purasangre’ que se colaron en el proceso de paz del gobierno de Álvaro Uribe con los grupos paramilitares hace una década. 

El de Rodríguez Herrera no es el único caso detectado por las autoridades. Hay al menos tres nombres más en proceso de veto, pues el Gobierno considera que se trata de narcotraficantes que buscan pescar beneficios aprovechando el proceso de paz.

En febrero de este año, Segundo Villota, un narco solicitado en extradición por dos cortes de Estados Unidos por enviar toneladas de cocaína, pagó para que funcionarios corruptos le fabricaran un falso historial de pertenencia a la guerrilla. Así, por tutela, logró que se frenara temporalmente su extradición. Cuando quedó en evidencia la trampa se reactivó el proceso de entrega a los Estados Unidos. 

Otra extradición que había quedado en entredicho fue la de José Danilo Rodríguez, de 67 años, que en diciembre pasado pasó de narco capturado para responder ante una corte federal a supuesto miliciano y auxiliador de las Farc. 

Rodríguez tenía una red de narcotraficantes que utilizaban a República Dominicana como país de plataforma para el envío de coca a Norte América.

Ninguna autoridad en Colombia lo tiene reseñado como miembro de esa guerrilla. Es la misma situación de Francisco Rivas Rosero, otro extraditable que a último momento esgrimió una supuesta pertenencia a las Farc para tratar de impedir su envío al país del norte.

CORTE ORDENA LIBERTAD DE GUERRILLERO PEDIDO EN EXTRADICIÓN QUE HACE PARTE DEL PROCESO DE PAZ

Tras advertir que a partir de la entrada en vigencia de la reforma constitucional que puso en marcha el Acuerdo Final de Paz no se pueden tomar medidas de aseguramiento con fines de extradición, respecto a miembros de las FARC–EP por delitos cometidos en el marco o con ocasión del conflicto armado interno, la Corte Suprema de Justicia ordenó poner en libertad y trasladar a su Punto de Reagrupamiento Temporal al guerrillero Julio Enrique Lemos Moreno.

En el trámite del concepto de extradición sobre Lemos Moreno, la Sala de Casación Penal determinó que el nuevo ordenamiento jurídico colombiano –dispuesto por el Acto Legislativo 01 del 4 de abril de 2017 y el Decreto Ley 900 expedido el pasado 29 de mayo– prohíbe adoptar medidas de aseguramiento con ese fin y establece suspender “las órdenes de captura expedidas o que hayan de expedirse contra los miembros del grupo armado organizado al margen de la ley concentrados en zonas de ubicación temporal, cuando requieran ausentarse temporalmente de las mismas durante el tiempo de atención de citas o emergencias para atención en salud y calamidades domésticas debidamente informadas…”.

Lemos Moreno había sido capturado en Medellín el 23 de febrero de 2017 en virtud de una orden de captura con fines de extradición hacia los Estados Unidos, cuando se desplazó desde su Punto de Preagrupamiento Temporal de Tierralta (Córdoba) a la capital antioqueña, para asistir a unas citas médicas, previa autorización del Mecanismo de Monitoreo y Verificación.

Al analizar este contexto, la Corte señaló que tanto la firma del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera como el Acto Legislativo 01 del 4 de abril de 2017 disponen que “no se podrá conceder la extradición, ni tomar medidas de aseguramiento con fines de extradición respecto de hechos o conductas objeto de este Sistema y en particular de la Jurisdicción Especial para la Paz, ocasionados u ocurridos durante el conflicto armado interno o con ocasión de este hasta la finalización del mismo, trátese de delitos amnistiables o de delitos no amnistiables…”.

Así mismo, advirtió que la garantía de no extradición alcanza a todos los integrantes de las FARC-EP y a personas acusadas de formar parte de dicha organización por conductas cometidas con anterioridad a la vigencia del Acuerdo Final (1º de diciembre de 2016).

En relación con Lemos Moreno, los hechos que sustentaron las acusaciones en su contra datan del 18 diciembre de 2008 y del 19 de marzo de 2009, lo que permite observar que fueron ejecutados antes de la firma del Acuerdo Final para la Paz.