martes, 4 de julio de 2017

GOBIERNO ASEGURA QUE HAY DEMANDAS POR $23 BILLONES A CAUSA DE ERRORES JUDICIALES


En medio de la polémica que hay en el país por la posible excarcelación masiva de unos 9.000 presos por la aplicación de una ley que entró en vigencia, el viceministro de Justicia Carlos Medina, reveló que el Estado enfrenta millonarias demandas por errores judiciales.

“Por errores judiciales el Estado enfrenta demandas por $23 billones, la Fiscalía ha sido condenada por otros billones de pesos por encarcelar a la gente y después no poder evidenciar la responsabilidad”.

Precisamente los datos revelados por el viceministro demuestran que la ley que permite a los presos pedir su libertad condicional si en un año no les han resuelto su situación jurídica, busca es reglamentar las medidas de aseguramiento para evitar más demandas en contra del Estado.

GOBIERNO AUTORIZÓ EL TRASLADO DE TIMOCHENKO A CUBA


En las últimas horas, Timochenko fue dado de alta de la Clínica Cooperativa de Villavicencio, donde había ingresado el domingo.

"Para continuar recuperación, Gobierno autorizó el traslado de Rodrigo Londoño. País garante asumirá los gastos médicos y de seguridad", informó el alto comisionado a través de su cuenta de Twitter.

A la par que la noticia se confirmaba, el retrato de quien fuera el máximo comandante de las Farc salía a través de las redes sociales a despejar las dudas que se generaron por la complicación médica que sufrió en la capital del Meta este fin de semana.

El excomandante entró a la clínica el domingo a las ocho de la mañana. Desde que se conoció la noticia, comenzaron a aparecer especulaciones y versiones sin confirmar sobre su estado de salud. Lo cierto, sin embargo, es que Timochenko presentó un accidente cerebrovascular. Es decir, se trató de un cuadro clínico consistente en una disartria ligera (alteración del habla) y monoparesia leve de miembro superior izquierdo (disminución de la fuerza muscular).

La noticia concentró la atención del país. En un momento como este, cuando termina la dejación de armas y comienza una enredada etapa de implementación de los acuerdos de paz, cualquier suceso personal que comprometa a los líderes de la guerrilla termina siendo relevante y trascendental.

Tras varias horas de incertidumbre, el mismo exjefe guerrillero dio un parte de tranquilidad el lunes: “Gracias a los que están pendientes de mi salud. Todo marcha bien, agradezco también al cuerpo médico por sus cuidados”.

La salud de Londoño tuvo sus incidencias políticas y sus polémicas. El senador del Centro Democrático, Alfredo Rangel, lanzó el fin de semana un trino a modo de denuncia: “Comunidad informa, sacan enfermos del hospital de Villavicencio para atender a Timochenko. Derechos de colombianos por debajo de Farc, la paz de Santos”. Esto fue desmentido muy pronto por las directivas del centro asistencial.

Y para terminar de avivar la controversia que se desató por el estado de salud de Timochenko, un detalle curioso trascendió en medio de las noticias que iban y venían. El médico a cargo del comandante guerrillero fue Agustín Gutiérrez, un neurólogo muy conocido en la capital del Meta. Según lo reveló un confidencial de SEMANA, el doctor Gutiérrez es miembro del Centro Democrático. Su esposa Eddy Baquero es una de las diputadas del partido del expresidente Uribe en el Meta.

Lo fundamental en todo este episodio es que la salud de Timochenko ha ido mejorando. La foto que hace una horas compartió Iván Márquez no deja lugar a dudas. Y el trino con el que acompañó la imagen también es inequívoco: “Sobre la salud de Timochenko, como diría el Pibe: ‘todo bien, todo bien’. Su recuperación avanza positivamente”, escribió Márquez. Sin embargo, tampoco cabe duda de que el exjefe guerrillero tendrá que ponerle más atención a su salud. Es la segunda complicación que presenta en menos de año.

“EXISTEN RETOS QUE EXIGEN ESTRATEGIAS RENOVADAS PARA RESPONDER A LAS NUEVAS DINÁMICAS DE LA CRIMINALIDAD”: VICEMINISTRO DE JUSTICIA


Carlos Medina Ramírez, Viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, habló durante la instalación de la Jornada Académica Internacional de Política Criminal y Acción Penal, que se desarrolla en el marco de la celebración de los 25 años de la Fiscalía General de la Nación. En este escenario se refirió al trabajo que la cartera de Justicia ha venido adelantando respecto al fortalecimiento de la política criminal con el fin de que esta sea coherente, estable, fundamentada empíricamente y respetuosa de los Derechos Humanos.

“Hemos planteado y defendido una premisa clara en materia de política criminal, pero requerimos esfuerzos amplios e integrales que permitan superar las fallas estructurales que repercuten en fenómenos ampliamente conocidos, como el hacinamiento, la congestión judicial, la impunidad o la reproducción de la criminalidad”, señaló el alto funcionario.

Medina Ramírez añadió que la política criminal sobre la cual se ha venido trabajando está siendo entendida como una política integral que presenta un conjunto amplio y complejo de medidas y acciones desarrolladas desde el Estado con coordinación intersectorial e intergubernamental, y anotó que su objetivo principal es el de reducir el delito y la violencia en general a través de medidas en las áreas de prevención, investigación, judicialización y ejecución de la pena.

“Buscamos no solo el fortalecimiento del sistema penal sino también del penitenciario. Estamos seguros que esto contribuirá al robustecimiento de la acción del Estado en contra de diversos fenómenos violentos y criminales”, manifestó. Y en cuanto a crimen organizado dijo que “hemos insistido en la necesidad de contar con metodologías analíticas que sirvan para desarticular redes criminales y que no solo se fijen en los cabecillas sino en sus sujetos o soportes más importantes”.

El Viceministro hizo énfasis en la importancia del trabajo mancomunado de las entidades que conforman el Consejo Superior de Política Criminal: Ministerio de Justicia, Fiscalía General de la Nación, Presidencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y otras instituciones estatales como la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo.

Medina Ramírez concluyó su intervención reconociendo el valor académico e institucional de la jornada, considerando que esta se enfoca en un tema que plantea grandes dificultades: la investigación y juzgamiento de la criminalidad organizada en el escenario del posconflicto.