MICHELLE SUÁREZ, LA PRIMERA CONGRESISTA TRANSEXUAL DE URUGUAY

Con 33 años, Michelle Suárez ha jurado su cargo en una sesión en el Palacio Legislativo, sede del Congreso en Montevideo, al que accede en sustitución del comunista Marcos Carámbula.

"Cuando me planteé a los 15 años mi identidad femenina y llamarme Michelle, jamás pensé que iba a tener la oportunidad de pertenecer al órgano más representativo de la democracia uruguaya", declaró a periodistas la nueva senadora.

"La vida me dio oportunidades que jamás pensé que iba a tener", añadió.

No es la primera vez que Suárez hace historia en Uruguay. En el año 2010 se convirtió en la primera persona transexual del país en obtener un título universitario. Como senadora, Suárez va a continuar defendiendo los derechos de los transexuales.

"Si se quieren ampliar las esferas de derechos y eliminar elementos de postergación, tienen que combatirse una serie enorme de injusticias sociales", evaluando "correctamente las complejidades que las producen para cambiarlas", dijo en su discurso de asunción.

Para Suárez, su principal desafío es la aprobación de una ley "integral para dar herramientas jurídicas de inclusión efectiva para la población trans".

Suárez forma parte del Frente Amplio (izquierda) del presidente Tabaré Vázquez.

Uruguay, durante la administración de José Mujica (2010-2015), fue el segundo país de América Latina en aprobar el matrimonio entre personas del mismo sexo.

EXTORSIÓN EN MEDELLÍN: UN DELITO NORMALIZADO

A pesar de que las denuncias por casos de extorsión en la ciudad han reducido, las autoridades advierten que son muchos más los casos. La ausencia del Estado y la sensación de protección alimentan la permanencia de estos grupos ilegales en los territorios.

“Estoy pagando por un servicio de seguridad”. Eso es lo que la mayoría de los comerciantes del centro de Medellín le responden a Luis Fernando Echavarría, exsubsecretario de Planeación de Seguridad de la ciudad cuando indaga por los casos de extorsión que vienen en aumento. De hecho, según cifras de la Policía, solo en ese sector de la capital antioqueña se reportaron 24 casos de extorsión entre enero y septiembre de este año.

“Creería que la mayoría de los negocios del centro son víctimas de este delito, pero tú vas y preguntas y obviamente nadie te va a decir que lo son. Es porque sienten que de cierta forma hay un servicio de seguridad y de regulación de conductas que los favorecen a ellos”, enfatiza el exfuncionario.

Según registros de la Policía, en ese mismo periodo de tiempo fueron denunciados 156 casos de extorsión en todo de Medellín, y aunque la cifra registra una considerable disminución respecto a 2016 -cuando se denunciaron 267 casos en ese mismo periodo de tiempo-, para las autoridades los números reflejan un problema de subregistro.

“En efecto los últimos datos dan cuenta de la reducción de denuncias en temas de extorsión, pero la posición de la Alcaldía siempre ha sido muy clara, los datos no reflejan lo que pasa en la ciudad, eso es nada comparado con lo que nos cuentan las comunidades”, explicó a El Espectador el secretario de Seguridad, Andrés Tobón.

Según las cifras reportadas por la Policía, los casos que más se denuncian son las extorsiones vía telefónica (65 registrados). “Ahora se ha disparado mucho este tipo de extorsión desde las cárceles, pero la extorsión por cobro de seguridad muchas veces no se visualiza”, señala Echavarría.

Este tipo de delincuencia está ligada a patrones sociales, que hacen de estos personajes unas figuras ancladas a las dinámicas de los barrios. Un problema muy complejo que los pobladores legitiman. “Cuando hay problemas entre vecinos, estos jóvenes entran a regularlas y resultan más eficaces que el accionar de la Policía”, explica Echavarría.

El exfuncionario asegura que cuando capturan a algunos de ellos y les encuentran $5.000, fruto de una extorsión, no es considerado como un delito, pero el gota a gota y el pagadiario son acciones que generan pérdidas a los comerciantes pues muchos de ellos incluso las consideran como parte de los 'gastos' del mes.

Iniciativas como “Yo no pago, yo denuncio” y Bancuadra, que busca prestar dinero a los ciudadanos de forma más fácil y efectiva, son algunas de las acciones que la Alcaldía de Medellín ha venido realizando para contrarrestar esta problemática. “Aquí la tarea sigue siendo clara, invitando a la comunidad a que denuncie. Hay sectores de Medellín muy aporreados por temas de extorsión. Los temas denunciados terminan en captura”, insiste Tobón.

Por ello para Echavarría, la presencia del Estado en estos lugares es fundamental: “Yo no le puedo exigir a la comunidad que se resista, que no pague, si yo no le ofrezco los mecanismos ni la protección, sin ello no hacemos nada”, además lo considera como un tema de cultura ciudadana cuyas acciones estatales deben garantizar y restablecer la credibilidad en las autoridades.

MINJUSTICIA PIDE A AUTORIDADES AGILIDAD EN INVESTIGACIÓN A DIRECTORA DE LA USPEC

El Ministerio de Justicia solicitó a la Contraloría General y a la Fiscalía General, agilizar las investigaciones por presunta corrupción contra María Cristina Palau, directora de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec).

Las denuncias tienen origen en las versiones entregadas por un contratista, quien aseguró a la Fiscalía que “Maria Cristina Palau le pidió una comisión en dinero a cambio de favorecerlo en un contrato para una construcción en la cárcel de Cómbita en Boyacá”.

Como parte de las afirmaciones del contratista, señaló además que “a la funcionaria se le entregaron 600 millones de pesos por el contrato“. Presuntamente, esos serían los hechos que originaron la investigación.

Fuentes del Ministerio de Justicia confirmaron que desde mayo pasado se vienen realizando denuncias por parte del despacho del ministro Enrique Gil Botero, por presunta corrupción dentro de la Uspec y que se relacionarían directamente con la contratación.

FRANCISCO BERNATE CALIFICÓ COMO POSITIVO QUE FISCALÍA REALICE INTERROGATORIOS LOS SÁBADOS

Esto en referencia a lo sucedido a las exministras Cecilia Álvarez y Gina Parody por el caso Odebrecht.

El abogado Francisco Bernate, afirmó que es positivo de parte de la Fiscalía que se adelanten interrogatorios en esa entidad los días sábados, tal y como ocurrió el pasado 07 de octubre cuando en el búnker de la Fiscalía se adelantó el interrogatorio a las exministras Cecilia Álvarez y Gina Parody por el caso Odebrecht.

Al respecto de la diligencia el jurista señaló que “tuvieron conocimiento que presuntamente se habría realizado ésta diligencia el día sábado, sin un ingreso como es habitual y sin un registro. Es cierto que la ley establece las diligencias pueden realizarse los días sábados o feriados, pero pues esto no es lo que sucede con el común de los ciudadanos” indicó.

De igual manera, Bernate añadió que “sí la pretensión de la Fiscalía en éste caso es citar un precedente me parece muy bueno, que las personas puedan excusarse 3, 4, o 5 veces y que tras de eso puedan hacerlo en días no hábiles, en condiciones de absoluta reserva. Pues de inmediato vamos a hacer que se nos aplique la igualdad de condiciones en casos que litigamos normalmente los abogados“ afirmó.

Para Bernate es importante que la Fiscalía, dé el mismo trato a todos los procesados, a quienes vincula por distintas investigaciones, más cuando se trata de diligencias judiciales en el búnker de la Fiscalía en Bogotá.

VUELVE EL DEBATE DE LOS TOROS A LA CORTE CONSTITUCIONAL

Una ponencia en la Corte Constitucional volvería a revivir el debate de los toros. Se trata del proyecto de fallo en manos de la magistrada Diana Fajardo que pide dejar en firme la consulta antitaurina en Bogotá.

La magistrada pide a la sala plena negar una nulidad a la tutela que da vía libre para adelantar la consulta, en el debate sobre la ponencia que se realizará la próxima.

La sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca fue quien declaró ajustada a la Constitución la convocatoria a la consulta popular en la que se interroga al electorado sobre la siguiente pregunta:

“Está usted de acuerdo, si o no, con que se realicen corridas de toros y novilladas en Bogotá Distrito Capital?”.

La Corte Constitucional ya se había pronunciado al respecto y había dejado en firme la fecha del 13 de agosto para adelantar la consulta, rechazando el recurso presentado por la Alcaldía que buscaba que se fijará para marzo de 2018 con el fin de que se adelantara a la par de las elecciones para el Congreso de la República.

A pesar de que existe la orden de la Corte, la Alcaldía ha suspendió las votaciones al argumentar que no tiene recursos para adelantarlas o asumir los costos de la jornada de alrededor de $44 mil millones.

FISCAL DESTITUIDA, LUISA ORTEGA, LLAMA A LOS VENEZOLANOS A VOTAR MASIVAMENTE EL DOMINGO

La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz convocó a sus compatriotas a que asistan a las urnas en los comicios regionales que se celebrarán este domingo 15 de octubre para elección de gobernadores.

“Por primera vez estoy haciendo un llamado a votar y pido al pueblo que no retroceda ante las amenazas”, señaló la fiscal destituida en un conversatorio sobre derechos humanos en su país, en la Universidad del Rosario, en Bogotá.

La señora Ortega Díaz reiteró las violaciones de derechos humanos en Venezuela por parte del gobierno de Nicolas Maduro, donde dijo, no hay Estado de Derecho, ni democracia. “Es normal ver que los niños hurgan la basura”, agregó.

Aseguró que en Venezuela se han registrado en los últimos años más de 500 ejecuciones extrajudiciales, de las cuales afirmó, el 25 por ciento son de responsabilidad de los organismos de seguridad del Estado.

Agregó que en el 2016 se cometieron 2.751 homicidios en el país, producto de la inseguridad y la situación política.

Anunció que pronto se conocerán resultados de sus investigaciones y denuncias que hizo en los Estados Unidos y otros países de la región tras abandonar Venezuela.

Ortega Díaz fue destituida de su cargo el pasado mes de agosto por la asamblea nacional constituyente, por pronunciarse contra el gobierno de Nicolás Maduro y denunciar una “ruptura del orden constitucional” en el país.

CONCEDEN DETENCIÓN DOMICILIARIA A ONEIDA PINTO, EXGOBERNADORA DE LA GUAJIRA

El Juzgado Sexto penal de Soacha, le concedió la detención domiciliaria a la exgobernadora de La Guajira Oneida Pinto, procesada por presunta corrupción y quien hasta la fecha se encuentra detenida la cárcel Buen Pastor en Bogotá. 

Según argumentó su abogado defensor, “la señora Oneida Rayeth Pinto Pérez es madre cabeza de familia y tiene a su cargo a sus hijos menores de edad por lo cual solicita la sustitución de la medida de aseguramiento de intramural por domiciliaria” indicó.

Basado en esa petición, el juez aceptó la solicitud de la defensa de la ex gobernadora y procedió a ordenar su cambio de reclusión. En la misma determinación se ordenó abrir una investigación contra el Fiscal 28 anticorrupción, Carlos Castañeda, por no asistir a las diligencias judiciales.

Oneida Pinto es investigada por los delitos de celebración de contratos sin requisitos legales, peculado, falsedad en documento público, falsedad en documento privado, e interés indebido en celebración de contratos.

Al ser señalada por la celebración de un contrato para reducir la mortalidad en la población infantil en 2007 durante su administración como alcaldesa de Albania Guajira, pero que según la fiscalía produjo un enorme detrimento patrimonial sin cumplir los objetivos del convenio.

A IVÁN VELÁSQUEZ LE REVOCAN LA VISA EL DÍA DE SU RENDICIÓN DE CUENTAS

Desde 2015, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público de Guatemala emprendieron una cruzada contra la corrupción y han desarticulado más de una docena de casos que involucran a exmiembros del Ejecutivo y a familiares del presidente actual, Jimmy Morales.

Este martes, cuando fue citado el encuentro de rendición de cuentas de la CICIG, al que asisten representantes de los países donantes, la Cancillería guatemalteca envió una carta en donde informa la revocatoria de la visa al comisionado Iván Velásquez.

La carta se suma a otros intentos de Morales por expulsar a Velásquez, en el último ocurrido en agosto argumentó se extralimitó en sus funciones. A raíz de esta manifestación, el gobierno de Morales y la Organización de Naciones Unidas iniciaron la revisión del acuerdo que creó la CICIG en 2006 con el fin de que cumpla ese mandato.

Según el texto, Velásquez tendría hasta el 18 de octubre para solucionar el asunto: "para el otorgamiento de una nueva visa, es menester requerirla a través de los canales correspondientes y con las formalidades pertinentes". La Cancillería no precisa si el jurista colombiano, quien se encuentra en Guatemala al frente de la CICIG desde 2013, tiene la oportunidad de volver a solicitar la visa de trabajo.

Lo cierto es que el acuerdo entre la ONU y el Gobierno con el que se estableció la CICIG, contempla en su artículo 10 que el comisionado tiene privilegios e inmunidades diplomáticas como la "exención de disposiciones que restrinjan la inmigración y otros registros de extranjeros".
Una vez se conoció la decisión del gobierno, Velásquez pidió unir esfuerzos para luchar contra las redes político-económicas ilícitas que siguen cooptando al Estado, con límites de impunidad de más del 90%, a pesar de que su continuidad en el país vuelve a peligrar.

"En las condiciones actuales resulta ser un acto tan emocionante, tan profundamente emocionante, que pueden tener ustedes la certeza que siempre perdurará en mi mente y en mi corazón", dijo el abogado colombiano al inicio de su discurso, tras una efusiva ovación del público, entre el que no estaba el presidente Jimmy Morales.

Con motivo de la presentación del décimo informe de labores de la CICIG, creada en 2007 por la ONU a petición de Guatemala, Velásquez, abogó por "una prensa y sociedad vigilantes y activas".
"Son la garantía de que la erradicación de Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CIACS) sea una realidad y no se permita una reaparición", resumió el jurista.

Asimismo, apeló a la "democracia viva, la democracia en acción", para que siga contribuyendo a una lucha que les permita "vivir en dignidad", en donde se respeten sus derechos.

Velásquez recordó, como lo había hecho en años anteriores, que el Estado tiene "una deuda pendiente con la Justicia, que debe saldar con urgencia si es que de verdad se quiere luchar en serio contra la impunidad", que en el año 2008 alcanzaba el 96,40 por ciento y en 2016 en el 90,87 por ciento, lo que supone una reducción promedio anual del 0,7 %.

Esta cifra, explicó, sigue dejando en evidencia esa obligación no cumplida del Estado que requiere de una transformación más profunda, de políticas y leyes, por lo que hizo especial énfasis en el acuerdo que da vida a la CICIG, donde se reconoce su capacidad de impulsar y apoyar políticas públicas en favor de la Justicia, fuertemente criticadas por el presidente.

Y es que este punto tiene "especial significado", prosiguió diciendo, pues la erradicación de los CIACS no podrá lograrse efectivamente si no se hacen reformas profundas como los procesos de selección de autoridades judiciales, la ley del servicio civil, de amparo, de contrataciones del Estado o las reformas judiciales, que aún no han sido aprobadas.

"La transformación normativa y la adopción de política públicas poco contribuirán a erradicar las redes político económicas ilícitas que se han apoderado del Estado (...) sino se cumplen otras acciones fundamentales", resumió el comisionado, que ha pedido de nuevo su visa y que espera que no existan complicaciones.

Durante la presentación del informe, la fiscal general, Thelma Aldana, recordó que los esfuerzos realizados por la CICIG y el comisionado, los cuales agradeció, están a la vista y dijo que la sociedad necesita "construir su futuro con una base de principios y valores" y un sistema judicial independiente que vele por sus derechos y garantice igualdad y oportunidades.

"La lucha contra la impunidad y corrupción nos ha cambiado, nuestro país merece que hagamos nuestro mejor esfuerzo. Con determinación y principios para avanzar y consolidar el Estado de derecho. Es momento de trabajar juntos por la justicia y bien común", resumió la jefe del Ministerio Público.

Una fuente del Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó a EFE que hubo un error administrativo que se espera solventar cuanto antes para que Velásquez pueda seguir desarrollando su trabajo con normalidad, pues su visa expira el próximo 18 de octubre. Pero de lo que no hay duda es que mientras eso sucede Velásquez seguirá al pie del cañón.