LOS PULSOS QUE GANÓ EL FISCAL MARTÍNEZ EN LA LEY DE LA JEP
El trámite de la ley que reglamenta la Jurisdicción Especial de Paz comienza a desempantanarse. Tras dos días de discusiones en el Congreso, el Gobierno y los partidos políticos parecen llegar a puntos de encuentro con quienes han cuestionado los alcances de la futura ley, la que determinará cómo se aplicará justicia a quienes fueron partícipes del conflicto armado colombiano.
Tras varias horas de discusión en la Casa de Nariño, el fiscal general Néstor Humberto Martínez, el ministro del Interior Guillermo Rivera y el ponente del proyecto, representante Hernán Penagos (la U), resolvieron seis de los nueve reparos que el jefe del ente investigador hizo a la reglamentación de la justicia transicional.
"Celebro que se haya aceptado toda las preocupaciones que propuso la Fiscalía", dijo el fiscal Martínez a los miembros de las comisiones primeras de Senado y Cámara que este miércoles reanudaron el primer debate de esta ley, quizás la más determinante de la implementación del acuerdo de paz con las Farc.
En ese sentido, los disidentes, reincidentes y desertores de las Farc perderán todos los beneficios de la justicia especial para la paz que se acordó en La Habana y que se ha venido moldeando en la implementación. Serán competencia de la justicia ordinaria quienes hayan delinquido después del 1 de diciembre de 2016.
También perderán todos los beneficios de la JEP los testaferros de las Farc. El "testaferrato queda consignado como un incumplimiento grave sino se informa". Si hay terceros que tengan bienes o propiedades de las Farc y que no fueron reportados el pasadado 15 de agosto, perderán los beneficios y se les dará tratamiento de incumplimiento.
El delito de narcotráfico también será competencia de la justicia ordinaria siempre y cuando se siga cometiendo con posterioridad a la fecha del 1 de diciembre. "El narcotráfico que se haya hecho con anterioridad a la vigencia del acuerdo es competencia de la Jurisdicción Especial de Paz, los delitos que se inicien con posterioridad a la vigencia de los acuerdos son competencia de la justicia ordinaria", dijo Martínez.
Pese a los avances hay, se quedaron varios temas en el tintero: los artículos 78 y el 18. Una vez más el jefe del ente investigador puso sobre la mesa de discusión el limbo en el que anda la Jurisdicción Especial de Paz mientras entra en funcionamiento. Con preocupación Martínez ve que la justicia ordinaria no pueda seguir adelante con las investigaciones mientras el Tribunal de Paz entra en funcionamiento.
A su juicio, hay varias actuacones procesales que se pueden sacar adelante con la intención de terminar de consolidar los informes que se trasladarán de la justicia ordinaria a la especial. En ese sentido, la propuesta contempla quitar el proyecto de ley la práctica de interrogatorios y diligencias de testimonios o careos.
El otro, es el artículo 18 que tiene que ver con los principios de selección. Y es que la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas podrá determinar criterios para concentrar el ejercicio de la acción penal "exclusivamente en quienes tuvieron participación determianante en los hechos más graves y representativos".
Así las cosas, para la Fiscalía "se podrá renunciar al ejercicio de la acción penal con base en los lineamientos en las normas de procedimiento de la JEP".
El debate de la JEP ha preocupado tres días al Congreso, se espera que este miércoles el proyecto supere su primer debate.
Tras varias horas de discusión en la Casa de Nariño, el fiscal general Néstor Humberto Martínez, el ministro del Interior Guillermo Rivera y el ponente del proyecto, representante Hernán Penagos (la U), resolvieron seis de los nueve reparos que el jefe del ente investigador hizo a la reglamentación de la justicia transicional.
"Celebro que se haya aceptado toda las preocupaciones que propuso la Fiscalía", dijo el fiscal Martínez a los miembros de las comisiones primeras de Senado y Cámara que este miércoles reanudaron el primer debate de esta ley, quizás la más determinante de la implementación del acuerdo de paz con las Farc.
En ese sentido, los disidentes, reincidentes y desertores de las Farc perderán todos los beneficios de la justicia especial para la paz que se acordó en La Habana y que se ha venido moldeando en la implementación. Serán competencia de la justicia ordinaria quienes hayan delinquido después del 1 de diciembre de 2016.
También perderán todos los beneficios de la JEP los testaferros de las Farc. El "testaferrato queda consignado como un incumplimiento grave sino se informa". Si hay terceros que tengan bienes o propiedades de las Farc y que no fueron reportados el pasadado 15 de agosto, perderán los beneficios y se les dará tratamiento de incumplimiento.
El delito de narcotráfico también será competencia de la justicia ordinaria siempre y cuando se siga cometiendo con posterioridad a la fecha del 1 de diciembre. "El narcotráfico que se haya hecho con anterioridad a la vigencia del acuerdo es competencia de la Jurisdicción Especial de Paz, los delitos que se inicien con posterioridad a la vigencia de los acuerdos son competencia de la justicia ordinaria", dijo Martínez.
Pese a los avances hay, se quedaron varios temas en el tintero: los artículos 78 y el 18. Una vez más el jefe del ente investigador puso sobre la mesa de discusión el limbo en el que anda la Jurisdicción Especial de Paz mientras entra en funcionamiento. Con preocupación Martínez ve que la justicia ordinaria no pueda seguir adelante con las investigaciones mientras el Tribunal de Paz entra en funcionamiento.
A su juicio, hay varias actuacones procesales que se pueden sacar adelante con la intención de terminar de consolidar los informes que se trasladarán de la justicia ordinaria a la especial. En ese sentido, la propuesta contempla quitar el proyecto de ley la práctica de interrogatorios y diligencias de testimonios o careos.
El otro, es el artículo 18 que tiene que ver con los principios de selección. Y es que la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas podrá determinar criterios para concentrar el ejercicio de la acción penal "exclusivamente en quienes tuvieron participación determianante en los hechos más graves y representativos".
Así las cosas, para la Fiscalía "se podrá renunciar al ejercicio de la acción penal con base en los lineamientos en las normas de procedimiento de la JEP".
El debate de la JEP ha preocupado tres días al Congreso, se espera que este miércoles el proyecto supere su primer debate.
