PERÚ: ASÍ ES EL GABINETE DE MINISTROS TRAS LA RENUNCIA DE PPK

El flamante presidente del Perú, Martín Vizcarra, pondrá en marcha formalmente su gobierno este lunes con la juramentación de su primer gabinete ministerial, encabezado por el congresista César Villanueva, que se prevé mantendrá el modelo económico neoliberal y la política exterior de su antecesor Pedro Pablo Kuczynski.

El legislador César Villanueva, del derechista partido Alianza para el Progreso (derecha moderada), asumirá la presidencia del Consejo de Ministros, en reemplazo de Mercedes Aráoz, congresista del partido oficialista Peruanos Por el Kambio (derecha), de Kuczynski.

Villanueva, administrador de empresas de 71 años, fue presidente del Consejo de Ministros entre octubre de 2013 y febrero de 2014 del mandatario Ollanta Humala (nacionalista, centro izquierda). Además, fue impulsor del pedido de destitución contra el presidente Pedro Pablo Kuczynski, que condujo a su renuncia el 21 de marzo.

El designado Presidente del Consejo de Ministros anunció a la prensa que el ministro de Economía y Finanzas será el economista David Tuesta, un funcionario de la Corporación Andina de Fomento (CAF) donde es director corporativo de Asuntos Estratégicos.

La cancillería peruana será dirigida por el embajador Néstor Popilizio, un diplomático de carrera que ha sido vicecanciller en los últimos años, indicó Villanueva.

El ministerio de Justicia estará a cargo del abogado Salvador Heresi, un congresista oficialista que había apoyado el polémico indulto al expresidente Alberto Fujimori y pedido la renuncia de Kuczynski semanas atrás.

Al día siguiente de su asunción, Vizcarra anunció que su nuevo gabinete estaría listo para este lunes 2 de abril y prometió que lo renovaría por completo.

Existe consenso de que en economía no habrá grandes diferencias con Kuczynski, exbanquero de Wall Street de 79 años, así como tampoco se vislumbran cambios a la política exterior, que se caracterizó por una defensa del sistema multilateral, críticas al proteccionismo comercial de Donald Trump y un activo rechazo al régimen chavista de Venezuela.

El nuevo primer ministro, como se conoce también en Perú al Presidente del Consejo de ministros, dio este lunes algunas pautas de lo que será su gestión en varios tuits.

"Este será un gobierno de todos los peruanos. Todos debemos sumar. Todos estamos en capacidad de aportar", escribió Villanueva en su cuenta de Twitter.

Resaltó además que "seremos un gobierno que habla, dialoga y escucha. Estaremos con la población, no en los escritorios".

"No va a haber grandes cambios ni sobresaltos, lo que va a cambiar es el personal que lo acompaña: en el caso de Kuczynski eran sus amigos en un gabinete tecnocrático empresarial", indicó a la AFP el analista político Juan de la Puente

Vizcarra "no es un hombre de bancos ni de empresas, es un ingeniero de origen regional sustancialmente distinto a Kuczynski. Esa diferencia le va a permitir construir un gobierno más plebeyo en el sentido social", resaltó De la Puente.

La gran incógnita en los próximos días será la reacción de Fuerza Popular, el poderoso partido populista de derecha que lidera Keiko Fujimori y que es la primera mayoría del Congreso.

La juramentación cierra el breve paréntesis que medió desde la renuncia de Kuczynski el 21 de marzo, quien dimitió arrastrado por el escándalo de los negocios de sus empresas con la constructora brasileña Odebrecht y la divulgación de videos comprometedores de presuntos canjes de favores políticos por votos en el Congreso.

Durante las dos últimas semanas, Vizcarra dirigió el gobierno con el apoyo del gabinete saliente de Aráoz, quien seguirá como vicepresidente del Perú.

Vizcarra, de 55 años y sin filiación partidaria, exembajador en Canadá y exgobernador de la región sureña de Moquegua, deberá gobernar 40 meses para completar el mandato trunco de Kuczynski que finaliza en julio de 2021.

El partido Alianza para el Progreso saludó el nombramiento de Villanueva al frente del gabinete y destacó que apoyará a Vizcarra "por la gobernabilidad del país".

Tomada de: El Espectador

ELN Y GOBIERNO NEGOCIAN NUEVO POSIBLE CESE AL FUEGO

Por medio de un comunicado, el Gobierno informó que "inició la evaluación de los informes sobre el Cese al Fuego Bilateral, Temporal y Nacional con el fin de establecer los parámetros para diseñar uno nuevo", con la guerrilla del ELN. 

En el comunicado también se informa que la sesión plenaria comenzó con los informes de la Conferencia Episcopal de Colombia y la Misión de las Naciones Unidas, instituciones que conformaron, junto con las delegaciones del ELN y el Gobierno Nacional, el Mecanismo de Veeduría y Verificación del pasado cese al fuego. 

Las reuniones iniciadas hoy continuarán mañana con la presentación de las delegaciones del ELN y del Gobierno.

Los diálogos iniciados en febrero de 2017 han completado cuatro rondas, cuyo mayor logro ha sido un cese al fuego de 101 días, concretado con la ayuda de la Iglesia Católica.

Tomada de: RCN

AL MEJOR POSTOR: SEMANA DECISIVA PARA LA U, CONSERVADORES Y LIBERALES

"Hay que buscar quien representa mejor la ideología del partido”, “será una decisión de consenso”, “estamos pendientes de decidir quién representa mejor nuestros intereses”. Esas frases se oyen por estos días entre los congresistas conservadores, de La U y parte de los liberales, que están mirando cómo se acomodan a la realidad política que se configuró el 11 de marzo.

Por el lado del Partido Conservador, las decisiones no han sido fáciles. Al inicio de esta campaña hubo dos precandidatos que nunca despegaron ni entre las bases ni entre los parlamentarios: la del exgobernador Ubeimar Delgado y la del exministro Rubén Darío Lizarralde. Además, los azules se enfrentaron a una división temprana que comenzó con la salida de Marta Lucía Ramírez y el expresidente Andrés Pastrana. Los dos decidieron acercarse al uribismo con el argumento de que el gobierno de Juan Manuel Santos había ‘enmermelado’ a buena parte de la bancada.

Para la mayoría de los azules habría sido práctico apoyar desde un comienzo a Ramírez, quien los representó en 2014.Sin embargo, con esas acusaciones, la mayoría de ellos se sintieron maltradados. A eso se suma que hasta último momento chuparon rueda de la burocracia gubernamental, lo cual los demoró aún más en tomar una decisión. Su cambio de agenda frente a algunos temas de la implementación de la paz, después de haber acompañado el proceso, fue entendido como un aumento de la presión para obtener nueva representación burocrática cerca de las elecciones, por un lado, y como un acercamiento estratégico a la derecha, por el otro.

Desde enero, los conservadores vienen deshojando la margarita. Consideraron como candidatos a Alejandro Ordóñez y a Luis Alfredo Ramos, pero esa idea tampoco cuajó, pues los dos también se fueron con Uribe. Y postergaron su convención, que aún no tiene fecha, para después de las elecciones parlamentarias.

Hoy están divididos en dos sectores. Algunos, como Efraín Cepeda, acompañan desde hace rato a Germán Vargas. A otros, como los senadores Hernán Andrade y David Barguil –el principal elector azul–, también los ubican de ese lado. En la orilla de Duque estarían el senador Juan Diego Gómez. Y algunos como Sammy Merheg o Aída Merlano –acusada por la Fiscalía de comprar votos– no se han decidido. La propia Marta Lucía Ramírez, después de la consulta, les pidió a los azules apoyar su fórmula con el candidato de Uribe.

Andrade, quien preside el partido, pondrá el próximo 4 de abril esa decisión en manos de su bancada. “Dejar al partido en libertad es una opción no contemplada”, dice el representante Heriberto Sanabria, mientras sus colegas insisten en que con cualquiera que salga elegido habrá que hacer un ‘acuerdo de gobernabilidad’. Más allá de lo que se decida, varios parlamentarios consultados aseguraron que desde hace dos semanas, cuando Duque ganó la consulta, este tiene mayores posibilidades de conquistar a la mayoría de la bancada.

En La U el escenario también está agitado. A su cabeza, Aurelio Iragorri, le ha tocado capotear presiones de todas partes. Por un lado, están quienes ya anunciaron su apoyo a Germán Vargas, acogiendo la que sería la voluntad del presidente Santos. El primero en respaldar a Vargas fue el senador Mauricio Lizcano, seguido de su colega Maritza Martínez.

Si bien no ha habido conversaciones formales con Iván Duque, desde ya se habla de un grupo de parlamentarios que lo preferirían como próximo presidente. Ellos son Manuel Enríquez Rosero, Miguel Amín, Eduardo Pulgar y José David Name. Se especula también sobre la posibilidad de que John Besaile, hermano de Musa, se exprese a favor de Duque, pues –según dijeron varios representantes de Córdoba a SEMANA– no ve con buenos ojos la candidatura de Vargas por su presunta cercanía con el fiscal Néstor Humberto Martínez, quien imputó a su hermano en el escándalo de la toga.

En una posición minoritaria están los senadores Armando Benedetti y Roy Barreras, que insisten en apoyar a Humberto de la Calle con el argumento de que durante ocho años La U acompañó incondicionalmente el proceso de paz.

Del partido de La U es predecible que existan varios sectores. En últimas, más que un conglomerado ideológico, esta colectividad representa la unión de varios caciques regionales agrupados en 2005 para defender la reelección de Álvaro Uribe. Con ese argumento, varios de ellos justifican hoy su regreso a la derecha.

También hay oportunismo en el Partido Liberal, a pesar de que, a diferencia de los conservadores y La U, tiene candidato: Humberto de la Calle. Por cuenta de que De la Calle no ha despegado en las encuestas, varios están barajando irse con Duque o con Vargas. Así lo reconoció el representante Édgar Gómez : “Primero el país que el mismo partido. De la Calle no logró calar”, aseguró. Al mismo tiempo, insiste en que un eventual apoyo a Duque no les parece una voltereta a él ni a algunos de sus colegas. “No creo que ningún candidato ni ningún presidente estén en las condiciones de hacer trizas el acuerdo de paz; el acuerdo es un hecho, es una realidad jurídica entonces esa no es razón para descartar a Iván”, dice.

Con Gómez estarían al menos cinco representantes a la Cámara. A esa posible desbandada se suman las especulaciones sobre una eventual reunión que habrían buscado personas cercanas a César Gaviria con Iván Duque la semana pasada, para ratificarle el apoyo de este grupo de representantes.

Pero también, en la Cámara sobre todo, algunos liberales ya estarían haciendo sus apuestas por Vargas Lleras. Entre ellos estarían Miguel Ángel Pinto, Fabio Amín, y Mauricio Gómez, este último cabeza de lista al Senado en las elecciones del 11 de marzo.

Paradójicamente, se mantiene fiel a De la Calle el grupo que lidera Juan Fernando Cristo, quien compitió con él en la consulta liberal. Son al menos 20 parlamentarios entre los que están Guillermo García Realpe, Andrés Cristo y Horacio José Serpa, entre otros. A ellos se suma el senador Luis Fernando Velasco, quien ha sido una dura voz contra el transfuguismo de los liberales. Este grupo mantiene su apoyo a De la Calle, pero está en rebeldía contra la jefatura de César Gaviria y pide su relevo.

Por el lado de la Alianza Verde y el Polo Democrático, semanas antes de la consulta se especuló sobre la posibilidad de que varios parlamentarios y candidatos al Congreso estuvieran apoyando a Gustavo Petro en lugar de Sergio Fajardo. A diferencia de lo que ocurre en el liberalismo, dos días después de las parlamentarias la jefatura de los verdes convocó una reunión en la que reafirmaron el aval a Fajardo. Y en el Polo, la bancada entera ha respaldado a Fajardo o –al menos– no ha buscado a Petro, a pesar de la cercanía histórica de este partido con él.

En Colombia hay múltiples leyes para evitar el transfuguismo y la doble militancia. Sin embargo, las normas para impulsar las bancadas poco funcionan. Siguiendo una tradición histórica, que explica en parte la profunda crisis de credibilidad en la política, en época electoral senadores, representantes, concejales y diputados dejan de un lado la ideología y se mueven hacia el sol que más caliente.

Tomada de: Semana

POLICÍA POR CUADRANTES AYUDARÁ A VIGILAR A PRESOS CON BRAZALETES

Con el fin de frenar la permanente fuga de personas que tienen vigilancia electrónica, las autoridades implementarán en las próximas dos semanas un plan piloto que permitiría disminuir la reincidencia entre la población beneficiada con esta medida de aseguramiento. 

Esta fórmula de choque se iniciará en Barranquilla y, según sus resultados, se extenderá para las 5.306 personas que tienen brazaletes en todo el país, pagados por la Unidad de Servicio Penitenciario y Carcelario (Uspec) y operados por el Inpec.

El viernes, el ministro de Justicia y del Derecho, Enrique Gil Botero; el general Mariano Botero Coy, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla; el general Jorge Luis Ramírez, director del Inpec; el director de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, Juan Carlos Restrepo, se reunieron para implementar lo que será el plan piloto del nuevo modelo de vigilancia con dispositivos electrónicos. 

Se trata de un convenio que establecerán el Inpec y la Policía para que la Fuerza Pública preste apoyo al Centro de Reclusión Virtual del Inpec (Cervi), que son quienes monitorean día y noche a los que portan los brazaletes, y hoy tiene un personal de 45 guardianes en turnos de 24 horas. 

“Es un programa que se desprende del convenio marco que tienen el Inpec y la Policía Nacional, donde se buscará el apoyo del Sistema de Vigilancia por Cuadrantes que maneja la Policía, para fortalecer el control de las personas que tienen la medida de detención domiciliaria”, explicó ayer el ministro de Justicia, Enrique Gil Botero. 

Para esto, aseguró, se buscará que “los funcionarios de la Policía sepan en su cuadrante dónde están ubicados los domiciliarios y tengan identificada su residencia”.

Según el ministro de Justicia, este modelo se iniciará en dos semanas: “Ya tenemos una hoja de ruta lista para comenzar con este programa piloto (...) de esta forma, desde el Gobierno Nacional, queremos ponerle fin a la problemática de la reincidencia que tanto asecha a los colombianos”, aseguró Gil Botero.

A pesar de que ese acuerdo de cooperación con la Policía ya se había fijado en el convenio 136, la Contraloría General advirtió en un informe, conocido, que esos esfuerzos de apoyo nunca se había concretado. 

Precisamente la Contraloría General ha dicho que la falta de control en la vigilancia electrónica se debe, principalmente, porque no hay personal suficiente para atender todas las alarmas que se disparan a diario con los brazaletes. 

“La capacidad operativa del Inpec para efectuar monitoreo y seguimiento de las alarmas generadas por el Sistema de Vigilancia Electronica es mínima, frente a la insuficiente disponibilidad de personal de custodia y vigilancia para realizar verificaciones de campo”, dijo la auditoría del organismo de control.

Por eso, el plan que ahora se desarrolla busca, según el Ministerio de Justicia, que se tengan “acciones puntuales y vinculantes que permitirán disminuir los índices de reincidencia en el delito de esta población carcelaria”. 

Así, explicó Gil Botero, aunque lo que la Policía va a prestar es un apoyo “no es un favor, como sucedió en el pasado. Ahora es un compromiso interinstitucional”. En todo caso, la función de controlar a quienes tienen brazaletes electrónicos seguirá siendo del Inpec, pues “la institución solo va a colaborar con sus cuadrantes”. 

De acuerdo con el Inpec, a través del Cervi se elaboran cada 24 horas, en promedio, 1.500 informes de reincidentes, personas que violan la detentación domiciliaria. Esos informes son anotaciones de malas conductas de los que gozan del beneficio de casa por cárcel. Se supone que después de tres alertas se les debería revocar el beneficio. 

Sin embargo, indicó una fuente del Inpec, solo el 10 por ciento del total de los casos han tenido respuesta de los jueces de Ejecución de Penas, para revocar esas medidas domiciliarias. 

La Contraloría también ha advertido que de 2.300 alarmas que se disparan a diario por una posible irregularidad (corte de la correa, apertura del sistema GPS, pérdida de comunicación, o porque el beneficiario se sale del perímetro permitido), las autoridades solo estaban atendiendo 400 (el 17 por ciento).

El dragoneante John Conde, de la Asociación Nacional de Penitenciarios y Carcelarios (Aspec), aseguró que este plan interinstitucional fue planteado inicialmente por el Inpec y preparado por ingenieros electrónicos de este organismo. 

Lo que se busca es que la Policía pueda disponer de la base de datos del Inpec, con la georreferenciación (la ubicación con coordenadas) de las personas con detención domiciliaria. Así se integrará esa información con la plataforma del Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, lo que permitiría que en un mapa por regiones se ubiquen tanto las personas con domiciliaria y con brazaletes, así como las patrullas del cuadrante.

“El Inpec no cuenta con el personal suficiente para realizar las visitas disuasivas, desplazamientos que sí podría hacer la Policía con sus patrullas en cada sector. Estamos seguros de que nos van a colaborar. La competencia de la vigilancia electrónica seguirá siendo del Inpec con el Cervi”, explicó Conde.

Tomada de: El Tiempo

CAPTURAS DE DELINCUENTES REINCIDENTES SE DUPLICARON DESDE EL 2010

Mientras en el 2010 había 10.956 delincuentes detenidos que ya habían cometido varios delitos, el año pasado esa cifra –entre los que están en la cárcel, tienen brazaletes y están en prisión domiciliaria– fue de 21.990, por lo que en los últimos siete años el número de reincidentes creció 100 por ciento. 

Las estadísticas hacen parte de un estudio de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) que muestra el panorama de esta problemática que afecta la seguridad ciudadana y desfigura la confianza en la justicia. Esa investigación plantea alternativas para combatir la reincidencia diferentes a las que han sido puestas en el debate por la Fiscalía o la Policía, priorizando la prevención y la resocialización.

La FIP dice que con un promedio de 200.000 capturados cada año, los que repiten en el crimen representan un 14,3 por ciento del total de detenidos (no todos terminan en prisión), principalmente por hurto (28 %), porte de armas de fuego (16 %), porte y tráfico de drogas (13,5 %), violencia intrafamiliar (7 %), lesiones personales (7 %) y homicidios (6 %). 

De las 179.024 personas que hacían parte de la población reclusa (efectivamente privados de la libertad) a enero de este año, el 8,6 por ciento era reincidente (unas 15.401 personas). De los que tienen una condena, es decir, de 112.196 personas, los reincidentes equivalen al 19,6 por ciento.

Parte del análisis de la FIP se concentra en el elevado costo que representa la reincidencia para el país, teniendo en cuenta los procesos judiciales, las reclusiones y las afectaciones sociales. El número de reincidentes presos que han tenido condenas, según el Departamento Nacional de Planeación, le cuestan al Estado más de 292.409 millones de pesos al año. 

Por eso la FIP invita a que, más allá de las medidas carcelarias, el país busque mejorar las condiciones de prevención de la reincidencia, con programas de educación, inclusión laboral y medidas sociales en las zonas de mayor riesgo, y con mejores formas de resocialización en las cárceles. 

Por cada peso que se invierte en resocialización, el país se ahorra un promedio de cinco pesos. “Como señala Naciones Unidas, la reducción de la cantidad de delincuentes que vuelven a delinquir significa menos víctimas, mayor seguridad comunitaria y menor presión para los organismos policiales”, dice la investigación. 

A esto se suma que sin los reincidentes el hacinamiento en las cárceles sería del 26,2 por ciento, casi 20 puntos menos de lo que está hoy.

Pero no todos los reincidentes están en cárceles. De las 58.365 personas que registra el informe para el mes de enero en detención domiciliaria, unas 4.314 son reincidentes, es decir, el 7,3 por ciento de personas ya condenadas por haber delinquido han logrado el beneficio de casa por cárcel. Y entre quienes tienen brazaletes electrónicos, que son 5.255 custodiados con este sistema, 498 han repetido en el delito; es decir, el 9,4 por ciento. 

En Bogotá, el porcentaje de reincidentes sobre el total de capturas se ha mantenido desde el 2013. La cifra, según la Secretaría de Seguridad y Convivencia, es del 15 por ciento.

La estadística es mayor en el caso de los menores; según el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), entre enero del 2012 y agosto del 2017, de los 152.048 menores que ingresaron al Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente, 31.460 fueron reincidentes (el 20,6 por ciento). 

Aunque la cifra de reincidentes condenados en las cárceles (19,6 por ciento) es alta, la Fundación Ideas para la Paz dice que esa estadística en Colombia es inferior a la que se mantiene en otros países. En Argentina, por ejemplo, el 42 por ciento de las personas condenadas y en prisión ya habían cometido delitos; en São Paulo es el 49 por ciento; Chile, 51 por ciento, y México, 25 por ciento. 

Esto no implica necesariamente que el país esté mejor, pues, según la FIP, lo que podría mostrar esa cifra es un importante subregistro. Afirma el Dane que la tasa de denuncia por delito en el 2016 apenas llegó al 29 por ciento del total de conductas ilícitas, lo que muestra que la mayoría de casos se quedan sin una acción judicial.

Tomada de: El Tiempo

REGISTRO CIVIL DE 125.000 NIÑOS EN RIESGO POR MALA CALIDAD DEL PAPEL

El superintendente de Notariado y Registro, Jairo Mesa advirtió que miles de registros de niños en Colombia se pusieron en riesgo, luego de que se detectara que el papel que suministró la Imprenta Nacional y que llegó a Notarías de todo el país estaba defectuoso. 

Según explicó luego de iniciar una auditoria sobre los formatos entregados desde el mes de noviembre por las Notarías se detectó que hasta el mes de diciembre, “por lo menos 25.000 registros civiles no habían cumplido con las pruebas grafológicas para que se pudieran registrar estos niños”. 

“Para el cierre del mes de febrero van más de 125.000 niños que no pueden ser registrados porque el papel no cumple los requisitos”, precisó. 

Además se revisan más de 400.000 registros adicionales impresos en el papel que se envió a todas las notarías del país, que podrían presentar las mismas irregularidades. 

Por lo anterior, el superintendente Mesa confirmó que debieron activar un plan de contingencia, que demandó una doble labor de la entidad y de las Notarías para evitar la afectación a los niños, que podrían verse vulnerados con el acceso a servicios como salud o educación. 

“No se volvió a distribuir ningún papel y se tomaron acciones para evitar que los notarios siguieran imprimiendo en este, además con estíkers se están dando códigos de barras nuevos a estos papeles”, señaló. 

De la mano de la Registraduría además se estableció un turno 24 horas digitalizando la información de forma manual, “para que los niños queden registrados lo antes posible”. 

“Esto es necesario para que los niños puedan acceder a servicios como salud y educación, sino se hacía así manualmente los niños no figuraban como registrados”, advirtió el superintendente Mesa. 

La Imprenta Nacional respondió a la Superintendencia inicialmente que cuenta con un proveedor, sin embargo, el convenio es entre las dos entidades del Estado por lo que el funcionario está exigiendo que la primera responda por las irregularidades. 

Se están activando las pólizas correspondientes así como se reportó el caso a los organismos de control como la Procuraduría, la Fiscalía y la Contraloría para que tome las acciones a que haya lugar.

Tomada de: Caracol

QUIENES PIDAN VISA A EE.UU. DEBERÁN DECIR QUÉ REDES SOCIALES UTILIZAN

Quienes quieran viajar a Estados Unidos pronto deberán incluir en la solicitud de visa sus identidades en redes sociales, así como teléfonos e correos electrónicos usados anteriormente, según un proyecto publicado el viernes en el registro oficial de normas de ese país.

La medida podría abarcar a unos 10 millones de personas por año y los solicitantes de visa -ya sea para turismo o posible inmigración- deberán tener una lista de redes sociales utilizadas.

Los solicitantes deberá decir cuál o cuáles usan e indicar "cómo se identificaron en esas plataformas en los cinco años anteriores a la solicitud" de visa.

"Otras preguntas piden los números telefónicos, direcciones de correo electrónico o viajes internacionales de los cinco años precedentes", dice el aviso publicado en el Federal Register.

Cuando esas reglas fueron sugeridas el año pasado como parte de lo que el presidente Donald Trump denomina un "extremado veto" de posibles visitantes, diversos voces se alzaron en defensa de la privacidad.

Sin embargo, funcionarios alegaron que eso permite identificar potenciales extremistas. Pusieron como ejemplo que uno de los autores de un ataque en San Bernardino en 2015 tenía visa pese a que abogaba por la "yihad" en las redes sociales.

Las exigencias serán para la visa DS-260 ((Immigrant Visa and Alien Registration Form) y la DS-160 (Application for Nonimmigrant Visa).

En el último año fiscal 559,536 personas pidieron visas de inmigrante y 9,681,913 gestionaron diversos tipos de visas para visitantes. 

Tras este anuncio se abre un período de 60 días en el cual organismos interesados y miembros de la sociedad pueden hacer llegar comentarios sobre el cambio de reglas que se espera sean aprobadas el 29 de mayo.

Tomada de: RCN