martes, 10 de julio de 2018

"QUIERO PEDIRLES PERDÓN A LAS VÍCTIMAS": GENERAL (R) TORRES ESCALANTE


El general (r)  Henry  Torres Escalante, quien es procesado por el escándalo de los 'falsos positivos' firmó un acta de sometimiento judicial absoluto ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Con esta diligencia el uniformado se convirtió en el primer general retirado de la República que compareció ante la Sala de Definición de Situación Jurídica de esta jurisdicción especial.

Ante la magistrada Claudia Rocio Saldaña, de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, el general Torres Escalante indicó que acudió a este tribunal especial porque en la justicia ordinaria no goza de las garantías al debido proceso y al derecho de una defensa justa.

De igual forma, sostuvo que está dispuesto a contar todo la verdad que conoce en relación con los hechos que se investigan, pero dejó en claro que ello no significa que vaya a confesar un delito que nunca cometió.

No obstante, atribuyó a algunos miembros de la brigada del Ejército Nacional que comandó en su momento la realización de ejecuciones extrajudiciales en el departamento del Casanare.

“Como es innegable que estas víctimas por las cuales estoy siendo procesado se presentaron, fueron cometidas por hombres de la brigada que yo comandé, sin que yo haya tenido conocimiento o que yo hubiera dado alguna orden para cometer esas muertes, por ese motivo quiero pedir perdón a las víctimas por el daño causado con la esperanza de que esto nunca vaya a volver a suceder”, manifestó el general Torres.

El oficial agregó: “Mi sometimiento a la JEP también implica mi derecho consistente a que se abra un espacio para que se practiquen las pruebas e indagaciones suficientes  para que quienes se postulan como víctimas conozcan la verdad y de ser el caso puedan perdonar”.

Por su parte el abogado Jaime Granados dejó constancia en la audiencia ante la JEP que al uniformado se le adelantan siete procesos bajo la justicia ordinaria en los que se han acreditado una docena de víctimas.

Después de la firma del acta de sometimiento a la JEP, los magistrados de este tribunal iniciarán el estudio formal de los procesos que existen en contra del excomandante de la Brigada XVI del Ejército. 

Tomada de: RCN 
CORTE NEGÓ TUTELA QUE PEDÍA TUMBAR LA CONDENA CONTRA MARIO ARANGUREN


La Corte Suprema de Justicia negó una tutela que pedía tumbar la sentencia que condenó a 11 años al ex director de la Unidad de Información y Análisis de Financiero, UIAF, Mario Aranguren y al exsubdirector Luis Eduardo Daza por entregar información privilegiada de magistrados, periodista y defensores de Derechos Humanos por petición del DAS. Y que se volviera a revisar el caso.

La tutela la interpuso el procurador judicial Henry Bustos por considerar que se les violaron los derechos al debido proceso y a la defensa. Esto, porque fue el Tribunal Superior de Bogotá el que los condenó pese a que fueron absueltos por el Juzgado Décimo Especializado de la capital.

La condena, según el procurador, se dio basándose en un cambio de jurisprudencia por lo que se violó el debido proceso.

La Corte Suprema revisó, y señaló que aunque se puso la tutela en un momento adecuado, el caso está en un trámite de casación, es decir, se están revisando las dos sentencias emitidas, por lo que no hay lugar a la tutela.

Esto último, recordando que “la solicitud del amparo sólo procede cuando el accionante haya agotado oportunamente todos y cada uno de los recursos o medios de defensa”.

Tomada de: Caracol
CAPTURA FALSO TÉCNICO DE FÚTBOL VENEZOLANO QUE SECUESTRÓ A DOS MENORES


Con la Presencia del Ministro de Defensa Luis Carlos Villegas, los Magistrados Edgar Carlos Sanabria Melo, Presidente; Max Alejandro Florez Rodriguez, Vicepresidente, Gloria Stella López Jaramillo y Martha Lucía Olano de Noguera dieron al servicio el moderno Palacio de Justicia de Salamina, Caldas.

Además asistieron el Gobernador del Departamento de Caldas Guido Echevrry, el Alcalde de Salamina Luis German Noreña García; la Presidenta del Tribunal Superior de Manizales Angela María Puerta Cárdenas, la Presidenta del Consejo Seccional de la Judicatrua María Eugenia López Bedoya y el Director Ejecutivo de Adminisración Judicial José Mauricio Cuestas Gómez

DONALD TRUMP EN CONTRA DE LA LECHE MATERNA


El Gobierno estadounidense estuvo dispuesto a impedir la resolución que promovían la OMS, Organización Mundial de la Salud y la Unicef, en pro de la lactancia, tomando como base décadas de estudios en los que se comprobó que la leche materna es el alimento más saludable para los bebés. 

De igual manera, ambas organizaciones invitaban al público en general a limitar el consumo de leches en polvo o fórmulas para niños, asegurando que estos productos son inadecuados y engañosos del mercado que pretenden sustituir la leche materna. 

Al parecer, la administración de Donald Trump defiende a la industria infantil alimentaria, un negocio de 70.000 millones de dólares que indica menor consumo en los últimos años.  

El gobierno estadounidense llegó a amenazar con retirar su apoyo económico a países que pretendían apoyar la medida, entre ellos Ecuador, país al que Trump le impondría castigos comerciales, además de eliminarle la ayuda militar, algo crucial para ese país. Esta amenaza llevó a los ecuatorianos a dejar de brindar su apoyo para la resolución. 

Según The New York Times, alrededor de una docena de países, la mayoría de ellos de poblaciones con escasos recursos de África y América Latina, se vieron en la obligación de dejar de apoyar la medida, pero que, sin embargo, manifestaron de manera anónima tener miedo a la retaliación de la poderosa nación norteamericana.

Por suerte para las madres y para los países que apoyaron la resolución de la OMS y de la Unicef, la propuesta del gobierno de Estados Unidos no continuó puesto que Rusia apoyó el derecho a amamantar, acción que no tuvo amenazas por parte de Estados Unidos. 

Finalmente la resolución fue aprobada por la OMS en abril de este año, con la idea de adoptar una política de respaldo a la lactancia en todo el mundo. 
‘CHAVISMO’ PLANTEA BOMBARDEO A COLOMBIA EN CASO DE INTERVENCIÓN DE ESTADOS UNIDOS


El diputado con ideologías chavistas perteneciente a la Asamblea Nacional Constituyente, militar y abogado venezolano, Pedro Carreño aseguró que Venezuela se está preparando militarmente para afrontar una posible invasión de Estados Unidos. Esto de acuerdo con la declaración que el presidente Donald Trump hizo en agosto del pasado año “Tenemos muchas opciones para Venezuela, incluida una posible opción militar si es necesario" afirmó Trump. 

Si las fuerzas armadas estadounidenses llegaran a cruzar las fronteras desde territorio colombiano la primera respuesta venezolana sería un ataque aéreo contra varios puentes de Colombia para incomunicar el país vía terrestre. Afirmo el Diputado.

En el programa José Vicente Hoy, transmitido por Televen y conducido por José Vicente Rangel, Carreño expreso: "Nuestros Sukhoi (uno de los fabricantes más conocidos e importantes de aviones de Rusia) tendrán la responsabilidad de derribar los siete puentes del río Magdalena que atraviesan de norte a sur a Colombia para dividirla en dos". 

Al igual afirmó que el Gobierno de Nicolás Maduro tendría la obligación de responder “con una guerra que abarcará todo el territorio de Colombia”. Incluso mostró un mapa para explicar la estrategia que sería utilizada y la forma en la que el país sería dividido en dos partes a lo largo del Magdalena.

Sobre Iván Duque, lo calificó como aventurero y arrastrado frente a EE.UU., que se reúne con senadores para proclamar una acción bélica en contra Venezuela.

“Eso no será en el territorio venezolano, porque el teatro de la guerra le va a llegar hasta allá, así que se prepárense, nosotros estamos en una resistencia constante”, concluyó Carreño.
PRESIDENTE SANTOS SANCIONÓ LEY QUE PERMITE EL SOMETIMIENTO DE CRIMEN ORGANIZADO EN GRUPOS


El Presidente Juan Manuel Santos sancionó este lunes la ley que permitirá a organizaciones del crimen organizado someterse en grupo a la justicia y reveló que esta norma va a tener una consecuencia muy importante para el país en los próximos días.

“Acabamos de sancionar la ley que va a ser un paso muy muy importante para la seguridad de los colombianos. Una ley clave para el futuro del país y que además permite seguir cumpliendo el contenido de los Acuerdos de Paz.”, expresó el Jefe del Estado tras firmar la norma aprobada por el Congreso, en un acto efectuado en la Casa de Nariño.

El Mandatario indicó que “esta ley permite la aplicación del derecho penal de forma colectiva”.

Precisó que “su principal objetivo es garantizar la terminación del actuar delictivo de las organizaciones criminales a través de dos estrategias: Fortalecer las normas y mecanismos para enfrentar más efectiva, más contundente la delincuencia organizada” y en segundo lugar, “fija un procedimiento especial para que grupos armados organizados, como grupo, se sometan a la justicia”.

No obstante, el Presidente Santos subrayó que la lucha contra las organizaciones criminales continuará. “Y esto que quede muy claro: no implica darles reconocimiento político o la aplicación de mecanismos de Justicia Transicional, de ninguna forma”, dijo.

Advirtió que “la lucha contra las organizaciones y conductas criminales responsables, como lo estamos viendo de homicidios y masacres, que atentan contra defensores de los derechos humanos, contra movimientos sociales, contra movimientos políticos, esa lucha la tenemos que continuar”.

Explicó que el proyecto se construyó y discutió durante más de un año, y fue objetivo de discusión en los Acuerdos de La Habana, ya que en los procesos de posconflicto se ha visto que “quedan unos remanentes, grupos al margen de la ley que continúan delinquiendo”.

La Ley de Sometimiento pone en marcha dos estrategias. La primera, fortalece las normas y los mecanismos para enfrentar a esta delincuencia organizada con nuevos delitos tipificados, como el constreñimiento ilegal por parte de miembros de grupos delictivos armados organizados; el asesoramiento a grupos delictivos armados organizados y la amenaza contra defensores de derechos humanos y servidores públicos.

También se aumentan y se modifican penas para otros delitos como: constreñimiento al sufragante, concierto para delinquir, utilización ilegal de uniformes e insignias de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego o accesorios.

Una segunda estrategia es un procedimiento especial para que los grupos armados, como grupos armados, se sometan a la justicia y tiene dos fases: el acercamiento con el Gobierno Nacional y luego una judicialización ante Fiscalía y ante los jueces.

El Presidente reiteró que “la sujeción a la justicia en ningún caso impedirá la extradición de los miembros de estos grupos, y quienes se sometan podrán tener condiciones especiales de reclusión, pero las pueden perder si incumplen los compromisos”.

Agregó que “el sometimiento colectivo tiene una rebaja de hasta de la mitad de la pena, si se cumplen los compromisos”.

Recordó que cuando se intentó el sometimiento del grupo criminal Erpac, que tenía alrededor de 400 integrantes que se entregaron colectivamente, no había un procedimiento ilegal para regular ese proceso.

El gobernante manifestó que con la ley sancionada “se están sentando las bases sólidas para la construcción de la paz y de un país más seguro”.

Resaltó que “esta ley va a tener una consecuencia muy importante para el país en los próximos días”, ya que, luego de una intensa campaña contra el llamado Clan del Golfo, que ha tenido resultados muy positivos, ese grupo se vio obligado a iniciar un acercamiento.

“Hemos tenido –con mi autorización y el señor Vicepresidente y otros funcionarios y con la Fiscalía- conversaciones con abogados que representan a este grupo del crimen organizado del Clan del Golfo, para su sometimiento”, informó.

“Y lo que nos han dicho es que apenas esta ley se sancione se iniciará el proceso.

Vamos a iniciar este proceso en forma coordinada: gobierno y fiscalía, para recibir a los miembros de esta organización, someterlos a la justicia; y creo que es un paso muy importante para la tranquilidad y seguridad del país”, puntualizó.

En la sanción de la ley de sometimiento estuvieron presentes el Vicepresidente de la República, general (r) Óscar Naranjo; el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez; los ministros del Interior, Guillermo Rivera; de Justicia, Enrique Gil Botero y Defensa, Luis Carlos Villegas; y los parlamentarios que trabajaron en la aprobación de la norma.

El Fiscal General de la nación declaró, por su parte, que “es muy importante que el Consejo de Seguridad Nacional defina cuales son los grupos armados organizados” para que las herramientas de esta ley empiecen a aplicarse.

“Estamos hablado cerca de 5 mil, 6 mil hombres en armas y los más importante a juicio de la Fiscalía son los nuevos instrumentos de judicialización que no tenía el Estado, como por ejemplo, en el caso de concierto para delinquir, aumentar las penas de 8 años a 18 años”, declaró el Fiscal.

El Presidente de la República confió en que este paso se dé lo más pronto posible, “El Gobierno está listo, la Fiscalía está lista. Y si estos señores cumplen con lo que han venido diciendo, creo que será un paso para la seguridad del país”, sostuvo.

“De manera que, creo que esta es una muy buena noticia para el país, buena noticia para la paz y buena noticia para la seguridad de los colombianos”, concluyó el Presidente Juan Manuel Santos.
MAYOR GENERAL DEL EJERCITO, SE SOMETE A LA JEP


La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) asumió el estudio de sometimiento del Mayor General del Ejército, Henry William Torres Escalante, y lo citó para que comparezca ante la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ), reconozca el acta que formaliza la apertura del trámite para aplicar a los beneficios de la Justicia Transicional e inicie su sometimiento.

De acuerdo con la resolución No. 668/2018 de la SDSJ, el Mayor General Torres Escalante, que se encuentra privado de libertad en la Escuela de Infantería del Cantón Norte en Bogotá, deberá comparecer ante la JEP este martes 10 de julio a las 11 A.M., en compañía de su abogado defensor.

Durante la audiencia, de acuerdo con la resolución de la Sala de Definiciones de Situaciones Jurídicas, se protocolizará el siguiente procedimiento:

1.- El compareciente reconocerá el acta de sometimiento que fue suscrita en su momento ante la Secretaría Ejecutiva de la Justicia Especial para la Paz. Este sometimiento no implica que se accede al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.
2.- El compareciente o su defensor informarán a la Sala sobre los procesos que se han adelantado o adelantan en su contra.
3.- El compareciente presentará a la Sala, de manera preliminar, las formas de contribución al esclarecimiento de la verdad a favor de las víctimas y la sociedad.

Una vez asumida la solicitud del compareciente, la Sala de Definiciones de Situaciones Jurídicas estudiará y evaluará la competencia de la JEP y resolverá sobre la concesión de los beneficios previstos en la normatividad que la rige.

A la fecha 2.159 miembros de la Fuerza Pública se han presentado a la JEP, discriminados así: 2.019 del Ejército Nacional, 34 de la Policía Nacional y 16 de la Armada Nacional. De igual manera, 965 personas se han beneficiado con la libertad transitoria, anticipada y condicionada. De ellos, 944 son el Ejército Nacional, 8 miembros de la Policía Nacional y 13 de la Armada Nacional.

Finalmente, la Sala de Definiciones de Situaciones Jurídicas evalúa 92 expedientes de la justicia ordinaria, 22 de las cuales llegaron de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.