Dictan orden de captura contra exmagistrado Francisco Ricaurte por ‘cartel de la toga’

La Fiscalía General de la Nación emitió una orden de captura en contra del expresidente de la Corte Suprema de Justicia, exmagistrado Francisco Ricaurte dentro de la investigación que se sigue por el escándalo del ‘cartel de la toga’.

Tras la determinación, un grupo especial del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía adelanta los operativos para hacer efectiva esta orden de captura. (Lea también: Exmagistrado Francisco Ricaurte no saldrá del país, asegura su abogado)

La Fiscalía investiga en este caso la posible comisión de delitos como peculado, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito y cohecho.

Una vez desatado este escándalo de corrupción judicial, la Embajada de los Estados Unidos canceló la visa a ese país del exmagistrado Ricaurte ante la gravedad de los hechos investigados por la Fiscalía General.

Horas antes se obtuvo un video del exmagistrado saliendo de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, en el que reiteró que es inocente

LAS FACULTADES DE DERECHO SE PRONUNCIAN CONTRA LA CORRUPCIÓN EN LA JUSTICIA

La crisis de la rama judicial, detonada por la corrupción de miembros de la Fiscalía y la Corte Suprema, tiene conmocionado al mundo de la justicia. Y en las aulas donde se forman los futuros abogados, jueces y fiscales también se siente la indiganación.

Por eso, en una reunión que tuvo lugar en la Universidad del Rosario, los decanos de 20 facultades de derecho de todo el país se manifestaron por lo que consideran una "crisis de legitimidad". Esta fue el texto firmado por ellos:

Las facultades de Derecho que suscribimos esta declaración, manifestamos nuestro categórico rechazo a las actuaciones de quienes administrando justicia y ejerciendo la profesión han deshonrando las responsabilidades que les han sido confiadas.

Expresamos nuestra preocupación por la crisis de legitimidad y confianza que tales actuaciones han generado en la rama judicial. Respaldamos a todos los jueces, fiscales y demás funcionarios que día a día empiezan sus mejores esfuerzos para administrar justicia. Reconocemos nuestra responsabilidad académica, ética y política en la formación de los y las abogadas y extendemos nuestro compromiso en la reconstrucción de una justicia digna, accesible y transparente en Colombia.

Hemos decidido trabajar mancomunadamente para compartir las mejores experiencias en la implementación de propuestas que conduzcan a fortalecer la formación ética de nuestros estudiantes y al desarrollo sólido de competencias ciudadanas. Asimismo, acordamos crear un observatorio que contribuya, desde la academia, de manera decisiva a la superación de la crisis y al constante mejoramiento de la administración de justicia.

Los decanos que firmaron son los de la Universidad Auntónoma de Bucaramanga, Universidad de Caldas, Universidad de Cauca, Eafit, Universidad El Bosque, Externado, Universidad de Ibagué, ICESI, Universidad Javeriana, La Gran Colombia, Universidad Libre, Los Andes, Universidad de Nariño, Universidad del Norte, Universidad del Rosario, Universidad de la Sabana, Universidad Santo Tomás, Universidad del Sinú, Universidad Tecnológica del Chocó y Universidad Alexander Von Humboldt.

CORTE SUPREMA REACTIVÓ PROCESOS DE CORRUPCIÓN EN LA DNE QUE ESTABAN A CARGO DE GUSTAVO MALO

La Corte Suprema de Justicia 'desempolvó' 9 procesos por posibles actos de corrupción en la Dirección Nacional de Estupefacientes con bienes decomisdados a la mafia y que políticios, al parecer, se querían apropiar de ellos de manera ilegal.

Según fuentes del alto tribunal, de los 9 casos 3 de estos estaban, al parecer, engavetados en el despacho del cuestionado y señalado de actos de corrupción, el magistrados Gustavo Malo.

Los casos a cargo de Malo, son el del exsenadorJavier Enrique Cáceres Leal, El del exsenador Miguel Pinedo Vidal. El del exsenador Omar Yepes Alzate, todos con indagación preliminar desde 2011.

Los otros procesos están en los despachos de los magistrados Luis Guillermo Salazar y Eyder Patiño.

NUEVA LEY DE SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO SE ESTÁ INCUMPLIENDO

Así lo denunció el senador Luis Fernando Velasco en carta al comandante del Ejército. No se estaría reconociendo la condición de remisos de muchos jóvenes y se estaría aplicando la fórmula antigua para liquidar el valor de la libreta.

Muchos se quejan de que en Colombia hay muchas leyes que han sido expedidas por el Congreso de la República, sancionadas por la Presidencia y que, al final, no se cumplen. Y eso parece estar pasando, al menos en parte, con la ley que modificó el servicio militar obligatorio, según una carta que le envió el senador liberal Luis Fernando Velasco, ponente de la iniciativa en su paso por el Capitolio, al comandante del Ejército, mayor general Alberto José Mejía Franco, en la que denuncia que ha recibido distintas comunicaciones por parte de ciudadanos que afirman tener dificultades para acceder al beneficio de la amnistía y complicaciones en el cumplimiento de lo expedido en la norma.

“Durante el trámite en el Senado de la Ley 1861 de 2017 que regula el servicio militar obligatorio, como ponente incluí algunas disposiciones que buscan promover que los colombianos resuelvan su situación militar. Entre ellas, un régimen de transición para que los remisos que cumplan los requisitos puedan obtener su libreta militar con el pago de $110.000 (amnistía), así como el rediseño de una fórmula que disminuye los costos de la cuota de compensación”, señala Velasco en la misiva.

Sin embargo, advierte el congresista, ha recibido denuncias por parte de jóvenes y padres de familia en las que le dan a conocer situaciones que claramente configuran el incumplimiento de la ley. Y da dos ejemplos: “El no reconocimiento de la condición de remisos de muchos jóvenes, quienes afirman que, al acercarse a las jornadas de amnistía, les indican que su condición ya ha sido normalizada por habérseles impuesto las multas, privándoseles del derecho acceder al beneficio de la amnistía y teniendo que pagar las sanciones”.

El segundo ejemplo tiene que ver con que al momento de solicitar la liquidación de la cuota de compensación militar, les aplican la fórmula establecida en la Ley 48 de 1993, a pesar de haber sido derogada por el artículo 27 de la nueva norma, haciendo que la liquidación sea mucho más onerosa.

“Señor general, conozco de su liderazgo y compromiso con la correcta implementación de la Ley, motivo por el cual pongo en conocimiento estas situaciones que de forma generalizada y repetitiva me han dado a conocer personas de todo el país (...) seguiré promoviendo en el marco de mi actividad como senador, las acciones necesarias para dar cabal cumplimiento a la Ley", concluye la carta del senador Velasco.

¿REBAJAR PENAS SOLUCIÓN PARA COMBATIR EL CRIMEN?

La Proporcionalidad de las penas en la Legislación Penal Colombiana, se convierte en un texto de consulta, un libro que surge de un largo estudio sobre la efectividad del aumento de condenas en Colombia.

Según el abogado Iván González, autor de libro e integrante del Consejo de Política Criminal, la coyunta punitiva que vive el país demostró el poco impacto que tienen las penas elevadas en la reducción del crimen.

“La crisis en la justicia es latente, y la solución está en uno criterios de proporcionalidad que sean acordes con la calidad de los crimen y la culpabilidad de la persona condenada”.

González aseguró que Colombia tiene uno de los sistemas punitivos más altos de todo el mundo y aun así la criminalidad sigue en aumento.

“El problema que debemos tratar de intervenir de la Fiscalía…

Entonces reduzcamos las penas, hagamos más racionales esas penas”.

El Consejo de Política Criminal identificó, a través de su estudio hecho libro, que en la justicia se desconocen reglas del código penal y que muchas reformas desde el legislativo están orientadas al aumento de las penas mínimas sin tener en cuenta el catálogo de delitos.

MORENO DICE QUE LE ENTREGÓ $550 MILLONES A EXMAGISTRADO RICAURTE

Las tres horas que demoró la declaración de Luis Gustavo Moreno ante la Corte Suprema de Justicia son el anticipo de una avalancha de nombres de magistrados, políticos y fiscales corruptos que comenzarán a saldar sus deudas con la justicia. 

Visiblemente cansado y asustado por su seguridad, Moreno se sentó frente a frente con el senador Musa Besaile para desmentirlo. 

El senador del partido de La U sorprendió hace un mes con una versión libre en donde asegura que Moreno lo extorsionó para pagar $2.000 millones a magistrados a cambio de frenarle una orden de captura por parapolítica en su contra. Moreno, en cambio, dijo que fueron muchas las reuniones a las que asistió junto con el exmagistrado Francisco Ricaurte para concertar cómo se pagaría por paralizar el proceso, aprovechando además que estaban cercanos los términos de prescripción.

El exfiscal dice que lo pactado fue cercano a los $2.000 millones de pesos. Sin embargo, de ese dinero conoció desembolsos por $700 millones, de los cuales le entregó -según su versión- $550 directamente a Francisco Ricaurte, expresidente de la Corte Suprema de Justicia. 

Aunque afirma que no supo cómo se hicieron los demás pagos, manifestó que la confirmación quedó en evidencia con los resultados del proceso. Se refiere a que un caso que contaba con evidencia suficiente para pasar a la apertura formal de investigación terminó engavetado en el despacho del magistrado Gustavo Malo.

En su declaración también afirma que estaba entre sus consideraciones que el magistrado investigador José Reyes Rodríguez era de posturas muy duras, por lo que pronto se convirtió en una piedra en el zapato. Es un hecho que en una sorpresiva decisión del 31 de julio del 2015 el magistrado de la Sala Penal Gustavo Malo sacó de la Corte a José Rodríguez, quien hoy declara como testigo desde Guatemala.

Según Moreno, Gustavo Malo estuvo al tanto de todo el negocio.

La declaración de Moreno se fue esta misma tarde compulsada a la Comisión de Acusaciones para que investigue a Gustavo Malo y ante la Fiscalía para que haga lo propio con el exmagistrado Francisco Ricaurte. Sin embargo, Moreno lleva varias horas dando información clave de la supuesta corrupción de funcionarios públicos al ente investigador y entre sus delaciones estaba precisamente el capítulo de Musa Besaile. Por esta razón, no se descarta que en las próximas horas se anuncien decisiones frente a los salpicados por Gustavo Moreno.

Las dos versiones tienen una diferencia que salta a la vista, y tiene que ver con la presunta participación del magistrado Leonidas Bustos. Del lado de Musa Besaile, éste aseguró que Moreno le manifestó abiertamente que las extorsiones las hacía en nombre de “su papá” Leonidas Bustos, el presidente de la Corte Suprema de Justicia. 

Del lado de Moreno, en cambio, da casi que por descontada la participación de Bustos en entorpecer las investigaciones por parapolítica contra Musa Besaile. Aunque ambas versiones tendrán que ser investigadas, esto no significa que Moreno vaya a exculpar a Bustos, ya que anunció los casos en los cuales tiene informació de su presunta participación en hechos de corrupción. 

La declaración de Moreno constituye un nuevo campanazo de alerta frente al proceso de parapolítica que cursa en la Corte Suprema de Justicia contra Musa Besaile. El riesgo de prescripción se mantiene latente y quedarían escasos dos meses para que pueda aplicarse. Aunque el abogado de Besaile, Julián Quintana, ha dicho que están dispuestos a renunciar a este término para que se haga justicia, la corte se enfrena a una verdadera contrarreloj, teniendo en cuenta que el caso tuvo que ser reasignado a otro magistrado que no sea Gustavo Malo.

CARLOS HERNÁN RODRÍGUEZ BECERRA ES EL NUEVO AUDITOR GENERAL

El Consejo de Estado eligió al antiguo Defensor del Pueblo del Valle del Cauca para vigilar a los contralores del país. Durante el proceso salieron a relucir cuestionamientos sobre su frecuentaciones políticas.

Después de una reñida competencia, Carlos Hernán Rodríguez Becerra consiguió los 20 votos del Consejo de Estado para ser elegido Auditor General de la Nación. Será el encargado de vigilar la gestión fiscal de la Contraloría General y de las contralorías territoriales mientras dirigirá una institución con un presupuesto de 30.000 millones de pesos y una planta de más de 200 funcionarios.

El hombre que entró en reemplazo de Carlos Felipe Córdoba fue cuestionado durante el proceso de elección debido a la aparición de su nombre en un acta en la que apoyó la candidatura a la Gobernación del Valle de Juan Carlos Abadía, destituido e inhabilitado por la Procuraduría. Su nombre aparecía junto al del exsenador Juan Carlos Martínez, condenado por narcotráfico.

Rodríguez Becerra es abogado de la Universidad Santiago de Cali, especializado en derecho administrativo de la misma universidad y magíster en derecho constitucional de la Universidad Libre.

Se ha desempeñado como concejal de Palmira, diputado del Valle del Cauca y Secretario de Desarrollo Institucional de la Gobernación. También fue contralor departamental, asesor y consultor del Instituto de Prospectiva Innovación y Gestión del Conocimiento antes de ser nombrado defensor regional y ahora Auditor General de la Nación.

Hernández Becerra le ganó la elección al actual magistrado del Consejo Nacional Electoral, Emiliano Rivera, y Nohora Martínez.