CAPTURADO POR CASO SURTIFRUVER BUSCA PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD

La novela criminal en la que se convirtió el asesinato de Alonso Orjuela, el fundador de Surtifruver, tiene varios capítulos que incluyen traición, venganza y avaricia.

La ex esposa, el hijo y hasta el socio de la víctima aparecen en el listado de hipótesis de la Fiscalía para desenredar el caso, que ya tiene a dos capturados que niegan su responsabilidad, pero se lanzan culpas.

Ahora se conoció que Mauricio Parra, el socio que luego se convirtió en amante de la ex esposa, también capturada, busca un acuerdo con la Fiscalía, para entregar información a cambio de colaboración.

Es, precisamente, Parra quien contó en sus interrogatorios que la ex esposa de la víctima fue quien insistió y coordinó el asesinato, que le confesó estar desesperada con su situación marital, por eso su afán de acabar con la vida de Orjuela.

La mujer, en su defensa, declaró lo contrario, que era su amante, el señor Parra, quien es investigado por lavado de activos y su relación con las Farc. 

La Fiscalía ahora revisa las declaraciones y una hipótesis que relaciona al hijo de la víctima como autor material del crimen, el encargado de disparar el arma homicida.

EL ESTADO HA SIDO INCAPAZ DE COPAR LAS ZONAS QUE DEJARON LAS FARC: PROCURADOR

Durante la primera Audiencia Nacional Étnica, el procurador general de la Nación, Fernando Carrillo, le hizo un fuerte llamado al Gobierno Nacional pues asegura que el Estado “ha sido incapaz” de ocupar los territorios que fueron dejados por las Farc.

"Hay unos acuerdos en el papel, pero hay nuevas guerras en los territorios. El Estado ha sido incapaz de copar esos territorios que antiguamente eran del monopolio de las Farc y hoy lo que vemos son batallas entre grupos armados ilegales y estructuras delincuenciales donde de nuevo quienes quedan en medio son nuestras comunidades y poblaciones étnicas", dijo Carrillo.

El procurador agregó que esta situación "merece de una respuesta muy contundente del Estado porque uno casi que podría decir que, para los grupos étnicos, la paz se diluye y tenemos que materializarla".

Carrillo dijo además que es urgente exigir el cumplimiento de lo consignado en el acuerdo de paz con respecto a las comunidades indígenas.

Por último, el jefe del Ministerio Público dijo que, en cuanto a la búsqueda de los cuerpos de las personas desaparecidas, "ha sido más que una colcha de retazos que una política consistente del Estado".

¿COINCIDE LO QUE VOTAN LOS CONGRESISTAS CON LO QUE PIENSAN?

La Misión de Observación Electoral reveló este martes los resultados de una encuesta de opinión realizada al 75% del Congreso que, de acuerdo con la MOE, demuestra las diferencias entre lo que piensan en privado y lo que finalmente votan los legisladores en temas claves como listas cerradas, la arquitectura institucional, la financiación de las campañas y la adquisición progresiva de derechos de la reciente reforma política.

El estudio se llevó a cabo entre el 11 de septiembre y el 11 de octubre de este año, y deja ver, entre otras, que en un año marcado por los escándalos e investigaciones sobre corrupción en las tres ramas del poder, este es el tema que más preocupa a los congresistas, puntualmente al 35% de ellos.
El 81% de los legisladores cree que si un alcalde o gobernador resulta sancionado por corrupción, las penalidades más severas deberían ser económicas, haciendo que la campaña devuelva el dinero entregado por reposición de votos o que el partido pague una multa proporcional al de la elección atípica, en caso de realizarse.

Una división se presenta en las sanciones de tipo político. El 52% cree que el castigo debería ser que el partido no pueda presentar candidatos para la siguiente elección del mismo cargo, o (con un 67%)  que el partido del sancionado no debería tener candidatos para suplir la vacancia temporal.

La politización de la justicia y de los organismos de control es el segundo tema que llama la atención a los parlamentarios nacionales, con un 19%, seguido del desequilibrio de las ramas del poder político con un 11%.

En estos temas que afectan la agenda electoral, el 87% de los congresistas coinciden en que las campañas deberían ser totalmente financiadas por el Estado, además de que el 58% de ellos cree que deberían restringirse la posibilidad de la reelección de los miembros del congreso. También coinciden (83%) en crear un órgano judicial especializado para que se  juzgue a los altos dignatarios.

Lo que más genera división en la opinión al interior del Legislativo es la ampliación del periodo de alcaldes y gobernadores, 55% está de acuerdo.El consenso va en descenso cuando se habla de un periodo presidencial más largo, 51% a favor. Y sorprende (o quizá no tanto) que el 46% crea en la importancia de la religión en el desarrollo de la política.

Varios temas, según la misma encuesta, seguirán generando álgidos debates al menos durante el siguiente cuatrienio previo a las campañas del 2022, estos son: la disminución de la edad para ser congresista, donde el 40% está en desacuerdo; la obligatoriedad del voto, 36% a favor frente a un apretado 37% en contra; y la eliminación de la figura de grupos significativos de ciudadanos para las elecciones locales, 39% en total desacuerdo.

Todo estos asuntos de incidencia electoral se pretendían de alguna u otra manera resolver en la hundida reforma política impulsada por el gobierno, que gastó gran parte del periodo legislativo y que pretendía ampliar la participación política y fortalecer el órgano electoral, reforma que dadas las modificaciones que se le hicieron no prosperó.

LOS INHABILITADOS PARA ASPIRAR AL CONGRESO, SEGÚN LA PROCURADURÍA

El Ministerio Público tiene en su poder el listado de una veintena de candidatos que no podrían aspirar a las elecciones legislativas de marzo, pues sobre ellas pesan inhabilidades especiales para ejercer cargos de elección popular. Condenas penales por los delitos de homicidio y estafa son algunas de las sanciones que halló el Ministerio Público.

La Procuraduría General de la Nación fue clara: si los candidatos al Congreso que, estando inhabilitados para participar de las elecciones de marzo, no se retiraron de las listas presentadas por los partidos políticos el pasado lunes 18 de diciembre, cuando venció el plazo para modificar las mismas, irían a la cárcel. La pena oscila entre los 4 y los 9 años de prisión, por lo que considera sería un evidente fraude electoral e, incluso, podría haber multas de más de $590 millones. Por eso, el primer llamado del Ministerio Público a los partidos que decidieron otorgar el aval a más de una veintena de aspirantes que estarían en esa condición fue el de revisar con lupa las listas que inscribieron si no quieren que caiga sobre ellos todo el peso de la ley.

En materia disciplinaria, por supuesto, también hay consecuencias, como la destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos por no menos de 10 años y un largo listado de efectos judiciales y políticos al que no se querrán someter las distintas colectividades, y menos en tiempos en que todas prometen combatir la corrupción. Entonces, bajo ese panorama, sí sorprende la lista que fue puesta a consideración de los colombianos el pasado 11 de diciembre en la que fueron incluidos personajes sobre quienes, por ejemplo, se han emitido órdenes de captura, se han impuesto condenas por estafa agravada, multimillonarias multas por su dudoso proceder, prohibición para conducir e, incluso, penas por homicidio.

FORMULAN QUEJA DISCIPLINARIA CONTRA MINISTRO DE DEFENSA

El representante a la Cámara Alirio Uribe formuló una queja disciplinaria ante el procurador general, Fernando Carrillo, por las declaraciones del ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, quien señaló que los asesinatos de líderes sociales son “fruto de un tema de linderos, de un tema de faldas, de un tema de pelea por rentas ilícitas”.

Para justificar su queja, Uribe acudió a las declaraciones dadas por Villegas durante una entrevista en Noticias Uno, a los informes que han presentado organizaciones como el Cerac, Indepaz y Somos Defensores y a las cifras de asesinatos de líderes sociales en Colombia expuestas por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y por la Defensoría del Pueblo.

Alirio Uribe explica que estos informes y cifras evidencian que “esta problemática es cada día más preocupante, (pues) la Defensoría del Pueblo ha señalado que además de los asesinatos, se han reportado más de 210 amenazas a líderes sociales y defensores de derechos humanos”.
En cuanto a las declaraciones del ministro de Defensa, el representante del Polo Democrático afirma con severidad que lo que hacen es “ridiculizar y banalizar la situación, usando lenguaje patriarcal y machista, minimizando el daño tanto a mujeres como a los líderes sociales y sus familias”. También asegura que decir que los asesinatos son por “líos de faldas”, es poner en riesgo la vida de líderes sociales. Villegas “incumple su obligación de proteger y respetar a los defensores y, lo que es más, la de promover los derechos humanos”, dice.

Después de mostrar estos hechos y de acudir a distintas sentencias de la Corte Constitucional, así como en los artículos 13 de la Constitución Política y 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (sobre el derecho a la igualdad), el representante Uribe afirma que “el ministro de Defensa presuntamente pudo incurrir en las prohibiciones contenidas en los numerales 1 y 23 del artículo 35 de la ley 734 de 2002 – Código Disciplinario Único, que dispone qué le está prohibido a los servidores públicos. Asimismo, se incumple lo establecido en el Artículo 2 de la directiva 002 de 2017 de la Procuraduría General de la Nación”.

El artículo 23, por ejemplo, prohíbe “proferir en acto oficial o en público expresiones injuriosas o calumniosas contra cualquier servidor público o las personas que intervienen en los mismos”. El artículo 2, por su parte, exhorta “a los servidores públicos para que, en cumplimiento de sus funciones y deberes legales y en el marco de sus actuaciones, respeten y garanticen las actividades que deba desarrollar la población objeto de la presente directiva. En consecuencia, los servidores públicos deberán abstenerse de realizar conductas que los deslegitimen”.

Uribe aseguró, después de formular la queja disciplinaria, que la decisión la tomó, porque "no solamente no cumple con el deber constitucional de proteger la vida y honra de todos los ciudadanos y en este caso, de los líderes sociales, sino que, además, una vez asesinados, van más de 200 en los últimos dos años, el ministro estigmatiza diciendo que los asesinan por problemas de faldas, de tierras y de alguna manera, manda el mensaje de desinformación y deslegitimación de los asesinatos".

SENADO PUBLICA PROYECTO DE CURULES DE PAZ, PERO SIGUE DEBATE

El presidente de esa corporación ordenó la publicación del proyecto de ley que regula los escaños.
En cumplimiento de un fallo de tutela, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, ordenó en la noche del martes la publicación del proyecto que crea las 16 curules de paz, pero todo parece indicar que la controversia jurídica alrededor del mismo seguirá el próximo año.

En una carta enviada al juzgado que falló el recurso y que ordenó la publicación del proyecto en la Gaceta del Congreso, Cepeda explicó que procederá a hacerlo “para que se tenga conocimiento del todo el procedimiento que se surtió en el Senado” con esta iniciativa y con “las respectivas constancias de la Secretaría General” sobre el trámite del mismo.
Desde hace tres semanas, Gobierno y Senado sostienen una controversia por la aprobación o no de la conciliación de esta iniciativa, la cual llegó hasta los tribunales de justicia.

El pasado lunes se conoció una decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que ordenó a Cepeda enviar el proyecto al Presidente de la República para que este sea promulgado.

Y el martes salió un fallo de tutela de un juzgado de Bogotá que le ordenó al Senado publicar el texto del proyecto en la Gaceta del Congreso, lo que Cepeda cumplió anoche.

Fuentes jurídicas del Congreso explicaron que este paso se dio en cumplimiento de un mandato constitucional. Igualmente, aclararon que una cosa es la Gaceta del Congreso, un órgano de publicidad del Legislativo, y otra el Diario Oficial, que es en el que los proyectos aprobados cobran fuerza jurídica y pueden ser estudiados por la Corte Constitucional.

Este diario también confirmó que, pese al cumplimiento de la tutela, ambos recursos serán impugnados en enero del próximo año cuando termine el receso judicial.

A partir de esto se prevé que la polémica entre el Gobierno y el Senado por la aprobación del proyecto que crea las curules de paz está lejos de terminar.

En medio de esta controversia, el presidente Juan Manuel Santos dijo ayer que “cuando hay esas diferencias, en un Estado de derecho, estas las dirimen los jueces” y que el Gobierno “respetará” las decisiones que estos tomen.

EL NOVELÓN JUDICIAL DE LAS CIRCUNSCRIPCIONES DE PAZ VUELVE AL CONSEJO DE ESTADO

El alto tribunal admitió una acción de nulidad contra la decisión del Congreso de declarar hundida esa reforma constitucional. El Legislativo mantiene su postura y el uribismo sale abiertamente a respaldarlo. Se pedirán medidas cautelares ante la CIDH.

Un nuevo frente de la batalla judicial que libra el Gobierno para darle vida a las circunscripciones especiales de paz se abrió en el Consejo de Estado, luego de que este alto tribunal decidiera admitir a estudio un recurso de nulidad contra el acto administrativo que emitió el Congreso declarando hundida la controvertida reforma constitucional. Y tan dura está la controversia que ahora se anuncia que se pedirá la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La Casa de Nariño instruyó a su ministro del Interior, Guillermo Rivera, para que acuda a todas las instancias que sean necesarias para lograr la victoria que le fue esquiva en el Capitolio durante la conciliación de este proyecto en la plenaria del Senado del 30 de noviembre, el último día del fast track.

Toda la polémica en torno a la decisión del Legislativo radica en el hecho de que esta reforma que crea 16 curules en la Cámara para las víctimas del conflicto se quedó con 50 votos favorables, lo que el secretario del Senado, Gregorio Eljach, declaró como la muestra de que no logró la mayoría requerida de la mitad más uno de los 102 escaños de esta corporación para su aprobación.

El Gobierno y otros sectores que lo defienden refutaron de inmediato esa tesis y aseguraron que por cuenta de las 3 sillas vacías que existen, la composición del Senado se redujo a 99 integrantes y, por ende, la conformación del quórum y de mayorías también. Así las cosas, el Ejecutivo, chocando con la decisión del Congreso, dijo que los 50 votos obtenidos sí le dieron vida jurídica a las circunscripciones de paz.

EL PLAN DEL GOBIERNO PARA DETENER EL ASESINATO DE LÍDERES SOCIALES

La iniciativa contempla el reforzamiento de las alertas tempranas y la activación del "Plan Orus", que permitirá brindar seguridad en 67 municipios y 595 caseríos en donde hacía presencia las FARC.

El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, anunció hoy en Bogotá la puesta en marcha de un nuevo esquema para detener el asesinato de líderes sociales.

La iniciativa contempla el reforzamiento de las alertas tempranas y la activación del "Plan Orus", que permitirá brindar seguridad en 67 municipios y 595 caseríos en donde hacía presencia las FARC, hoy convertida en partido político.

Explicó que la alerta temprana es un documento de advertencia emitido por la Defensoría del Pueblo para que el Gobierno dé respuesta.

Al intervenir en la sesión del Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia, Santos dijo que para poner en marcha el "Plan Orus" se hizo una microfocalización.

Los comandantes del Ejército, añadió el gobernante, establecerán contactos y generarán la confianza suficiente con las comunidades para "combatir con más efectividad estos asesinatos".

El anuncio de Santos se produce después de que el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, afirmara que en el caso de los asesinatos de los líderes sociales hay "algún grado de sistematicidad en algunas regiones del país", algo que siempre ha negado el Gobierno.

Diversas asociaciones han denunciado estos asesinatos como continuación de la actividad de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que se desmovilizaron en 2006.

Tras la desmovilización de las AUC nacieron varias bandas criminales como el Clan del Golfo, que se hacen llamar Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y que mantienen una fachada política para sus actividades narcotraficantes.

En este sentido, el fiscal sostuvo que es importante "hacerle un llamado a la nación sobre fenómenos de criminalidad que con algún grado de sistematicidad pudiera empezar a advertirse que afecte a líderes sociales".

Hizo hincapié en los asesinatos relacionado con líderes de reclamación de tierras, donde se "empieza a advertir esta clase de fenómenos".