martes, 7 de noviembre de 2017

GOBIERNO CONFIRMA QUE ALIAS NÁDER SE QUEDA EN COLOMBIA


Julio Enrique Lemos, alias Náder, se convirtió en la "manzana de la discordia" entre la embajada norteamericana y la Corte Suprema de Justicia. Su eventual extradición a los Estados Unidos, como responsable de los delitos de narcotráfico y secuestro, se enredó.

La Corte emitió un concepto desfavorable a la extradición, tras considerar que Náder se acogió al proceso de paz y por tanto será la Jurisdicción Especial quien lo investigue y condene, pero estaba pendiente la decisión del Gobierno.

La Fiscalía, por su parte, mostró cómo Náder fue y es el encargado de decenas de caletas que las Farc ubicaron en distintas zonas del país. Era considerado un guerrillero de rango medio, pero importante para la organización dada la información que manejaba y lo que ahora significa para post conflicto.

Ahora, el Ministerio de Justicia confirmó que el Gobierno se opone a la extradición y mantendrá a Náder en el país, hasta tanto cumpla con sus obligaciones con la Justicias Especial para la Paz.
ESTA SEMANA, COLOMBIA TENDRÁ NUEVA MESA NACIONAL EFECTIVA DE VÍCTIMAS PARA PERÍODO 2017-2019


Unos 360 líderes de todo el país se reunirán esta semana en el municipio de Girardot, Cundinamarca, en la elección e instalación de la Mesa Nacional de Víctimas para el período 2017-2019, instancia que incide en las políticas públicas y es protagonista en la implementación de los acuerdos de paz.

Las elecciones iniciaron el 10 de agosto con las mesas municipales. Después, entre el 20 de septiembre y el 10 de octubre, se eligieron las mesas departamentales. Once delegados de las Mesas Municipales de Participación asistieron a esta votación, por cada uno de los departamentos. Ahora, otros once por departamento irán a la elección de la Mesa Nacional.

Todos estos líderes asumirán la representación de los diferentes enfoques diferenciales y hechos victimizantes de los que habla el Protocolo. Es decir, para los primeros habrá representación de mujeres, jóvenes, población Lgbti (lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales) y personas mayores.
También, personas en condición de discapacidad y grupos étnicos. Según hechos victimizantes, Para los segundos, por vida y la libertad, desplazamiento forzado, violencia sexual e integridad física y psicológica.

“El trabajo que, a través de sus representantes en las Mesas de Participación, hacen las víctimas para incidir en la política que les atañe es fundamental para el país y ha permitido la construcción de un país mejor. Nos falta camino por construir pero también hemos andado un buen tramo en beneficio de las víctimas”, aseguró Yolanda Pinto, directora de la Unidad para las Víctimas.

“Agradecemos el trabajo realizado por los integrantes de las distintas mesas, que ya terminan su gran labor y saludamos a quienes resultarán elegidos esta semana. Trabajaremos de la mano para que reciban su reparación integral y superen, de una vez por todas, su condición de víctima”, concluyó.

A su turno, Ana María Almario, subdirectora de Participación de la entidad aseveró que “las nuevas mesas tendrán la gran responsabilidad de seguir visibilizando la necesidad de la restitución de sus derechos en cada uno de sus territorios, así como su papel protagónico en la implementación de los acuerdos entre el Gobierno Nacional y las desmovilizadas FARC – EP”.

La Defensoría del Pueblo ejerce la secretaría técnica en la Mesa. El Defensor Carlos Alfonso Negret Mosquera aseguró que “las víctimas son el centro y la razón de la búsqueda permanente de la paz. Espacios como éste deben ser valorados por todos en el Estado y la sociedad para atender sus necesidades de manera prioritaria”.

Agregó que la Entidad despliega atención permanente a esta población en todo el país a través de la Delegada para la Orientación y Asesoría de las Víctimas del Conflicto Armado Interno.

Este año, el proceso de elecciones tiene varios cambios fundamentales, entre ellos, dos cupos para víctimas de Minas Antipersonas (MAP), Municiones Sin Explotar (MUSE), y Artefactos Explosivos Improvisados (AEI), y otros dos para las víctimas de desaparición forzada.

Además, la inclusión de dos cupos en la Mesa Nacional de Víctimas para connacionales víctimas en el exterior y la elección de los cupos étnicos en las mesas municipales de aquellos territorios que no tienen autoridad tradicional.

Este proceso inició el primero de enero cuando las Organizaciones de Víctimas interesadas en pertenecer a las Mesas de Participación se inscribieron ante las Personerías Municipales y Distritales, postulando así a sus líderes y lideresas.
PIDEN A LA CORTE QUE REVISE LOS INDULTOS OTORGADOS AL M19 POR DELITOS DE LESA HUMANIDAD


Raúl Alfonso Talero, hermano del capitán Héctor Aníbal Talero, quien murió en la toma del Palacio de Justicia, radicó en compañía de varios abogados una acción de revisión de las amnistías otorgadas a los integrantes del M19 para que la Fiscalía pueda investigar a los responsables de la toma del Palacio de Justicia.

Según el abogado Felipe Useche, esa revisión se da porque no se tuvo en cuenta el derecho internacional, “entonces va a ser la Corte Suprema de Justicia la que nos diga a los colombianos, al país y a las víctimas si efectivamente esos indultos son legales o no a la luz de la normativa internacional y a la luz de la propia ley 77 que excluía la posibilidad de indultar y amnistiar los crímenes atroces contra civiles indefensos”.Si la Corte acepta dicha acción de revisión, asegura el abogado, podría sentarse un precedente para las amnistías que se le otorguen a las Farc.

“Por primera vez la Corte se tendrá que pronunciar sobre cuál es el alcance de las amnistías e indultos en el marco de un proceso de paz. No hay ningún otro caso que le permita a la Corte Suprema de Justicia pronunciarse sobre este aspecto que va ser trascendental para la parte jurídica y política de lo que viene en el denominado proceso de paz con las Farc”, dijo.

Lo que quieren saber, aseguró Talero es, “¿Quiénes fraguaron o intentaron o promovieron para que ocurriera el hecho? En esto están los dirigentes del M19, que fueron los que promovieron la toma del Palacio de Justicia”.
CURUL AFRO DE LA EXREINA VANESSA MENDOZA PODRÍA ESTAR EN RIESGO


El Consejo de Estado admitió el estudio de una demanda que busca apartar de su cargo a la exreina, quien fue la primera mujer afrocolombiana en representar a Colombia en un certamen Miss Universo.

La polémica alrededor del escaño para un representante a la Cámara por la circunscripción especial de negritudes está a punto de tener un nuevo capítulo. El pasado 24 de agosto se posesionó en ese cargo la exreina de Colombia Vanessa Mendoza. Ahora la Sección Quinta del Consejo de Estado admitió una demanda para que ella deje la curul de las negritudes. 

La acción judicial fue admitida por el magistrado Carlos Enrique Moreno Rubio, pero negó suspender en el cargo a la exreina Mendoza hasta que no se tenga un fallo definitivo. El demandante argumenta que se violó la Constitución con el nombramiento. “En ninguna parte se establece que los Consejos Comunitarios de las comunidades negras sean los únicos autorizados para inscribir candidatos por las dos curules correspondientes a las comunidades afrodescendientes y palenqueras. En esta elección no se tuvo en cuenta a otros grupos políticos”, dice el auto.

La histórica pelea por esta curul que representa a las negritudes inició en las las elecciones al Congreso de 2014, cuando fueron elegidos María del Socorro Bustamante y Moisés Orozco, quienes se inscribieron en la lista de la Fundación Ébano de Colombia (Funeco) pero ninguno de los dos representaban a organizaciones de las negritudes y vinieron las demandas. 

María del Socorro Bustamante murió y Moisés Orozco se alcanzó a posesionar, pero un fallo del Consejo de Estado lo sacó de este cargo. La sentencia estableció que, de acuerdo con un decreto del Ministerio de Interior, los candidatos a esta curul especial no podían inscribirse por una fundación sino por una figura llamada consejo comunitario, que es reconocida por el Ministerio.

Mendoza fue una de las pocas candidatas que se inscribió amparada en la figura de consejo comunitario (Consejo Comunitario de los Corregimientos de San Antonio y el Castillo) y por eso logró asumir el cargo hace tres meses. Ahora la Sala Plena del Consejo de Estado determinará si culmina el período que va hasta el próximo año
LA PELEA OCULTA POR MEGALOTE DE DMG DE $100.000 MILLONES


Hace una semana, la Superintendencia de Sociedades le impartió la orden a la Oficina de Instrumentos Públicos de Bogotá de que inscriba a nombre de DMG dos megalotes ubicados en una de las zonas más apetecidas de la ciudad: la Autopista Norte. 

La decisión se tomó luego de que la Fiscalía 26 de Extinción de Dominio y la primera delegada para el Tribunal Superior de Bogotá concluyeran que los predios deben ser vendidos de inmediato para indemnizar a las víctimas de la pirámide DMG, de propiedad de David Murcia, preso en Estados Unidos.

“Cuando DMG los negoció con dinero captado de manera ilegal, valían 23.000 millones de pesos. Pero ahora, se estima que su costo supera los 100.000 millones porque están en una zona donde la tierra libre es escasa y en donde el Distrito planea varias obras de expansión”, explicó una fuente de la Fiscalía. 

La decisión, apoyada por la Procuraduría General, se conoce a pocos días de que David Murcia Guzmán, el cerebro de la captadora ilegal, cumpla su pena en Estados Unidos y sea expulsado hacia Colombia.

Recusación al delegado

Pero a la orden de la Superintendencia de recuperar el lote se le acaban de atravesar los apoderados de las firmas Inversiones López Piñeros y Colbank. En esa transacción también figura la empresa Guval.

Los abogados de las dos primeras firmas aseguran que la venta de los predios a DMG nunca se perfeccionó y que, por ende, la propiedad de los inmuebles sigue en cabeza de sus clientes: 50 por ciento de un lote y la totalidad del otro predio.

De hecho, para impedir que la liquidadora de DMG disponga de los bienes, sus abogados acaban de recusar a Nicolás Polanía, delegado para procedimientos de insolvencia.

Según dicen, con la orden de inscribir los predios a nombre de la captadora ilegal, el funcionario estaría actuando en beneficio de DMG y en detrimento de los intereses de sus clientes.

“Nos llama la atención que estén presentando ese recurso si dentro del proceso de extinción de dominio de esos predios uno de sus representantes dijo que estos eran de DMG y no del narcotraficante extraditado Miguel Mejía, alias el Mellizo”, explicó una fuente de la Fiscalía.

En efecto, alias el Mellizo intentó entregar uno de los lotes al Fondo de Reparación de Víctimas, alegando que lo había recibido en parte de pago por un lío de drogas.

Según narró, un hombre identificado como Óscar Humberto Uribe Echeverri les entregó esa propiedad para zanjar una deuda por un cargamento.

Uribe resultó ser socio de Carlos López, de Inversiones López Piñeros, quien reclama la propiedad. En su momento, López admitió tener relaciones comerciales con Uribe y su familia, pero insistió en que ellos no tenían líos judiciales.

Este martes, a primera hora, la Superintendencia de Sociedades responderá la recusación interpuesta, tal como lo han hecho con decenas de acciones, incluidas tutelas, que se han presentado para evitar la venta del lote para indemnizar a las víctimas de DMG. 

Al parecer, el caso iría hasta el Tribunal Superior de Bogotá, que tendría la última palabra.

El regreso de Murcia

En el entretanto, las autoridades revisan la situación legal de David Murcia Guzmán para saber si debe pagar deudas judiciales pendientes a su regreso al país.

En efecto, a Murcia se le tuvo en cuenta el tiempo que estuvo preso tanto en Panamá como en Colombia, y el 11 de noviembre cumple su condena en Estados Unidos por lavado de activos.

De hecho, ya está circulando en redes un video en el que la ‘familia DMG’ le da la bienvenida y él habla desde su celda en Pensilvania.

“Temo por mi vida cuando llegue a Colombia (...). Todo lo que me pase es culpa del Gobierno colombiano”, se le escucha decir a un hombre que identifican como Murcia. 

Al respecto, el abogado de Murcia ha dicho que legalmente su cliente no podría permanecer en los Estados Unidos y sería enviado a Colombia.

Según información de la Fiscalía, acá lo espera una sentencia de 22 años y 10 meses por captación masiva y habitual de dineros y lavado de activos.