"ELECCIÓN DE MAGISTRADOS DEL CNE DEBERÍA ESTAR A CARGO DE LA C. CONSTITUCIONAL": PROPUESTA DEL CONSEJO DE ESTADO
El alto tribunal propone cambios al sistema electoral colombiano por la reforma especial para elaborar la reforma electoral de lo pactado entre el Gobierno y las Farc en Cuba. Para el Consejo de Estado lo primero que debe hacerse es reformar la elección de los magistrados del Consejo Nacional Electoral, es decir que ese proceso ya no esté a cargo del Senado sino que pase a manos de la Corte Constitucional de la siguiente manera.
Serian seis listas conformadas por 10 aspirantes, con la novedad de que el 50 por ciento sean mujeres.
En la elección de las listas participarían los voceros de organizaciones políticas independientes, desmovilizados, dirigentes de las minorías políticas y movimientos políticos con personería jurídica, la idea es darle voz y voto a diferentes sectores políticos del país.
El Consejo de Estado ha criticado en varias oportunidades la propuesta de crear una nueva corte elevada por la Misión Electoral.
Dice que el proyecto acarrearía costos adicionales teniendo en cuenta que la Sección Quinta del Consejo de Estado, certificada en calidad por normas Icontec, tiene un índice de cumplimiento de términos del 95% y, superar la mora restante, depende de cambios en normas legales, no de crear nuevos organismos o de falta de diligencia.
Serian seis listas conformadas por 10 aspirantes, con la novedad de que el 50 por ciento sean mujeres.
En la elección de las listas participarían los voceros de organizaciones políticas independientes, desmovilizados, dirigentes de las minorías políticas y movimientos políticos con personería jurídica, la idea es darle voz y voto a diferentes sectores políticos del país.
El Consejo de Estado ha criticado en varias oportunidades la propuesta de crear una nueva corte elevada por la Misión Electoral.
Dice que el proyecto acarrearía costos adicionales teniendo en cuenta que la Sección Quinta del Consejo de Estado, certificada en calidad por normas Icontec, tiene un índice de cumplimiento de términos del 95% y, superar la mora restante, depende de cambios en normas legales, no de crear nuevos organismos o de falta de diligencia.