CORTE SUPREMA EXIGE MEJORAR CONDICIONES LABORALES A MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA

Al absolver a un auxiliar de la Policía, que fue condenado a un año por quedarse dormido mientras prestaba el servicio, la Corte Suprema de Justicia le hizo un fuerte llamado a la institución para que mejore las condiciones laborales de sus uniformados con el fin de evitar la sobrecarga laboral. 

La condena establecida para los uniformados de la fuerza pública que se queden dormidos mientras estén trabajando es de uno a tres años de cárcel, tiempo que depende si lo hace con intención o no. En este caso, del que se guarda la identidad del uniformado, la Corte comprobó que el sueño en este caso fue biológico y no por descuido.

Según la Corte la "fuerza pública debe propiciar a sus integrantes, en pos de exigir su máximo grado de compromiso y profesionalismo, excelentes condiciones en un ambiente razonable de bienestar personal, que les permitan cumplir de manera adecuada con el servicio".

ESTE AÑO SE INCAUTARÁN BIENES POR $8 BILLONES: FISCAL GENERAL

Néstor Humberto Martínez aseguró que la reforma a ley de extinción de dominio se convierte en una estrategia fundamental para combatir a los criminales, ahora por el bolsillo.

El fiscal consideró oportuno que el Congreso afilara los dientes de las autoridades a la hora de ubicar e incautar los bienes de los delincuentes.

"Más instrumentos para combatir la delincuencia y servirá para identificar los terceros que tengan conocimiento de actos ilícitos delaten y a través de esas delaciones podemos ser más efectivos".

Martínez prometió que las incautaciones en 2017 y gracias a la nueva ley, superarán los $8 billones, tres más que el año anterior.

"Es necesario y muy importante extinguir el capital ilegal acumulado por las organizaciones del crimen en todas las ciudades".

La nueva ley pasará a sanción presidencial e iniciar con los operativos.

POR CINCO DELITOS JUAN SEBASTIÁN CORREA SE ENFRENTA A UNA CONDENA DE HASTA 12 AÑOS DE PRISIÓN

El ex asesor de la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI- Juan Sebastián Correa Echeverri, implicado en el caso Odebrecht, "cumplía órdenes de Otto Nicolás Bula y se valía de su cercanía y confianza con el director de la entidad, Luis Fernando Andrade. Buscaba que se la adjudicaran los contratos a la firma Odebrecht", es ahí cuando según la fiscalía ocurre el delito de tráfico de influencias.

Utilización indebida de información privilegiada, abuso de función pública y falso testimonio, son otros delitos que imputados por la Fiscalía por las conversaciones halladas en el celular del exsenador Bula y "su comportamiento se distanció de las funciones asignadas, claramente renunció a la objetividad, transparencia y claridad de sus funciones como empleado público".

El delito de amenaza a testigos se refiere a la declaración que entregó el abogado Jaime José Carrascal Quintero, contratado para el concepto jurídico de los contratos; según la Fiscalía, él denunció amenazas "Correa al parecer atento y amenazo declarante para impedir que rindiera sus declaraciones".

Señala la Fiscalía "organizaba reuniones con los selladores Bernardo Elías y Otto Bula para lograr la adjudicación de los contratos". Las sumas de la Fiscalía señalan que serían más de 20.000 millones de pesos pagados por los contratos "que se encuentran discriminados en la adición de la fase ruta del Sol II y el cierre financiero del proyecto para la recuperación de la navegabilidad del río Magdalena".

En total fueron cinco delitos imputados por la Fiscalía: tráfico de influencias, utilización indebida de información privilegiada, amenaza a testigo, y falso testimonio, cargos que rodean una condena de hasta 12 años de prisión.

LA ESTRATEGIA DE LA FISCALÍA PARA EVITAR EXCARCELACIONES MASIVAS

El punto de desacierto, según el fiscal Néstor Humberto Martínez, está en creer que una estrategia para resolver problemas en el sistema carcelario y usada en otras latitudes puede funcionar igual en Colombia.

"Dejar en libertad a confesos delincuentes es un riesgo para la sociedad y las situaciones en cada país son diferentes las soluciones no pueden ser las mismas".

No hay jueces, no hay instalaciones, al contrarío son más de 100.000 las audiencias represadas y ley de las excarcelaciones masivas anticipa la salida de reconocidos delincuentes a las calles, por lo menos 10.000 el próximo primero de julio.

"La invitación es al Gobierno y el Congreso para que revisen esa ley y ayuden a impulsar una estrategia de prórrogas de esas libertades".

Martínez aseguró que trabajan con el Consejo Superior de la Judicatura en unas prórrogas que tienen como objetivo evitar la salida masiva de los delincuentes.

"Hasta el momento y luego de puesta en marcha esa estrategia hemos radicado 2.600 prórrogas y esperamos que el Gobierno y el Congreso entienden la necesidad de evitar el riesgo para la sociedad".

El fiscal aseguró que un año para definir el juicio de una persona capturada es muy poco, porque algunas audiencias las tienen más de ese tiempo de retraso.

GUILLERMO RIVERA, DESIGNADO NUEVO MINISTRO DEL INTERIOR.

El presidente Juan Manuel Santos designó como ministro del Interior a Guillermo Rivera, de quien destacó su paso por el Congreso de la República y el trabajo en la cartera del Interior como viceministro de Relaciones Políticas.

"Es el primer ministro oriundo de Putumayo y estoy seguro que hará una labor extraordinaria" señaló el primer mandatario. 

Juan Fernando Cristo deja la cartera política, dos años y 9 meses después de asumir el cargo, con una destacada labor en la implementación de los Acuerdos de Paz como lo manifestó el presidente Santos.

"Lamento mucho la ida del ministro Cristo porque ha sido un gran ministro, un gran coequipero y ha hecho una labor extraordinaria en el Gobierno. Incluso antes de estar en el gobierno presentó la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras y que fue el paso fundamental para la paz", manifestó el Presidente Santos.

El Jefe de Estado destacó la importante labor del saliente ministro en favor de la paz y afirmó que "el país entero le reconoce una gran labor al ministro del Interior Juan Fernando Cristo y por eso quiero agradecerle a nombre de todos los colombianos, a nombre del Gobierno su trabajo como ministro y asegurarle que vamos a seguir trabajando juntos".

MINJUSTICIA ESCUCHA INQUIETUDES DE ALCALDES EN MATERIA DE JUSTICIA

El Ministro de Justicia y del Derecho (e), Fabián Marín Cortés, escuchó las inquietudes de los alcaldes del país presentes en la Mesa Técnica ‘Seguridad Ciudadana, Convivencia y Justicia’, evento que tuvo lugar en Valledupar en el marco de la ‘Cumbre de Ciudades Capitales’. Para los burgomaestres, los problemas carcelarios y el aumento en el consumo de estupefacientes en sus territorios son las principales preocupaciones.

Así se lo hicieron saber al alto funcionario, quien les explicó el trabajo que viene adelantando la cartera de Justicia con el fin de ofrecer una solución integral, oportuna y viable a dichas problemáticas.

Según Marín Cortés, la infraestructura carcelaria ha crecido en una proporción superior a la educativa o a la de salud. “Ha aumentado 1,5 veces, pero la población carcelaria lo ha hecho de manera geométrica”, indicó al recordar que se han expedido dos CONPES para crear más de 11.000 cupos carcelarios y que hoy están en ejecución y a punto de terminarse establecimientos en Ibagué, Tuluá, Espinal, Buga, Ipiales y Girón, que representan cerca de 4.100 nuevos cupos.

Durante el encuentro, el Ministerio les recordó a los alcaldes la obligación que existe de contribuir con la atención de sindicados que están privados de su libertad, y reiteró el interés de la Cartera de acompañarlos en ese proceso para garantizar respeto de los derechos humanos y disminuir el hacinamiento.

ELEGIDO MAGISTRADO DE LAS SALAS DE DESCONGESTIÓN LABORAL

Con la elección del jurista Donald José Dix Ponnefz, la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia terminó de integrar las cuatro Salas de Descongestión Laboral de la Corporación que entrarán a operar en los próximos días.

Dix Ponnefz, oriundo de la ciudad de Sincelejo (Sucre), es abogado especialista en Instituciones Jurídico Laborales de la Universidad de Cartagena. De sus treinta años de ejercicio profesional, ha dedicado más de veinte al servicio de la rama judicial como juez laboral, magistrado de la Sala Laboral de los Tribunales Superiores de Barranquilla, Bogotá, Cartagena, y magistrado del Tribunal Superior de San Andrés.

En la empresa privada fue Jefe del Departamento Jurídico de la Compañía Colombiana Clinker, con sede en la ciudad de Cartagena (Bolívar). En la actualidad se desempeña como magistrado de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Buga (Valle).