La Corte Constitucional anuló la sentencia T-121 del 17 la cual ordenaba hacer una consulta popular en Bogotá para definir la continuidad de las corridas de toros.
La Corte afirma que la sentencia que fue anulada "desconoció el precedente y la cosa juzgada" que indicaba que este tema debe ser definido por el legislador.
La consulta antitaurina estaba programada para el 12 de agosto del año pasado, pero fue suspendida por falta de recursos.
El alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, indicó que la nueva fecha sería en marzo de este año para hacerla en elecciones y ahorrar recursos, pero con el fallo de la Corte la consulta será suspendida.
Esta consulta costaba 45.000 millones de pesos, según el secretario de Gobierno de Bogotá.
La decisión de la Corte implica que el ponente Carlos Bernal haga una nueva sentencia en la que el alto tribunal se abstendrá de ordenar dicha consulta.
La decisión que se cayó había sido tomada por los exmagistrados Luis Ernesto Vargas (como ponente) y María Victoria Calle, y en ese fallo salvó su voto el magistrado Alberto Rojas, quien fue derrotado por la Sala. La tesis del magistrado Rojas, precisamente, era que no se podía ordenar la consulta popular ya que prohibir las corridas era una competencia exclusiva del legislador.
La decisión de la Corte no afecta las órdenes que se dieron en la sentencia C-041 de febrero del 2017 en la que el alto tribunal le dio al Congreso un plazo de dos años para despenalizar las corridas de toros ya que esa sentencia incluyó a la tauromaquia y otras afines como las peleas de gallos dentro de las actividades que son penalizadas por la ley de maltrato animal.
Aunque en ese fallo la decisión de la Corte fue criminalizar, la decisión tuvo efectos diferidos, dándole el plazo al Congreso para que legisle sobre las corridas y los demás eventos con animales que impliquen maltrato.
Tomada de: El Tiempo
La Corte afirma que la sentencia que fue anulada "desconoció el precedente y la cosa juzgada" que indicaba que este tema debe ser definido por el legislador.
La consulta antitaurina estaba programada para el 12 de agosto del año pasado, pero fue suspendida por falta de recursos.
El alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, indicó que la nueva fecha sería en marzo de este año para hacerla en elecciones y ahorrar recursos, pero con el fallo de la Corte la consulta será suspendida.
Esta consulta costaba 45.000 millones de pesos, según el secretario de Gobierno de Bogotá.
La decisión de la Corte implica que el ponente Carlos Bernal haga una nueva sentencia en la que el alto tribunal se abstendrá de ordenar dicha consulta.
La decisión que se cayó había sido tomada por los exmagistrados Luis Ernesto Vargas (como ponente) y María Victoria Calle, y en ese fallo salvó su voto el magistrado Alberto Rojas, quien fue derrotado por la Sala. La tesis del magistrado Rojas, precisamente, era que no se podía ordenar la consulta popular ya que prohibir las corridas era una competencia exclusiva del legislador.
La decisión de la Corte no afecta las órdenes que se dieron en la sentencia C-041 de febrero del 2017 en la que el alto tribunal le dio al Congreso un plazo de dos años para despenalizar las corridas de toros ya que esa sentencia incluyó a la tauromaquia y otras afines como las peleas de gallos dentro de las actividades que son penalizadas por la ley de maltrato animal.
Aunque en ese fallo la decisión de la Corte fue criminalizar, la decisión tuvo efectos diferidos, dándole el plazo al Congreso para que legisle sobre las corridas y los demás eventos con animales que impliquen maltrato.
Tomada de: El Tiempo