jueves, 5 de octubre de 2017

PASÓ EN SEGUNDO DEBATE ASIGNACIÓN DE RETIRO A MIEMBROS DE LA POLICÍA NACIONAL


Plenaria aprobó en segundo debate proyecto que establece el tiempo de vinculación de los miembros del nivel ejecutivo de la Policía Nacional, para acceder al derecho de asignación de retiro.

La senadora Nidia Marcela Osorio (Partido Conservador), autora y ponente, manifestó que la iniciativa, obrando en justicia social, busca dar fin a la incertidumbre jurídica y acabar con la discriminación contra los miembros de la Policía Nacional de nivel ejecutivo, “ellos nos defienden en todo el territorio colombiano, es injusto que se les niegue esta asignación). Afirmó la senadora, quien agregó que el proyecto pretende dar un trato igual a todos los miembros de la Fuerza Pública.

Por su pare la senadora Paola Holguín (Centro Democrático), solicitó que cuando se retiren, pueden ser de manera voluntaria y pidió que votaran positivamente el proyecto.

La iniciativa contempla que el tiempo de servicio del personal del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional, para acceder al derecho de asignación de retiro, cuando sean retirados del servicio activo, o por llamamiento a calificar servicios, o por voluntad del Gobierno o de la Dirección General de la Policía Nacional, o por disminución de la capacidad sicofísica, será como mínimo de 15 años de servicio, y hasta 20 años de servicio para quienes se retiren por voluntad propia, o sean separados del servicio.

No renunciar al cumplir los 20 años de servicios, se entenderá como una manifestación voluntaria de permanecer vinculado al servicio hasta que se presente alguna de las siguientes circunstancias: el evento del retiro por disposición de la Dirección General, o por disminución de la capacidad sicofísica, o por llamamiento a calificar servicios.

Así mismo indica que quienes estuvieren escalafonados antes del 31 de diciembre de 2004, tienen derecho a la asignación de retiro, cuando sean retirados después de 15 años de servicios, tendrán derecho a partir de la fecha en que terminen los tres meses de alta, por la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional se les pague una asignación mensual de retiro equivalente a la fijada por el Gobierno nacional para el personal de Oficiales, Suboficiales y agentes de la Policía Nacional, en el Decreto número 1157 de 2014 o normas que lo sustituyan.
DERECHO DE PETICIÓN SERÁ SUFICIENTE PARA BORRAR DE CENTRALES DE RIESGO A VÍCTIMAS DE SUPLANTACIÓN


Este miércoles 4 de octubre en la Secretaría General del Senado, el Senador Luis Fernando Velasco en compañía del Representante David Barguil radicaron el proyecto que modifica la Ley de Habeas Data. Actualmente, dicha norma regula los reportes en Centrales de Riesgo tales como Datacrédito y CIFIN.

La ley de Habeas Data fue reglamentada en el año 2012, siendo autoría Del Congresista Liberal Luis Fernando Velasco, logró retirar a más de seis millones de personas de los reportes negativos de las centrales de riesgo, permitiéndoles la inclusión en el sector financiero y crediticio.

“Desarrollamos mejor el principio de veracidad, que señala que cuando a una persona le han suplantado el nombre y terminan endeudados en programas de celulares y en otra serie de cosas sin nunca haber asumido esa deuda, con solo hacer un derecho de petición ese reporte negativo queda borrado en un periodo de gracia de seis meses” Aseguró Velasco.

Por otro lado, el Representante Barguil dijo que Data crédito no puede seguir siendo el terror de los colombianos “Vamos a insistir en que no se les dañe la vida crediticia a las personas por bajos montos".

La modificación a la Ley de Habeas Data tiene varios beneficios para los ciudadanos y su vida crediticia. En primer lugar, el tiempo de permanencia del reporte negativo en las Centrales de Riesgo corresponderá al mismo tiempo de la mora o máximo 2 años, no como ocurre hoy en día, que es el doble del tiempo de la mora y máximo 4 años. Además, si el reporte negativo es menor al 20% del salario mínimo, es decir menos de 147 mil 544 pesos, se eliminará tan pronto se pague la deuda.

La calificación crediticia de una persona deberá normalizarse de inmediato cuando se elimine el reporte negativo. Actualmente, si una persona está en mora, su calificación disminuye y, aunque pague, esta calificación no sube.

Si después de 5 años de haber entrado en mora no se han iniciado acciones de cobro judicial, el reporte negativo caducará. El tiempo para reportar a una persona luego de entrar en mora en sus deudas, será de máximo 2 años.

Las víctimas de “suplantación personal”, podrán exigir que se elimine el dato negativo injusto. Si no se cumple con la notificación 20 días antes de todo reporte negativo al deudor, esto será causa para el retiro del mismo.

Los ciudadanos podrán consultar de forma gratuita su información financiera y crediticia en cualquier momento. Se establece un nuevo periodo de gracia que consistirá en el retiro casi inmediato para quienes cancelen sus deudas dentro de los seis primeros meses de vigencia de la ley.
LAS CAMPAÑAS HAN SIDO LA MALDICIÓN DEL EJERCICIO DE LA POLÍTICA PORQUE SON UN MERCADO DE VOTOS, PESOS Y CONTRATOS: PROCURADOR GENERAL


“Las campañas han sido una maldición del ejercicio de la política porque son un mercado de votos, pesos y contratos”, aseguró el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, quien convocó a “todos los dirigentes del sector privado para que entre todos “tomen una decisión sobre qué van a hacer con el financiamiento de las campañas de 2018”.

En la XXXI Asamblea de la Asociación Nacional de Instituciones Financiera (ANIF), el jefe del Ministerio Público dijo que por primera vez en el país para las elecciones a Congreso y Presidencia de la República hay mucha cautela en la entrega de fondos a los candidatos.

“Aquí, como en los países desarrollados, va a haber responsabilidad de quienes entregan dineros a las campañas parlamentarias y presidenciales como tiene que ser”.

Carrillo Flórez reclamó, además, claridad en la contratación después de las elecciones por parte de quienes fueron los donantes. “Lo que estamos pidiendo es que haya simplemente transparencia y por supuesto mucha responsabilidad”.

El jefe del órgano de control frente al desafío de la reforma a la justicia dijo que este debe ser de cara y no de espaldas a la ciudadanía y reclamó la participación del sector privado.

“¿Dónde está la voz del sector privado en la reforma a la justicia?”.

“El sector privado tiene mucho que decir en la reforma a la justicia, nunca lo han oído”…”De alguna manera siempre lo asaltan con una reforma ya hecha”.

Sobre la necesidad de una alianza entre el sector público y privado, el Procurador General explicó que ya adelanta acercamientos con la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio (Confecámaras) y la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex). En esta oportunidad invitó a Asamblea de la Asociación Nacional de Instituciones Financiera (ANIF) a realizar un trabajo conjunto porque “por el sector financiero pasa buena parte de los recursos tanto legales como los ilegales que intentan pasar por ahí también”.

Finalmente, hizo un llamado al sector privado a evitar, detectar y denunciar la corrupción y a convertirse en actor y veedor dentro de su responsabilidad social empresarial. “La fortaleza ética del sector privado va a determinar la defensa, la promoción y la garantía de lo público”.
CORTE CONSTITUCIONAL DA VÍA LIBRE A LA CREACIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE PAZ


La sala plena de la Corte Constitucional dio vía libre al decreto 885 de 2017 por el cual se crea el Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia’.

Este será un órgano que se encargará de mantener la paz, tras la firma del acuerdo final con las Farc.

Su objetivo es ser un órgano asesor y consultivo del Gobierno Nacional y su misión será “propender por el logro y mantenimiento de la paz, además de generar una cultura de reconciliación, tolerancia, y convivencia“, facilitando la colaboración entre las entidades del Estado para la apropiación del acuerdo.

El decreto dice que el Consejo Nacional de Paz empezará a sesionar cuando hayan sido elegidos o designadas las dos terceras partes de sus miembros, de tal manera que estará conformado de la siguiente manera:

El Presidente de la República lo presidirá

Por la Rama ejecutiva:
El alto Comisionado para La Paz.

Los ministros del Interior, de Defensa Nacional, de Hacienda y de Educación.

Para asuntos de índole militar o policial el Presidente podría invitar a miembros de la fuerza pública.

Cinco gobernadores por la Federación Nacional de departamentos y cinco alcaldes por la Federación Colombiana de Municipios

Por la Rama Legislativa

Tres senadores de la República y tres representantes a la Cámara, teniendo en cuenta que uno de ellos sea de algún partido político declarado en oposición.

Cinco diputados y cinco concejales

Órganos de control del Estado
Procurador General
Defensor del Pueblo
Un representante de los personeros del país

Por la sociedad civil
Un representante designado por la Conferencia Episcopal de Colombia
Dos representantes de las confederaciones sindicatos de trabajadores y dos del sector solidario de la economía
Dos en representación de las organizaciones campesinas nacionales, cinco en representación de las comunidades indígenas afrocolombianas, negras y palenqueras
15 en representación de las víctimas del conflicto armado, acompañantes de víctimas, población en condición de discapacidad, comunidad lgtbi, organizaciones juveniles, ambientalistas, colombianos en el exterior.

También tendrán representación los funcionarios judiciales, la Organización de Acción Comunal, las organizaciones oficiales y Fuerza Pública, el sector Arte y Cultura y el representante del movimiento que surja del tránsito de las Farc a la actividad política.
CONTRALORÍA ABRE PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL CONTRA EL ACTUAL CONTRALOR DE BOGOTÁ Y EXGOBERNADOR DE BOYACÁ

El ente de control y vigilancia expuso que, debido a irregularidades en contratos de kits escolares en el departamento de Boyacá durante la vigencia del 2015, decidió abrir un proceso de responsabilidad fiscal contra el exgobernador de dicho departamento, Juan Carlos Granados.

Según la Contraloría, los Kits escolares facturados y no entregados, así como facturación por estudiantes registrados pero no atendidos, generaron una pérdida de los recursos de los boyacenses por más de 420 millones de pesos, como consecuencia de una posible gestión ineficaz e ineficiente de la Gobernación.

Adicionalmente, la Contraloría estipuló que las irregularidades detectadas se presentaron con ocasión de la contratación de la Gobernación de Boyacá, a través de dos fundaciones de servicios educativos para los municipios del departamento. La cuantía sumada de ambos contratos, superó los 5 mil 552 millones de pesos.

El exgobernador del departamento, Juan Carlos Granados, tendría que responder con su propio patrimonio por los recursos perdidos en la ejecución de los contratos.
‘NOÑO’ ELÍAS FUE TRASLADADO NUEVAMENTE DE PABELLÓN EN LA PICOTA


La abogada Silvia Rugeles, defensora de Bernardo Miguel Elías, confirmó que fue cambiado de patio en la Penitenciaría Nacional La Picota.

La abogada sostuvo que el ‘Ñoño’ Elías fue trasladado a una casa fiscal, donde se encontraba anteriormente, mientras se adelanta su juicio por el escándalo Odebrecht.

El congresista envió una carta al director del Inpec, general Jorge Luis Ramírez, en la que le expresa su preocupación por este traslado, al considerar que su vida corre peligro.

“En la actualidad me encuentro recluido en el pabellón de alta seguridad PAS B, en contravía de los dispuesto por la sala de casación penal de la Corte Suprema de Justicia, mi juez natural quien expresamente dispuso que mi sitio de reclusión sería únicamente el pabellón de servidores públicos Ere Sur de dicho establecimiento carcelario”, dijo Elías en su carta.

Agregó que sus abogados interpusieron las acciones judiciales pertinentes, para que se le respeten sus derechos legales y constitucionales que lo asisten como aforado constitucional.

“No voy a permitir que se sigan violando mis derechos y burlando la orden judicial que dispuso que su sitio de reclusión debe ser el pabellón de servidores públicos Ere Sur de La Picota, donde se encuentran recluidas las demás personas con fuero constitucional como es indiscutiblemente mi caso”, expresó Elías.

Puntualizó que los directamente responsables de cualquier daño o lesión a su vida e integridad personal son los directores del Inpec y de la Penitenciaría Nacional Picota.

Cabe anotar que Bernardo Elías Vidal, conocido como el ‘Ñoño’ fue capturado por el escándalo de Odebrecht, multinacional brasileña que pagó sobornos para hacerse con contratos de obras públicas en el país.

Según las autoridades, ‘Ñoño’ Elías utilizó su cargo de senador para favorecer a Odebrecht a cambio de una millonaria suma de dinero.
CAPTURAN A LUZ MARY GUERRERO, ACCIONISTA DE SERVIENTREGA, POR CASO PANAMA PAPERS


En abril de 2016 se inició una investigación a nivel mundial relacionada con los denominados “Panamá Papers”, la cual se refería a presuntas actividades ilegales de diversa índole a través de la firma de abogados panameña Mossack-Fonseca.

Desde el año pasado, y con una importante cooperación de la DIAN y las autoridades de Panamá, se inició una investigación a efectos de evaluar la comisión de posibles conductas penales en el marco de los mencionados hechos.

La investigación de la Fiscalía General de la Nación documentó que la oficina en Colombia de Mossack Fonseca ofreció dentro de sus servicios entre los años 2010 y 2016 un elaborado entramado financiero y societario, el cual tenía por objeto vender de facturas falsas a empresas colombianas por parte de sociedades en el exterior.

Dentro de la investigación, la Fiscalía comprobó que las sociedades extranjeras eran meras fachadas controladas por Mossack Fonseca, con las cuales las empresas colombianas firmaron contratos por servicios ficticios que nunca se prestaron. No obstante, las sociedades colombianas si pagaron las facturas falsas.

Por esta actividad ilícita, Mossack Fonseca Colombia, en asocio con su casa matriz en Panamá, cobraba un porcentaje, el cual oscilaba entre el 2,5% y el 4% del valor de las facturas dependiendo del país donde estuviera la empresa fachada.

Una vez cobrada su comisión, Mossack Fonseca enviaba los recursos a otros países según las instrucciones de sus clientes. Esto permitía ocultar el verdadero destino de los recursos e intenciones de los clientes de Mossack.

La Fiscalía tiene evidencia que al menos 14 sociedades colombianas, habrían acudido a este método para transferir de manera irregular recursos fuera de las empresas, falsificando así su contabilidad con el conocimiento de representantes legales, contadores y revisores fiscales.

A través de la falsificación de la contabilidad, estas empresas manipulaban las declaraciones de renta presentadas a la DIAN las cuales no reflejaban la realidad.

Capturas e Imputaciones

En virtud de estos hallazgos, en la mañana de hoy fueron capturadas las siguientes personas a quienes se les imputarán los siguientes delitos:

- Ciudadano Ecuatoriano JUAN ESTEBAN ARELLANO RUMAZO, representante legal de la firma Mossack Fonseca & Co. Colombia S.A.S. a quien se le imputarán los delitos de falsedad ideológica en documento privado, enriquecimiento ilícito de particular, lavado de activos y concierto para delinquir.

- LUZ MARY GUERRERO HERNÁNDEZ, accionista y representante legal de las empresas Efectivo Ltda. y Circulante S.A. a quien se le imputarán los delitos de falsedad ideológica en documento privado, estafa, administración desleal, fraude procesal, enriquecimiento ilícito de particular, lavado de activos y concierto para delinquir.

- SARA GUAVITA MORENO, representante legal suplente de SERVIENTREGA S.A. a quien se le imputarán los delitos de falsedad ideológica en documento privado, estafa, administración desleal, enriquecimiento ilícito de particular en favor de terceros, lavado de activos y concierto para delinquir.

- JORGE HUMBERTO SÁNCHEZ AMADO, revisor fiscal de Efectivo Ltda. y Circulante S.A., a quien se le imputarán los delitos de falsedad ideológica en documento privado, estafa, administración desleal, fraude procesal, enriquecimiento ilícito de particular en favor de terceros y concierto para delinquir.

En adición a lo anterior, en relación con estos hechos se ha citado a interrogatorio al abogado tributarista Giovanni Mauricio Vargas Uribe.

Otras imputaciones

Por hechos similares relacionados con este elaborado esquema financiero y societario ofrecido por Mossack Fonseca en Colombia, la Fiscalía General de la Nación citará a audiencia de formulación de imputación por falsedad ideológica en documento privado a quienes se desempeñaban para la época de los hechos como representantes legales, contadores y revisores fiscales de las siguientes empresas:

- Pedro Julio Zambrano Pinzón, Juan Víctor Rozo Moreno y Ángela Rocío Rincón Marroquín, quienes se desempeñaban como representante legal, contador y revisor fiscal de la sociedad Inversiones Zambrano Pinzón Asociados S.A.S.

- Claudia Patricia Aristizábal Botero, Luis Alejandro Orego Peláez y José León Gutiérrez Carmona, quienes se desempeñaban como representante legal, contador y revisor fiscal de la sociedad Artextil S.A.

- Elaine Abuchaibe Auad, Beder Bernardo Pinto Mejía y María Fernanda Fadul Pineda quienes se desempeñaban como representante legal, contador y revisor fiscal de la sociedad El Heraldo S.A.

- Maria Lucelly Ortíz Herrera, Claudia Elena Mira Álvarez y Diego Alexánder Serna Ramírez desempeñaban como representante legal, contador y revisor fiscal de la sociedad Rymel Ingeniería Eléctrica S.A.S.

- Maritza Andrea Márquez Beltrán, Ernesto Fidel Varila Rojas y Carmen Benjumea Cárdenas, representante legal, contador y revisor fiscal de la sociedad Medicina Nuclear Diagnóstica S.A.S. En el caso de estas personas se les imputará igualmente el delito de Fraude Procesal.

La investigación continúa

Finalmente, la Fiscalía se encuentra investigando otros 7 casos en los cuales se espera dar resultados sobre los mismos en las próximas semanas.

Asimismo, dada la diversidad de conductas e información relacionada con esta firma de abogados encontrada en correos electrónicos y otros documentos de la firma Mossack Fonseca Colombia, la Fiscalía continúa investigando la posible comisión de otras conductas delictuales bajo la excusa de servicios de asesoramiento por parte de esta firma.