Entre $568.000 y $808.000 millones calculó la Contraloría General el impacto negativo que representa para el país las inconclusas obras de la Ruta del Sol II, la mega obra vial que resultó involucrada en los millonarios sobornos que entregó la multinacional brasileña Odebrecht.
Los cálculos del organismo de control quedaron consignados en un informe. Y se realizaron con base en información de estudios e informes realizados por entidades estatales con conocimiento en el sector, información relacionada con la estructuración del proyecto a partir del modelo de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y los documentos Conpes de la Ruta del Sol I, aprobada por el Gobierno Nacional.
Según el contralor general, Edgardo Maya Villazón, la no terminación de estas obras de tiene enormes implicaciones sociales y económicas para Colombia. Dijo, además, que esta importante obra vial es un ejemplo palpable y vergonzoso de hasta qué punto la corrupción, a través de sobornos, puede entorpecer el desarrollo del país.
Por eso, en el estudio, la Contraloría realizó una aproximación de los beneficios que deja de recibir los colombianos por cada año de retraso en la terminación de este corredor vial que va desde Puerto Salgar, en Cundinamarca, hasta el corregimiento de San Roque, en Curumaní (Cesar).
“Estamos hablando de repercusiones cuantificables en términos de beneficios que dejan de ser percibidos dadas las dificultades que permanecen en la conectividad terrestre entre el interior y la Costa Caribe, y afectan sensiblemente la competitividad del país, el turismo, el relacionamiento entre importantes regiones, y la confianza de los inversionistas para participar en la ejecución de proyectos con capital privado”, precisó el contralor general.
La cuantificación del impacto macroeconómico que hizo la Contraloría la hizo con base en dos aspectos. El primero tiene que ver la evaluación de los posibles efectos sobre el comercio exterior, pues hay sectores que son más sensibles a la infraestructura vial del país y, en segundo lugar, se tuvo en cuenta la estimación del impacto sobre el crecimiento real de la economía colombiana.
Tomada: El Espectador
Los cálculos del organismo de control quedaron consignados en un informe. Y se realizaron con base en información de estudios e informes realizados por entidades estatales con conocimiento en el sector, información relacionada con la estructuración del proyecto a partir del modelo de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y los documentos Conpes de la Ruta del Sol I, aprobada por el Gobierno Nacional.
Según el contralor general, Edgardo Maya Villazón, la no terminación de estas obras de tiene enormes implicaciones sociales y económicas para Colombia. Dijo, además, que esta importante obra vial es un ejemplo palpable y vergonzoso de hasta qué punto la corrupción, a través de sobornos, puede entorpecer el desarrollo del país.
Por eso, en el estudio, la Contraloría realizó una aproximación de los beneficios que deja de recibir los colombianos por cada año de retraso en la terminación de este corredor vial que va desde Puerto Salgar, en Cundinamarca, hasta el corregimiento de San Roque, en Curumaní (Cesar).
“Estamos hablando de repercusiones cuantificables en términos de beneficios que dejan de ser percibidos dadas las dificultades que permanecen en la conectividad terrestre entre el interior y la Costa Caribe, y afectan sensiblemente la competitividad del país, el turismo, el relacionamiento entre importantes regiones, y la confianza de los inversionistas para participar en la ejecución de proyectos con capital privado”, precisó el contralor general.
La cuantificación del impacto macroeconómico que hizo la Contraloría la hizo con base en dos aspectos. El primero tiene que ver la evaluación de los posibles efectos sobre el comercio exterior, pues hay sectores que son más sensibles a la infraestructura vial del país y, en segundo lugar, se tuvo en cuenta la estimación del impacto sobre el crecimiento real de la economía colombiana.
Tomada: El Espectador