CUÁLES SON LOS BENEFICIOS DE LA NUEVA LEY DE “PEQUEÑAS CAUSAS”
Para la Fiscalía la aprobación de la ley de procedimiento abreviado reducirá significativamente los términos de los procesos penales, incluso a la mitad del tiempo, pero sólo en los delitos que requieran denuncia.
Pero cómo beneficiará a los ciudadanos la puesta en marcha de esta ley que según el Gobierno destrabará más de 400.000 procesos judiciales, aquí un resumen.
1. Los procesos por delitos de mayor ocurrencia en las ciudades: hurtos, lesiones personales, inasistencia alimentaria, daño en bien ajeno, estafa y calumnia e injuria, se reducirán a la mitad del tiempo gracias a que los mismos ciudadanos podrán actuar como fiscales y presentar pruebas.
2. Se reduce el número de audiencias en los juzgados. Se pasará de cinco a dos, con la eliminación de la imputación de cargos, llegar de una vez a las audiencias concentradas y de juicio oral, en otras palabras más rápido a la condena.
3. Se castigará a los reincidentes, una petición que hizo el fiscal general para evitar que confesos delincuentes tengan beneficios como la libertad. “Así se evita que personas con antecedentes sigan delinquiendo en la calle, como ha venido ocurriendo, en detrimento de la seguridad ciudadana”, señala la Fiscalía.
4. La judicialización en casos de flagrancia, en el mismo momento de cometer el delito, será más fácil. Ya no se necesitará de la denuncia o de la persona afectada, los policías podrán hacer la denuncia cuando la víctima no pueda hacerlo.
5. Para investigar corrupción en determinados casos ya no necesitarán denuncia. La nueva ley permite iniciar las investigaciones con meras evidencias en hechos como: “divulgación y empleo de documentos reservados; utilización indebida de información obtenida en el ejercicio de la función pública; utilización indebida en la información privilegiada o revelación de secreto; ofrecimiento, venta o compra de instrumento apto para interceptar comunicaciones y abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto”.
6. Permitirá la destrucción de armas sin mayores requisitos y sin tanto proceso. El objetivo es impedir que las armas se vuelvan a emplear en nuevos delitos.
La nueva ley empezará a regir en seis meses, tiempo que el Gobierno tendrá para divulgar y socializarla. La aplicación incluirá investigaciones en curso pero que no estén en imputación de cargos.
Pero cómo beneficiará a los ciudadanos la puesta en marcha de esta ley que según el Gobierno destrabará más de 400.000 procesos judiciales, aquí un resumen.
1. Los procesos por delitos de mayor ocurrencia en las ciudades: hurtos, lesiones personales, inasistencia alimentaria, daño en bien ajeno, estafa y calumnia e injuria, se reducirán a la mitad del tiempo gracias a que los mismos ciudadanos podrán actuar como fiscales y presentar pruebas.
2. Se reduce el número de audiencias en los juzgados. Se pasará de cinco a dos, con la eliminación de la imputación de cargos, llegar de una vez a las audiencias concentradas y de juicio oral, en otras palabras más rápido a la condena.
3. Se castigará a los reincidentes, una petición que hizo el fiscal general para evitar que confesos delincuentes tengan beneficios como la libertad. “Así se evita que personas con antecedentes sigan delinquiendo en la calle, como ha venido ocurriendo, en detrimento de la seguridad ciudadana”, señala la Fiscalía.
4. La judicialización en casos de flagrancia, en el mismo momento de cometer el delito, será más fácil. Ya no se necesitará de la denuncia o de la persona afectada, los policías podrán hacer la denuncia cuando la víctima no pueda hacerlo.
5. Para investigar corrupción en determinados casos ya no necesitarán denuncia. La nueva ley permite iniciar las investigaciones con meras evidencias en hechos como: “divulgación y empleo de documentos reservados; utilización indebida de información obtenida en el ejercicio de la función pública; utilización indebida en la información privilegiada o revelación de secreto; ofrecimiento, venta o compra de instrumento apto para interceptar comunicaciones y abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto”.
6. Permitirá la destrucción de armas sin mayores requisitos y sin tanto proceso. El objetivo es impedir que las armas se vuelvan a emplear en nuevos delitos.
La nueva ley empezará a regir en seis meses, tiempo que el Gobierno tendrá para divulgar y socializarla. La aplicación incluirá investigaciones en curso pero que no estén en imputación de cargos.
