viernes, 15 de septiembre de 2017

DEFENSORÍA INSTALÓ CÍRCULO DE LA PALABRA DEL PUEBLO DE LOS JÓVENES EN BOGOTÁ


Con presencia del Vicedefensor del Pueblo, Jorge Enrique Calero, se instaló este jueves el Círculo de la Palabra del Pueblo de los Jóvenes, un espacio de participación ciudadana para fomentar el compromiso de niños, niñas y adolescentes en la construcción de escenarios de paz.

Durante dos días, en el Hotel Tequendama de Bogotá, se reunirán más de 50 jóvenes de todo el país —reconocidos por hacer parte de procesos sociales en beneficio de su comunidad, ser líderes naturales a nivel local o tener representación territorial—con el objetivo de construir propuestas y recomendaciones relacionadas con las acciones de la Entidad en los territorios, que serán presentadas al Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, en el marco del encuentro.

Mediante mesas de trabajo, los jóvenes abordarán la discusión sobre los aspectos principales de cada punto del Acuerdo de Paz con las Farc, la construcción de la ruta de exigibilidad y mapeo de actores implicados en las propuestas de incidencia a la implementación de los Acuerdos, así como los compromisos adquiridos por los jóvenes para la construcción de escenarios de paz, entre otras temáticas que se desarrollarán los días 14 y 15 de septiembre.
DOCENTE ACUSADA INJUSTAMENTE DE ACOSO SEXUAL PIDE SU REINTEGRO A UNIVERSIDAD DE CALDAS


La profesora Luz Estella Quintero Bedoya, quien se desempeñó como docente del departamento de Sociología de la Universidad de Caldas, se reunió con el rector de ese centro del conocimiento, Felipe César Londoño, para pedirle su reintegro luego de probar que no tuvo ninguna responsabilidad en los delitos de tráfico de sustancias alucinógenas y acoso sexual a estudiantes, acusaciones hechas por varios estudiantes.

El caso está relacionado con unas denuncias de estudiantes de esa institución que datan del año 2015, cuando la acusaban de traficar con drogas en el interior de la universidad y de acosar sexualmente a un estudiante, por lo que fue retirada de su cargo.

La Fiscalía no encontró pruebas para continuar con la investigación y la archivó, por lo que la docente pide que la reintegren a la Universidad de Caldas y que le resarzan su buen nombre.

“Esto ha sido una lucha de años y ahora que demuestro que soy inocente pretendo que se me resarzan los derechos y mi buen nombre. Después de 9 meses logró que el rector me reciba y escuche mi caso para que sea estudiado, solo espero que se dé una pronta solución”, explicó la docente Luz Estella Quintero, quien es Máster en Cultura y Drogas, Máster II en Ciencias Sociales, Educación y Formación para el trabajo de la Universidad de París.

Igualmente la académica se reunió con el decano de la Antropología, para solicitarle su reintegro de inmediato y la respuesta a su solicitud, fue que al momento la planta de personal está completa, que estudiarán la posibilidad de reintegrarla el próximo semestre.

Estudiantes de la Universidad de Caldas, manifestaron que lo que hicieron con la docente fueron calumnias e injurias y que todo se trato de una retaliación.
LA DURA CARTA DE LOS EX PRESIDENTES DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA


Ante los nuevos hechos de corrupción revelados por la Fiscalía General de la Nación y las declaraciones de uno de sus figurantes, el congresista Musa Besaile, que comprometen a tres exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia, en lo que sin lugar a la menor duda constituye el hecho más vergonzoso del que se tenga conocimiento en la historia judicial del país, los suscritos ciudadanos como exmagistrados que, además del honor de haber formadoparte de ella asumimos en su momento la enaltecedora responsabilidad moral que conlleva el digno ejercicio de su Presidencia, determinados únicamente por un sentimiento de profunda preocupación patriótica y por lo tanto en observancia de un deber, a nuestro juicio ineludible, hacemos el presente pronunciamiento público.

1. Con perplejidad reprobamos que los doctores Bustos, Ricaurte y Tarquino aún no hayan dado convincentes explicaciones a la opinión pública acerca de los graves hechos que se les atribuyen, cuya estirpe punible salta a la vista, los cuales en consecuencia, previo el debido proceso, de resultar ciertos merecen ejemplarizante sanción.

2. Hacemos un vehemente llamado a los actuales magistrados integrantes de la Corte Suprema de Justicia, para que se pronuncien de manera más concreta y contundente sobre la gravedad extrema que entraña el conocimiento de la comisión de esas conductas punibles por parte de dichos exmagistrados. Estos comportamientos, además de mancillar la alta dignidad que ostentaron los tres exmagistrados en mención, manchan la tradición de probidad e independencia interna y externa de una institución que encarna la majestad del Estado y debiera seguir siendo la reserva moral de la Nación.

Cierto es que las descalificaciones generalizadoras sobre el comportamiento ético de magistrados son nocivas e injustas, pero la Corte orgánicamente considerada como última y necesaria piedra angular de un genuino Estado democrático constitucional de Derecho, debe pronta e inequívocamente deslindarse de quienes con su desdorosa conducta la han deshonrado.

3. Son muchas las causas del creciente deterioro actual de la credibilidad de la ciudadanía en la Justicia, proceso inocultable que se ha visto acentuado en mayúsculo grado cuando se ha puesto de manifiesto que también a la Corte Suprema la alcanzó el pestilente vaho de la corrupción y las presiones políticas. En los últimos tiempos se ha confundido por algunos la necesaria colaboración armónica de las diferentes ramas del poder público con el contubernio de magistrados con la clase política, en desmedro de la moral, la autonomía, la independencia y la respetabilidad. La justicia debe ser ajena a la actividad política, tanto en la elección de los magistrados, como en las atribuciones que se les confieren, el control sobre sus actos y las actividades que desarrollen luego del retiro de sus cargos.

4. En suma, en defensa de la Justicia es impostergable la institucionalización en el plano Constitucional de un sistema judicial fuerte, eficaz y por encima de todo confiable, merecedor de unánime credibilidad al más alto nivel en la sociedad a la que sirve, objetivo este último en cuya virtud es conveniente, (i) retornar al sistema de cooptación en la elección de magistrados y liberar a la Corte de procesos electorales externos; (ii) proscribir toda injerencia política en designación de magistrados, la cual deberá estar regida sólo por el interés de elegir a los mejores y más probos juristas; (iii) frente a los eventuales delitos y faltas disciplinarias de magistrados de las Cortes y de otros altos funcionarios del Estado, hoy es imprescindible que exista un tribunal de aforados independiente e imparcial, integrado por personas de gran trayectoria y reputación moral, designados sin injerencia de funcionarios elegidos con criterio político; y (iv) establecerse un régimen efectivo de inhabilidades y posibles conflictos de intereses más riguroso, tanto durante el desempeño de los cargos judiciales como después de haber hecho dejación de ellos.

5. La dolorosa crisis de la Justicia es parte de la crisis moral que atraviesa la sociedad colombiana, en todos sus estamentos, tanto en el sector privado como en el público, que amerita la conciencia social acerca de este mal y el compromiso inequívoco para erradicarlo para siempre. Infortunadamente la falta de acciones concretas frente a los recientes escándalos es síntoma de que no se percibe voluntad política para conjurar tan grave flagelo.

6. La Corte Suprema de Justicia afronta un reto histórico inconmensurable. Expresamos nuestra solidaridad con los magistrados que han sido fieles a su investidura y abrigamos la certeza de que estará a la altura de sus grandes responsabilidades, inspirada en los elevados valores éticos que la han hecho digna y respetable a través de la historia.

RICARDO CALVETE RANGEL
JORGE ANIBAL GOMEZ GALLEGO
CARLOS ESTEBAN JARAMILLO SCHOLSS
JOSE ROBERTO HERRERA VERGARA
NILSON PINILLA PINILLA
UN MAGISTRADO QUE ENTRA BARRIENDO


El recién posesionado magistrado José Fernando Reyes pidió la renuncia a todo el equipo de trabajo que permanecía en ese despacho judicial: eran auxiliares de sus antecesores, tanto de Iván Escrucería, quien estuvo encargado unas semanas, como del extitular Jorge Iván Palacio.

El grupo de personas a las cuales el magistrado Reyes les pidió renuncia está conformado por 16 funcionarios: tres magistrados auxiliares, cinco abogados expertos en Constitución, un sustanciador, dos servidores grado 21, y el resto, auxiliares judiciales. ¡Ah! Y hasta a la secretaria.

Hoy se fue el primero: se trata del magistrado auxiliar Javier Tobo, quien acaba de presentar su renuncia.

Cada alcalde manda en su año, dice la sabiduría popular.
CUESTIONADA FISCAL HILDA NIÑO SOLICITÓ CASA POR CÁRCEL


La defensa de la cuestionada fiscal Hilda Janeth Niño Farfán solicitó ante un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá la sustitución de la medida de aseguramiento y poder obtener casa por cárcel.

"Como cualquier ciudadano está solicitando un derecho. No tiene una condena en su contra y ha tenido buen comportamiento", indicó el abogado. Adicionalmente indicó que Niño ha colaborado con la justicia.

El Tribunal negó la solicitud de la fiscal y su defensa presentó recurso de reposición que será resuelto el próximo 21 de septiembre. 

Hilda Niño denunció en audiencia que ha sido víctima de presiones en la cárcel por parte de paramilitares. Por lo anterior, solicitó a la Fiscalía que se garanticen las medidas de seguridad. 

"Hay gente que no quiere y no les conviene que yo hable", indicó. 

Argumentó en audiencia que requiere estar con su hijo por el estado emocional que tiene y por la edad. Al despacho entregó valoraciones médicas que certifican que el menor necesita de la presencia materna. 

Niño se encuentra en prisión desde junio de este año y es señalada de manipular la investigación a favor de Orlando Villa Zapata. 

Por su parte, el representante de la Procuraduría indicó que la defensa de Niño no argumentó correctamente porqué era necesario sustituir la medida de aseguramiento. 

"Los derechos del menor igualmente entrañan posibilidades sobre en qué eventos se puede sustituir la medida de aseguramiento y en este caso no se cumple", indicó.
INPEC ABRE INVESTIGACIÓN POR SUPUESTO TÚNEL HALLADO EN CÁRCEL BUEN PASTOR DE BOGOTA





La Dirección General del Inpec abrió una investigación a varias de las funcionarias encargadas de la vigilancia en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá por la existencia de un supuesto túnel en el penal, que conectaba al casino con el pabellón de los extraditables. El supuesto túnel fue descubierto tras las denuncias interpuestas por varias guardianas de la cárcel, quienes lo reportaron el pasado 9 de septiembre, ante la Dirección del Inpec.

En este sentido, la Dirección de la entidad comprobó que se trata del ducto de ventilación que une a las dos dependencias, a través del cual se estaría ingresando bebidas embriagantes y elementos prohibidos a reclusas detenidas en la Unidad de Extraditables.

Al respecto, el subdirector del Instituto, coronel Hugo Velásquez, explicó cuáles son los procedimientos que se adelantan por este caso en específico.

“Por orden de nuestro director, general Jorge Luis Ramírez, la información está siendo corroborada por la Dirección General del Instituto a través de un grupo de control y vigilancia.

Yo me desplacé hasta la cárcel y procedimos a sellar el ducto de ventilación, de igual manera el Instituto indaga sí la dirección del penal y la guardia que custodia el pabellón de extraditables, tenía conocimiento de estas irregularidades, así como la posible participación de funcionarias en conductas indebidas dentro del penal”, aseguró.

Finalmente el coronel Hugo Velásquez explicó que la situación se presenta por el ducto de ventilación y aclara que no se trata de un túnel construido por las internas, y a través del cual podría registrarse la fuga de alguna detenida, sin embargo esta situación también es investigada por la entidad.
REVOLCÓN DE DIRECTIVOS REGIONALES EN LA FISCALÍA




El encuentro, que en la Fiscalía se conoce como de Direcciomiento Estratégico y que se convoca una vez al año, anticipa una inesperada reasignación de cargos entre los directores regionales.  

El fiscal General, Néstor Humberto Martínez, presidirá la reunión que esta vez escogió como escenario la capital del Meta para recibir a los 32 directores seccionales de la Fiscalía, que de paso conocerán su nuevo rol y departamento a cargo mientras sigan en la entidad.  

Los cambios, según explicaron fuentes de la Fiscalía, obedecen a una dinámica de actualización que promueva nuevas estrategias de investigación, en otras palabras, visiones y métodos nuevos en espacios que necesitaban un cambio.

La cumbre de directores es la ante sala a la rendición de cuentas que la Fiscalía tiene prevista para todo el país en el mes de octubre.
DEMANDAN A ESTADOS UNIDOS POR REGISTRAR COMPUTADORES PORTÁTILES Y CELULARES


Una demanda federal presentada el miércoles en Estados Unidos sostiene que la práctica creciente del gobierno de registrar laptops y teléfonos en la frontera es anticonstitucional porque los dispositivos electrónicos contienen información privada y de negocios. El gobierno dice que los cacheos son cruciales para la defensa del país.

La cuarta enmienda constitucional prohíbe los cateos y confiscaciones no razonables y exige a la policía que las realice con orden judicial basada en causa probable. Sin embargo, las cortes han determinado excepciones para los aeropuertos y puntos de ingreso a Estados Unidos. Han resuelto que el gobierno puede realizar cateos sin orden judicial para aplicar las leyes de inmigración y aduanas y proteger la seguridad interior.

En el mundo digital actual, estas búsquedas no se deben realizar sin orden judicial, sostienen la Fundación Frontera Electrónica y la Unión Americana por los Derechos Civiles (ACLU). La demanda nombra a altos funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional y dos de sus dependencias, la de Aduanas y Protección Fronteriza y la de Inmigración y Aduanas (ICE).

“La gente ahora almacena su vida entera, incluso asuntos personales y de negocios de extrema sensibilidad, en sus teléfonos, tablets y laptops, y es razonable que los lleven consigo cuando viajan”, dijo la abogada de la fundación Sophia Cope. “Ya es hora de que las cortes obliguen al gobierno a dejar de tratar la frontera como un lugar donde puede evadir la Constitución”.

La fundación y ACLU presentaron su demanda en la corte distrital en Massachusetts en nombre de 10 ciudadanos. Entre los demandantes hay un artista, dos periodistas, un conductor de limusina, dos estudiantes, un cineasta, un profesor universitario, un empresario, un programador de computadora y un ingeniero de la NASA.

A todos ellos los agentes de frontera les registraron sus dispositivos electrónicos cuando regresaron de viajes al exterior, según la demanda. Ninguno había sido acusado jamás de delito alguno. Los agentes confiscaron los aparatos y los conservaron durante semanas o meses. Uno de los objetos, confiscado en enero, no ha sido devuelto.

Seguridad Nacional no hizo declaraciones sobre la demanda. Pero el gobierno ha dicho que los registros son sumamente inusuales. Entre octubre del año pasado y fines de marzo afectaron a menos de una centésima del 1% de los 189,6 millones de viajeros que llegaron a Estados Unidos.